¿Quiénes amenazan y asesinan a los líderes sociales en el sur de Córdoba?

Las poblaciones del sur de Córdoba, al igual que otras del país, siguen padeciendo las consecuencias de las disputas entre grupos armados ilegales por el dominio de las zonas despejadas por las Farc tras la firma del Acuerdo de Paz. Sumado a esto, el incumplimiento de lo pactado ha generado que las comunidades pierdan confianza en el Gobierno y los factores de riesgo aumenten para los líderes y lideresas que le han apostado a la paz y a la transformación de sus territorios.

Iván Ojeda, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) seccional Córdoba, comenta que antes de la firma del Acuerdo de Paz los líderes y lideresas de la región tenían sus propias medidas de autoprotección y aunque siempre han estado expuestos, tras este suceso la vulnerabilidad aumentó. “Hoy en día todo el mundo sabe quién es líder, qué hace, dónde está, porque todos nos mostramos. Creímos en esa idea que todo iba a cambiar e iba a ser distinto”, afirma.

Basados en esa promesa de transformación y alcanzar la tan anhelada paz, los líderes y lideresas se expusieron mostrando sus procesos y necesidades creyendo en que la implementación del Acuerdo sería un éxito, pero no fue así.“Cuando ya se da la firma del Acuerdo, los actores armados ya saben dónde estamos, qué población manejamos, cuáles son las zonas de influencia, si está protegido o no. Ahí nos dimos cuenta que comenzaron los asesinatos selectivos y sistemáticos”, expresa Ojeda.

De 2016, año de la firma del Acuerdo, a marzo de 2020 se han presentado al menos 111 agresiones a líderes y lideresas del sur de Córdoba: 76 casos de amenazas, 33 asesinatos y dos atentados, según el cruce de las bases de datos de la Defensoría del Pueblo y las organizaciones Somos Defensores, Misión de Observación Electoral (MOE), Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento (CODHES), Fundación Paz y Reconciliación (Pares), y la de Indepaz y Marcha Patriótica. La mayoría de los casos se han presentado en cuatro de los cinco municipios que componen esta región: Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta y Montelíbano. El 2018 fue el año con más sucesos (42) seguido del 2019, con 41.

Con el fin de visibilizar la situación de los líderes y lideresas en el sur de Córdoba, La Paz en el Terreno desarrolló un ejercicio de cartografía sobre los riesgos para el liderazgo social en la región. Debido a la situación de salud pública mundial por la COVID-19, el ejercicio se realizó vía web con la participación de líderes y lideresas de los municipios de San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano, Tierralta, Valencia y Montería y contó con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Aunque no forma parte de la región del sur, Montería se integró en esta investigación por ser la capital del departamento, que está conectada con esta región. Por cuestiones de seguridad, no publicamos los nombres de los asistentes.

En este espacio, se identificó que las agresiones a los líderes y lideresas de la región están relacionadas con la implementación del Acuerdo, el fortalecimiento y las disputas entre los diferentes grupos armados que se encuentran en la región, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o ‘Clan del Golfo’; el Nuevo Frente 18 Román Ruíz, conformado por disidentes de las Farc, y el llamado Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA), más conocido como ‘Los Caparros’ o ‘Caparrapos’. Estos riesgos para las comunidades han sido avisados por la Defensoría del Pueblo por medio del Sistema de Alertas Tempranas (SAT). Mateo Gómez, director del SAT, explica que desde esta institución se “ha advertido en siete oportunidades los riesgos que se entretejen en el departamento de Córdoba y particularmente en el sur, que ha sido nuestro principal foco de atención”.

La pandemia de la COVID-19, que tiene en confinamiento al país desde el mes de marzo, ha agudizado esta situación. “Algunos líderes quedaron dentro de sus comunidades y muchos están recibiendo amenazas de los grupos armados, porque saben que están en sus casas y que los escoltas no los están visitando todos los días. La protección y las garantías disminuyeron porque toda la fuerza se concentró en la emergencia pública”, afirma el presidente de la CPDH de Córdoba.

