Antioquia silenciada

El puente está quebrado con el Estado

La incapacidad del Estado para gobernar vastos territorios donde impera la ley de los ilegales ha impedido la denuncia de sus crímenes, dicen los liderazgos, cuyo silencio también se motiva por la desconfianza que sienten hacia la Fuerza Pública. “La relación con altos mandos nos da mejores resultados, hay una reacción más oportuna, la gente siente más desconfianza con el soldado regular o el que hace presencia en el territorio. Esto se debe a sucesos de la historia donde se ha evidenciado ese nexo o connivencia entre grupos paramilitares y la Fuerza Pública, es claro y persiste en lugares como el Bajo Cauca, en los informes lo hemos mencionado”, explica un representante del Proceso Social de Garantías.

“Hay una fractura en la confianza entre el sector social y la Fuerza Pública, se rompió y en los últimos años ha aumentado”, asegura Gil Ramírez de la Comisión de la Verdad. “Lo que hemos advertido no son riesgos con la Fuerza Pública para con líderes y lideresas, pero hemos advertido de la desconfianza que tienen con la Fuerza Pública, que han manifestado muchas veces'', afirma un funcionario de la Defensoría del Pueblo que pidió la reserva de su nombre. “Los líderes, en especial del Norte, han indicado y denunciado sentirse intimidada y violentada por la Fuerza Pública”, comenta María Fernanda Posada, de la Gobernación de Antioquia.

En los últimos cuatro años han sido múltiples los casos de agentes del Estado investigados o capturados en Antioquia por participar en hechos delictivos (consultar los casos en los mapas de riesgo), pero ha sido “sistemática y persistente la relación de connivencia entre Fuerza Pública y distintos actores a lo largo de la historia. Cuando vamos a alguna de las subregiones, nunca hablamos con la Fuerza Pública porque los mismos líderes nos dicen que seremos vigilados y que nos pondrá en riesgo y también con las personas que trabajamos y el desarrollo de actividades. Bajo Cauca es emblemático en este sentido. Cuando hacemos pedagogía de la Comisión y procesos de no repetición (de la violencia del conflicto), nos encontramos muy fuerte con esto. Es bien complicado”, cuenta Gil Ramírez.

“Antes del Proceso de Paz, la gente desconfiaba y desconfía de la Fuerza Pública por los nexos con los grupos armados. Con la firma entran a comandar en algunos territorios algunos miembros de la Fuerza Pública de alguna forma progresistas o humanistas para hablar con los líderes y lideresas. Organizaciones en Bajo Cauca decidieron establecer diálogos directos con la Fuerza Pública con el fin de restablecer relaciones de confianza y demás. Pero desde este año se ha perdido, porque se evidencia el nexo y convivencia de estos grupos. En estos momentos hay una retoma de una línea muy radical de la Fuerza Pública”, alega un representante del Proceso Social de Garantías.

“La advertencia que se había hecho sobre la presencia integral del Estado en los territorios que dejaban las FARC no fue oída. La Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles del Ejército no ha permitido el mejoramiento de la situación en Bajo Cauca, se ha agravado en los últimos dos años hacia los líderes sociales y la población civil”, añade Gil Ramírez. Posada, de la Gobernación, contrasta: “En Bajo Cauca se denuncia una ausencia de institucionalidad de Fuerza Pública, sin embargo, en lo que se ha observado, es cierto que hace falta Fuerza Pública, porque faltan hombres, no estrategia, que estén en capacidad de respaldar las distintas operaciones que se desarrollan en el territorio”.

En el Valle de Aburrá, por su parte, los liderazgos sociales denunciaron que en varios municipios de la subregión existen miembros de la Policía que son cómplices de bandas delincuenciales, quienes terminan por adherirse a los negocios ilegales. En 2016, la Revista Semana reveló una de estas complicidades, cuando capturaron a policías vinculados con ‘Los Chatas’. Los liderazgos también reconocieron la presencia en el territorio de la banda delincuencial ‘Los Magníficos’, que según documentó el periódico El Tiempo en 2018, ha estado conformada por policías activos y en retiro que se han dedicado principalmente al secuestro: "la banda de ‘los Magníficos’ es tan peligrosa que autoridades tienen información de que son contratados por las bandas criminales de Medellín para realizar vueltas y cobros de la mafia".

