La guerra entre el Eln y el Epl en Norte de Santander ha elevado los riesgos de los líderes en la región. También denuncian atropellos de la Fuerza Pública. Asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados cercan a los defensores de derechos humanos.
Han sido desesperados los intentos de las organizaciones sociales que hacen presencia en el Catatumbo (11 municipios de Norte de Santander) para que el Eln y el Epl pongan fin a la guerra que libran desde marzo de 2018. Nada ha surtido efecto, a pesar de que ha habido acercamiento entre ambas estructuras armadas, la paz ha sido esquiva y los líderes sociales han quedado en medio.
En 2018, el año más intenso de la confrontación, se registraron 35 agresiones (incluyendo 16 asesinatos) contra defensores de derechos humanos en esa región. Colombia2020 y Rutas del Conflicto se reunieron con más de 15 líderes de 10 de los municipios del Catatumbo, quienes elaboraron una cartografía de los factores que los ponen en riesgo: el más mencionado fue la guerra entre el Eln y el Epl. Incluso, uno de los líderes que participó del ejercicio, mientras se hablaba de Hacarí, el municipio más golpeado por ese conflicto, aseguró: “Somos muy irresponsables y al mismo tiempo guapos para hacer esta exposición acá. Da miedo". Por la constante amenaza a sus vidas nos abstenemos de revelar sus nombres.
¿Por qué la confrontación armada entre dos actores armados afecta la situación de seguridad de los defensores de derechos humanos? El director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, Mateo Gómez, explicó que “los actores violentos regularmente discriminan el territorio y sus pobladores como afectos a uno u otro grupo, volviéndolos de esa manera objetivos militares. Regularmente dicha estigmatización está fundada en prejuicios contra los líderes por llevar la vocería de comunidades altamente vulnerables”.
Entre finales de 2019 y el presente año, el conflicto entre ambas guerrillas se ha desplazado hacia La Playa de Belén y Ábrego, municipios sobre los que se centra gran parte de la preocupación de la Defensoría del Pueblo, como lo expresó Gómez. A esa confrontación se suma la presencia de una disidencia del frente 33 de las Farc en varios municipios de la región.
La militarización de la zona tampoco ha significado garantías para los líderes. De hecho, entre la cartografía que hicieron también incluyeron varias agresiones por parte de la Fuerza Pública. En el Catatumbo hacen presencia la Fuerza de Tarea Vúlcano y la Fuerza de Despliegue Rápido #3, del Ejército. La queja más insistente fue por empadronamientos, según los defensores de derechos humanos es frecuente que sean detenidos en retenes militares, donde los soldados les piden los documentos, les sacan fotografías a las cédulas y se las retienen, además, anotan en cuadernos los nombres de quienes transitan por las vías. Consultamos a la Segunda División del Ejército y aseguraron que han recibido una queja por hechos como el descrito y que “se realizaron diligencias previas de conformidad con lo normado en la Ley 1862 del 2017 (que regula la conducta de los militares), posteriormente se profirió auto inhibitorio 009 de 2019”.
El señalamiento más grave que hay sobre actuaciones del Ejército contra líderes sociales en la región es un atentado contra el líder Olger Pérez. Según la denuncia, el 20 de abril de 2019 hombres del Ejército abrieron fuego contra las motos en las que se transportaban el dirigente y sus acompañantes, Nicolás López y Horacio Ramírez, en la vereda San Luis de San Calixto. Los tres salieron ilesos. La Segunda División informó que por esos hechos se adelanta un proceso disciplinario que se encuentra en etapa de instrucción.
También hay quejas de supuestos montajes judiciales. La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) señaló al Ejército de implantarle un arma al líder Óscar Barragán en un retén en el que lo detuvieron el 8 de abril de 2020. La Segunda División se defendió asegurando que se trató de una “captura en flagrancia” de él y tres personas más. “Todos los procedimientos de captura adelantados por las unidades militares obedecen a orden emitida por la autoridad competente y a petición y en compañía de funcionarios de Policía Judicial”, dijeron sobre otras denuncias.
Este año nueve quejas han sido interpuestas ante la Defensoría del Pueblo contra la Fuerza Pública. “En términos generales quejas en las que identifican afectaciones en la integridad personal, intimidad o privaciones injustificadas de la libertad en el marco de operaciones del Ejército y Policía. A todas ellas les damos el respectivo trámite para efectos de requerir a las autoridades y en caso de que los hechos lo ameritan trasladamos a la Fiscalía y la Procuraduría para que hagan lo propio”, enfatizó Gómez.
A pesar de ser buscado insistentemente, el Departamento de Policía de Norte de Santander no envió respuestas a un cuestionario para conocer cuáles son sus acciones para prevenir las agresiones contra los líderes sociales del Catatumbo.
Hay otros factores que aumentan los riesgos contra los líderes en la región. Por ejemplo, abanderar la implementación del Acuerdo de Paz firmado por el Estado y las Farc e impulsar el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). “Ambas, estrategias de políticas que afectan directamente los intereses de las estructuras (armadas ilegales)”, afirmó Gómez. Tres municipios del Catatumbo se ubican entre los 10 que más tienen coca en el país, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito: Tibú, Sardinata y El Tarra.
A eso se suma que desde marzo de 2020 se intensificó la erradicación forzada, lo que ha generado tensiones entre las comunidades y la Fuerza Pública. Incluso, el 26 de marzo murió, tras recibir un disparo de parte de un soldado, el campesino Alejandro Carvajal. Los hechos son materia de investigación. “Confiamos y le hemos recomendado al Gobierno Nacional máxima coordinación entre las actividades de sustitución voluntaria y erradicación forzada preponderando siempre la sustitución voluntaria que a nuestro juicio es la ruta para edificar la paz en el país”, puntualizó Gómez.
La infografía que acompaña este artículo muestra los resultados del cruce de bases de datos de la Defensoría del Pueblo, Somos Defensores, la Misión de Observación Electoral, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Fundación PARES, Indepaz - Marcha Patriótica y la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (CorpoReddeh). La amenaza y el homicidio son los hechos victimizantes más recurrentes, con 37 y 30 casos respectivamente. Les sigue el atentado (14) y el secuestro (7). De los 11 municipios del Catatumbo, 10 registraron al menos un homicidio. Según CorpoReddeh, más de 250 líderes sociales y defensores de derechos de la región del Catatumbo están en situación de amenaza.