Al respecto, una fuente institucional que prefiere no divulgar su nombre explica que la pandemia ha representado un beneficio para los grupos armados ilegales. Por un lado, las restricciones a la movilidad les garantiza un ambiente de seguridad. “Se valen del miedo de las comunidades a contagiarse para que los mismos campesinos, líderes e indígenas hagan unos cercos que limiten la entrada y salida de gente”, afirma. Por otro lado, la economía del narcotráfico, de la que estos grupos se lucran, no se ha visto alterada por la crisis sanitaria, y afirma que se ha presentado un escalonamiento del reclutamiento, engañando a las comunidades con oportunidades laborales. “Ellos siguen entrando los insumos, siguen sacando las cosas, se siguen moviendo, siguen comprando coca, siguen haciendo de todo”.

Sur de Córdoba: zona estratégica para la ilegalidad

Al colindar con las regiones antioqueñas del Bajo Cauca y del Urabá, los municipios del sur de Córdoba han sido utilizados como corredores estratégicos para mover mercancía, drogas y armas entre norte, el sur del país y la región del Pacífico. En el año 2009, las Farc, las AGC y otra banda criminal de herencia paramilitar, ‘Los Paisas’, establecieron un acuerdo tácito que permitía la convivencia pacífica entre estos grupos ilegales en el municipio de San José de Uré, según la Alerta temprana No. 023-18 publicada el 23 de febrero de 2018 por la Defensoría del Pueblo. Tras la ruptura de este pacto en 2017 y la salida de las Farc del territorio por la firma del Acuerdo de Paz, las AGC comenzaron a intensificar la disputa por el control poblacional y territorial de las rutas del narcotráfico presentes en estos municipios del sur. Esto llevó a que las AGC tomaran el “control hegemónico de la criminalidad en el departamento de Córdoba” y se convirtieran en “la principal fuente de amenaza para la población civil”, actuando principalmente en los municipios de Tierralta, San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano, describe la Alerta temprana No. 054-19, publicada el 18 de diciembre de 2019.

‘Los Caparros’ entraron en 2008 al sur de Córdoba provenientes del corregimiento La Caucana de Tarazá, Antioquia, por los municipios de San José de Uré y Montelíbano, en búsqueda del control sobre el corredor estratégico que conecta a los dos departamentos. A raíz de este interés, ‘Los Caparros’ y las AGC se han enfrentado permanentemente, dejando a las comunidades en medio de los combates. Incluso, en noviembre de 2019 las Autodefensas crearon el Frente Bajo Sinú para frenar su expansión, relata la Alerta Temprana No. 005-2020. .

Para los grupos armados ilegales como ‘Los Caparros’, el aislamiento por la pandemia de la COVID-19 les habría ayudado a posicionarse en la región, porque la presencia del Estado habría disminuido. Al tiempo que asesinan y amenazan, “ellos son los que hacen el control sanitario, permiten la entrada y salida de la gente, proveen alimento a las comunidades y hasta reparten mercados”, afirman algunos líderes y lideresas del departamento.

Otro grupo armado que tiene presencia en el sur de Córdoba es el Nuevo Frente 18 Román Ruiz compuesto por excombatientes de los Frentes 5, 8 y 58 de las Farc, según la Alerta Temprana No. 054-19. Según algunos líderes y lideresas, este grupo armado opera en el Cañón de Río Sucio en límite con Ituango.

La presencia y disputa de estos grupos armados ilegales en el sur de Córdoba ha dejado más de 100 casos de agresiones a líderes y lideresas desde la firma del Acuerdo de Paz. Del total de casos registrados, 25 corresponden a mujeres y 86 a hombres. Durante el ejercicio de cartografía con los líderes y lideresas del sur de Córdoba, ellos y ellas manifestaron que esta región es de alto riesgo para la población LGBTI por discriminación, amenazas y agresiones. En julio de 2019 fueron asesinados dos líderes de la comunidad LGBTI en el casco urbano de Montelíbano y la organización Tierralta Diversa desapareció porque sus integrantes fueron amenazados y asesinados. (Para conocer más sobre los riesgos de la comunidad LGBT en el Caribe, haga clic aquí).

“Cuando un grupo ilegal cree que un líder afecta la seguridad de sus operaciones, este muere. Cuando el actor armado cree que se afectan las economías lícitas o ilícitas de las que ellos se lucran, también. Cuando el líder desconoce, omite o no tiene en cuenta las normas que establece el grupo armado ilegal, está en un alto riesgo de ser agredido, de morirse”, explica la fuente institucional que prefiere reservar su identidad.

