Entre junio de 2016 y noviembre de 2020 han sido asesinados cinco líderes, lideresas y exrepresentantes de Juntas de Acción Comunal, según un cruce propio de las bases de datos de la Defensoría del Pueblo y diferentes organizaciones que documentan el tema, como Somos Defensores y la Mesa Territorial de Garantías para Defensores de Derechos Humanos en Antioquia. Los líderes y lideresas han padecido diferentes victimizaciones como amenazas, atentados y asesinatos contra personas que desempeñaban liderazgos en los municipios de Peque, Sabanalarga, Liborina, Frontino, Cañasgordas, Dabeiba, Anzá, Buriticá y Santa Fe de Antioquia.
El caso del concejal del partido Conservador del municipio de Liborina, Yolay Robinson Chica Jaramillo, quien fue asesinado el 12 de junio de 2016, cuando estaba por pactarse el punto 3 del Acuerdo de Paz (Fin del conflicto), es neurálgico en el marco de las afectaciones que han padecido el liderazgo social en la subregión. Según explican los líderes y lideresas, 'después de la muerte de Yolay a todo el mundo le dio miedo'. Las comunidades, según indican, no están denunciando o tan siquiera contando los violaciones a los derechos humanos: asesinatos, extorsiones o ‘vacunas’ y abusos. 'Callaron a los pocos líderes que empezaron a surgir, los desplazaron. El movimiento social en el territorio ha sido desmantelado', sostienen. Los miembros de Juntas de Acción Comunal se han referido sobretodo a ciertas repercusiones de la minería, pero el resto de flancos de la defensa de derechos humanos estarían quietos. 'Es complejo recibir información de liderazgos en la subregión', refiere otro líder.
Otro hecho que afectó particularmente el proceso organizativo fueron los asesinatos de Wilder Elías Godoy y León Humberto Alcaraz Godoy, exmiembros de JAC de la vereda La Milagrosa en Santa Fe de Antioquia. Las comunidades cayeron en temor y desaparecieron organizaciones de derechos humanos.
Los líderes y lideresas denuncian que hace falta educación para motivar estos liderazgos, enseñar derechos ciudadanos enmarcados en la veeduría de derechos, pero por lo que describieron como 'control social' (por parte de actores ilegales), pocos se atreven. 'A penas se va a tratar temas de derechos humanos, la gente dice 'mejor no, no conviene por acá''.
Actores armados paraestatales han amenazado de muerte a líderes y lideresa en municipios como Uramita y Cañasgordas, sostuvieron los líderes y lideresas.
Dicen que en la subregión no hay una gran presencia de liderazgos LGBTI+, y que ese desconocimiento sobre las expresiones de género y sexualidad no han contribuido al avance en el tema. Sobre victimizaciones contra lideresas y líderes LGBTI+ explican que se ha ejercido violencia institucional contra los líderes que no se identifican con los intereses de los gobiernos territoriales de turno y tienen posiciones críticas sobre los mismos, al apartarlos de los espacios que estas administraciones ofrecen para la participación ciudadana, explican.
Por su parte, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) manifestó que en la subregión, al igual que en el Atrato antioqueño y el Bajo Cauca, cualquier situación que se presente 'difícilmente podemos mandar un comunicado, porque la comunidad pide que no se saque nada, porque los amenazan para que no denuncien'. De los 16 asesinatos de miembros de la comunidad indígena perpetrados desde la firma del Acuerdo de Paz que registra esta organización, tres han ocurrido en la subregión de Occidente, dos en el 2019 y uno en lo corrido del 2020.
'Se volvió una costumbre que maten a civiles y que la Policía diga que se matan entre ladrones, cuando se sabe que no hacían nada', aseguran los líderes y lideresas. Sobre la Policía, los líderes y lideresas refieren una omisión en la persecución de los grupos armados ilegales.
Una lideresa de un municipio de la subregión hablaba abiertamente de nexos entre miembros de la Fuerza Pública y grupos armados ilegales. Según ella, funcionarios públicos le dijeron que la iban a meter a la cárcel y por eso dejó de ejercer el liderazgo.