Aparte del narcotráfico, hay otra economía ilegal que representa graves riesgos para los líderes sociales. Tanto el robo de petróleo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, proceso conocido localmente como ‘pategrillo’, como el contrabando de gasolina —la procesada por los ‘pategrilleros’ y la que ingresa por Venezuela—, comprenden la economía ilícita de hidrocarburos en el Catatumbo, un escenario de disputa entre los grupos armados ilegales.
“Los líderes regularmente están denunciando y visibilizando que dicha práctica (‘pategrillo’) trae efectos fatales para el medio ambiente por el altísimo riesgo y afectación a fuentes hídricas y ello los ponen en la mira de los actores armados interesados en dicha explotación”, explicó Mateo Gómez, de la Defensoría del Pueblo.
Denunciar la contaminación que generan las válvulas de extracción de crudo ha traído amenazas tanto a líderes campesinos como a líderes indígenas Barí. Líderes sociales de la región cuentan que “muchas veces los ‘pategrilleros’ aseguran tener un aval de los grupos armados ilegales del Catatumbo” para delinquir. Los ‘pategrilleros’ “miran cuando la comunidad se reúne y quién habla, y al que habla es al que le caen. Dicen: ‘Usted se calla o lo callamos’”, afirmó un líder comunal.
Los riesgos asociados a la economía ilegal de hidrocarburos fueron mapeados en 6 municipios, incluyendo a Ocaña, pues, aunque el oleoducto no pase por ahí, harían presencia carteles de gasolina conocidos como ‘pimpineros’. Sin embargo, Gómez afirma que el riesgo se extiende a toda la subregión. El ‘pategrillo’ “tiene detrás carteles enormes que mueven el producto por la vía de Tibú a Convención”, le explicó Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, a El Espectador en febrero de este año. Las canecas del combustible que procesan se venderían en zona de frontera por casi la mitad de lo que vale la gasolina pura.
Denunciar otras afectaciones ambientales, como las generadas por voladuras del oleoducto o la deforestación que generan los negocios de grandes empresarios en la zona, puede acarrear amenazas, según los líderes sociales entrevistados. A estas, se suman las que conllevan ser líder reclamante en procesos de restitución de tierras o denunciar procesos corruptos de expansión de zonas urbanas para la explotación de recursos, conocidos como 'volteo de tierras'.
Otros liderazgos en riesgo son los del pueblo binacional motilón Barí, compuesto por 3.129 indígenas, agrupados en 25 comunidades y dos resguardos (Motilón Barí y Catalaura La Gabarra). Están asentados en la punta norte de los municipios de Teorama, El Tarra, Tibú, El Carmen y Convención, en la frontera con Venezuela. Gómez explicó que las amenazas contra ellos, que han resistido históricamente en el territorio, son colectivas, afectando tanto a sus líderes como al resto de sus integrantes.
Por otro lado, durante la construcción de las cartografías para este reportaje, llamó la atención la cantidad de veredas que los líderes referenciaron en cada municipio con presencia de minas antipersonal y otros artefactos explosivos, indicando el riesgo que representan para la población general. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, Norte de Santander fue el departamento con mayor número de víctimas de estos artefactos en 2019, con 110 víctimas, 47 más que en 2018.
Todos los fuegos cercan la labor de los líderes sociales en el Catatumbo. Por eso, les han pedido a las guerrillas sacar a la población civil de la guerra que están librando. Al Estado le han insistido que no necesitan más hombres armados en la región, sino que llegue la inversión social que todas las organizaciones de la zona reclaman. Además de Ascamcat, las organizaciones sociales con mayor influencia en el Catatumbo son el Movimiento Constituyente Popular (Mcp), el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), el movimiento de Juntas de Acción Comunal (JAC) y la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), creada el año pasado. Mientras eso sucede, defender los derechos humanos en la zona seguirá siendo una labor de altísimo riesgo, pero algo a lo que no están dispuestos a renunciar. Como lo dijo uno de los líderes de la región: “En medio de tanta cosa tenemos 99 razones para irnos, pero siempre ha habido una razón para quedarnos: la defensa de este territorio que es de nosotros”.
Para representar los riesgos que los líderes y las lideresas sociales mapearon como generales en el municipio, se rodeó su perímetro con el símbolo del riesgo.
Coca / Cultivos de uso ilícitoSegún datos de la ONU, Tibú es el municipio del país con mayor número de hectáreas cultivadas de coca (16.069 h2), que han crecido progresivamente en los últimos años, siendo la principal fuente de ingresos para cientos de familias campesinas. Como respuesta a esta problemática, se conformaron varios proyectos piloto del PNIS, pero su lentitud, desarticulación e incumplimiento, según los líderes, ha desembocado en amenazas contra ellos, pues “nosotros fuimos quienes llevamos al Estado a esas veredas —le dijimos a la gente que se metiera al programa— , ahí tenemos con la gente el costo político y con los actores armados, la amenaza. Ellos dicen: ‘ustedes, como los trajeron acá, tienen que responder, son objetivo militar’, y no hay como responder”.
De acuerdo con una fuente que conoce el contexto de la zona pero prefiere permanecer anónima, la UNP se ha tardado más de lo establecido en el estudio de riesgo de líderes que se han visto amenazados por esta situación: "actualmente se encuentran sin esquema de protección". Entre la población desplazada del municipio, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hay beneficiarios del PNIS.
En la última alerta temprana de la Defensoría sobre los riesgos en Tibú, expedida en abril de 2018, se ilustra la dinámica del narcotráfico en el municipio: “las actividades de tráfico de droga implican la participación de múltiples compradores, algunos que sin relación directa con los grupos armados, intervienen en la comercialización hacia el exterior y también abastecen el mercado interno, pagando las cuotas a los dos grupos armados predominantes (Eln y Epl); estas organizaciones del crimen organizado que trabajan en las sombras llegan a tener poder económico y armado suficiente, que les permite definir ciertas reglas y establecer alianzas dependiendo de las conveniencias estratégicas para transitar libremente por el territorio, frecuentar las rutas de comercio internacional de narcóticos y acceder al producto procesado sin dificultades”.
Agresiones y amenazasPor defender los DDHH y el medio ambiente, líderes y lideresas sociales y comunales han sido asesinados, amenazados y desplazados. La Defensoría del Pueblo, en tres alertas tempranas publicadas entre 2016 y 2018, advirtió sobre el riesgo contra líderes de víctimas, comunales, comunitarios, de mujeres, de sustitución de cultivos de uso ilícito y autoridades tradicionales del pueblo indígena Barí, del resguardo Catalaura-La Gabarra y miembros de la Asociación Ñatubaiyibarí. Sin embargo, el Ministerio Público también advirtió que toda la población civil de las cerca de 180 veredas del municipio está en riesgo.
