El dominio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en buena parte de la subregión ha derivado en el silenciamiento de los liderazgos. Según la Alerta Temprana (AT) 048 de 2018 de la Defensoría del Pueblo, la expansión y consolidación territorial de las AGC en la Serranía de Abibe —límite natural entre Antioquia y Córdoba— se caracteriza por el uso de la violencia contra la población civil. 'En especial exposición se encuentran los actores sociales defensores de Derechos Humanos y promotores de estrategias de resistencia civil no violenta', puntualiza la AT. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, un referente de resistencia ante la violencia acaecida a finales del siglo pasado, es la organización que adelanta, bajo el yugo de los fusiles, los principales procesos de denuncia de violaciones a los derechos humanos en la comunidad. 'Cada vez es más difícil, cada vez se encierra más —la comunidad—, pero la Comunidad de Paz se identifica por esa lucha histórica, de memoria, de resistencia y es lo que nos mantiene', dice un líder de la Comunidad de Paz ante la proliferación de actores armados ilegales.
El primer asesinato de un líder social en la subregión después del Acuerdo de Paz tuvo lugar el 10 de enero de 2017 y no era propiamente un líder del departamento de Antioquia. José Yimer Cartagena Úsuga era un líder campesino, vicepresidente de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas) del municipio de Tierralta, Córdoba. Tras José Yimer se han contado por lo menos ocho líderes sociales asesinados en la subregión desde la firma del Acuerdo, sumado a múltiples amenazas —muchas directas o en persona y a través de llamadas y panfletos— y atentados, en particular, contra líderes que adelantan procesos de reclamación o restitución de tierras —como Porfirio Jaramillo, asesinado el 28 de enero de 2017—.
Líderes y comunidades indígenas del pueblo Embera Katío han sido hostigados y perseguidos de manera sistemática, denuncian los líderes y lideresas, muchas de estas violencias enmarcadas en luchas de restitución de tierras. La Organización Indígena de Antioquia (OIA) confirma que la comunidad está sometida en un contexto de 'tensa calma', al no ser reiterada la disputa de grupos armados por el control del territorio. La Alerta Temprana 014-2020 de la Defensoría del Pueblo llama la atención sobre el riesgo que corren las comunidades indígenas asentadas en el occidente del municipio de Murindó 'por la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el grupo armado posdesmovilización de las AUC autodenominado AGC, y la contaminación de sus territorios con MAP/MUSE/AEI', advierte.
De los 16 asesinatos de miembros de la comunidad indígena perpetrados desde la firma del Acuerdo de Paz que registra esta organización, tres han ocurrido en el Urabá. Uno de los casos de mayor resonancia fue el asesinato del guardia indígena Gilberto Domicó Domicó, el 31 de octubre de 2019 en Chigorodó.
Para el caso de las victimizaciones contra lideresas, los líderes y lideresas aseguran se han presentado agresiones por el hecho de ser mujeres manifestadas en insultos, empleando calificativos de 'perras', o marcándolas como colaboradoras de la Fuerza Pública.
'No podemos ir a las veredas porque tenemos riesgos', son algunas de las frases que comunidades, líderes y lideresas han escuchado por parte de la Policía a la hora de requerirla. Con el asesinato del expresidente de JAC, Amado Torres, en Apartadó a inicios de 2020, Noticias Uno recogió un testimonio de un labriego de la vereda La Victoria que evidenciaría la negativa de la Policía a prestar servicios en parte de la subregión.
Al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta de la Policía sobre si tenían conocimiento de estas denuncias y, en concordancia con esto, si se ha hecho algo al respecto.
Este panorama repercute sobre la ya debilitada confianza que tienen las comunidades hacia la Fuerza Pública, aunada a las afirmaciones de los líderes y lideresas sobre señalamientos y estigmatización provenientes de sus miembros sobre las gestiones sociales de los liderazgos. También se le preguntó a la Fuerza Pública por posibles escenarios de estigmatización, sin embargo, al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
En relación a actos de corrupción, denunciaron que familias con amplio poder sobre la región han ejercido control sobre Notarías para conseguir resultados específicos sobre algunos predios.
Además, los líderes y lideresas cuestionan el actuar de la Marina para conseguir resultados efectivos que confronten el narcotráfico y refieren denuncias de las comunidades que les han informado de falsos combates —tiros al aire— para 'justificar que la Fuerza Pública está persiguiendo' a los grupos armados ilegales.