Los líderes y lideresas manifestaron su desconfianza en miembros de la Fuerza Pública y del gobierno territorial por nexos que algunos de ellos han evidenciado con paramilitares. Uno de estos casos se registró en abril de 2017 cuando un inspector de Policía del municipio de Santa Fe de Antioquia fue capturado por nexos con las AGC. En mayo de 2018, el Juzgado Tercero Penal Municipal del Circuito Especializado de Antioquia lo condenó a 13 años de prisión. Otro caso ocurrió en Buriticá. En 2018 miembros de la Policía fueron capturados por presuntos nexos con una banda de explotación de minería ilegal, la cual tendría relación con las AGC.
Al enviar un cuestionario de preguntas a la Policía y al Ejército sobre los presuntos señalamientos de connivencia con grupos armados ilegales y la desconfianza que sienten los líderes de sus gestiones, al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
En varias ocasiones mencionaron que la Fuerza Pública representa los intereses de la multinacional minera Zijin-Continental Gold y que esa parcialidad ha repercutido en que las comunidades normalicen que los actores armados del Estado cuiden los intereses de la transnacional. 'La gente se acostumbró. Se acostumbró a los atropellos de la Policía. Se acostumbró a que la Policía en vez de defender a la gente o al pueblo se ponga de parte de la empresa y eso siempre ha sido así', dijeron los líderes y las lideresas. La investigación Convenios de Fuerza y Justicia de La Liga contra el Silencio y Rutas del Conflicto, muestra dos convenios celebrados por esta empresa y la Fuerza Pública en 2012 y 2015 para el municipio de Buriticá por montos de más de 500 y 400 millones respectivamente. En uno de los documentos se lee que el Ejército 'prestará una especial atención, según su criterio, a las labores destinadas a mantener las condiciones de protección y seguridad de la comunidad y las personas en las áreas en las que LA EMPRESA —Continental Gold— desarrolla sus actividades'.
La Paz en el Terreno envió un cuestionario al Ejército preguntando por si la institución castrense tenía convenios de cooperación con empresas en Antioquia para saber si se encuentra vigente los convenios con Continental Gold, sin embargo, al cierre de esta edición, no se recibió respuesta.
Según la Alerta Temprana 009-19 de la Defensoría del Pueblo, expedida en febrero de 2019, se advierte sobre el interés de las AGC y el ELN por tomar los territorios dejados por los frentes 5, 18 y 34 de las FARC en los municipios de Peque, Uramita y Dabeiba. Además, advierte sobre la influencia de la disidencia del Frente 36 (a la que se han unido excombatientes del Frente 18) de las FARC desde el municipio de Ituango hacia los corregimientos de Vega del Inglés y Lomitas en el municipio de Peque.
Los líderes y lideresas relatan que algunos pobladores de la subregión han visto miembros del ELN en algunos municipios del Occidente antioqueño. La AT 009-19 advierte que desde el 2018 había evidenciado un proceso de expansión del Frente de Guerra Occidental del ELN hacia los territorios dejados por las FARC y una consolidada presencia de las AGC en los municipios de Dabeiba, Uramita, Cañasgordas y Peque.
También, los líderes y lideresas denunciaron que en los últimos años 'paramilitares' habían incidido en política apoyando a algunos funcionarios en municipios como Cañasgordas o Uramita y que denunciar varios de estos nexos los había puesto en peligro.
'Está lleno —de actores armados ilegales— pa' arriba, pa' abajo y uno no sabe quiénes son, cambian rápidamente de comandante', explican los líderes y lideresas, repitiendo constantemente, por un lado, el nivel de control que ostentan y, por el otro, expresando su preocupación por lo que consideran una minimización de la presencia de estos actores en la subregión por parte de las autoridades. En esto último coincide Irene Piedrahita, analista de esclarecimiento de la CEV.
Los líderes y lideresas refirieron una mínima presencia de cultivos de coca en los municipios de Peque, Dabeiba, Sabanalarga, Frontino y Cañasgordas. En este último, afirman, los 'paramilitares' se disputan el control, pues sus características geográficas dificultan la llegada de la Fuerza Pública. El Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) no registra cultivos en ningún municipio de la subregión entre 2015 y 2019.
Los líderes y lideresas aseguran que en el municipio de Cañasgordas varios de 'los jóvenes que han matado es porque deciden hacer dinero con el microtráfico'. Solo en el municipio de Giraldo aseguran no haber visto una 'plaza de vicio' que vincule a estructuras paramilitares y de las cuales no se escapan los niños y niñas de los municipios.
