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Desde el corazón del departamento, los líderes y lideresas expresan el miedo generalizado que sienten ante la posibilidad de que aumente la violencia y suba desde Nariño, Cauca y Valle del Cauca.
"En 1988 nosotros en el Medio Atrato iniciamos una lucha por el territorio. Un territorio que para algunos líderes veíamos que era la vida, era todo y sin él no podemos estar", pero reclaman un abandono del Estado, que los vuelve presa fácil de quien ofrezca oportunidades laborales en el territorio, legales o ilegales.
Un líder de la subregión indicó que la manera en que empezaron a intimidar a las comunidades fue trayendo personas de municipios como Unión Panamericana o Cantón de San Pablo; los bajaban por el río y los mataban dentro de las comunidades de Río Quito. La gente empezó a temer al ver cuerpos en la playa. "Hasta que ya empezaron a hacerlo con la misma gente de las comunidades", reconoce un líder.
Después, empezaron a contratar muchachos de la comunidad para informar quién está hablando de más, por eso los liderazgos han tenido que medir lo que se dice y a quién se dice. "Estábamos en una reunión de consulta previa en Guaimadó y el ‘paraco’ se entró hasta la iglesia: 'vea, aquí le paso a mi jefe que quiere hablar con usted'. ¡El mismo muchacho del pueblo!", recuerdan.
Es la segunda subregión con el número de agresiones contra líderes más alto, después de Bajo Atrato y Darién. En total, desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, hasta mayo de 2021, 23 líderes han sido violentados: 12 amenazados, 8 asesinados, uno atentado y dos víctimas de otras violencias.
La violencia contra las lideresas también es latente en diferentes niveles. Uno de ellos es la violencia que se ejerce contra sus cuerpos. Algunas cifras que evidencian dicho riesgo las lleva la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Según este ente policial, en toda la subregión del Medio y Alto Atrato, desde enero de 2016 al 30 de abril de 2021, se han registrado 592 casos de delitos sexuales. El pico más alto se experimentó en 2019 (133 casos) y 2018 (120). Quibdó (492), El Carmen de Atrato (27) y Atrato (18) fueron los municipios con los registros más altos.
"No hay en el departamento de Chocó un municipio en el que no exista grupo armado ilegal. En todos los municipios, comunidades y veredas existen grupos armados", denunciaron los líderes y lideresas, y precisan que en todos los municipios del Alto y Medio Atrato hay presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Fueron enfáticos en que el hecho de denunciar a los armados ilegales ha puesto en peligro a las comunidades y a sus líderes y lideresas y que ha habido intentos de conversación con los paramilitares para que respeten la vida de las comunidades, pero al ser una estructura desdibujada, no se ha logrado mucho.
"Con la firma del Acuerdo de Paz se desmovilizaron yo no sé cuántos... pero los bajitos, quedaron ahí", precisa otro líder y por eso, explica, se engrosaron las filas de los grupos armados ilegales que quedaron en el territorio. "Llegaron los ‘gaitanistas’ ofreciendo 800 mil pesos y todos corrieron de nuevo para las armas: Hoy esos muchachos, que eran del común que eran nuestros amigos, ya les tenemos miedo, porque ya están al servicio de una organización ilegal porque no se le brindó oportunidad y entonces ya esos mismos muchachos nos tienen entre la espada y la pared".
Las comunidades indígenas denuncian que han sufrido fuertes confinamientos. "No les permiten ir a cortar los plátanos, el pancoger y el ELN ha colocado las minas antipersonal a una distancia de 10 metros, 15 metros de las comunidades", ilustraron los líderes.
"Pienso que van a seguir apareciendo muchos y muchos muertos porque no hay políticas claras del Estado" para dejar las armas. Además, manifestaron su preocupación por el futuro del liderazgo, pues, según observan, los jóvenes que están ocupando los espacios de los consejos comunitarios no han logrado hacerle frente a los actores armados ilegales. "Las organizaciones están siendo presas fáciles por parte de estas amenazas de los grupos armados ilegales", dijeron.
Miembros del Estado han ido a las zonas rurales a comprobar la situación de riesgo de las comunidades y hacer el diagnóstico de su situación, "pero cuando van estos funcionarios, los grupos armados se esconden, entonces cuando entran las autoridades es como si no pasara nada". Por esta razón, los líderes y lideresas aseguran que las autoridades territoriales han minimizado las versiones y denuncias de las comunidades indígenas en cuanto a la presencia de grupos armados ilegales.
Al igual que en otras regiones del departamento, los líderes y lideresas manifestaron que el hecho de que las Fuerzas Militares busquen en la población colaboración e interactúen con esta buscando información, pone en riesgo a las comunidades, pues los actores armados ilegales los marcan como colaboradores o informantes de la fuerza pública. Fueron enfáticos en afirmar que las comunidades no suelen denunciar con la Fuerza Pública, sino que en todo caso lo hacen a través de Personería o la Defensoría del Pueblo.
Además, resaltaron que para las comunidades indígenas es difícil distinguir cuando se trata de la Fuerza Pública y un actor paramilitar, pues en la sesión de mapeo relataron casos en los que “paramilitares” se han presentado como Fuerza Pública, pero después descubren que son actores paraestatales.
