Los líderes y lideresas sociales denuncian que el municipio de Tierralta es altamente riesgoso para ellos y ellas. Hay sectores específicos del municipio en donde las organizaciones sociales se han visto debilitadas debido al control territorial que ejercen los grupos armados ilegales en la zona, extorsionando a las organizaciones, ONG's y a la población civil en general. La violencia sexual y de género es una constante que los liderazgos denuncian, manifestándose tanto contra las mujeres como contra los líderes y lideresas de organizaciones sociales LGBTI. También denuncian que los actores legales constantemente estigmatizan a los líderes y lideresas por el trabajo social que ejercen con la comunidad. Además, en el municipio se han asesinado 11 líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz, según distintas organizaciones como Somos Defensores, Marcha Patriótica, CODHES, Pares y MOE. Dentro de ellos están Freddy Javier Cogollo Mora, Alexander José Padilla Cruz, Armando Bedoya Fabra y Luis Darío Rodríguez, entre otros (ubicados en el mapa).
La Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles de la Séptima División del Ejército Nacional es quien opera en la región. Según los líderes y lideresas, la presencia de militares y policías en el municipio se ha vuelto un riesgo tanto para la población civil como para ellos y ellas mismas. Las bases militares y Estaciones de Policía se han ubicado muy cerca a las instituciones educativas del municipio, lo que pone en riesgo a los niños, niñas y adolescentes, que incluso pueden ser hijos e hijas de los mismos líderes y lideresas. Esta problemática se ha venido presentando con mayor fuerza en los corregimientos de Santa Fe Ralito, El Saiza, Batata y Callejas. Dentro de los actores legales que han generado riesgos también se encuentran la empresa minero-energética, como Minerales Córdoba; y la empresa Urrá S.A., con su proyecto Central Hidroeléctrica de Urrá multipropósito en el municipio, que están involucradas en disputas territoriales con la comunidad. Además, la Red de Participación Cívica está referenciada por los líderes y lideresas como un factor de riesgo al retratarles como colaboradores de la Fuerza Pública y hacerles objetivos de los grupos ilegales. Según denunció la organización Cordobexia, el líder social Alexander José Padilla Cruz habría sido asesinado por un miembro de la Brigada Número 16 de la Fuerza Tarea Conjunta Nudo de Paramillo, en diciembre de 2017. El líder social de Cordobexia, Andrés Chica, aseguró que actualmente existe una denuncia interpuesta ante este miembro de la Fuerza Pública y que esta se encuentra en proceso.
Según la Alerta Temprana N° 083-18 de la Defensoría del Pueblo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o 'Clan del Golfo' han ocupado los territorios dejados por los frentes 5, 18 y 58 de las FARC en los municipios de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador, a raíz de su salida tras el Acuerdo de Paz. Desde entonces es el actor ilegal predominante en la región. En el municipio, según los líderes y lideresas, se encuentran además 'Los Caparros' y la disidencia de las antiguas FARC Nuevo Frente 18 Román Ruiz. Estos grupos armados han creado una situación generalizada de conflicto armado que representa un riesgo para quienes denuncian sus actividades ilícitas o se abanderan de luchas que afecten sus intereses. Hay lugares críticos o "cuellos de botella", como los llamarían los líderes y lideresas, en donde es más alta la presencia de estos actores ilegales: los corregimientos de Volador, Severinera, Caramelo, Santa Marta, Campobello, Batata y El Saiza. Además, el reasentamiento de El Rosario es un territorio en donde los actores ilegales han provocado más violencia sexual y de género contra las mujeres y lideresas del municipio.
Los territorios de Tierralta que poseen mayor presencia de cultivos de uso ilícito son del sur, como el corregimiento El Saiza, la vereda Santa Isabel y el Parque Nacional Natural Paramillo. Actualmente, según los líderes y lideresas, los grupos armados ilegales estarían ofreciendo sumas de dinero a los campesinos en el municipio para que siembren coca. Además, con respecto a esta problemática, acotan que en El Saiza ha habido disputas por procesos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. Según el Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos de 2019 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Tierralta se encontró en la posición 9 de los 10 municipios con mayores niveles de amenaza por presencia de cultivos de uso ilícito en ese año. Según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), el municipio presentó una mayor presencia de cultivos de coca en el 2019 (855,85 hectáreas) respecto del 2016 (570,62 hectáreas), destacando un aumento importante en el 2017 con 1.412,22 hectáreas y 2018 con 1.013,93.
Los líderes y lideresas exponen que la dinámica de narcotráfico permea el municipio, sobre todo con presencia de estos negocios en veredas como Puente Bello. Sin embargo, la situación que más resaltan en términos de riesgo es el microtráfico. Este fenómeno, que se da sobre todo en el casco urbano, en el reasentamiento El Rosario, en los corregimientos de Campobello, Crucito y Frasquillo Nuevo, tiene en riesgo a los líderes y lideresas que lo denuncian.