La noche del 27 de enero, Temístocles Machado, uno de los líderes históricos de las poblaciones negras de Buenaventura, el principal puerto colombiano en la costa del Pacífico, fue acribillado en el garaje de su casa en la comuna 6 del barrio Isla de Paz. “Don Temi”, como le decían sus vecinos, era uno de los dirigentes sociales que había recibido más amenazas contra su vida en el Valle del Cauca en sus cuatro décadas de resistencia a las invasiones y la presión de empresas y grupos armados por controlar este territorio. Tres meses después del crimen, letreros de propiedad privada cercan parte de los terrenos que Machado reclamaba para su comunidad, pero poco se sabe aún de sus asesinos.
Hace apenas unos días, la Fiscalía detuvo a tres hombres vinculados al homicidio luego de que las autoridades de Buenaventura abrieron dos líneas telefónicas y ofrecieron siete mil dólares de recompensa a quienes colaboren con datos para su identificación. El asesinato de Temístocles Machado ocurrió en uno de los meses más violentos para los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia, según los recuentos de cuatro organizaciones no gubernamentales. Y no sería el último. Solo entre enero y marzo del 2018, al menos cuarenta y cinco personas fueron asesinadas pese a las alertas de distintas entidades internacionales para que el Gobierno replanteara la forma de brindarles protección. Tan solo al comenzar abril, se supo del crimen de otros tres reconocidos promotores de la restitución de tierras y el reemplazo de cultivos de coca en el Cauca y el Meta. El primero de estos departamentos concentra la mayoría de homicidios de líderes sociales junto a Antioquia, Norte de Santander y Nariño.
Sin embargo, este fenómeno no es reciente, sino estructural en un país que ha enfrentado más de cinco décadas de guerra. La organización no gubernamental Somos Defensores reveló que 532 líderes sociales fueron asesinados entre los años 2009 y 2017 en Colombia. “El 93% de casos ocurrió en zonas rurales y no se ha identificado a sus responsables”, indica en su reporte. El agravante ahora es que este exterminio selectivo se ha incrementado desde que el Gobierno firmó el Acuerdo de Paz con las Farc en septiembre de 2016. Los dirigentes silenciados cumplían un rol clave para la implementación de las políticas derivadas del Acuerdo en sus comunidades, varias de las cuales son territorios abandonados por la guerrilla y donde hasta la fecha hay poca presencia del Estado.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, llegó a decir que la mayoría de estos asesinatos estaba relacionado a “líos de linderos y de faldas”, pero la realidad no se puede banalizar, ocultar o negar por mucho tiempo. En su informe de marzo pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia señaló que los crímenes a los líderes sociales son extremadamente preocupantes y uno de los primeros problemas para implementar el Acuerdo de Paz en acciones concretas que restituyan los derechos a las poblaciones más afectadas por el conflicto.
Si bien la mayoría de medios de comunicación ha reportado los asesinatos con la premura que la coyuntura impone, del mismo modo que han publicado recuentos sobre los avances y dificultades del proceso de reincorporación de los exguerrilleros de las Farc a la sociedad, poco se ha explicado e investigado para comprender de manera integral esta etapa que vive el país. Por eso nace La Paz en el Terreno, un proyecto digital que combina el análisis de datos y el periodismo en profundidad para medir y vigilar la implementación del Acuerdo de Paz.
Desde diciembre de 2017, periodistas de Rutas del Conflicto de la Fundación Con Lupa y Colombia 2020 del diario El Espectador compartieron su experiencia y conocimientos para producir reportajes y herramientas digitales que permitan medir mejor el pulso al acuerdo a través de dos puntos claves: la situación de los líderes sociales y la reincorporación de los exguerrilleros de las Farc a la vida ciudadana.
Para el primer objetivo, el equipo construyó una base de datos sobre todos los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados después del 26 de septiembre de 2016 (día de la firma del Acuerdo de Paz en La Habana) y documentaron cada caso con fuentes oficiales, académicas y periodísticas para tener un registro con indicadores confiables que permitan hacer seguimiento al estado de los crímenes. El reto fue grande porque en Colombia no existe un registro oficial unificado sobre estos crímenes: la Fiscalía tiene uno, la Defensoría del Pueblo otro, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos realiza su propio registro y las organizaciones no gubernamentales poseen también reportes independientes que difieren en número de casos y contenido. Por eso, los periodistas contrastaron todas estas bases de datos para elaborar un registro único de casos que verificaron con la revisión de denuncias, expedientes, entrevistas a autoridades y familiares de las víctimas.