Cruzando varias bases de datos con información estatal y de la sociedad civil sobre violencia contra líderes, La Paz en el Terreno encontró que en Tibú, durante los últimos tres años, han asesinado al menos a 12 líderes sociales y han amenazado a 15 defensores en siete ocasiones más. Los homicidios han ocurrido en veredas como Las Palmas, La Primavera, Miramontes, La Silla, entre otras; tres de ellos, perpetrados este año, estuvieron dirigidos contra líderes del PNIS, como el de Carlos Andrés Sánchez, asesinado el lunes 4 de mayo. Otros más han sido recientemente amenazados.
Sobre la tensión ambiental, un líder social dijo: “se pide a los grandes empresarios que se frene la deforestación. Ellos dicen ‘no, yo tengo un permiso ambiental, entonces puedo’. Ahí llega la amenaza: ‘si usted no me deja, se aquieta o se va’”. En Tibú hay negocios de palma, petróleo y carbón.
Líderes mencionaron que la expansión del negocio de la palma entre Campo Dos y La Gabarra les acarrea riesgos, en la medida que “sabemos que detrás de la palma viene la militarización y hemos visto que trae violaciones a los DDHH y el DIH”, según dijo uno de ellos.
Tibú es el tercer municipio con mayor número de solicitudes de restitución de tierras a nivel nacional con 1.951 solicitudes, según la URT. Procesos que generan tensión, según los líderes, en lugares como Serpentino, Campo Dos y La Gabarra, donde los predios están ocupados por otros compradores y segundos ocupantes.
"Según fuentes institucionales", infomó una fuente que conoce el contexto de la zona pero prefiere permanecer anónima, "en la mayoría de los casos las familias beneficiadas por la restitución han decidido no retornar por los riesgos que constituye la presencia de los grupos armados organizados. Es por esto que, en gran parte, se ha optado por una compensación monetaria en vez de la restitución de tierras. Los predios bajo solicitud de restitución en este municipio aún se encuentran bajo el contexto de conflicto armado y control del grupo armado ilegal que desplazó a las familias solicitantes, lo que incrementa el riesgo de los reclamantes de tierras a encontrarse nuevamente con sus victimarios o con ocupantes con reacciones violentas".
Actores armados que generan riesgoEn los últimos años, la tasa de homicidios selectivos ha repuntado en Tibú. Según datos de la Policía, en 2019 hubo 97 homicidios, 17 más que en 2018 y 28 más que en 2017. En el territorio hacen presencia desde guerrillas, reductos guerrilleros, bandas criminales posdesmovilización paramilitar y estructuras de la Fuerza Pública. Tras la salida de las Farc, hubo una recomposición de los actores armados en el municipio; una confrontación armada por hacerse del control de los territorios donde ejercía influencia. Particularmente, el Eln y el Epl han mantenido una fuerte disputa armada desde marzo de 2018, dejando comunidades y dirigentes campesinos e indígenas agredidos, desplazados y confinados.
Economía ilegal de hidrocarburos
Según documentó la Defensoría del Pueblo, para el procesamiento de la pasta de coca, grupos criminales aprovechan la tubería del Oleoducto Caño Limón-Coveñas, instalando allí válvulas ilícitas y extrayendo insumos químicos. Proceso conocido localmente como ‘pate’ grillo’ . Los ‘pategrilleros’ generan riesgo, pues la extracción de crudo contamina gravemente y los líderes comunales que se oponen pueden resultar amenazados. “Miran cuando la comunidad se reúne y quién habla, y al que habla es al que le caen. Dicen: ‘Usted se calla o lo callamos’”, asegura un líder comunal.
Además, documentó el Ministerio Público, “la condición fronteriza del territorio implica una alta incidencia del contrabando de gasolina y otros productos traídos de Venezuela”.
Economía ilegal de hidrocarburosEn carreteras de lugares como San Martín de Loba hay presencia de contrabando de gasolina, “que entra por la vereda Pachely, por la parte de Tibú (al norte del municipio), y se baja por Las Mercedes”. También hay presencia de ‘pategrillo’, cuya denuncia, según los líderes, genera riesgo.
Tensiones con la Fuerza PúblicaLa erradicación forzada produce tensión con los líderes y campesinos cocaleros, que a la vez son presionados por actores armados ilegales para no sustituir los cultivos. El pasado 26 de marzo del año 2020, Alejandro Carvajal, un joven que promovía un proyecto de sustitución de cultivos de coca por caña panelera, murió en el corregimiento La Victoria por un disparo del Ejército mientras se oponía a la erradicación forzada.
Por otro lado, Ascamcat y Coccam denunciaron recientemente ante la opinión pública una presunta detención arbitraria: el pasado 5 de abril de 2019, el líder social Oscar Barragán fue detenido y, dos días después, judicializado por porte ilegal de armas, cuando, según las organizaciones sociales, este no tenía armas en su poder cuando fue aprehendido. Según la denuncia, el caso “se presentó como capturas en contra de miembros del Epl, previo a un estudio de inteligencia que, según los militares, el señor Oscar pretendía atentar contra la Fuerza Pública con las presuntas armas de fuego”.
Coca / Cultivos de uso ilícitoSegún datos de la ONU, es el segundo municipio de Norte de Santander con mayor número de hectáreas de hoja de coca y el quinto a nivel nacional, incursionando así en el último escalafón de los 10 municipios más cocaleros del país, con 5.487 hectáreas cultivadas. Trabajar por sustituir la economía de la coca por una economía lícita le ha significado a los líderes del PNIS riesgos de parte de grupos armados que se lucran con el negocio del narcotráfico y choques con miembros de la fuerza pública enviados a erradicar.
Actores armados que generan riesgo
Luego de varios golpes militares que el Eln le propinó al Epl, esta última guerrilla se refugió en Sardinata. De acuerdo con una fuente que conoce el contexto de la zona pero prefiere permanecer anónima, en los últimos meses se han presentado desplazamientos en el municipio por esta disputa y por el interés de los grupos en la zona de reserva natural que hay en el municipio, estratégica para ejercer control territorial. Los enfrentamientos se han concentrado en los corregimientos de Luis Vero, Las Mercedes y San Martín de Loba. En el municipio también se denuncia presencia de la banda criminal 'Los Rastrojos'.
