El control por parte de los actores armados ha reducido la presencia de los liderazgos en la subregión, explican los líderes y lideresas. 'El hecho de que las organizaciones de la región no estén acá —en los mapeos— es porque hay un silenciamiento, un control de todo. El control ilícito de la subregión ha generado que no haya tantas organizaciones sociales que trabajen temas ambientales y sociales', dicen.
En algunos casos, líderes y lideresas, miembros de Juntas de Acción Comunal, han desertado de los espacios de representación social o política por amenazas. En el Suroeste las personas se escabullen, aseguran ellos, cuando se materializan agresiones contra líderes, no quieren hablar al respecto, a diferencia de otros territorios. 'Es un indicador que la amenaza es latente y la intimidación está ahí presente', creen.
Las amenazas, atentados y asesinatos contra líderes comunales y población excombatiente de la Nueva Área de Reincorporación (NAR) Mandé son factores que preocupan especialmente a los líderes y lideresas de Urrao. Uno de estos casos fue el homicidio del líder del proceso de reincorporación Unaldo de Jesús Castillo Rueda, el 28 de julio de 2020, o el atentado contra el firmante de la paz Norbey Espinosa, por lo que tuvo que ser evacuado junto a su familia de la vereda San Matías, el 25 de septiembre del mismo año.
Las comunidades le han expresado a sus líderes un panorama ampliamente adverso para la garantía de la vida y la defensa de los derechos humanos en los territorios de la subregión. Entre estos destacan la prevención en la movilidad de los pobladores de transitar por el municipio de Urrao ante la posibilidad de encontrarse con grupos armados ilegales, el riesgo de reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, como lo manifiesta la Alerta Temprana 027-19.
Las comunidades indígenas no han dejado de padecer victimizaciones. La situación se hizo evidente a finales de abril de 2020, a partir del desplazamiento de más de 100 familias de la comunidad Santa María del resguardo Majoré, que se vieron obligadas a buscar amparo en el resguardo Llano Jacinto ante la amenaza de violencia sexual contra mujeres y niñas de la comunidad. Asimismo, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) explica que en la subregión persisten intereses de multinacionales, 'allá es una de las zonas donde muchas empresas tienen intereses de pequeñas centrales hidroeléctricas. Muchas coinciden con territorios indígenas y afectaciones indirectas', explica un miembro de la Organización. Además, indica que muchas violencias contra las comunidades indígenas se están justificado en marcar a las víctimas como consumidores de sustancias psicoactivas (SPA), minimizando y, en varias ocasiones, tergiversando los casos. Los líderes y lideresas observan con gran preocupación la situación de las comunidades indígenas y son críticos con el actuar del Estado, pues, para ellos, se atiende las situaciones de los pueblos originarios de manera 'momentánea'.
En gran parte de la subregión hace presencia la Cuarta Brigada de la Séptima División del Ejército Nacional. Los líderes y lideresas indican que la presencia del pelotón que cuida la Nueva Área de Reincorporación (NAR) que está junto al río Mandé, en el municipio de Urrao, ha traído estigmatización para las comunidades del sector por parte de grupos armados ilegales que hacen presencia en el lugar y que se ha visto reflejada, explican los líderes y lideresas, a través de asesinatos contra los exmilicianos de las FARC en proceso de reincorporación y nuevas propuestas que les hacen para que retornen a las armas.
Además, manifestaron su preocupación por las alianzas de la Fuerza Pública con sectores privados de la minería como AngloGold Ashanti. En el municipio de Jericó, según información que la transnacional envió a La Paz en el Terreno, se encuentra en etapa de licenciamiento el proyecto Quebradona. La preocupación de los líderes y lideresas y sus comunidades radica en los convenios de cooperación celebrados por AngloGold Ashanti y otras empresas mineras de la región en cuantiosas sumas de dinero que pagan al Ministerio de Defensa, y por las cuales, expresan los líderes y lideresas, se pueden gestar conflictos de interés con las comunidades y líderes que emprenden acciones de protesta en contra de la actividad minera. Uno de estos convenios se encuentra disponible en la investigación Convenios de Fuerza y Justicia de La Liga contra el Silencio y Rutas del Conflicto, el convenio 17-023, contratado por AngloGold Ashanti y otras empresas mineras por un valor de 1.099.791.000 de pesos.
