Recientemente, el asesinato de líderes y lideresas sociales se ha vuelto un tema de discusión constante en los medios de comunicación. Aunque muchos relacionan estos homicidios con la coyuntura de los acuerdos de paz, firmados en La Habana en 2016, este es un fenómeno que ha estado presente en el país de tiempo atrás.
Para Carlos Guevara, director de la ONG de protección de Derechos Humanos, Somos Defensores, lo que está pasando en la actualidad no tiene que ver con que ahora sea mayor el número de muertos sino que son más evidentes y existen más denuncias. “Esto no es nuevo, es una situación que viene derivada de la guerra y de otras conflictividades y pasaba más de lo que nosotros pensábamos. Que no está documentada es otra cosa, aquí la cantidad de muertos que no se conocen es descomunal”, explica Guevara.
Para Juan Carlos Chaparro, doctor en Historia de la Universidad Nacional, históricamente la violencia contra líderes sociales ha estado relacionada con lo que él considera una “contención de fuerzas políticas alternativas que puedan eventualmente amenazar el orden establecido”.
El historiador también afirma que, a comienzos del siglo XX hubo importantes movilizaciones sindicales y obreras. “Además de reivindicar derechos sectoriales o de grupo, construyeron una agenda y discurso político. Contra estos sectores empezó a haber una violencia organizada por quienes no querían reconocer esos derechos y los consideraban comunistas”, le contó el historiador a Rutas del Conflicto Radio.
Otro acontecimiento importante fue la configuración del discurso anticomunista en Colombia. Este era un fenómeno global que muchas veces es relacionado con la Guerra Fría pero que llegó al país mucho antes. El historiador Renán Vega Cantor, en un artículo que hace parte del informe Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, de 2015, afirma que a comienzos del siglo XX ya se estaba construyendo una especie de discurso “contrainsurgente nativo” que atacaba a todo lo que amenazara al régimen bipartidista.
Un hecho que ilustra lo que explican los historiadores es La Masacre de las Bananeras, perpetrada entre el 5 y 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga, Magdalena. El historiador colombiano, Mauricio Archila, en varios textos académicos, cuenta que el 12 de noviembre de 1928, un sindicato de trabajadores de la empresa estadounidense United Fruit Company (UFC), entró en una huelga en la cual reclamaban nueve puntos para mejorar sus condiciones laborales en seguridad, salud y pagos.
Según Archila, la UFC se negó a negociar y esto generó que la huelga se intensificara hasta que decidieron concentrarse en Ciénaga, Magdalena. El general Carlos Cortés Vargas, expidió un decreto a las 11:30 p.m., que ordenaba disolver cualquier reunión con más de tres personas y amenazaba con disparar si no seguían la orden. Cortés les dio un plazo de 5 minutos para retirarse y una vez pasó el tiempo, ordenó disparar contra la población. Las cifras de muertes en esta masacre, todavía son materia de disputa pero según el historiador se cree que fueron entre 10.000 y 30.000 asesinatos.
Ya en ese entonces existía un fuerte estigma sobre los reclamos sindicales, los cuales eran considerados una expresión del comunismo que había triunfado en la Rusia de principio de siglo.
El discurso anticomunista siguió siendo una constante en las décadas del 40 y el 50 y se agudizó con el comienzo de la época de La Violencia, en 1946. Este enfrentamiento entre liberales y conservadores, que duró cerca de dos décadas y dejó miles de muertos se cerró durante el Frente Nacional, el pacto entre los dos partidos para cogobernar el país por 16 años. Aunque los índices de violencia se redujeron, el pacto político dejó fuera a fuerzas políticas alternativas y el estigma de quienes reclamaban sus derechos continuó.
En el mundo estaba en medio de la Guerra Fría, una lucha no armada entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se prolongó hasta los años 90. “En el siglo XIX, los conservadores tildaban a sus opositores liberales de comunistas. No obstante, es con la Guerra Fría que ese discurso se radicaliza, se va a popularizar y se va a sistematizar desde los centros de poder internos y externos para dar pie a los golpes de estado y las posteriores dictaduras latinoamericanas”, afirma el historiador de la Universidad Nacional, Juan Carlos Chaparro.
Llega el paramilitarismo
Con este panorama, en 1978 alcanza la presidencia de Colombia, Julio César Turbay Ayala y su conocido Estatuto de Seguridad. La historiadora Catalina Jiménez, en su texto Aplicación e instrumentalización de la doctrina de seguridad nacional en Colombia (1978- 1982): efectos en materia de derechos humanos, de 2009, explica que este estatuto era una política abiertamente anticomunista y justificó acciones represivas por parte de las fuerzas armadas con el fin de mantener el orden del país. Además les asignó la facultad de juzgar delitos relacionados con manifestaciones y movilizaciones sociales.
Para Jiménez, este estatus y legitimidad que se les dio a las fuerzas militares, en especial al Ejército, facilitó la creación de los primeros grupos paramilitares, como por ejemplo, el Mas (Muerte a Secuestradores) o el Mnr (Muerte a Revolucionarios del Nordeste), también llamado “Boinas Rojas”, en las zonas rurales del país.