Se le preguntó al Ejército si ha recibido denuncias de falsos combates en la subregión de Urabá en los últimos cuatro años, sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Para los líderes y lideresas, aún en la subregión persisten residuos del ‘Movimiento Político por una Urabá Grande, Unido y en Paz’, un proyecto político liderado por los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Urabá e impulsado por alias 'El Alemán' a inicios del nuevo siglo, pues insisten en la persistencia de acción u omisión con los entes paraestatales.
Por su parte, al ser consultada el Área de Derechos humanos de la Policía Nacional, aseguraron que desde el 2016 al 20 de noviembre de 2020, la institución ha desplegado 3.899 acciones preventivas en todo el departamento de Antioquia.
Al pensar en los actores armados, los líderes y lideresas evocan con lamento cómo históricamente la región del Urabá registra los más altos índices de violencia sociopolítica y de víctimas del conflicto armado en el departamento. En la región, entre 1995 y 1997 se registraron 2.950 homicidios con fines políticos, 103 masacres entre 1998 y 2002 y más de 32 mil desplazamientos, según fuentes consultadas por Verdad Abierta. Los niveles de violencia se gestaban en un marco de confrontaciones entre guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública. Tras la desmovilización de los paramilitares (2004-2006), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se adelantaron a tomar control sobre la región. Con la firma del Acuerdo de Paz, aumentó el hostigamiento contra las comunidades, grafitearon casas y consolidaron su presencia en los territorios. Hoy, es una de las pocas subregiones del departamento en las que el control, mayoritariamente, lo ostenta un solo grupo armado ilegal: las AGC. Los Gaitanistas controlan totalmente el Eje Bananero, como lo explica Irene Piedrahita, analista de esclarecimiento de la Comisión de la Verdad (CEV). Sin embargo, en los límites con Chocó se encuentra el ELN y en algunas zonas del norte (límites con el Nudo del Paramillo) y sur están Los Caparros y disidencias guerrilleras, indica la investigadora de la CEV.
Este panorama configura un riesgo al extenderse sobre reclamantes de tierras, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó —formada en 1997 como una manera de resistir a la violencia— y todo aquel que 'desafíe la hegemonía política', explican los líderes y lideresas.
Las AGC tienen unos intereses claros sobre las economías del narcotráfico —siendo clave el río Atrato, el golfo de Urabá y la cercanía con el Nudo del Paramillo hacia el occidente—, vínculos con empresarios —los líderes denuncian que persisten relaciones directas o indirectas con empresarios de banano— y el ámbito político —donde los armados ilegales influyen en las decisiones electorales y, agregan, esta desconfianza en las esferas del Estado hacen que muchos líderes no vayan a las alcaldías a denunciar irregularidades o violaciones a los derechos humanos—.
Han denunciado, además, que las autodefensas se estaban tomando el corregimiento de San José de Apartadó y regiones aledañas, violentando a quienes se han opuesto al actuar de las AGC. Por eso, aseguran los líderes y lideresas, asesinaron a algunos de ellos. Otros decidieron desplazarse a Medellín tras no doblegarse ante sus peticiones.
Los líderes y lideresas también llaman la atención sobre el riesgo que padecen los exguerrilleros asentados en el recientemente trasladado Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Mutatá, que antes estaba en Ituango—93 excombatientes de las FARC y sus familias se fueron por la inminente situación de riesgo en la que se encontraban—, altamente susceptible a la influencia y hostilidades de las AGC.
El Urabá antioqueño no es un territorio de vastas extensiones de coca, pero persiste su presencia. De los 11 municipios que conforman la subregión, seis (Apartadó, Chigorodó, Murindó, Mutatá, San Pedro de Urabá y Turbo) registraron cultivos de coca para el año 2019 con un total de 71,95 hectáreas, según información del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC). Murindó, que desde 2015 había estado libre de cultivos, registró 1,52 hectáreas para el 2019. Apartadó registró 7 hectáreas para el año 2019, volvió a registrar cantidades de hectáreas cultivadas similares a las de 2017, después de haber experimentado un descenso de 1,51 hectáreas en 2018. El resto de los municipios se mantuvo, a excepción de Mutatá y San Pedro de Urabá que presentaron una leve disminución entre 2018 y 2019. El municipio con los números más altos de hectáreas cultivadas para 2019 fue Turbo, con 54 hectáreas.