Microtráfico: un problema a nivel rural y urbano

La capital del departamento de Córdoba se encuentra sumergida en una dinámica de microtráfico establecida por los grupos armados ilegales presentes en la región. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) tienen influencia territorial a nivel urbano y rural, y según relatan algunos líderes y lideresas, esto ha generado que no se comercialice ni siembre coca en este municipio, sino que se distribuya marihuana que viene del Urabá antioqueño y del Bajo Cauca.

“El sur de Córdoba ha sido estratégico para la guerra por los corredores de la droga. Quien domine el sur de Córdoba y esta zona, tiene todo el control”, expresan líderes y lideresas. La conexión con Ituango y la cercanía con el Paramillo que conduce al Golfo de Urabá es un paso obligado para el narcotráfico y nutre la actividad a pequeña escala en los cascos urbanos y veredas de estos municipios.

A 2019, el número de hectáreas de cultivos de coca en el sur de Córdoba es de 2.881, según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC). De los cinco municipios que componen esta región, Tierralta es el que tiene más hectáreas con un total de 1.140 ha en 2019, seguido de Puerto Libertador, con 855 ha, y Montelíbano, con 540 ha.

Actores legales como factor de riesgo

En los municipios de Tierralta, San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano opera la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles de la Séptima División del Ejército Nacional desde finales del año 2019. Según la Alerta temprana No. 054-19 de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa tomó esta decisión “con el objetivo de atacar, debilitar y neutralizar las estructuras criminales que delinquen en los municipios” del sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño.

Para desarrollar su labor, la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles ha hecho uso de la figura de la Red de participación cívica. Según registró El Espectador en una nota publicada en enero de 2019, el presidente Iván Duque afirmó: “Nuestro Gobierno seguirá impulsando las redes de participación cívica a través del trabajo mancomunado entre la Fuerza Pública y la ciudadanía, para obtener información que permita desmantelar sus estructuras”. Dentro de su plan ‘'El que la hace la paga’, el presidente Duque también integró la colaboración de las comunidades con la Policía bajo el nombre Red de participación ciudadana. “Queremos que nuestra Policía trabaje muy de la mano con la comunidad en la identificación de las amenazas y la neutralización de las mismas”, afirmó el presidente.

Los líderes y lideresas denunciaron que esta vinculación de la sociedad civil en el conflicto armado ha desencadenado hostigamientos y presiones por parte de la Fuerza Pública. Una fuente institucional que conoce el territorio ratifica estas afirmaciones, indicando que la comunidad campesina e indígena ha sido presionada para colaborar con la justicia.

Desde la perspectiva de los líderes y lideresas del sur de Córdoba, la implementación de estas figuras ha significado un mayor riesgo para sus actividades porque “los pone en el ojo de los grupos armados” y cuando asesinan a algún miembro de la comunidad o al líder o lideresa social, se afirma que fue “por ser informante”.

Otro actor legal que genera riesgo, según los líderes y lideresas de la región, es la empresa Urrá S.A. E.S.P., dueña del proyecto Central Hidroeléctrica de URRÁ, ubicada al sur del municipio de Tierralta, Córdoba. Este proyecto fue construido en 1993 y puesto a funcionar en el 2000, año en que empieza a comercializar la energía que genera la hidroeléctrica. Para sus inicios era una Empresa Multipropósito, pero en el año 1997 se convirtió en una Empresa de Servicios Públicos. Actualmente los propietarios figuran así: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (77 %), Ministerio de Minas y Energía (22 %) y otros (1 %).

Central Hidroeléctrica de URRÁ. Crédito: Archivo El Espectador

Según los líderes y lideresas, la empresa ha generado una disputa territorial porque tiene una deuda con la titulación de los terrenos que entregaron a 589 familias, las cuales tuvieron que abandonar sus tierras a raíz de la construcción de la hidroeléctrica y fueron reasentadas en otras zonas del municipio. En entrevista con el equipo directivo de la empresa URRÁ S.A. E.S.P, acotaron que además de las familias reasentadas, a 285 familias les habría sido entregada un área adicional para un total de 874 escrituras de titulación. De este valor final, 69 serían las faltantes, las cuales no se han procesado “porque los propietarios no han querido asumir las obligación legal del pago de los impuestos y porque tienen problemas entre las familias”. Incluso, la empresa afirma que los problemas se han presentado debido a que los principales adjudicantes ya murieron o incluso porque hay personas ausentes que salieron del territorio por diversos motivos.