Agresiones y amenazas
Ejercer liderazgo social o comunal, sobre todo en los corregimientos de Las Mercedes y Luis Vero, es un riesgo, especialmente para líderes y lideresas de víctimas, de restitución de tierras y de sustitución de cultivos de uso ilícito. El 17 de enero de 2019, por ejemplo, asesinaron con sevicia a Luis Alfredo Contreras en el sector El Higuerón, quien fue presidente de una JAC y buscaba reemplazar la coca por cacao. Hace casi cuatro meses, amenazaron a algunos líderes comunales y de víctimas del municipio. A estas amenazas se suma otra contra un líder reclamante de tierras, a quien, al parecer, un grupo neoparamilitar le exigió retirar la demanda para restituir su predio ante la URT, según denunció una fuente que conoce el contexto de la zona pero prefiere permanecer anónima.
Tras múltiples desplazamientos forzados en el pasado, perpetrados por paramilitares y guerrilleros, como dice un líder social: “luego la gente volvió a ocupar las parcelas y ahora están las amenazas, por seguir reclamando la tierra”.
Otro riesgo identificado tiene que ver con las confrontaciones entre líderes comunales y camioneros que transportan carbón por una vía que comunica a Las Mercedes, pues deterioran gravemente la vía y esto ha generado choques.
Agresiones y amenazasEl 26 de abril de 2018 hombres armados atacaron a Orangel Galvis, integrante de Ascamcat, el líder salió ileso. Los hechos se presentaron en el corregimiento Los Laureles.
El 20 de junio de 2018 fue asesinado Cristián Rodríguez Sánchez en la vereda La Esperanza. Él era dirigente de la JAC.
Los primeros días de 2019 fueron fatídicos para los líderes y lideresas sociales de Hacarí. La CORPOREDDEH registró un atentado a bala en pleno centro del municipio, el 4 de enero, contra Dima Parada Trigos, perteneciente al Cisca. El líder se recuperó de las heridas.
Al otro día, el 5, fue asesinado Wilson Pérez Ascanio, integrante del Mcp, en la vereda Cedros. José Ortíz, militante de la misma organización, salvó su vida saltando por un abismo.
Tensiones con la Fuerza Pública“A la gente se le está haciendo un control más allá de lo legal, más allá de lo normal”, aseguró un líder de la región. Su queja fue respaldada por cuatro defensores de derechos humanos más, quienes aseguran que el Ejército está haciendo empadronamientos, es decir, paran a los habitantes de la región en las vías, les toman retratos, se quedan un rato con sus documentos de identificación y también los fotografían. En el municipio hacen presencia la Fuerza de Tarea Vulcano, asentada en el casco urbano, y la Fuerza de Despliegue Rápido Número 3, que tiene bases en las veredas de Mesitas y Mesa Rica y en el punto conocido como El Alto del Tarra.
Hay dos casos recientes que los líderes de la región catalogan como 'falsos positivos judiciales'. El primero ocurrió a mediados de septiembre de 2019. Según el relato de los líderes, la Fuerza Pública llegó hasta la casa de Numael Velásquez Sanguino en la vereda Carrizal, la allanó, implantó explosivos en la sala, responsabilizó al campesino de tener en su poder esos artefactos y lo capturó. “La comunidad reaccionó porque conocía a Numael, es padre de familia, un campesino normal”. Ante la presión los uniformados lo liberaron. “Ese día venía un encapuchado con el Ejército, la comunidad preguntó que por qué y la Fuerza Pública lo escondió en la montaña. Puede ser que sea un exmiembro de la guerrilla que se entregó y necesitaba dar resultados”, afirmó un líder.
Actores armados que generan riesgo"Somos muy irresponsables y, al mismo tiempo guapos, para hacer esta exposición acá. Da miedo", dijo un líder de la región en medio de la intervención en la cual se expuso los factores de riesgo que tienen que soportar en ese municipio.
Hacarí fue desde el 2018 el corazón de la guerra entre el Eln y el Epl. Así lo demuestran las cifras de la Unidad de Víctimas: de las 30.380 personas afectadas por el conflicto armado ese año en el Catatumbo, 10.093 eran en ese municipio. Eso ha puesto en un riesgo altísimo a las personas que se ponen al frente de las comunidades. “Todos los líderes sociales de Hacarí somos señalados y estigmatizados”, explicó un defensor de derechos humanos. Según el personero del municipio, Robeiro Muñoz, lo que más genera riesgo es “el conflicto entre las dos insurgencias. Eso ha trascendido de un conflicto armado a uno social”. Se refiere a que ambos grupos estigmatizan a algunas organizaciones campesinas y las atacan.
“En medio de tanta cosa tenemos 99 razones para irnos de Hacarí, pero siempre ha habido una razón para quedarnos: la defensa de ese territorio que es de nosotros”, concluyó un líder.
Coca / Cultivos de uso ilícito
“Acá no hay una vereda donde no haya coca”, dijo uno de los líderes. La UNODC da cuenta de cómo los cultivos se incrementaron en el municipio: pasó de tener 214 hectáreas en 2015 a 402 en 2016. El personero Robeiro Muñoz asegura que los campesinos temen que entre la Fuerza Pública a erradicarles forzosamente las matas. “Eso generaría problemas de orden público y riesgo para los líderes”, advierte el personero.
Coca / Cultivos de uso ilícitoNo es el factor de riesgo predominante para los líderes sociales de La Playa de Belén. Sin embargo, los cultivos de coca se han multiplicado desde el 2016. Según la UNODC, mientras en ese año había 6 hectáreas sembradas, en 2018 ya eran casi 27. Los líderes con los que hablamos dijeron que algunos campesinos han estado a punto de arrancar sus cultivos de productos como la cebolla, para empezar a sembrar coca debido a que lo que les pagan por los cultivos lícitos no les alcanza para subsistir.
Actores armados que generan riesgoLa Playa de Belén fue declarado en 2005 Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional y Monumento Nacional de Colombia debido a las construcciones de tipo colonial que constituyen su casco urbano. El municipio es promocionado como el destino turístico más atractivo de la región del Catatumbo. A pesar de esa belleza arquitectónica y de contar con el Parque Nacional Natural Los Estoraques, en La Playa siguen cargando con un lastre: la guerra.
La confrontación en ese municipio se agudizó durante 2019. “Hace tres años esto era un remanso de paz”, dijo un líder. La Defensoría del Pueblo advirtió, en junio de ese año por medio de una Alerta Temprana, que parte del Epl estaba replegado en varias veredas de ese municipio y que pretendían lanzar una ofensiva contra posiciones del Eln con el fin de recuperar el control de algunas veredas de Hacarí, que ha sido un lugar históricamente controlado por la primera insurgencia.