Por la vasta influencia que tiene como único grupo armado ilegal en gran parte de la subregión, la exportación, no solo de drogas sino también de armas, la realizan las AGC. El golfo de Urabá es la salida de la droga proveniente de las subregiones del Bajo Cauca y Occidente y del municipio de Ituango.
Los líderes y lideresas refieren que existe un alto nivel de consumo y casas de vicio en las zonas urbanas de la subregión, y que como no hay mayores enfrentamientos entre grupos, el panorama es menos violento. La Alerta Temprana 008-2020 de la Defensoría del Pueblo advierte sobre el umbral de peligro que padecen particularmente los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de buena parte de los barrios de los cascos urbanos de los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo a raíz de la oleada de violencia ejercida por las AGC en los meses anteriores. Dichas violencia, explica la Defensoría se venían manifestando en restricción a la movilidad, castigos físicos, advertencias con establecimiento de plazos para abandonar el barrio o región, amenazas a través de panfletos y homicidios selectivos, frecuentemente contra 'jóvenes integrantes de pandillas o personas dedicadas al consumo o venta de estupefacientes sin autorización de este grupo ilegal armado', se lee en la Alerta.
Las tensiones más grandes en la subregión en materia de megaproyectos van de la mano de la construcción de puertos. Algunas de estas megaobras se ven comprometidas en predios que están siendo evaluados por la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Los líderes y lideresas explican que la inmersión de los proyectos en la subregión se da bajo un 'discurso de desarrollo' económico, y expresan su preocupación por la construcción del Túnel del Toyo, que busca conectar el resto del departamento con la obra del Puerto de Urabá, pues, según ellos, el domicilio de esta carretera será clave para el tráfico de estupefacientes y armas desde y hacia el Urabá.
En cuanto a tensiones con empresas, los líderes y lideresas relataron algunos casos en los que empresarios de banano se han visto vinculados a investigaciones por despojo de tierras. En junio de 2020, la Fundación Forjando Futuros explicó un fallo del Tribunal Superior de Antioquia en uno de estos casos. En la sentencia de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras se lee que: 'quien se benefició y lucró del despojo fue Bananeras de Urabá S.A. representada legalmente por Rosalba Zapata Echeverri, madre de Felipe Echeverri Zapata; empresa que ocupó de manera indebida y explotó las tierras a través del cultivo de banano para exportación, desde el momento que se da el hecho victimizante'.
En la subregión existen 6.655 solicitudes de restitución de tierras con 6.228 predios, según datos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Turbo (2.760), Apartado (759), Necoclí (684) y Mutatá (639) son los cuatro municipios con los números de solicitudes más altos. En el caso de Mutatá, los líderes y lideresas manifiestan un panorama adverso: 'las organizaciones del Estado hacen que la comunidad lo vea como un problema, no como un derecho que tenemos las víctimas', cuentan.
Además de las reiteradas amenazas contra reclamantes, a esto se suma lo que los líderes describen como una captación de ciertas comunidades por el poder de empresarios de la región que termina causando que una porción de personas estén en contra de los reclamantes de tierras, y denuncian que, en algunos casos, cuando predios van a ser entregados por un juez en compañía de la Policía, personas pagas obstaculizan los procesos, protestando, algunas armadas con machete o palos, en los predios en cuestión.
De manera unánime, los líderes y lideresas manifiestan que los reclamantes de tierras temen. Denuncian que existen muchos opositores, y que persisten testaferros de personas que están en la cárcel o que han cumplido penas por desplazamientos forzados y nexos con paramilitares. En 2018, principalmente en Turbo, hubo amenazas individuales y colectivas hacia reclamantes de tierras, y a finales de 2019, se presentó una judicialización múltiple contra reclamantes que, argumenta la Justicia, habían regresado a sus predios sin el acompañamiento de la Fuerza Pública, como lo registró el medio Contagio Radio en el caso de 8 personas. Esto, los líderes y lideresas lo describen como un acuerdo entre los opositores con organizaciones del Estado para perseguir y judicializar estos liderazgos. Otra violencia registrada en 2019 tuvo lugar a finales del mes de septiembre, cuando Alejandro Rincón Gallego, juez Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó, amenazó a víctimas de procesos de reclamación.
'Nos estigmatizan y nos tratan de ladrones de tierras, invasores y guerrilleros', concluyen los líderes y lideresas.