Entre los más de 12 mil excombatientes de las Farc que se acogieron a la ruta de la reincorporación tras el acuerdo de paz, hay grupos con características específicas, que exigen procesos diferentes para su regreso a la vida civil. En el gráfico (arriba) están representadas las proporciones de los subgrupos de las poblaciones de acreditados, de encarcelados, de exguerrilleros vinculados a actividades laborales y de aquellos que solicitaron protección.
Considerando un universo de 12.001 excombatientes, registrados por el gobierno en diciembre de 2017, el 51% vivía permanentemente en los espacios de capacitación y reincorporación, el 25,3% estaba encarcelado y el 23,1% se componía por los llamados milicianos, aquellos que no integraban la estructura militar. Los extranjeros sumaban 58 personas, 0,48% del total. La Oficina del Alto Comisariado para la Paz, OACP, durante el proceso de acreditación, ha identificado más extranjeros, pero todavía no ha divulgado un nuevo balance. En la misma fecha, las excombatientes representaban el 26% del total, mientras los hombres sumaban el 74%.
Uno de los principales desafíos del proceso de reincorporación es la creación de oportunidades de trabajo para los excombatientes. En marzo de 2018, por lo menos 1.203 de ellos estaban involucrados con actividades laborales y productivas. Entre ellos, 74 eran parte del único proyecto productivo propuesto por excombatientes y aprobado por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), con la Cooperativa Multiactiva de Colombia Manuel Marulanda Vélez, en el Caquetá. La actividad está relacionada a la piscicultura y a la agricultora.
Otras 45 personas estaban vinculadas al proyecto “Caña para la Paz”, registrado para el municipio de Vista Hermosa, Meta, y en espera de aprobación por el CNR, según la Agencia de Reincorporación Nacional (ARN). Además, había 400 exguerrilleros capacitados para el desminado humanitario, 52 involucrados con acciones de pedagogía para la sustitución de cultivos ilícitos, 73 candidatos para las elecciones del Congreso Nacional y 559 agentes de seguridad. Estos últimos recibieron entrenamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para actuar como escoltas de otros excombatientes y para garantizar la seguridad en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.
En total, a 203 excombatientes el gobierno les aprobó solicitudes de protección debido a que su seguridad estaba en riesgo. De ellos, 160 (el 79%) recibieron protección efectiva y 43 (el 21%) aún la esperan.
Otro subgrupo está integrado por excombatientes encarcelados cuando se firmó el Acuerdo de Paz. De los 3.058 detenidos, el 94% ya estaba en libertad para marzo de este año, pues recibió beneficios como la amnistía, el indulto y la libertad condicionada. Por otro lado, 179 excombatientes (el 6% de los que han estado detenidos) siguen encarcelados, ya sea por estar esperando uno de los beneficios anteriormente mencionados, o por haber cometido crímenes no políticos, según la OACP.
Publicado el 19 de abril de 2018.
