'En el Bajo Cauca no existe la democracia, el que hable o se queje, lo amenazan, desplazan o matan', afirman algunos líderes y lideresas sociales. Por esta razón y para proteger sus vidas y las de sus familias, cualquier tipo de liderazgo es limitado en la subregión. En el caso de los liderazgos LGBTI+, hay presencia en la subregión pero 'es un liderazgo muy por encima, no muy profundo', afirman algunos habitantes. La causa es la fuerte estigmatización hacia la comunidad LGBTI+ en el territorio. Además de estos liderazgos, en el Bajo Cauca se gestan, de forma limitada, liderazgos indígenas y de mujeres. Según una lideresa de la subregión, esto se debe a que 'nadie quiere ser la siguiente víctima, nadie quiere estar en una tumba por ejercer una labor como esta'.
Las modalidades de agresión más representativas en la subregión del Bajo Cauca contra líderes y lideresas son desplazamientos, homicidios y amenazas. El municipio de Tarazá encabeza la lista con 22 homicidios registrados desde febrero de 2017 hasta el mes de octubre de 2020, seguido de Cáceres con 8 casos y Caucasia con 5, según el cruce de datos de La Paz en el Terreno para este especial. La Gobernación de Antioquia expone que 'los líderes comunales están en riesgo permanente e inminente, ha habido amenazas, desplazamiento y silenciamiento. Muchas veces las amenazas no son directamente a ellos sino a sus familiares, a sus redes de apoyo o miembros de las Juntas de Acción Comunal, redes de intimidación que buscan silenciamiento'.
La Fuerza Pública y la institucionalidad son consideradas por los liderazgos sociales como el segundo eje de su vulneración en la subregión del Bajo Cauca. Esto se debe al fuerte despliegue de tropas en el territorio y la presunta complicidad de agentes del Estado con los actores armados ilegales, denuncian los líderes y lideresas.
En junio de 2019, Caracol Radio reportó la captura del mayor de la Policía Yesmair Torres, quien para la época era el jefe de modelo nacional de cuadrantes y comandante del municipio de Caucasia. El medio de comunicación resalta que, presuntamente, Torres pudo haber cometido 'los delitos de concierto para delinquir y concusión'. El Coronel Geovanny Buitrago, comandante de policía de Antioquia en ese momento, le afirmó a Caracol Radio que 'por iniciativa de la misma institución se llevó a cabo la investigación, la cual permitió la detención de otro miembro de la institución, un patrullero que también trabajó en esa subregión de Antioquia'.
Al cierre de esta edición, al preguntarle a la Fuerza Pública su postura frente a los señalamientos de connivencia con los grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio y las acciones que toman para afrontar a dichos grupos, mediante cuestionarios, el Ejército no respondió y la Policía se limitó a resaltar las acciones que llevan a cabo para su protección, como la Estrategia de Protección a Poblaciones en situación de Vulnerabilidad y el despliegue de 3.899 acciones preventivas en Antioquia desde 2016 (ver respuesta completa).
Según la AT 045-20 de la Defensoría del Pueblo, la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles opera con más de 4.500 unidades, cada una de ellas integradas por un pelotón de al menos 30 hombres. La Operación Camaleón II también tiene presencia en el territorio y, al igual que Aquiles, sus unidades son móviles. Desde la seccional Antioquia de la Comisión de la Verdad advierten que 'la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles no ha permitido el mejoramiento de la situación, se ha agravado en los últimos dos años, hacia los líderes y la población civil en el Bajo Cauca'.
En 2019, la subregión del Bajo Cauca registró las tasas más altas de homicidio del departamento con 114 casos, y en el mismo año se presentaron cerca de 10 eventos masivos de desplazamiento, según el informe ¡Paz, ni en el horizonte! Crisis humanitaria, liderazgos en riesgo e incumplimiento del Acuerdo de Paz en Antioquia, de la Corporación Jurídica Libertad en alianza con la Fundación Sumapaz.
La Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles se activó en el territorio el 4 de enero de 2019 y su mando fue designado al brigadier general del Ejército Nacional Alberto Rodríguez. El entonces Ministro de Defensa, Guillermo Botero, afirmó en un consejo de seguridad realizado en diciembre de 2018 en Tarazá, que la asignación de Rodríguez 'permitirá un despliegue focalizado que tiene como propósito evitar que en el Bajo Cauca antioqueño, la criminalidad continúe en aumento, como ha venido sucediendo hace algunos meses'.
En la subregión del Bajo Cauca hay presencia de varios actores armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Los Caparros o el Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA) y las llamadas disidencias de las FARC. Según los líderes y lideresas, las AGC y Los Caparros se habrían fortalecido y a pesar de tener enfrentamientos, le han ganado terreno al ELN y son quienes establecen las órdenes de lo que se hace o no en el territorio. En cambio, las disidencias no tendrían mucha fuerza y serían móviles; no estarían asentadas en un lugar particular.
Según el Observatorio de Drogas de Colombia, a 2019 la subregión del Bajo Cauca tenía 4,688 hectáreas de coca sembrada, es decir, el 49.4% de estos cultivos en Antioquia. El municipio con mayor número de hectáreas es Tarazá con 2,061 ha, seguido de Cáceres con 1,101 ha y El Bagre con 648 ha. Caucasia es el único municipio de esta subregión en el que no se registran cultivos de hoja de coca en el año 2019. Respecto al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), los líderes y lideresas de la región manifiestan que era esperanzador pero que no le ha cumplido a las comunidades. Según la Alerta Temprana 045-20 de la Defensoría del Pueblo, los líderes y lideresas comunitarios de las zonas donde es implementado el PNIS son víctimas de homicidios, amenazas, desplazamiento forzado y desaparición forzada.
El microtráfico en la subregión es dominado por los actores armados ilegales, principalmente, en los cascos urbanos. En Caucasia se reporta alto consumo de drogas pero no se conocen movidas de microtráfico como tal, ni disputa territorial por las plazas de venta entre estos grupos. Respecto al narcotráfico, existiría un corredor que conecta a Zaragoza con Segovia, bajo el control de Los Caparros. Los carteles de Sinaloa y Nueva Generación habrían llegado al territorio, de manera transitoria, por negocios de narcotráfico. Aunque no ejercen un control territorial particular, han hecho presencia en la subregión desde el año 2011 y han 'propiciado el acercamiento entre las principales estructuras que desangraban el Bajo Cauca y municipios de las subregiones vecinas del Norte y Nordeste', según la Alerta Temprana 045-20 de la Defensoría del Pueblo.
En la subregión del Bajo Cauca se extrae el 60% del oro de Antioquia y el 30% de la plata, relata el informe ¡Paz, ni en el horizonte! Crisis humanitaria, liderazgos en riesgo e incumplimiento del Acuerdo de Paz en Antioquia, de la Corporación Jurídica Libertad en alianza con la Fundación Sumapaz. En la subregión, 'se destaca la imposición de los megaproyectos extractivistas que han llevado a la concentración de tierra para la explotación minera y la expansión inmobiliaria', expone el informe. Algunas de las empresas y megaproyectos que hacen presencia en la subregión son Mineros S.A., EPM e Hidroituango.
La subregión del Bajo Cauca tiene un alto índice de solicitudes de restitución de tierra: 2,793 hectáreas, de las cuales, tan solo 165 están en proceso de sentencia, según una base de datos de la Unidad de Restitución de Tierras. Para los líderes y lideresas, esto se debe a las olas de desplazamiento que generó acumulación de tierras por parte de terceros, lo que dificulta el proceso de las personas que quieren retornar. Entre el 2017 y el 2020, se presentaron 39 eventos de desplazamiento masivo múltiple que dejaron 13.617 víctimas del Bajo Cauca, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). Tarazá es denominado como el epicentro de la violencia en la subregión relacionada con tema de tierras, según los líderes y lideresas. Esta apreciación se respalda en las cifras de la Unidad de Restitución de Tierras, en las que se referencian 379 solicitudes recibidas en el municipio y ninguna en proceso de demanda o sentencia.