Los líderes que promocionan la sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia están en riesgo extremo, denunció este diciembre Michel Frost, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos. En los últimos dos años, al menos 63 líderes de la sustitución habrían sido asesinados.

El fuego de los actores armados y el abandono y la presión por parte del Estado han dejado a los líderes de la sustitución entre la espada y la pared. Trabajar por la sustitución, por un lado, les supone altos riesgos, como estar permanentemente bajo la mira de los narcotraficantes y poner en peligro su estabilidad económica. Mantener los cultivos, por el otro lado, tampoco es una opción: significa ser vulnerable no solo ante los compradores, sino también a la violencia del Estado y a la falta de garantías en la ley.

Detrás de las casi 99.000 familias inscritas en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) están cientos de líderes sociales que velan por la calidad de vida de sus comunidades. La tarea que han asumido con valentía, vigilar el cumplimiento de los pactos creados por el acuerdo de paz para solucionar el problema de las drogas ilícitas, los ha puesto en sumo peligro. Los enemigos de la sustitución, generalmente desconocidos y grupos armados de diferente naturaleza pero todos al servicio del narcotráfico, han amenazado y asesinado, cada vez con mayor determinación, a decenas de estos líderes sociales. El tránsito de los campesinos cocaleros a la legalidad tampoco ha sido nada fácil, han tenido que enfrentar todo tipo de obstáculos, incluyendo la estigmatización de la cual siguen siendo víctimas; la inercia del gobierno, tanto el saliente como el entrante, para poner en marcha el Programa de Sustitución en los diferentes territorios de tradición cocalera, y la incertidumbre de su futuro.

Las comunidades rurales que han cultivado y recolectado hoja de coca en los últimos 40 años, algunas durante toda la vida, son el último eslabón de un mercado internacional que demanda toneladas de cocaína procesada todas las semanas. La cadena del narcotráfico va desde el que produce hasta el que transporta y comercializa. Una red que involucra a cientos de miles de colombianos entre aquellos que cultivan y ‘raspan’ la mata, los que venden y vierten los químicos para su procesamiento y los que empuñan las armas y tasan las ventas, dentro y fuera del país. En esa otra Colombia que convive diariamente con la ilegalidad, miles de campesinos han encontrado en la siembra y en el procesamiento de la coca una manera de subsistir y de perseguir una esperanza de porvenir que muchas veces su contexto no habría permitido de otra manera, normalmente abandonado por el Estado y marcado por la necesidad y la violencia.

Es justamente por el hecho de haber estado a merced de los violentos por tantos años que casi 99.000 familias, según cifras de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, prefirieron apostarle a los aires de cambio que anunciaba el acuerdo de paz y creer en sus promesas. Esto es, en palabras de mismo acuerdo, “la transformación estructural del territorio”: construcción de vías, asistencia social diferenciada, formalización de sus tierras, seguridad alimentaria, tratamiento penal alternativo y el reemplazo de la mata por otros proyectos productivos. Para ello, los campesinos se comprometieron a erradicar voluntariamente y a renunciar a la resiembra. Una oportunidad histórica para que esta población se pudiera sentir, de una vez por todas, como parte del Estado colombiano. Una oportunidad que pareciera escaparse de las manos.

*La Paz en el Terreno (lapazenelterreno.com) es una alianza entre Rutas del Conflicto y Colombia2020 que sigue el rastro de la implementación del acuerdo de paz, específicamente, en la situación de riesgo contra líderes sociales y el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC. Esta publicación es posible gracias al apoyo de la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en Colombia.