Por lo anterior, la zona rural del municipio es escenario de confrontación entre las insurgencias y la Fuerza Pública. En medio de esa confrontación quedan los líderes sociales que muchas veces son señalados por los actores armados de simpatizar o ayudarle al grupo rival, lo que constituye el factor de riesgo más fuerte en ese municipio.
Agresiones y amenazasEl 1 de junio de 2019 fue asesinado Dagoberto Álvarez, líder comunal de la vereda Miraflores. Él había reportado amenazas por parte del Epl, pero el Estado no le brindó protección. La Defensoría coincide con los líderes y lideresas que consultamos para hacer este mapa al advirtir que las zonas más complicadas son los corregimientos de Aspasica, La Vega de San Antonio y Curasica.
Coca / Cultivos de uso ilícitoBuena parte de las veredas del municipio presenta cultivos de coca, por lo menos 34 veredas identificadas en la cartografía con los líderes. Una fuente oficial que prefiere permanecer anónima calcula que, de las 89 veredas del municipio, más del 50% tienen cultivos de uso ilícito. Además, en el centro y por el borde sur del Parque Nacional Natural Catatumbo-Barí, los cultivos se expanden por la zona de reserva , incluso los líderes aseguran que una de las situaciones que más preocupa a la comunidad es la llegada de cultivos de uso ilícito a los resguardos. De acuerdo con números de la ONU, para 2018 había 1.686 hectáreas cultivadas con coca en el municipio.
La ubicación del municipio de Convención lo vuelve un corredor estratégico para los grupos armados relacionados con el narcotráfico. Además, hay rumores que indican que en el municipio existirían grupos mexicanos de narcotráfico.
El pueblo indígena ha tenido que cohabitar el territorio ancestral con los cocaleros y actores armados del narcotráfico, a pesar de existir la Sentencia T-052 del 2017, que delimita el territorio indígena. Así, la siembra de coca dificulta la protección del territorio por las disputas que los actores armados libran alrededor del narcotráfico.
Agresiones y amenazasEl 26 de enero de 2020 fue asesinado Fernando Quintero Mena, presidente de la JAC de la vereda Guasiles Sur. Su asesinato se dio en el casco urbano a 200 metros del puesto de Policía del municipio. Él era un líder muy importante en la región, llevaba más de 30 años defendiendo los derechos de los campesinos.
El presidente de la JAC de la vereda San Isidro, Alirio Antonio Arenas Gómez, y el presidente de la JAC de la vereda La Laguna del corregimiento de Cartagenita, Dioselí Noriega, son otros de los líderes asesinados en el territorio desde el 2018. Además, a Rubén Zamora, candidato a la Asamblea Departamental del 2019 y excomandante reincorporado de las Farc, actores armados lo vetaron de hacer campaña en el municipio y le quemaron una camioneta.
A raíz de las tensiones con los grupos armados, en algunos casos los líderes y lideresas han tenido que desplazarse del territorio por amenazas. Estas tensiones vienen desde los tiempos en que, bajo el mando de Salvatore Mancuso, el Bloque Catatumbo de las Auc ponía en riesgo a los defensores. Tras la desmovilización del bloque paramilitar en el 2004, nuevos grupos armados ilegales buscaron ostentar el control de la región. Ahora el riesgo para los líderes se repite con la guerra actual entre el Epl y el Eln.
La guerra entre el Eln y el Epl ha puesto en peligro la vida de los líderes que se oponen y denuncian las acciones armadas. En algunas ocasiones los diferentes actores armados, legales e ilegales, les ha impuesto a las comunidades tomar partido ante el conflicto, y cuando los pueblos indígenas se resisten son amenazados y hasta obligados a salir del territorio.
Economía ilegal de hidrocarburosSujeto a la persistencia de las economías ilícitas en el territorio, las prácticas de extracción y contrabando de gasolina se siguen empleando para el procesamiento de la hoja de coca. Según una fuente oficial que prefiere permanecer anónima, los 'pategrilleros' actúan en la parte centro norte del municipio, específicamente en los corregimientos de Cartagenita, Miraflores, Las Pitas, Trinidad, Libertad y Honduras.
Actores armados que generan riesgo
Según líderes sociales, en el casco urbano, el Eln, el Epl, la disidencia del Frente 33 de las Farc y miembros de la Fuerza Pública han ejercido violencia contra líderes sociales y otros miembros de la comunidad.
Para la comunidad Barí que habita el municipio, cualquier sujeto que entre a su territorio ancestral sin autorización y ostente un camuflado o botas, es un actor armado. Los indígenas advierten la presencia de guerrillas y la Fuerza Pública, no solo en las veredas de Convención, sino en su territorio ancestral en el Parque Nacional Natural Catatumbo-Barí (norte del departamento), con quienes se han visto obligados a interactuar.
La denuncia y rechazo a la presencia de los actores armados en su territorio ha traído para el pueblo Barí amenazas y estigmatización por parte de todos los actores, legales e ilegales, que les reprochan "estar de parte de su enemigo".
Tensiones con la Fuerza Pública
Con respecto a la responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública en agresiones contra líderes sociales, la Asociación Minga denunció la amenaza contra el líder Bellamin Pérez y el atentado contra Faiber Márquez, ambos en 2018. Por su parte, la CORPOREDDEH denunció el empadronamiento por parte del Ejército contra Pedro Quintero, en enero de 2019, coordinador de esta organización.
Por otro lado, la estigmatización no solo la padecen los líderes sociales sino toda la comunidad. Los líderes sociales han denunciado casos de judicialización de miembros de la comunidad por parte de la Fuerza Pública, siendo capturados y acusados de rebelión y terrorismo, y presunta relación con el Eln.
Agresiones y amenazasAmenazas, hostigamientos y asesinatos selectivos se han registrado en las veredas de Cerro de las Flores, Aguas Claras, El Atillo y el casco urbano, sectores ubicados en el norte y centro del municipio. Desde el 2016 han sido asesinados los líderes Edagar Serrano y Alirio Arenas y la lideresa María del Carmen Flórez, todos en el casco urbano de Ocaña. Además, el 15 de julio de 2018, el líder social Olger Pérez, estando escoltado por miembros de la UNP, sufrió un atentado por parte de un grupo armado no identificado. El caso de Pérez resulta de gran preocupación pues varios miembros de su familia han sido asesinados.
En el 2017, líderes sociales del Catatumbo denunciaron haber recibido correos amenazantes de un grupo no identificado, entre ellos fueron amenazados miembros de la Juventud Rebelde de Norte de Santander. En otros casos las amenazas han sido directas, como ocurrió a mediados del 2018 con miembros de la CORPOREDDEH.
