Según líderes y lideresas sociales del Valle de Aburrá, son constantemente victimizados y silenciados; el control de las bandas delincuenciales les ha hecho callar denuncias sobre dinámicas ilegales en el territorio. Además, deben acomodar su trabajo social sin alterar las dinámicas que instauraron, tanto en los municipios como en la ciudad de Medellín, grupos armados como las AGC y bandas delincuenciales como La Oficina, El Mesa, Los Pachelly, Los Chatas y Los Triana, entre muchos otros; algunas de las cuales llevan décadas delinquiendo en la subregión.
Las dinámicas de intimidación contra el liderazgo social son diversas: amenazas directas, panfletos amenazantes, seguimientos, domicilios que no se han pedido, amenazas comunicadas mediante otros líderes, hostigamientos y desapariciones forzadas. Pero todas estas victimizaciones han hecho que el desplazamiento interno, el autoexilio, el silenciamiento y el ocultamiento sean estrategias para mitigar el riesgo al que están expuestos. En el marco de las movilizaciones sociales y protestas, los líderes y lideresas han denunciado una represión contra quienes las lideran y contra los defensores y defensoras de derechos humanos presentes en las manifestaciones. Alegan que hay una falta de disposición para conciliar por parte de la Fuerza Pública y que son objeto de estigmatizaciones constantes.
Al cierre de esta edición, la Fuerza Pública no ha respondido a La Paz en el Terreno un cuestionario que incluye una pregunta sobre su comportamiento en las protestas.
Con la pandemia, actores paramilitares amenazaron a muchos líderes y lideresas con el argumento de que supuestamente se estaban robando los recursos de las ayudas humanitarias, excusa que desmintieron en el mapeo. Como lo señaló la Defensoría del Pueblo en la Alerta 018 de 2020, los grupos armados han estado aprovechando la pandemia para expandirse territorialmente y aumentar su control. Por último, señalan que los liderazgos que denuncian sobre extorsiones o ‘vacunas’ por parte de los grupos ilegales y sobre la presencia de los mismos en el territorio son amenazados y expulsados de allí.
En la subregión hacen presencia dos batallones de la 4ta Brigada del Ejército Nacional, además, varias estaciones y subestaciones de la Policía Nacional.
Como una generalidad en el territorio, líderes y lideresas sociales del departamento señalan a miembros de la Fuerza Pública de tener connivencia con estructuras ilegales, acotando que las agresiones en su contra son cometidas por acción u omisión. Además, afirmaron que, en varios municipios de la subregión, existen miembros de la Policía que son cómplices de las bandas delincuenciales y terminan por adherirse a los negocios ilegales, en 2016 la revista Semana reveló una de estas complicidades, cuando capturaron a policías vinculados con la banda ‘Los Chatas’.
Sobre esta presunta connivencia, La Paz en el Terreno realizó una petición de información a la Policía en donde se cuestionó sobre este tema, a pesar de que se atendió la solicitud de información (ver respuesta completa), al cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta específica frente a esto.
Los liderazgos también reconocieron la presencia en el territorio de la banda delincuencial Los Magníficos, que según documentó el periódico El Tiempo en 2018, ha estado conformada por policías activos y en retiro que se han dedicado principalmente al secuestro: "la banda de ‘los Magníficos’ es tan peligrosa que autoridades tienen información de que son contratados por las bandas criminales de Medellín para realizar vueltas y cobros de la mafia".
En la subregión hacen presencia distintas bandas delincuenciales que han complicado e impedido el pleno ejercicio del liderazgo social, afirman los líderes y lideresas sociales. La Alerta Temprana Nº 032-2020 de la Defensoría del Pueblo advierte que "en la actualidad, son más de 140 Grupos Armados de Crimen Organizado de diferente nivel que continúan realizando actividades ilícitas en el Valle de Aburrá y generando tanto riesgos como afectaciones directas a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de sus habitantes". Los liderazgos identificaron la presencia de bandas delincuenciales como La Oficina, El Mesa, Los Pachelly, Los Chatas, Los Triana, Banda La Miel, Terraza, Polibanda Los Magníficos, Los Peludos y El Mirador. Además, identificaron grupos armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las llamadas disidencias de las FARC.
Según el Observatorio de Drogas de Colombia, los municipios de la subregión del Valle de Aburrá no poseen ninguna hectárea de cultivos de coca. Sin embargo, los líderes y lideresas del departamento acotan que los cultivos de uso ilícito en Medellín han aumentado y representan riesgo tanto para la población civil como para ellos y ellas. Habría una relación directa de estos cultivos con el narcotráfico, por esto, dicen, no se puede denunciar sobre su existencia y agregan que es aún más difícil denunciar por el hecho de que las bandas y grupos ilegales habrían utilizado la fachada de que son cultivos legales y medicinales. Por último, señalan que hay incertidumbre en sectores de la ciudad, pues “al que no vende los predios para los cultivos de uso ilícito, lo asesinan”.
Los líderes y lideresas denuncian que la dinámica álgida de microtráfico y narcotráfico en la subregión les significa un gran factor de riesgo. Han tenido que acudir al silencio ante las plazas de vicio y los lugares de negocios ilícitos de los grupos y bandas delincuenciales, pues "al que habla lo matan". Referencian la existencia de plazas y ollas en los cascos urbanos de “todos” los municipios y agregan que las disputas entre los grupos ilegales por las plazas los pone en riesgo constantemente. Además, resaltaron sectores de los municipios de Envigado, Sabaneta, Copacabana y Girardota como "grandes paraísos de la mafia", en donde los negocios ilegales que involucran micro y narcotráfico se desarrollan libremente gracias al control territorial que ostenta.
Las disputas territoriales de la subregión van en dos vías, acotan los líderes y lideresas. Una responde al despojo urbano y la otra a las disputas territoriales entre grupos o bandas delincuenciales presentes en el territorio. Referencian que en el primer caso, "el conocimiento de víctimas urbanas en temas de restitución es complicado porque no se quiere reconocer en el marco del conflicto armado", como se establece en varios trabajos de investigación como Oficina de Envigado: historia de despojo y abandono, que reza: “ la inclusión de personas que alegaban haber sido despojadas o forzadas a dejar sus territorios y viviendas (en Medellín) por parte de bandas criminales, como se les denominaba entonces, era imposible. La razón: los hechos cometidos por esos actores se clasifican como hechos propios de la delincuencia común y no parte del conflicto armado”. Por esto se ha desconocido la dinámica del despojo de predios urbanos, de la que fueron y siguen siendo víctimas bastantes civiles que han instaurado procesos de restitución de tierras, sin obtener avances. Además, esto pone en riesgo a los líderes y lideresas reclamantes de predios en contextos urbanos.