“Nos preocupa la legitimidad en el área metropolitana de Medellín, los grupos ilegales no perdieron sino que ganaron legitimidad, porque pasaron a hacer el papel del Estado: entregaron mercados, ayudas humanitarias en barrios en Medellín. Esto es peligroso porque genera un respaldo social muy fuerte, de familias empobrecidas que los ven como buena gente que nos trae comida”, lamentó un líder del Proceso Social de Garantías.

En Urabá no sería muy diferente. “No podemos ir a las veredas porque tenemos riesgos” es una de las frases que comunidades, líderes y lideresas han escuchado por parte de la Policía en la subregión costera a la hora de requerirla. Con el asesinato del expresidente de JAC Amado Torres, en Apartadó a inicios de 2020, Noticias Uno recogió el testimonio de un labriego de la vereda La Victoria que evidenciaría la negativa de la Policía para prestar servicios en parte de la subregión. “El daño es por acción u omisión”, complementó un líder del Proceso Social de Garantías. Sin embargo, de acuerdo con Irene Piedrahita, analista de esclarecimiento de la CEV, “la Policía es la que ha protagonizado más tensión contra las AGC en Urabá”.

Allí y en otras subregiones, como Oriente y Norte, los liderazgos denuncian estigmatización de uniformados hacia ellos y ellas, incluyendo liderazgos de minería ancestral. En Bajo Cauca, la presencia de operaciones militares generaría riesgo porque cualquier campesino lo podrían relacionar e implicar con grupos armados ilegales, de acuerdo con los líderes y lideresas entrevistados.

Gabriel Ángel Rodríguez Patiño, para Indepaz un líder campesino afiliado a una JAC, fue asesinado el 24 de mayo de 2018 en la vereda Travesías del municipio de Briceño (Norte). La Agencia de Prensa Análisis Urbano expone que, según las personas que estaban con Gabriel Ángel el día de los hechos, "los autores de este crimen son uniformados del Ejército Nacional, quienes habrían disparado porque los confundieron con disidencias de las FARC". Ante esta situación, el general Juan Carlos Ramírez Trujillo, entonces comandante de la IV Brigada, le comunicó el 26 de mayo de 2018 al Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo que las tropas del Batallón de Artillería No. 4 'Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez' se encontraban haciendo operaciones de control territorial en la zona rural de la vereda El Roblal del municipio de Briceño, "área de ingerencia del Grupo Armado Organizado Residual del Frente 36 (de las antiguas FARC)" y que el asesinato del líder es "materia de investigación por parte de las autoridades judiciales competentes".

También se han presentado conflictos con el Ejército por la erradicación de cultivos de uso ilícito, en supuestos contextos de incumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que tampoco se han librado de resultados trágicos, como la muerte del campesino Ariolfo Sánchez Ruíz en mayo de 2020. Según una nota publicada por El Tiempo, la comunidad manifestó que el Ejército había llegado días antes para adelantar operaciones de erradicación de cultivos de uso ilícito y que Sánchez fue retenido junto con otro campesino que también pertenece al PNIS. El general Ramírez Trujillo, ahora comandante de la Séptima División del Ejército; con presencia en el municipio, publicó en su cuenta de Twitter que "En desarrollo de operaciones militares desplegadas en Anorí (Nordeste), ‘Ant’, se presentaron hechos que hoy son materia de investigación; este comando ha dispuesto el acompañamiento de los organismos de control para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo sucedido".

Aunque el Proceso Social de Garantías es un férreo crítico de lo que llaman “el inclumplimiento y la no implementación integral del Acuerdo de Paz”, la falta de compromiso del Gobierno para detener el reciclaje de la violencia y “la naturalización del paramilitarismo en la institucionalidad”, dicen que hay cosas que funcionan mejor, como el apoyo de altos mandos de la Fuerza Pública, mediante interlocución con la Mesa Territorial de Garantías, cuando han necesitado operativos para salvarle la vida a varios líderes, lideresas y excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación, y un protocolo para el riesgo inminente de líderes y defensores de la Gobernación de Antioquia. “Funciona y no es una ruta de prevención, solo atiende casos cuando ya se ha desplazado al líder o cuando la situación se ha agudizado”, menciona el Proceso Social de Garantías.