También, los procesos de reclamación de tierras han generado amenazas para los reclamantes. Los líderes critican la tardanza e inoperancia en los procesos de restitución de la URT. El Palmar, Montenegro, Casa Blanca, Cerros de las Casas y Atillo son los principales territorios en donde, según los líderes, la reclamación de tierras involucra a la comunidad.
Los líderes manifestaron ser víctimas de presuntos seguimientos e intervenciones a sus correos electrónicos, además de persecución judicial a la hora de denunciar las gestiones inadecuadas de las administraciones públicas. Las denuncias de procesos de expansión de zonas urbanas sobre la rural para la explotación de recursos, conocido como 'volteo de tierras', han hecho que varios líderes sean amenazados. Según los defensores de derechos humanos, las intimidaciones que les han llegado, por medio de audios y mensajes a sus celulares, decían venir firmadas por miembros del Epl. Sin embargo, tanto las amenazas como los seguimientos no han sido llevados al conocimiento de las autoridades competentes.
En muchos casos de disputas territoriales, los líderes sociales han reclamado por enajenación (transferencia del derecho de dominio) de los bienes del municipio y o por procesos de legalización de predios, según ellos, corruptos. En estas disputas territoriales los líderes sociales relacionan a algunos políticos del municipio de Ocaña.
Coca / Cultivos de uso ilícitoEn la parte alta de Ocaña, en los sectores del Cerro de las Flores y la vereda de Las Cotorreras, los líderes sociales reconocen la presencia de cultivos ilícitos.
Además, los líderes denuncian que en los últimos años el narcotráfico ha migrado de las zonas rurales a la urbana, siendo no solo el 'micromenudeo' un factor de riesgo en el casco urbano sino ahora, con más frecuencia, la presencia de grupos armados tras estas dinámicas.
Economía ilegal de hidrocarburosHay presencia de carteles de gasolina en la región, conocidos con el nombre de 'pimpineros'. Un líder retenido por el Eln en el municipio de Teorama y que estaba denunciando el robo de combustible de tubo y cómo 'volaban' el oleoducto de Caño Limón-Coveñas, vive en Ocaña.
Actores armados que generan riesgo & Tensiones con la Fuerza Pública
La presencia del Eln, el Epl, disidencias de las Farc y otros actores armados ilegales no idenficados, junto a presuntos "esquemas de corrupción" de miembros de la Fuerza Pública que líderes sociales de Ocaña han denunciado, configura un ambiente de inseguridad para los líderes sociales que fiscalizan el actuar de la Fuerza Pública o acusan la presencia de los actores armados ilegales en el territorio.
Los líderes aseguran que el Eln y el Epl hacen presencia en los barrios periféricos del casco urbano. El personero encargado de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, ha recibido estos comentarios, pero, según reconoce, los líderes no han puesto esta información a la orden de las autoridades competentes.
Coca / Cultivos de uso ilícitoEn El Tarra la comunidad no recuerda alguna vereda que no tenga cultivos de coca. De acuerdo con números de la ONU, para 2018 había 4.916 hectáreas cultivadas con coca en el municipio.
El pueblo indígena asentado en el municipio concuerda con los miembros de Ascamcat en que los cultivos de coca están en todas partes. Los Barí se sienten afectados porque han evidenciado que se está cultivando hoja de coca en varios territorios que hacen parte de lo delimitado por la Sentencia T-052, la cual le ordenó al INCODER y a la Agencia Nacional de Tierras la ampliación, el saneamiento y la delimitación de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra. En el municipio de El Tarra, la comunidad manifiesta que no se ha ejecutado un plan efectivo de sustitución, a pesar de los acuerdos y procesos que ha adelantado el gobierno y la Coccam, que agremia a los campesinos que sustituyen cultivos de uso ilícito.
Tensiones con la Fuerza PúblicaEn las veredas Santa Clara y Brasitos, líderes sociales denuncian que fueron desplazados por la Fuerza Pública, tras la ocupación de sus predios para el establecimiento de una base militar, en el contexto de lucha contra los grupos armados ilegales por todo el municipio.
Los líderes indígenas del pueblo Barí que habitan el municipio aseguran que la presencia de la Fuerza Pública se ha dado para controlar ciertos territorios "para la apropiación de sus riquezas". Puntualmente, los Barí acotan que en muchos de los recorridos que el pueblo indígena hace por el territorio han evidenciado como la Fuerza Pública escolta representantes de empresas petroleras. Los líderes han denunciado estas intromisiones en el territorio indígena, situación que habría generado estigmatización y descalificación por parte del Ejército y la Policía.
Economía ilegal de hidrocarburosLíderes sociales de la región han denunciado presencia de 'pategrilleros' y el impacto ambiental del contrabando de gasolina, lo cual les han traído amenazas. En muchas ocasiones los 'pategrilleros' aseguran tener un aval de los grupos armados ilegales del Catatumbo, descalificando los intentos de protección del territorio de los indígenas. El Mirador, Km 90, Los Balsos, Km 84, Km 77, Oru, El Diviso, Bocas de Oru son las veredas en donde las comunidades han identificado esta dinámica.
Actores armados que generan riesgo
Los líderes hacen hincapié en que todos los actores armados, tanto legales como ilegales, acaban por violentar los procesos de organización social y generar riesgo a la población.
Las dinámicas de violencia se riegan por el Catatumbo y los territorios de resguardos indígenas Barí no son la excepción. El Eln, el Epl, las disidencias de las Farc y otros nuevos actores se disputan el control de las vías del narcotráfico por estos territorios.
Agresiones y amenazas
Todos los actores armados que operan en el territorio señalan y estigmatizan los procesos sociales, generando un ambiente de zozobra para la construcción de tejido social y la vida misma en El Tarra. Los riesgos a los defensores y defensoras se extienden por todo el territorio causando desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad o confinamientos.
Uno de los hechos violentos que más ha marcado la historia reciente de El Tarra ocurrió el 30 de julio del 2018, cuando fueron masacradas 10 personas en un billar del casco urbano por un grupo armado. Según Luis Fernando Niño, entonces secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de Norte de Santander, en la masacre fue asesinado Frederman Quintero, presidente y coordinador del Comité de la JAC de la vereda Km 84 y algunos exintegrantes de las Farc. A raíz de este hecho violento, líderes sociales denuncian una campaña de capturas y 'falsos positivos judiciales' por parte de las autoridades, situación que también ha afectado a la comunidad en general. El gobierno aseguró que capturó a presuntos miembros del Epl que estarían vinculados a la masacre, sin embargo, el grupo armado rechazó el hecho y negó su participación en el mismo mediante un comunicado a la opinión pública. Según documentó La FM, por estos hechos habían sido capturadas 7 personas, y 2 de ellas sentenciadas, para el 7 de noviembre de 2019.