La periodista María Teresa Ronderos coincide con este punto en su libro Guerras Recicladas. Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia, de 2014. Para Ronderos, la política de seguridad nacional desde el gobierno de Turbay, generó la primera ola de paramilitarismo en Colombia, de la mano del narcotráfico. Este fenómeno nació en los años ochenta, en el municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, bajo el nombre de “autodefensas campesinas”. http://rutasdelconflicto.com/geografia-del-terror/
Para el doctor en historia, Juan Carlos Chaparro “la lamentada lucha contra el comunismo va a ser utilizada como una cortina de humo para esconder los verdaderos propósitos que tenían quienes conformaron, mantuvieron y financiaron a esos grupos, que eran: controlar los territorios, las poblaciones, el poder local y las rutas de tráfico de drogas y de armas”. Los primeros paramilitares trajeron consigo una época de violencia que afectó a movimientos sociales en general y de izquierda.
El 30 de marzo de 1985 nació el partido Unión Patriótica (UP), a raíz del acuerdo firmado entre el gobierno de Belisario Betancourt y las Farc, en 1984. Este proceso incluyó los “Acuerdos de La Uribe”, en los que se pactó la creación de un movimiento político para que la guerrilla empezara su reintegración a la vida civil.
La UP participó en marzo de 1986 en sus primeras elecciones parlamentarias y obtuvo cinco senadores, nueve representantes a la Cámara, 20 diputados y 353 concejales en todo el país. Desde ese año, el partido estuvo marcado por el asesinato de sus integrantes. Uno de los primeros, ocurrió el 30 de agosto de 1986 y fue el caso de Leonardo Posada Pedraza, quien estaba amenazado por grupos paramilitares. Un día después, sucedió el segundo crimen, la muerte de Pedro Nel Jiménez Obando, otro miembro electo del partido. https://colombia2020.elespectador.com/pais/el-exterminio-de-la
La economista María Soledad Betancur, en su texto Del Estatuto de Seguridad al estado comunitario: veinticinco años de criminalización de la protesta social en Colombia, de 2006, afirma que para finales de los años 80 e inicios de los 90, fueron asesinados más de 3 mil integrantes de la UP. Además de asesinar a otros militantes de izquierda, fueron asesinados defensores de Derechos Humanos y dirigentes sociales y políticos, así como población civil. Para Betancur, el calificativo de “terrorista” se convirtió en parte fundamental del discurso oficial que justificó actos como detenciones arbitrarias, desaparición y asesinatos extrajudiciales.
Lo que ocurrió con la UP “demuestra las contradicciones del régimen político colombiano, el cual siempre ha aparentado ser el régimen democrático por excelencia de América Latina, pero al final es falso, cómo puede ser democrático un régimen que permite un genocidio de esos?”, dice el historiador de la Universidad Nacional, Juan Carlos Chaparro.
Aunque no hay investigaciones puntuales que hagan un conteo de los asesinatos, la violencia contra defensoras y defensores continuó en la década de los 90 y se agudizó con la expansión paramilitar que se consolidó durante los primeros años del siglo XX. Defensores y líderes fueron asesinados en las distintas masacres y se volvieron el blanco de grupos paramilitares y en muchos casos, de grupos guerrilleros.
Según ha documentado Rutas del Conflicto, los líderes y lideresas sociales fueron en mucha ocasiones el blanco de estos grupos armados en las repetidas masacres cometidas en esa época.
Por ejemplo, en la masacre de Bahía Portete, perpetrada el 18 de abril de 2004, un grupo de 45 hombres del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, llegó a este lugar del departamento de La Guajira. En este hecho, asesinaron a seis personas dentro de las que se encontraba Margoth Fince Epinayú, lideresa de la Asociación Indígena de Autoridades Tradicionales y Rosa Fince, otra lideresa de la comunidad. http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=84
En el informe Masacre de Bahía Portete: mujeres Wayúu en la mira, publicado en 2010 por el Centro Nacional de Memoria Histórica, se habla que el asesinato de estas mujeres fue selectivo y estuvo relacionado directamente con su liderazgo. “El asesinato, la tortura y la persecución a las mujeres lideresas de organizaciones sociales, hacen parte de una tendencia de persecución a los líderes sociales que se observa a lo largo del Caribe (...) Las mujeres en su papel de lideresas, en la medida en que adquieren autonomía y visibilidad pública, sufren persecuciones específicas por parte de los actores armados sea por las guerrillas, los paramilitares e incluso el Ejército”, se afirma en el informe.
Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de Colombia en 2002, comienzan las desmovilizaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia. Sin embargo, la persecución contra los liderazgos sociales no terminó pues, los actores armados siguieron controlando los territorios y las poblaciones.
La historia de Colombia demuestra que el asesinato de lideresas y líderes, más que ser un fenómeno reciente, responde a diferentes contextos que han marcado al país. Los actores y motivaciones se han transformado, sin embargo, el problema sigue latente y es más visible en la actualidad.