De acuerdo con María Fernanda Posada, de la Gobernación, el protocolo busca suplir el vacío que se genera cuando la Unidad Nacional de Protección (UNP) se demora en cubrir y brindar medidas de protección para las personas líderes y defensoras. “La Gobernación recibe la denuncia, no somos ente investigativo, verificamos el riesgo, la calidad del líder y la Gobernación actúa en dos frentes: acompañamiento en la denuncia ante la Fiscalía y la UNP, y también brinda tres posibles modalidades de protección: transporte para reubicación de emergencia; subsidio para reubicación transitoria —de 1 a 3 salarios mínimos hasta por 3 meses— para el líder o su núcleo familiar, por si se extiende, y la tercera, albergue y alimentación cuando no tienen un lugar a dónde ir”, aclara Posada.

No obstante, según una fuente de la Procuraduría que pidió la reserva de su nombre: “esta administración de la Gobernación ha bajado el presupuesto para proteger a los líderes y lideresas de la región. Están preparando unos ajustes y crearán una Secretaría de Seguridad, eso está en construcción”.

Al preguntarle al Ejército y la Policía sobre los señalamientos de los liderazgos, además de su accionar para su protección, al cierre de esta edición el Ejército no respondió y la Policía se limitó a resaltar las acciones que llevan en ese sentido como la Estrategia de Protección a Poblaciones en situación de Vulnerabilidad y el despliegue de 3.899 acciones preventivas en Antioquia desde el año 2016.

“La institución participa de manera permanente en la estructuración de rutas de actuación territorial para mejorar la coordinación interinstitucional, a cargo del Ministerio del Interior; asimismo, mantiene su representación en instancias como el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas —CERREM— y el Puesto de Mando Unificado —PMU— territorial, según reglamentación y metodología definida por la Unidad Nacional de Protección y la Consejería de Seguridad Nacional de Presidencia de la República (...), se avanza en la integración y articulación de capacidades institucionales de la Estrategia contra el Crimen Organizado, la Estrategia contra la Minería Ilegal, la Estrategia ante el Proceso de Restitución de Tierras y el Sistema Integrado de Seguridad Rural —SISER, para la proyección y desarrollo de operaciones policiales integrales que mitiguen los factores generadores de violencia en líderes sociales y defensores de Derechos Humanos”, entre otras estrategias que el teniente coronel Alejandro Castro Bermúdez, jefe del Área de Derechos Humanos de la Policía, informó en respuesta a un cuestionario enviado por este medio (ver respuesta completa).

Fuente: Sistema Integral de Derechos Humanos (SIDEH) / fecha de corte: 01/01/2016 al 19/11/2020, tabla suministrada en la referenciada respuesta al cuestionario para la Policía Nacional.

*Por un error de diagramación, las respuestas de la Policía no se reprodujeron completamente en la versión impresa de este especial en El Espectador. Aquí están consignadas en detalle.

Los privados como factor de riesgo

En Antioquia se produce el 47 % del oro de todo el país, cifra que lo ubica en el primer lugar de productores de oro, seguida de Chocó (21%) y Bolívar (10%), según el informe “Minería del Oro, territorio y conflicto en Colombia” de María Soledad Betancourt Betancourt. Del territorio antioqueño se extraen más de 20.000 kilogramos de oro al año gracias a la actividad de empresas como la Gran Colombia Gold, que desarrolla labores en los municipios de Segovia y Remedios; y Mineros S.A., con presencia en los seis municipios que componen el Bajo Cauca antioqueño: El Bagre, Caucasia, Zaragoza, Cáceres, Tarazá y Nechí. En la subregión del Suroeste se encuentra AngloGold Ashanti Colombia con el proyecto Quebradona, que está en fase de licenciamiento en el municipio de Jericó y en el corregimiento de Puente Iglesias del municipio de Fredonia. Por último, la empresa Zijin-Continental Gold, que hace explotación minera en el municipio de Buriticá (Occidente).