Desde el 2016 también han sido asesinados los líderes Deiver Quintero, Elkin Fabián Toro y Lede María Ortega Ortiz; Toro fue secuestrados y asesiando con sevicia. Además en el 2018 fue amenazada la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh) y en abril del 2019 miembros de ASCAMCAT
El Eln y miembros de la fuerza pública son los actores que recientemente encabezan las amenazas y agresiones contra el pueblo indígena. Con los primeros, por denunciar la presencia del grupo guerrillero en el territorio y con la fuerza pública por la estigmatización hacia el pueblo al relacionarlos con grupos guerrilleros. Al respecto, el pueblo Barí le reprocha al Gobierno el no atender las denuncias que han hecho sobre las invasiones de los actores armados.
Agresiones y amenazasLíderes y lideresas sociales de San Calixto han denunciado vulneración de sus derechos a raíz de un abanico de violencias físicas, psicológicas y morales contra su integridad, responsabilidad de los actores armados presentes en el municipio. La situación se agrava porque la misma población civil ha estigmatizado a los líderes y lideresas sociales, pues, como contó uno de ellos, muchas veces los tildan de "guerrilleros" por hacer parte de movimientos sociales. Los defensores de derechos humanos son enfáticos al decir que "la estigmatización es algo sistemático, casi todas las víctimas tienen los mismos perfiles: reclamantes de tierras que quieren participar en política, líderes ambientales o sindicales".
Según el cruce de diferentes fuentes oficiales y de la sociedad civil que documentan la violencia contra líderes sociales, en los útimos cuatro años se han presentado 3 asesinatos: Nelly Amaya Pérez en enero el 2016, presidenta de la JAC de Guamalito y sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica; Leidy Amaya en enero del 2018, exfuncionaria de la Alcaldía del municipio, Álvaro Bayona Pérez en el 2018, líder de la Ascamcat.
Coca / Cultivos de uso ilícitoEn el mapeo realizado por los líderes es evidente que en más de la mitad de San Calixto existen cultivos de uso ilícito, al menos en 44 de las 67 veredas que posee, que en su mayoría se encuentran en la zona norte. Las veredas de la zona sur Lagunetas, Vista Hermosa y Cucurina, cercanas al casco urbano, son las únicas que reportan cultivos de uso ilícito. De acuerdo con números de la ONU, para 2018 había 728 héctareas cultivadas con coca en el municipio.
Tensiones con la Fuerza PúblicaFuentes en la zona que prefieren mantenerse anónimas por seguridad dicen que miembros de la fuerza pública ponen a los líderes sociales en riesgo, particularmente miembros de la Policía, militares que llegaron como resultado del despliegue de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 3 y funcionarios de la Fiscalía y de la SIJIN. Las mismas aseguraron que en el corregimiento de Burgama y las veredas San Luis, San Ignacio y El Caracol, el Ejército ha puesto en riesgo a la población con varios tipos de vulneración a los derechos humanos.
Varias fuentes expresaron que los empadronamientos que se dan en el municipio han terminado muchas veces en montajes judiciales, esta problemática sería constante con líderes que hacen parte de movimientos sociales como el Mcp, a muchos, según las fuentes, se les ha acusado de participar en hechos violentos que se dan en la región, como la masacre de El Tarra. Una de las fuentes denunció que a raíz de estos hostigamientos se han desplazado más de 250 integrantes de la organización.
La CORPOREDDEH registró en 2019 un atentado con arma de fuego que habrían perpetrado miembros del Ejército en contra de tres dirigentes de la Asociación de Juntas Comunales: Olger Pérez, Nicolás López y Horacio Ramírez en un retén de la vereda San Luis. Según la denuncia, los tres líderes pasaron transportándose en moto por el retén sin recibir la orden de parar y, al continuar su camino, los miembros del Ejército comenzaron a disparar indiscriminadamente, a pesar de que alegaban ser civiles. Tuvieron que buscar refugio en una vivienda cercana para salvaguardar sus vidas.
Por otro lado, varias fuentes comentaron que existe una disputa con miembros de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 3 en la vereda de San Luis. Allí existe un nacimiento de agua que surte a varias veredas del municipio y, según ellas, estaría siendo contaminada por los militares, quienes utilizan el agua para sus actividades diarias como bañarse. Esto habría sido denunciado por varias personas y generado tensión, reflejada en estigmatización o insultos por parte de los militares cuando ellas pasan por este sector.
Actores armados que generan riesgo
Varios actores armados ponen en riesgo a los líderes. La disidencia del Frente 33 de las Farc hace presencia en todo el municipio y, en menor medida, el Eln, el Epl y bandas de delincuencia común.
Coca / Cultivos de uso ilícitoMás de la mitad del municipio, según referencia de los líderes y lideresas sociales, ha tenido presencia de cultivos de uso ilícito, exactamente en la parte centro-norte y norte del mismo. De acuerdo con números de la ONU, para 2018 había 2.915 hectáreas cultivadas con coca en el municipio.
La Defensoría del Pueblo, en una alerta temprana de marzo de 2019, documentó que la presión del gobierno a la Corte Constitucional de volver a la utilización de glifosato para la erradicación de cultivos de uso ilícito ha despertado inconformidad entre los campesinos cultivadores de las veredas y corregimientos de Jurisdicciones, San Pablo, El Aserrío, La Cecilia y San Juancito.
Agresiones y amenazasEl homicidio de Santiago Anteliz y los secuestros de los también presidentes de JAC Isaac Navarro y Celiar Martínez, entre junio de 2018 y septiembre de 2019, han sido muestra de que los líderes y lideresas de Teorama no se encuentran a salvo debido a las estigmatizaciones en su contra. Sumando los registros de la Defensoría del Pueblo y de varias organizaciones de la sociedad civil, en los últimos tres años, al menos 14 líderes y lideresas en el municipio han sido agredidos, contando 5 amenazas, 2 asesinatos, 2 atentados y 5 secuestros.
