Los líderes y lideresas sociales de la subregión están 'aconductados' y 'silenciados', señalan ellos y ellas. Por la consolidación histórica del fenómeno paramilitar en la subregión, los liderazgos se ejercen con zozobra. Distintos líderes y lideresas han tenido que reducir su participación y han sido presionados para no denunciar ni señalar lo que tenga que ver con los negocios ilegales de los grupos y bandas que allí delinquen. Además, cuentan que desde 2014 hasta la actualidad, los ilegales han hostigado sistemáticamente a los líderes y lideresas, individual y colectivamente. Sobre el municipio de Puerto Berrío, los líderes y lideresas manifiestan una preocupación particular, pues señalan que esta zona es utilizada para todo tipo de negocios ilegales, como los relacionados con estupefacientes y lavado de activos, poniendo en riesgo a denunciantes de estas dinámicas.
La Fuerza Pública en la subregión tiene presencia con estaciones de Policía en todos los municipios, una subestación adicional en el municipio de Puerto Nare y un batallón de la Brigada XIV del Ejército en el municipio de Puerto Berrío. Los líderes y lideresas sociales señalan que existe una desconfianza, tanto por parte de ellos y ellas como de la población civil hacia la Fuerza Pública, debido al histórico de alianzas y connivencias con paramilitares entre los años setenta y noventa.
Al cierre de esta edición, el Ejército no respondió a un cuestionario enviado por La Paz en el Terreno. La Policía, si bien respondió la solicitud de información enviada, al cierre de esta edición, no contestó a las dudas puntuales enviadas por La Paz en el Terreno.
Los líderes y lideresas señalaron que en la subregión tienen presencia los grupos herederos del paramilitarismo Clan Isaza y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y en el municipio de Puerto Berrío además estarían el frente Édgar Amilkar Grimaldo Barón del ELN, Los Caparros y las bandas delincuenciales Nuevo Renacer y Los Locales, como constata en la Alerta Temprana N° 051-19 de la Defensoría del Pueblo. Además, la Alerta Temprana de Inminencia N° 021-18 de la misma entidad ubica la presencia del mencionado frente del ELN en parte del municipio de Yondó. La presión por parte de todos estos actores hacia los líderes y lideresas, para que no denuncien sus intereses sobre las rutas de narcotráfico, los negocios de microtráfico y otras rentas ilegales, se ha traducido en un autosilenciamiento y opacamiento de los liderazgos ejercidos en la subregión, señalan.
La presencia de cultivos de uso ilícito en la subregión es mínima, señalan los líderes y lideresas. Según datos extraídos del sistema de información del Observatorio de Drogas de Colombia, el municipio de Yondó registró 14,67 hectáreas de cultivos de coca en el 2019, siendo este el único de la subregión que aparece en el listado.
En la subregión hay una naturalización de la venta y consumo de estupefacientes, alegan los líderes y lideresas. Añaden que hay una evidente disputa urbana entre grupos y bandas delincuenciales por el control del microtráfico y los préstamos ‘gota a gota’ o ‘pagadiarios’. Los líderes y lideresas muchas veces optan por guardar silencio frente a los negocios ilícitos, lugares de distribución de estupefacientes y demás aspectos relacionados con el tema, por temor a represalias, comentan. Además, señalan que se ha vuelto riesgoso para ellos y ellas el control que los paramilitares quieren afianzar sobre el río Magdalena en la subregión, pues las zonas que conectan con este las han empezado a controlar, determinando quién sale y quien entra, lo que los expone y limita dentro de su labor de liderazgo y defensa de derechos humanos. Señalan también que varios municipios, sobre todo los municipios de Puerto Berrío y Puerto Triunfo, estarían funcionando como escenario para el procesamiento de cocaína con propósito de distribución hacia distintas zonas del país, siendo Santander y Norte de Santander los principales destinos del estupefaciente.
Los líderes y lideresas sociales acotaron que existen tensiones implícitas con multinacionales mineras en la subregión, el asesinato en extrañas circunstancias del líder social Fernando Jaramillo, quien se oponía a operaciones mineras en el municipio de Maceo, coincide con la tesis de los líderes y lideresas de que hay un riesgo para aquellos líderes y lideresas que se opongan a proyectos mineros en la subregión, señalan. La autoridades manifestaron haber iniciado investigaciones para esclarecer el caso, como documentó La FM.
Los líderes y lideresas mencionaron además tensiones con Ecopetrol por su actividad petrolera en el municipio de Yondó, porque, dicen, genera contaminación a la ciénaga La Represa del municipio y esto ha sido reclamado por las comunidades que habitan las riberas del río. En respuesta a una solicitud hecha por La Paz en el Terreno a Ecopetrol, la empresa señaló con respecto a este caso que han comunicado a los involucrados y a la comunidad sobre el proceso que ejecutan para garantizar una gestión responsable con la comunidad y el medio ambiente. Además, anota que en aquella ciénaga 'se realizan monitoreos de acuerdo a los parámetros establecidos por la normatividad ambiental vigente, los cuales son remitidos a las autoridades ambientales para su respectivo control y seguimiento. Estos temas se han abordado en espacios abiertos de diálogo con la comunidad, en acompañamiento de la Personería, la Procuraduría, la administración municipal, la ANLA y Corantioquia'.