La presencia de estos megaproyectos mineros en el territorio representaría un riesgo para los liderazgos, según ellos y ellas, debido a la fuerte militarización que hay alrededor de los proyectos. Esta situación responde a una alianza entre Estado y multinacionales en la que se crearon “estrategias de seguridad para proteger las operaciones de las empresas”, como las minero-energéticas, expone el informe de Betancourt. En Antioquia se documentaron 16 convenios de cooperación entre Ministerio de Defensa y multinacionales como Mineros S.A., Continental Gold y AngloGold Ashanti Colombia en la investigación periodística Convenios de Fuerza y Justicia, de Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio.

Los líderes y lideresas manifiestan preocupación por las afectaciones de la actividad minera, no solo a nivel ambiental sino también por su seguridad. Algunos opositores a proyectos como AngloGold Ashanti Colombia refieren violencias por parte de miembros de la Fuerza Pública y ante esta situación, la transnacional le aseguró a La Paz en el Terreno que no tenía conocimiento de intimidaciones y agresiones contra líderes y lideresas sociales en Antioquia que hayan propiciado iniciativas para evitar la explotación minera. La empresa agrega que tiene el “compromiso de que todas sus operaciones respondan al propósito de convertir la riqueza mineral en progreso social, económico y ambiental para el país”.

Otro foco de la presencia de empresas y megaproyectos en el departamento está relacionado con su riqueza hídrica, debido a que las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y Atrato favorecen la generación de energía. En la subregión Norte se encuentran la central hidroeléctrica San Andrés ubicada en San Andrés de Cuerquia y con actividades en el municipio de Donmatías; el proyecto hidroeléctrico Ituango (Hidroituango) y la central hidroeléctrica Espíritu Santo, ubicadas en límites entre Ituango y Briceño. La presencia de Hidroituango es una de las más problemáticas para los liderazgos sociales porque para ellos, representa "un poder instaurado en el territorio que incide en las decisiones administrativas de los municipios, excluye a los defensores y defensoras que tienen posición contraria al megaproyecto y ha generado estigmatización hacia ellos”.

Frente a este tipo de proyectos también se han consolidado opositores, como el Movimiento Ríos Vivos, creado por 15 organizaciones sociales de las subregiones de Occidente, Norte y Bajo Cauca que se han visto afectadas por los megaproyectos construidos en el río Cauca. Los líderes y lideresas de Ríos Vivos han recibido amenazas y en 2018 se presentaron cuatro asesinatos de sus integrantes en el municipio de Valdivia. EPM y el proyecto Ituango le manifestaron a La Paz en el Terreno que atienden las respuestas de estas organizaciones y que “si bien sus posiciones son contrarias al mismo, son válidas y merecen nuestro mayor respeto”. Asimismo, la empresa sostuvo contar con un ‘Programa de comunicación y participación comunitaria’ que “define un marco de actuación conjunta basado en el enfoque del respeto y la corresponsabilidad” con las comunidades de las zonas de su influencia.

En el 2015 y el 2019, Colombia fue el segundo país más peligroso del mundo para las personas defensoras de derechos humanos que se oponen a los abusos empresariales, con, al menos, 181 ataques en su contra, según documentó en marzo el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Según el informe “Las personas defensoras de los derechos humanos y las empresas en Colombia”, el “44 % de los ataques fueron contra las personas defensoras que plantearon preocupaciones” sobre cinco empresas, incluyendo AngloGold Ashanti y EPM, que ante el informe respondieron, respectivamente, que condenan "cualquier ataque contra defensores de derechos humanos y líderes sociales" y que "ni EPM ni el proyecto hidroeléctrico Ituango tienen ni han tenido ningún proceso judicial en curso en el que estén vinculados por presunta participación en situaciones de riesgo para la seguridad física de las comunidades".

Ante la sindicada vulneración de derechos humanos que aducen los líderes y las lideresas entrevistadas, AngloGold Ashanti expresó que “el respeto por los Derechos Humanos y por las personas que lideran procesos en su defensa es un elemento esencial” para el cumplimiento del propósito de la empresa (ver respuesta completa). En el caso de Hidroituango, este resalta que “cualquier situación que implica un riesgo de vulneración de derechos de la población es de absoluto rechazo y que requiere de la activación de todas las entidades del Estado encargadas de adelantar una investigación seria, eficaz e imparcial, pero además de brindar apoyo, seguridad y garantía para las comunidades”. Al cierre de esta edición, Mineros S.A., Gran Colombia Gold y Zijin-Continental Gold no respondieron los derechos de petición enviados por este medio para conocer sus posturas sobre el tema.