Las preocupaciones de los líderes y lideresas en cuanto a las afectaciones de la actividad minera descansan en situación que ya han venido denunciando años atrás organizaciones en otras regiones del país —como el proyecto La Colosa en Tolima—, y que refieren violencias de la Fuerza Pública contra opositores de los proyectos mineros de AngloGold Ashanti Colombia.
La transnacional, por su parte, le aseguró a La Paz en el Terreno que no tenía conocimiento de intimidaciones y/o agresiones contra líderes y lideresas sociales en Antioquia que hayan propiciado iniciativas para evitar la explotación minera.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) son el grupo con mayor fuerza en la subregión, seguido por la Oficina del Valle de Aburrá (OVA). 'Actualmente el escenario de riesgo para los municipios Ciudad Bolívar, Salgar, Betania, Hispania, Andes y Jardín se determina por la dinámica de actuación de los grupos sucesores del paramilitarismo autodenominados las AGC y La Oficina, y la disputa entre estos grupos en su interés por obtener el control de las rentas legales e ilegales que se establecen en la subregión del San Juan —Chocó—', versa la Alerta Temprana 044-2020 de la Defensoría del Pueblo.
Según Verdad Abierta, para el 22 de noviembre de 2020, ocho municipios de la subregión registran masacres, cuatro de ellos colindantes con Chocó: Andes (2), Ciudad Bolívar (1), Salgar (2) y Betania (1). En este último se presentó la más reciente. En la madrugada del domingo 22 de noviembre de 2020, ocho personas fueron masacradas en una finca de la vereda La Julia, a cinco kilómetros del casco urbano.
Sin embargo, los líderes y lideresas son enfáticos en que no todas las acciones violentas que ocurren en la subregión son bajo el contexto de las rentas de las drogas. 'Algunas de las personas asesinadas han sido en general de la población que no tienen nada que ver con este tema. Esto ha implicado una minimización del conflicto y una naturalización', indican.
También identifican otras bandas, provenientes del Valle de Aburrá, que no terminan de identificar ni mapear, así como la presunta influencia de carteles mexicanos en la subregión, que por vínculos con las AGC y la OVA aumenta las hostilidades, explican.
En su labor de liderazgo, recogieron testimonios de las comunidades en las que les aseguraban que en diferentes ocasiones vieron tropas del ELN por sus territorios. La presencia del grupo guerrillero respondería a una lógica de custodia de corredores estratégicos entre Chocó y Antioquia. Según la misma Defensoría del Pueblo, a través de su AT 044-2020, sustenta la presencia del ELN en los municipios de Salgar, Ciudad Bolívar y Betania a raíz de la incautación de armamento en 2017 con el que se cree se abastecería la guerrilla en proceso de expansión hacia Urrao, Frontino y Dabeiba. Luego, entre 2018 y 2019, en inmediaciones de la Reserva Forestal Los Farallones, en los municipios de Ciudad Bolívar y Betania, las comunidades aseguraron que estaban transitando grupos de personas armadas del ELN. 'El último hecho se conoció el 20 de febrero de 2020, cuando aparecieron en las paredes de varias casas e Institución Educativa del corregimiento de La Cámara, Salgar, pintas alusivas al ELN, lo que se entendió como un acto de provocación e intimidación por parte de este grupo guerrillero', se lee.
Los líderes y lideresas también manifestaron que cerca de la Nueva Área de Reincorporación (NAR) junto al río Mandé se han gestado enfrentamientos entre grupos armados ilegales y que estos mismos acercamientos son alarmantes 'porque ha habido ofrecimientos para que —los excombatientes asentados en la NAR— se unan a las filas de la AGC o el ELN', cuentan. También resaltan otras violencias puntuales como el asesinato de Ubaldo Quejada Gonzáles, un exmiliciano en proceso de reincorporación, que causó el desplazamiento de algunas familias de la zona de Mandé.
La Organización Indígena de Antioquia (OIA) explicó que los grupos armados ilegales ha arremetido de manera particular contra las comunidades indígenas de Urrao, en especial contra sus niñas: 'tenemos información del acoso sexual proveniente de los grupos armados ilegales y que han sufrido sobre todo las niñas indígenas, como lo ocurrido en una comunidad indígena de Urrao'. Los desplazamientos masivos se presentaron desde el 24 de abril del 2020 por la llegada de un grupo armado ilegal, presuntamente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), provocando inicialmente el desplazamiento de 70 familias pertenecientes a la comunidad Santa María, del resguardo Majoré, al resguardo Llano Jacinto en el municipio de Urrao, pese a que esta comunidad cuenta con una protección colectiva de la Unidad Nacional de Protección, según registró la Radio Nacional. Tras el incumplimiento en el abastecimiento alimenticio por parte del Gobierno, a inicio de mayo se pudo conocer que el número de familias desplazadas eran, por lo menos, 110, según información de Caracol Radio.
