Los líderes y lideresas sociales de la subregión dicen que el control de los grupos ilegales y bandas delincuenciales han silenciado sus luchas. Allí, su presencia histórica ha controlado la manera en que los liderazgos se ejercen, pues habría una naturalización del fenómeno paramilitar, comentan. El informe ¡Paz, ni en el horizonte!, de la Corporación Jurídica Libertad, reza que "el Oriente antioqueño es una subregión que aparenta cierto grado de tranquilidad y seguridad, sin embargo, las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos y líderes/as aún se presentan", acotando que persisten intereses estratégicos sobre megaproyectos minero-energéticos. Un reflejo de esto es el caso de la lucha comunitaria en contra de la construcción de una Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) en el municipio de Cocorná, que generaría un impacto ambiental indeseado en la región y afectaría a la comunidad. También resaltaron la represión por parte de la Fuerza Pública que habrían vivido en las manifestaciones del Paro Nacional del año pasado y la más reciente en septiembre de este año, en los municipios de El Retiro, La Ceja, Marinilla, La Unión, San Vicente, Rionegro y San Luis.
La Policía, si bien respondió la solicitud de información enviada, al cierre de esta edición, no contestó a las dudas puntuales sobre este tema enviadas por La Paz en el Terreno.
En la subregión hay una alta presencia de la Policía Nacional que se extiende con estaciones y subestaciones a lo largo del territorio. Todos los municipios tienen estaciones y los municipios de Abejorral, La Unión, La Ceja, Nariño, Sonsón, San Carlos y Rionegro tienen subestaciones, según los líderes y lideresas y el informe ¡Paz, ni en el horizonte! Además, en Rionegro se encuentra una base militar y dos batallones de la lV Brigada del Ejército que se dividen la zona para patrullar: el Batallón Especial Energético y Vial Nº4 y el Grupo de Caballería Mecanizada Nº4 “Juan del Corral", según el informe ¡Paz, ni en el horizonte! De manera general, los líderes y lideresas sociales han manifestado que existe una sensación de desconfianza tanto de ellos y ellas como de la población civil en general con la Fuerza Pública en el territorio. Señalan que la estigmatización en su contra es un elemento recurrente en su actuar. Sobre esto, ni el Ejército ni la Policía, al cierre de esta edición, se manifestaron sobre esta estigmatización que sindican los liderazgos.
Por último, alegan que en la subregión algunas personas de los sectores políticos se han visto involucrados en irregularidades y presuntos hechos de corrupción, esto ha generado una situación de tensión con los líderes y lideresas sociales que denuncian esto, pues "si consideran a alguien incómodo ya son blancos de agresiones".
Los líderes y lideresas acotan que en la subregión tienen presencia La Oficina del Valle de Aburrá (OVA), además de la Alianza Criminal del Norte, banda criminal de la llamada ‘Línea Mayoritaria’ de la OVA; el Clan Isaza, al mando de familiares de uno de los paramilitares fundadores de las AUC, Ramón Isaza; la banda delincuencial Los Pamplona, que tiene presencia en Rionegro; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y otros grupos armados. El informe ¡Paz, ni en el horizonte!, de la Corporación Jurídica Libertad, enuncia que "estas estructuras comparten territorios, fuentes y formas de financiación, que proporciona un ambiente de no confrontación armada". Sobre el control que ejercen, los líderes y lideresas señalaron que "no necesitan usar las armas para mostrar su poder", ya que, estas estructuras tienen una presencia histórica en la subregión y con los años han subyugado a la población y le han hecho entender que "se tiene que quedar callada, que no puede protestar ni reclamar derechos". Esto, según ellos y ellas, ha repercutido en las labores de liderazgo allí.
En la subregión existe una mínima presencia de cultivos de uso ilícito, según los testimonios de los líderes y lideresas sociales. Su existencia se daría principalmente en los municipios que comprenden la zona de influencia del Clan Isaza como Nariño, Sonsón, San Luis, Cocorná y Argelia. Según datos del Observatorio de Drogas de Colombia, en 2019 la subregión reportó 15,77 hectáreas de cultivos de coca (14,11 en San Francisco y 1,66 en San Luis).
En todos los municipios de la subregión, los líderes y lideresas sociales referenciaron la existencia del microtráfico, pues tendrían relación directa con todos los grupos armados que tienen incidencia en la zona. Estas dinámicas de narco y microtráfico, acotan, les pone en riesgo directa e indirectamente. Recientemente, en el municipio de El Peñol se registró el hallazgo y posterior destrucción de un laboratorio para procesamiento de cocaína en el municipio, el cual pertenecería a la organización criminal Los Chatas, que tendría alianzas con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo.
Como se referencia en el informe ¡Paz, ni en el horizonte!, de la Corporación Jurídica Libertad, la subregión de Oriente es un territorio en el que prevalecen los intereses estratégicos sobre megaproyectos minero-energéticos con repercusiones ambientales, sociales y culturales en el territorio. Uno de los conflictos que involucran estos intereses es uno de los más recientes, registrado en el municipio de Cocorná, en donde líderes y lideresas referencian que en compañía de la comunidad se organizó una protesta a principios de este año con el propósito de oponerse a una Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) que sería llamada Cocorná 1 y que, según quienes se manifestaban, generaría un impacto ambiental indeseado en la región y afectaría a la comunidad. La licencia para esta construcción fue otorgada por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare (Cornare), quien entregó sus declaraciones al respecto, señalando que la sociedad interesada en el licenciamiento cumplió con todos los requisitos después de un periodo de trámite. Actualmente, Cornare tiene otorgadas 40 licencias ambientales a proyectos que recogen las actividades de PCH, concesiones de agua para proyectos de generación, minería y permisos de estudio, como lo reporta esta base de datos pública de la entidad. Hasta el momento, los líderes y lideresas no han denunciado amenazas y agresiones físicas por mostrar su inconformismo con el proyecto.
Los líderes y lideresas señalaron la existencia de conflictos territoriales relacionados con la ocupación de las tierras aledañas al Embalse El Peñol - Guatapé. Según sus testimonios, hay habitantes del territorio que han ocupado estos terrenos en busca de soluciones para su retribución por las tierras que tuvieron que desalojar con el propósito de la inundación para el embalse. Señalan que en el contrato de la obra con Empresas Públicas de Medellín (EPM) se habla de unos “terrenos sobrantes” que podían ser objeto de ocupación para compensar a estos habitantes. Sin embargo, se ha incumplido con lo pactado, EPM está reclamando estas tierras y por eso se han asentado allí con el propósito de manifestarse y esperar soluciones. Cabe destacar que, según una base de datos pública de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) Oriente es la segunda subregión de Antioquia con mayor número de solicitudes de restitución de tierras, siendo estas, hasta el 6 de noviembre de este año, 5867. Al cierre de esta edición, EPM no respondió una pregunta relacionada con este tema incluida en un cuestionario enviado por La Paz en el Terreno.