Si bien la situación con Hidroituango es la más representativa y resonada del territorio, hay tensiones con hidroeléctricas en otras subregiones, como Oriente y Suroeste. En el caso de Oriente, los líderes y lideresas señalaron el conflicto que existe entre la comunidad y el proyecto hidroeléctrico Cocorná 1 en el municipio de Cocorná. Según reportes del periódico El Colombiano, “este proyecto implicará la desviación de 1,5 kilómetros del caudal del río, que será conducido por un túnel hacia una casa de máquinas subterránea donde se producirá la energía, luego de lo cual el agua retorna al cauce”.

La comunidad organizó protestas en contra del otorgamiento de la licencia para la construcción de esta Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH), la cual venía en proceso de licenciamiento desde el año 2009. Movilizaciones gestadas por la Corporación Cocorná Consciente (Coconsciente), un colectivo que trabaja por la defensa de los derechos ambientales de la región. El vocero de esta organización, Sebastián Agudelo Naranjo, asevera que se oponen al proyecto porque el proceso ha sido nulo y las experiencias con otras hidroeléctricas “han acabado con el recurso hídrico”.

No obstante, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) declaró, en una rueda de prensa este año, que Cocorná 1 es un proyecto de pequeña escala y que, según la valoración de Cornare, no tiene impactos representativos. Para la licencia, según Cornare, el privado había presentado toda la documentación y cumplido con todos los requisitos, por ello no tenía otra opción que otorgarla, documentó El Colombiano.

Si bien La Paz en el Terreno no encontró información pública sobre agresiones contra los líderes y lideresas opositores del proyecto, los liderazgos que participaron en este ejercicio de mapeo acotaron que los proyectos hidroeléctricos vienen generando malestar en la comunidad y que con el denominativo de “Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH)” están queriendo minimizar la apariencia de los impactos ambientales de estos proyectos. El trabajo de grado “Impactos ambientales, sociales y económicos de las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) en Antioquia”, escrito por Iverson Osorio Londoño, expone que como impactos ambientales generados por las PCH están “erosión”, “sedimentación” y “estabilidad de laderas”, y dentro de los impactos sociales, “conflictos por la presencia del proyecto”, tensiones por la “inversión en la comunidad” y “desplazamiento de la población”.

“Frente a los procesos de desarrollo, también hay que meter a las élites políticas locales que acompañan a las empresas en los proyectos que tienen para las regiones y cómo esto se relaciona con los liderazgos y las violencias. Violencias ligadas a sindicatos, como en el Valle de Aburrá, Suroeste y Nordeste, donde hay disputas alrededor de hidroeléctricas que marcan formas particulares de persecución a los liderazgos. Hay disputas por el concepto de ‘desarrollo’, eso es parte de los conflictos sociales, pero en contextos de conflicto armado las dinámicas se relacionan con la aparición de estructuras violentas que influyen en los territorios”, explica Max Yuri Gil Ramírez, coordinador de Antioquia en la CEV.

Según el citado informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, el 90 % de los 181 ataques fueron contra personas defensoras que plantearon preocupaciones sobre solo cuatro industrias: minería, hidrocarburos, agricultura y ganadería, y plantas hidroeléctricas y represas.

Acciones urgentes

Diferentes fuentes consultadas por este medio hablaron de acciones urgentes para proteger la vida de los líderes y las lideresas sociales ante la crisis humanitaria que viven varias zonas del departamento. Los liderazgos sociales y el coordinador de Antioquia de la Comisión de la Verdad (CEV) coincidieron en que una acción primordial es la implementación integral del Acuerdo de Paz. “En la práctica, el Acuerdo está suspendido, este gobierno no está comprometido con el cumplimiento. La gente con liderazgo que está siendo victimizada está ligada a la sustitución de cultivos, a la oposición a la minería y los megaproyectos, quienes apoyan la implementación”, argumenta Gil Ramírez.