La Paz en el Terreno le preguntó, vía cuestionario, a la Policía Nacional qué acciones se estaban adelantando para enfrentar el flagelo del microtráfico y consumo en el departamento de Antioquia. A la fecha de la publicación no se obtuvo respuesta.
Heliconia, Peque y Dabeiba son puntos claves de la ruta del narcotráfico entre el Parque Nacional Nudo de Paramillo (PNNP) en Antioquia y el departamento de Chocó, como lo confirma la Alerta Temprana 009-19 de la Defensoría del Pueblo, en la que se registra que las rutas para el tráfico de base coca se mueven 'a través del piedemonte del PNNP, centros de procesamiento —de pasta de coca— y su comercialización hacia los océanos Atlántico y Pacifico', a partir de los municipios de Peque, Cañasgordas, Uramita y Dabeiba.
Asimismo, la AT 027-19 de la Defensoría del Pueblo ilustra que el municipio de Urrao de la vecina subregión de Suroriente y el municipio de Frontino son territorios de especial interés para los grupos armados ilegales que se disputan la zona tras la salida de los Frentes 5, 18, 34, 36 y 57 de las antiguas FARC. 'Este factor ha alimentado un aumento de las disputas por el control territorial y social entre las AGC y el FGO —Frente de Guerra Oriental— del ELN, por el control de las zonas de producción, comercialización y tráfico de cocaína hacia su salida al Océano Pacífico', se lee.
El 2 de diciembre de 2019 se anunció la intención de compra del 100 % de las acciones de Continental Gold —empresa canadiense— por parte de Zijin Mining Group —empresa china—, con un valor por acción de 5,50 dólares canadienses. A inicio de 2020 se formalizó la transacción de las acciones y pasó a llamarse Zijin-Continental Gold.
Los líderes y lideresas manifestaron que la empresa ha captado a líderes y parte de las comunidades, excluyendo a todo aquel que no esté de acuerdo con el actuar de la obra, 'si usted quiere hacer parte, debe salir a decir lo que le conviene, no lo que realmente necesitan', explican.
También, relataron hechos en los que líderes y miembros de la comunidad que se oponían a alguna acción enmarcada en las necesidades de la empresa, eran amenazados. Uno de esos casos habría ocurrido en Cañasgordas con la instalación de unas subestaciones de energía. 'Que no se pusiera a pelear con el Estado', aseguran fueron las palabras que les dijeron a los líderes que se oponían. Asimismo, refieren un caso en el que un líder que recogía firmas contra la explotación minera dejó de hacerlo sin mayor explicación. Según cuentan los líderes y lideresas, hubo intimidaciones contra este.
" Durante el establecimiento de las medidas de aislamiento, desde marzo de 2020, los líderes señalan que la multinacional se volvió un factor de riesgo sanitario por la continuación de las labores mineras, afectando no solo el municipio de Buriticá, sino a municipios como Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia, en los que viven varios de los empleados de la empresa. Es de aclarar que las medidas decretadas para la mitigación del contagio de la COVID-19 no impidieron en el sentido estricto la operación del sector minero, como lo explica la circular 4011 del 17 de abril de 2020 del Ministerio de Minas y Energías. La continuación de las labores, explican los líderes, proliferó el contagio en la región. Según una nota de La FM, la empresa confirmó 388 casos positivos de COVID-19 dentro de su planta.
Al mandar un cuestionario de preguntas al Zijin-Continental Gold para contrastar varias de las afirmaciones de los líderes y lideresas, al cierre de esta edición La Paz en el Terreno no obtuvo respuesta.
No se refirieron a luchas territoriales puntuales, aunque los líderes y lideresas arguyeron que la posibilidad de disponer del suelo y subsuelo de las empresas mineras que tiene títulos en la subregión representa una imposibilidad de oponerse a la extracción de minerales.
La mayoría de las solicitudes de restitución no pasan de 50 en cada municipio, según datos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Hay un total de 1.265 solicitudes que involucran 1.091 predios. Los municipios con los números más altos de solicitudes son Dabeiba (597), Frontino (190) y Heliconia (79).