A nivel ambiental y social, la empresa ha generado impactos que se reflejan en la mortandad de peces y la falta de reforestación en la zona. Dichos problemas fueron abordados desde programas de educación y pedagogía ambiental para la comunidad, sin embargo, el resultado no fue el esperado, expresan algunos líderes y lideresas de la región. Frente a este tema, la empresa afirmó que todos sus proyectos de reforestación, conciliación y responsabilidad social empresarial han sido implementados con éxito.

El 17 de enero de este año fue asesinado el líder Luis Darío Rodríguez Narváez que, como documentó La FM, se encontraba liderando “procesos de reivindicación en restitución de tierras para familias reasentadas en el marco de la inundación de tierras del alto Sinú por la hidroeléctrica Urrá 1”. Sobre este caso, la empresa declaró que “absolutamente nada la empresa Urrá como entidad del Estado y su administracion general tiene ni ha tenido que ver con estas situaciones, en absoluto hay algún tipo de injerencia del personal directo o indirecto de asesinatos de ninguna persona en el Alto Sinú”.

Los líderes y lideresas de la zona denuncian posibles nexos de la empresa con los grupos armados ilegales, por lo que se mantiene una tensa relación entre ellos y la empresa, al igual que aumentan los riesgos para el desarrollo de los liderazgos sociales. La empresa URRÁ S.A. E.S.P declaró que, con respecto a las diversas denuncias de la comunidad, “negamos rotundamente todo ese tipo de acusaciones, no es justo porque parece ser que la única presencia seria del Estado allá, en la comunidad de Tierralta y Valencia, es la hidroeléctrica”.

Además, el convenio de seguridad que existe entre las Fuerzas Militares y la empresa también es vista como factor de riesgo por parte de los líderes y lideresas sociales. En la investigación Convenios de Fuerza y Justicia se encuentra que URRÁ S.A. E.S.P y las Fuerzas Militares firmaron un convenio de colaboración, el 30 de noviembre de 2018, para prestar servicio de seguridad a las instalaciones de la empresa.

Desde el 2018 el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, ha advertido que los alcaldes y gobernadores que no implementen “políticas públicas, presupuestos y acción clara en la defensa de los líderes sociales” podrán adquirir sanciones disciplinarias. En enero del 2020, el Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés González, instó a los gobernadores y alcaldes a incluir en los planes de desarrollo territorial lo mismo que Carrillo pidió.

Sin embargo, al contactar vía WhatsApp al gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, y explicarle que buscábamos incluir su testimonio para la investigación, su respuesta fue: “Y yo cómo entraría allí”. Cinco días después respondió que era precavido con las comunicaciones y que remitiría al equipo periodístico con su jefa de prensa. Después de enviarle el cuestionario a la persona encargada, no se recibió respuesta.

Por su parte, al enviar un cuestionario al Departamento de Policía de Córdoba no se obtuvo la aprobación final de las respuestas, por parte del coronel Jairo Alfonso Baquero Puentes, comandante de la Policía de Córdoba. Al abordar al brigadier general Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles del Ejército Nacional, el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia no respondió el correo para aprobar la entrevista con el comandante, enfocada a la Red de participación cívica y los logros en cuanto a protección de líderes y lideresas sociales en el departamento.

Es preciso recordar que la Defensoría del Pueblo en las recomendaciones de las múltiples Alertas Tempranas que ha emitido para los municipios del departamento de Córdoba le hace el llamado a la Gobernación y a las alcaldías para gestionar recursos, implementar estrategias, fortalecer la seguridad y coordinar acciones con la Fuerza Pública, entre otras medidas que garanticen la seguridad de los líderes y lideresas sociales.

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*La Paz en el Terreno es una alianza entre Colombia 2020 y Rutas del Conflicto que rastrea la implementación del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la ex guerrilla de las Farc en dos temas claves: la situación de los líderes sociales y el proceso de reincorporación de los excombatientes. Para mayor información, consultar lapazelterreno.com. Esta publicación es posible gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en Colombia.

Mapas de riesgo:

Los líderes y lideresas del sur de Córdoba referenciaron en los mapas de sus municipios los riesgos latentes para el ejercicio de sus liderazgos en la región. A continuación, encontrará seis mapas en los que podrá conocer cómo afecta cada riesgo al municipio y casos puntuales relacionados con cada uno de los riesgos.