Líderes sociales denuncian haber sido víctimas de allanamientos, detenciones ilegales y montajes judiciales, así como denuncian desplazamientos de sus comunidades a raíz de agresiones en su contra. Sin embargo, CODHES no registró dichos desplazamientos. La Defensoría del Pueblo, por su parte, en una alerta temprana de marzo de 2019 advirtió sobre el alto riesgo de estigmatización, detención y judicialización ilegal al que se exponían los líderes campesinos organizadores de las movilizaciones sociales debido al malestar social que han generado la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, la crisis económica por la conflictividad armada, la reactivación de concesiones para la explotación de minerales y el despliegue militar del Ejército que, como dicen los líderes, ha generado tratos hostiles e imposición de normas de conducta. El Ministerio Público señaló una alta vulneración a los derechos humanos en la zona norte del casco urbano del municipio, en la mayoría de veredas que comprenden entre San José y La Ruidosa, teniendo como centro de esta zona los corregimientos de San Pablo, El Aserrío y La Cecilia.
Defender la implementación del Acuerdo de Paz entre las antiguas Farc y el Estado también ha sido motivo de estigmatización. Los líderes, además, expresan vulneración a los derechos humanos en época electoral y la amenaza directa a un defensor de DDHH del departamento por participar activamente en política. Según documentó la MOE, en agosto de 2017 fue amenazado Juan Carlos Quintero, dirigente de Ascamcat, Anzorc y de Marcha Patriótica, junto a todos líderes sociales en un correo enviado, presuntamente, por miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el 2018 Teorama estaba en riesgo electoral "extremo", siendo el accionar del Eln y el Epl la principal fuente de amenaza.
Actores armados que generan riesgoEl Eln y la disidencia del Frente 33 de las Farc hacen presencia en todo el municipio. Para diciembre del 2019, líderes sociales manifestaron sentir zozobra por un posible regreso del Epl al territorio. Adicionalmente, las veredas Llana Baja, El Rosario, La Cristalina, El Socorro, Piedras de Moler, Alta Gracia y El Juncal fueron señaladas por los líderes como escenarios en donde miembros de la Fuerza Pública los pondrían en peligro.
La Defensoría del Pueblo, en una Alerta Temprana de marzo de 2019, expone que existe "una sobre posición de la confrontación violenta que libran la Fuerza Pública y la guerrilla del Eln, (con sus frentes Camilo Torres, Carlos Armando Cacua Guerrero y comandante Héctor del frente de guerra Nororiental)".
Economía ilegal de hidrocarburos
Los pategrilleros son personas que roban petróleo del oleoducto y lo procesan para venderlo por contrabando. En Teorama la presencia de esas redes de economía ilícita ha generado tensiones con los líderes sociales que denuncian. Según ellos, estas tensiones se reflejan en las decisiones de algunas JAC de no dejar instalar los equipos con los que extraen el crudo, pues así afectan la calidad del aire y contaminan el agua. Además, como lo señaló un líder: "hay un 'riesgo judicial' que les generan a las veredas: como la instalación del equipamiento ilegal se hace dentro de la vereda, cuando viene una operación militar los habitantes son quienes quedan en peligro".
La Defensoría del Pueblo, en una Alerta Temprana de marzo de 2019, acota que, según estimativos de Ecopetrol, en 2018 fueron "detectadas cerca de mil válvulas ilegales para hurtar petróleo artesanalmente en el denominado 'pategrillo'”.
Coca / Cultivos de uso ilícitoLos cultivos de uso ilícito en el municipio se sitúan en la mayoría del territorio, sobre todo en la zona norte. Las veredas Las Águilas, Pajitas, Mil Pesos, Santa Inés y Jardines de Motilona fueron señaladas y marcadas por los líderes como críticas en materia de estos cultivos. Según datos de la ONU, para 2018 había poco más de 700 hectáreas cultivadas con coca en el municipio.
Agresiones y amenazasHay zonas en donde la agresión a líderes y lideresas sociales ha sido más marcada, según ellos mismos. Estas zonas son: las veredas La Bogotana y Culebritas-Bobalí y los corregimientos de Guamalito y Zaragoza.
En Guamalito líderes sociales han denunciado presuntas capturas ilegales, atentados y hostigamientos recientes, como el atentado de Fabián Andrés Cáceres, quien recibió dos impactos de bala en su pierna izquierda mientras se transportaba por la vía Guamalito - El Carmen. También un líder social de la asociación de víctimas del municipio denunció haber sido amenazado en esta zona. Además, se han registrado agresiones a líderes ambientales que han denunciado la contaminación del agua de la quebrada que pasa por Guamalito por voladuras del oleoducto.
Por otro lado, indígenas Barí que habitan en el territorio han denunciado vulneraciones a los derechos humanos en todo el municipio y, en particular, la desaparición de varios indígenas de la comunidad en la zona suroccidental del Parque Nacional Natural Catatumbo-Barí.
Según varias fuentes de la sociedad civil, Ezequiel Rangel fue asesinado en julio del 2017, quien era miembro de Ascamcat y líder comunitario de la vereda Filo Palo.
Actores armados que generan riesgoLa presencia del Eln y Epl ha puesto en riesgo a los líderes y lidersas sociales del municipio, sobre todo por los enfrentamientos entre ambos grupos. Los líderes también denunciaron que la presencia de bases militares es un problema latente en el territorio, ya que se vuelven blanco de ataque por parte de actores armados ilegales y propician un ambiente de riesgo, no solo para los líderes, sino para la comunidad en general.
Por su lado, los indígenas Barí que habitan tres resguardos ubicados al norte del municipio (Korroncayra, Ichirrindacayra y Youcayra) referenciaron la presencia de diferentes actores armados que generan riesgo, como las guerrillas del Eln y el Eln, disidencias de las Farc y la Fuerza Pública.
Tensiones con la Fuerza Pública
En Zaragoza denuncian cómo el 1° de abril de 2017 el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía adelantaron un bombardeo en contra del Eln, en la operación 'Corsario 3', en medio del cual murió población civil de la comunidad. Según una de las lideresas, la comunidad de Zaragoza y sus liderazgos comunitarios se han visto estigmatizados por el tránsito constante del Eln por la zona.
Líderes sociales referenciaron vulneraciones a los derechos humanos que generó la instalación de la base militar en la vereda de El Tigre. "Si uno pasaba solo, le metían la cabeza entre una bolsa, lo forzaban, le ponían trapos en la boca", narró un líder, aclarando que estas prácticas ocurrieron para mediados del 2019. Esto, según los líderes, generó una movilización de más o menos 1.500 personas, que logró que los militares desalojaran aquella zona.
*La Paz en el Terreno es una alianza entre Colombia2020 y Rutas del Conflicto que rastrea la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y la extinta guerrilla de las Farc en dos temas claves: la situación de los líderes sociales y el proceso de reincorporación de los excombatientes. Para mayor información, consulta lapazenelterreno.com. Esta publicación es posible gracias al apoyo de la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en Colombia y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