Los líderes y lideresas entrevistados exigen la presencia integral del Estado, que trascienda la presencia armada —que, como dicen, aumenta su nivel de riesgo— y mayor voluntad política para protegerles. “La protección integral no se debe reducir a un asunto de escoltas y carros blindados. El carro blindado no sirve para proteger a los líderes sociales que están diariamente en el territorio”, asevera Gil Ramírez.

Posada, en representación de la Gobernación de Antioquia, cree que “las estrategias de protección colectiva, más que individuales, pueden ser más eficaces para proteger el proceso social. Porque cuando el líder es desarraigado del territorio se pierde mucho, pero a nivel colectivo, permite dotar de mayor agencia, protección y blindaje en el territorio para que no tengan que salir y perder sus trabajos de liderazgo (...). No solo es el hecho victimizante del homicidio o la amenaza, sino también cómo se fracturan los procesos sociales con el desplazamiento de estas personas”.

Al desplazarse, “se rompe con el principio democrático de la participación ciudadana, porque su labor de líder se pierde en el territorio, esa es la gran afectación”, apunta el funcionario de la Procuraduría.

Además, el Proceso Social de Garantías pide que la Unidad Nacional de Protección disminuya el tiempo que demora para asignar medidas de protección, por lo general varios meses, cuando “es mucho tiempo y más cuando los actores ilegales toman medidas de forma inmediata”, así como acercar los análisis de riesgo a los contextos territoriales. “Sentimos que las respuestas del Estado no son buenas, desconocen las realidades de los territorios, cuando hay unos donde el Estado no es el que manda”. Para la fuente de la Procuraduría, “a veces hay dificultades en la operatividad con la UNP para los esquemas de protección y su implementación porque la Procuraduría y la UNP a veces no logran articularse, por no saber con qué se cuenta en territorio”.

Por ahora, el Sistema de Alertas Tempranas ha sido una herramienta clave para advertir riesgos contra su vida e integridad, mediante por el cual la Defensoría del Pueblo ha recomendado, decenas de veces, respuestas oportunas y eficaces a las respectivas instituciones del Estado relacionadas con su protección, sin embargo, aducen los liderazgos, la mayoría de veces las recomendaciones no son acogidas a cabalidad. “Uno quisiera que todos estén protegidos, pero las instituciones no dan abasto, no dan la capacidad para responder a todas las dinámicas”, como dice el funcionario de la Defensoría que prefiere mantener su nombre bajo reserva.

Este abandono estatal no aporta, para la seccional Antioquia de la Comisión de la Verdad, al reto que tiene el país de dejar el conflicto atrás. “Hablar de no repetición cuando tenemos un montón de violencias ligadas a un montón de estructuras que son rezagos de otros procesos y estructuras, genera desazón, porque la gente pregunta ‘cuál no repetición si lo que vivimos acá es la continuidad del conflicto. Acá nos están vigilando, saben dónde estamos’”. Por tanto, para esta seccional de la CEV, el desmantelamiento de estructuras criminales, pactado en el Acuerdo de Paz, es clave para asegurar la no repetición y que el conflicto armado se acabe. Posición que comparte el Proceso Social de Garantías, el cual sospecha de la “pasividad” y el “silencio” de facciones de la institucionalidad y “sectores poderosos del departamento” ante esta violencia selectiva.

Para la Gobernación, la protección de los líderes y lideresas sociales debe asegurarse de la mano de las entidades municipales. “Inevitablemente estos riesgos se generan por violencias culturales. Hay que transformar imaginarios y les recalcamos a las entidades municipales las responsabilidades que tienen”, acota Posada. No obstante, la fuente de la Procuraduría asegura que muchas veces los funcionarios no pueden intervenir en su protección porque “no tienen los medios. Las personas afectadas están en municipios pobres. El municipio no cuenta con presupuesto necesario para poder tener la atención que se requiere, porque involucra alimentación, albergue, seguridad y demás al momento de la amenaza”.

En las voces de los líderes y lideresas sociales consultados, “hay que asegurar una presencia integral del Estado”. Como concluye Gil Ramírez: “hay que cumplir el Acuerdo porque es claro, si se cumple con eso podremos tener una historia distinta”.