Más allá de establecer cifras únicas, la misión de La Paz en el Terreno es documentar los casos con datos relevantes: el perfil de la víctima, su tipo de liderazgo, si había recibido amenazas previas, el contexto de la región a la que pertenecía, presuntos responsables señalados por las autoridades y el estado de la investigación del crimen. Para ello, fue necesaria una depuración minuciosa de datos, ya que en los reportes consultados, incluidos los de la Fiscalía, se advirtieron errores que incluyeron desde apellidos mal escritos, inexactitudes y atribuciones erradas de cargos ejercidos y hechos incompletos.
En una primera etapa, La Paz en el Terreno presentará más de 90 casos de homicidios de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos ocurridos entre el 26 de septiembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017. Su actualización será periódica y solo aparecerán en este registro los casos que los periodistas corroboren con varias fuentes. Esta información genera un aporte concreto no solo para los lectores, sino para los periodistas e instituciones oficiales, académicas y humanitarias que encontrarán en un solo lugar información verificada que hoy está dispersa y atomizada.
El análisis de datos de este proyecto contribuye también a mejorar la información que se discute sobre otro aspecto importante relacionado con los crímenes de los líderes sociales en el posacuerdo: si existen o no patrones sistémicos en los asesinatos de este grupo de la población. Aunque al comienzo relativizó el problema, la Fiscalía sostiene ahora que estos homicidios no son una sumatoria de hechos aislados ni se trata de prácticas que suceden de manera casual o accidental. Su postura es que hay patrones comunes en algunas regiones. Mientras que el último informe de la Procuraduría advierte que estos crímenes están vinculados a “una especie de reciclaje de violencias para desarticular las luchas de comunidades por la defensa de los derechos a la tierra y otras reivindicaciones colectivas”. Precisamente, los periodistas del equipo le prestaron atención a los conflictos activados y agudizados en las zonas a las que pertenecían las víctimas, con especial énfasis en territorios de los que salieron las Farc. Su análisis expone patrones locales y regionales comunes en los crímenes.
La investigación llevó a un grupo de reporteros al Cauca, donde se concentra la mayoría de homicidios. Varias de las víctimas pertenecían al Movimiento Étnico y Popular del Pacífico (Moep) y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, organización creada con la finalidad de concretar el punto cuatro del Acuerdo de Paz alcanzado entre las entonces Farc y el Gobierno nacional.
Para el segundo objetivo del proyecto, el equipo investigó el estado de las 26 zonas donde se concentraron los exguerrilleros de las Farc para desmovilizarse y reincorporarse a la vida civil. Reporteros de El Espectador y Rutas del Conflicto empezaron a viajar a los denominados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), como se denominó a las antiguas zonas concebidas para el cese bilateral del fuego y la dejación de armas, para identificar los avances y dificultades de la reintegración de los excombatientes.
El reporteo en terreno se combinó con bases de datos que construyeron los periodistas tras solicitar y organizar información del Estado y ONG sobre la reincorporación en términos de proyectos productivos, actividades laborales de los exguerrilleros, sus condiciones de vida en los nuevos asentamientos y los conflictos en zonas aledañas. Este material se refleja ahora en reportajes y visualizaciones que exponen indicadores detallados sobre este proceso.
La Paz en el Terreno está en línea en un momento de tensión por las elecciones parlamentarias y presidenciales en Colombia, en las que el acuerdo firmado con las Farc se ha convertido en uno de los motivos de mayor polarización en el país, entre quienes lo defienden y quienes quieren deshacerlo. Por eso, uno de los aportes será brindar información relevante y contrastada sobre el Acuerdo. Pero todo este valioso contenido no solo se quedará en la plataforma, sino que se harán alianzas para compartir contenidos en diferentes formatos (podcast, programas radiales y publicaciones impresas) que permitan llegar a las poblaciones más afectadas por el conflicto.
Un aporte sustancial del equipo está en su enfoque reflexivo y con referencias a más fuentes de información, procedentes de organismos independientes de investigación, de organizaciones internacionales (ONU, ACNUR, Amnistía Internacional), ONG colombianas y organizaciones de defensa de Derechos Humanos. Y este esfuerzo es solo el inicio. La Paz en el Terreno contempla una serie de publicaciones con distintas narrativas que se explorarán para conectar e informar de manera completa a los lectores.