La AT 044-2020 puntualiza que el riesgo se cierne sobre la población indígena Embera Chamí del resguardo de Cristianía, en el municipio de Jardín, y la Embera Katío desplazada del Chocó, que buscó amparo en el municipio de Andes.
Según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), entre 2015 y 2019, no hay información de cultivo de coca en los municipios de la subregión. Los líderes indican que hay cultivos en la frontera con Chocó y que es posible que haya en municipios colindantes —como Urrao o Ciudad Bolívar—, sin embargo, no tienen información precisa de que así sea.
También, indican que se han presentado tensiones con la Fuerza Pública por procesos de erradicación forzada en el municipio Fredonia. La Paz en el Terreno no encontró información pública sobre estos hechos.
Las luchas por el control del microtráfico han resultado en desplazamientos forzados en algunos municipios de la subregión, indican los líderes y lideresas. Uno de los desplazamientos que registra la Defensoría del Pueblo es el que tuvo lugar el 16 de junio del lectivo 2020 en el corregimiento Farallones del municipio Ciudad Bolívar, luego de la masacre de cuatro personas el 15 de junio.
Los municipios de Urrao y Frontino son la salida del corredor de la droga que va hacia el Urabá chocoano y la región del Darién. La Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana 044-2020, indica que las incautaciones de base de coca realizadas en los años 2018 y 2019 en municipios colindantes o cercanos con el departamento de Chocó —como Ciudad Bolívar, Andes, Betania, Jardín, Hispania y Salgar— "se presume que corresponde con las rutas de tráfico de base de coca hacia lugares de producción de clorhidrato de cocaína en las subregiones del Suroeste y Occidente de Antioquia". Además, indica que los altos números de decomisos de estupefacientes que registra el municipio de Ciudad Bolívar pueden explicarse por la cercanía con el Chocó, un territorio de cultivo, transformación, tráfico y comercialización de drogas.
Los líderes y lideresas denuncian que en los centros urbanos está proliferando el microtráfico, en especial los municipios cercanos a la capital del departamento, y que las mismas poblaciones de sectores rurales se han vuelto consumidoras. Además, manifiestan su preocupación por el alto índice de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) agredidos y amenazados por panfletos que han circulado en algunos municipios, presuntamente por el consumo o vínculo con estupefacientes. A los líderes y lideresas les preocupa, por un lado, la minimización y hasta justificación de las violencias por ciertos actores del Estado y, por el otro lado, lo que sería la evidencia del reclutamiento de menores de edad en las rentas del narcotráfico por parte de las Autodefensas de Colombia (AGC) y la Oficina del Valle de Aburrá (OVA). Sobre estos grupos armados, la Defensoría del Pueblo anota que "indistintamente avanzan —las AGC y la OVA— en la apertura de otros frentes de comercialización de narcóticos en las áreas rurales de estos municipios —Ciudad Bolívar, Salgar, Betania, Hispania, Andes y Jardín—, en acciones dirigidas a fomentar el encadenamiento de NNAJ campesinos al consumo de sustancias psicoactivas".
En el Suroeste antioqueño hay un gran potencial para la explotación de minerales preciosos, cobre y material para la construcción. Actualmente, "se encuentran vigentes varios títulos mineros para la exploración y explotación otorgados a empresas nacionales y multinacionales mineras. Así mismo, un sinnúmero de solicitudes mineras que se superponen con zonas de protección natural y áreas de producción agrícola", reza en la Alerta Temprana 044-2020 de la Defensoría del Pueblo.
Los líderes y lideresas identifican la presencia de AngloGold Ashanti Colombia en el municipio de Jericó y hace unos años en Támesis. En este último, en 2017 la comunidad protestó por las intenciones mineras de la multinacional y en mayo de 2017, el Concejo de Támesis votó unánimemente por prohibir toda la minería metalúrgica en el municipio a raíz de la preocupación del daño ambiental que pudiera traer la ejecución de las obras, pues, como explican los líderes y lideresas, hay antecedentes de este tipo de daños en la subregión con empresas como Júpiter S.O.M o Caramanta Conde Mine.
La Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), indica que, según datos del Catastro Minero 2019, para los municipios de Ciudad Bolívar, Salgar, Betania, Hispania, Andes y Jardín se encuentran vigentes 30 títulos mineros para "la explotación de oro, platino, plata, cobre, zinc, molibdeno, carbón, arenas y gravas". También, existen 61 solicitudes mineras en áreas naturales protegidas, de protección forestal y de producción agrícola. En el mapa de títulos mineros vigentes de la Alerta Temprana 044-2020 de la Defensoría del Pueblo, se observa cómo en varias zonas de la subregión varios títulos mineros se encuentran en zonas protegidas por la Ley 2 de 1959 y otros en resguardos indígenas.
Según información que AngloGold Ashanti Colombia envió a La Paz en el Terreno, a corte del 10 de noviembre de 2020, la multinacional poseía 10 contratos de concesión minera en el departamento de Antioquia, los cuales se encontraban en trámite de cesión total de derechos en favor de la Sociedad Exploraciones Chocó S.A.S. De esos 10 contratos, seis se encuentran en la subregión de Occidente, total o parcialmente. Sin embargo, el proyecto que viene adelantando en la subregión es el de Quebradona, que se encuentra en etapa de licenciamiento y está ubicado en el municipio de Jericó y en el corregimiento de Puente Iglesias del municipio de Fredonia, bajo contrato de concesión minera No. 5881 otorgado a la Sociedad Minera de Cobre Quebradona S.A.S. B.I.C., subsidiaria de AngloGold Ashanti en Jericó.
En palabras del SAT: "el modelo de explotación minera que se propone para este territorio es contradictorio con las aspiraciones de desarrollo que tienen sus habitantes, quienes apuestan a la protección del ecosistema natural, el paisaje cultural agrario y su patrimonio cultural y arquitectónico".
Puntualmente, los líderes y lideresas indican que "el convenio entre Ejército y AngloGold ha generado que los líderes se silencien por los riesgos legales y persecuciones que pueden generar las denuncias ambientales". No obstante, distintas movilizaciones se han gestado en el municipio de Jericó, como la que tuvo lugar el 22 de septiembre de 2020 y en la que participaron hasta monjas de la Iglesia católica para expresarle a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) su negativa ante las pretensiones de la empresa.
Pero AngloGold Ashanti Colombia interpreta este panorama de manera diferente. Según la multinacional, en el caso de Jericó, "hemos encontrado en la comunidad armonía y cordialidad, con contadas excepciones. Nuestros empleados, contratistas y proveedores son de la zona. La comunidad jericoana ha manifestado en su gran mayoría un respaldo al proyecto y nos ha tratado con respeto, así como respetuoso es nuestro trato hacia la comunidad. No hemos encontrado en la zona conflictos mayores, pues es una región pacífica". Además, aseguró no tener conocimiento de casos de intimidaciones y/o agresiones contra líderes y lideresas sociales en Antioquia que hayan propiciado iniciativas para evitar la explotación minera de AngloGold, aunque, de manera generalizada, expresó "absoluto rechazo a amenazas, intimidaciones o manifestaciones violentas de cualquier tipo, que pongan en riesgo a un ciudadano o grupo".
Son en total 21 municipios en la subregión los que presentan alguna solicitud de restitución de tierras, según datos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Hay un total de 1.287 solicitudes que involucran 1.201 predios. Los municipios con los números más altos de solicitudes son Montebello (480), Urrao (220), Salgar (103) y Ciudad Bolívar (80).
Además, mencionaron que en el municipio de Jericó, el proyecto Quebradona de AngloGold Ashanti Colombia ha levantado oposición por parte de la comunidad y ha sido impulsado por sectores políticos de derecha como lo evidencia un artículo de Revista Semana de 2019. Además, manifestaron con preocupación que se han presentado casos en los que la Fuerza Pública, contratada en los convenios de cooperación y que va a hacer presencia en las protestas pacíficas de las comunidades, lo hace bajo la premisa de "combatir actores ilegales", sostienen los líderes.
La Paz en el Terreno envió un cuestionario al Ejército preguntando por si la institución castrense tenía convenios de cooperación con empresas en Antioquia, sin embargo, a la fecha de publicación, no se recibió respuesta.