Con relación a la minería, señalaron que muchas veces la comunidad y sus líderes no denuncian al ver el complejo de relacionamiento de miembros de la Fuerza Pública con sujetos que trabajarían con minería ilegal y que, a su vez, tendrían relación con grupos armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Representantes de las fuerzas militares señalaron que muchas veces sus interacciones son de manera indiscriminada con cualquier miembro de la comunidad y asumen que en algunos casos pueden tratarse de sujetos con nexos paramilitares que ellos desconocen. Cuando la comunidad ve esas interacciones podría asumir que hay conexidad entre el paramilitarismo y los militares, acotan.
En los últimos años, los líderes y lideresas perciben que en la subregión hay más presencia de venta y consumo de estupefacientes. "Yo digo que la misma autoridad está ciega, sorda y muda, como que no les importa ese tema", sostuvieron. El Ejército y la Armada sostuvieron que desempeñan una tarea rigurosa de lucha contra el narcotráfico.
Además, líderes y lideresas del municipio de Río Quito precisan que los jóvenes son la carnada de estas economías y en varios casos esto terminan poniendo en peligro a las familias: "los paramilitares le están dando droga a los jóvenes para que vendan y si se gastan la plata por irresponsabilidad, el problema es para la familia".
Los líderes y lideresas explican que son múltiples flagelos los que agravan la situación de las comunidades del Alto y Medio Atrato, en un lado están los cultivos de uso ilícito y, del otro lado, la minería ilegal. En cuanto a los cultivos de coca, el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) no registró, entre 2016 y 2019, grandes cultivos, apenas unas cuantas hectáreas en zona rural de la capital del departamento.
"En noviembre de 2016 se firmaron los Acuerdos (colectivos de sustitución de cultivos de uso ilícito). Todo el mundo creíamos en eso y contentos: '¡llegó la paz!', pero no quedaron los compromisos que se adquirieron para una verdadera paz”, lamentaron los líderes y lideresas, quienes consideran que hasta que no haya políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito para el departamento y en el resto de la geografía nacional, "vamos a tener los actores armados acá en el territorio, porque estamos en un corredor donde es estratégico para entrar armas y sacar la coca".
El municipio en donde los líderes y lideresas ubicaron tensiones con empresas fue en el Carmen de Atrato. Por un lado, indicaron que, arriba del casco urbano, por el río Atrato, la minería de cobre de la Minera El Roble habría traído tensiones por supuestas afectaciones ambientales, una situación difícil de reclamar por las necesidades de las comunidades y la oportunidad económica que la actividad minera representa para centenares de familias. Un investigador del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial - SIEMBRA recordó cómo, a partir de los masivos desplazamientos de los años más crudos del conflicto en la región, la minería se afianzó como la mejor oportunidad económica.
Según CODECHOCÓ, la empresa tiene un plan de manejo ambiental desarrollado desde hace muchos años. “En este momento llevamos un proceso con ellos, muy conectado con la comunidad, y podemos garantizar que 88 % del material que la Minera El Roble vierte, el manejo del material, es bien manejado”.
Del otro lado, resaltaron la controversia que desde el 2017 ronda alrededor de la hidroeléctrica Talasa. A mediados de ese año, se anunció que al menos tres comunidades indígenas habían aceptado el proyecto que, según voceros del megaproyecto, no represaría el caudal del río Atrato, sino que la generación eléctrica se tenía planeada a partir del mismo caudal del río y “sin contaminación”. Sin embargo, para ese momento, las comunidades negras y los campesinos mestizos manifestaron su oposición al asegurar que no fueron consultados. "Sedujeron a los indígenas, pero no consultaron con los afros —precisan los líderes y lideresas—. Cuando se les confrontó, recogieron la empresa y se desaparecieron". La Paz en el Terreno envió un cuestionario vía correo electrónico a Macquarie Development Corporation, que para ese momento tenía el proyecto a su cargo, para conocer sobre las gestiones de consulta que en ese entonces se hicieron con las comunidades afectadas por el mismo, pero al cierre de esta edición no recibió respuesta.
Desde 2018, según indica el medio LexLatin, el proyecto está en manos de la empresa Hydro Global Investment Limited, una empresa "propiedad de China Three Gorges Corporation y EDP-Energias de Portugal, adquirió la participación mayoritaria de Macquarie Development Corporation en las sociedades colombianas de generación de energía eléctrica Talasa Projectco S.A.S. E.S.P. y de arquitectura e ingeniería Talasa Conexión S.A.S.".
Finalmente, según los líderes y lideresas, años atrás AngloGold Ashanti entró en conversaciones con el entonces representante legal del Consejo Comunitario de la Organización Campesina y Popular del Alto Atrato (Cocomopoca) para proyectos mineros en la región. La Paz en el Terreno le consultó a la empresa sobre los proyectos que tenía en el departamento, pero fue enfática en aclarar que actualmente no tiene títulos mineros de su propiedad en el departamento del Chocó.
De manera general, los líderes y lideresas expresaron que existen disputas entre los resguardos indígenas y títulos colectivos de las comunidades negras. Según un líder afro, muchos de los límites se trataron muchos años atrás en históricas comisiones interétnicas, de las que quedaron actas de concertación. "Para eso deben revisarse y hablarse nuevamente sobre las actas de concertación", precisa los líderes y lideresas negros.
Según la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en los ocho municipios que conforman la subregión hay 470 solicitudes de restitución de tierras relacionados con 429 predios. Los municipios con los números más altos de solicitudes son El Carmen de Atrato (141), Quibdó (122) y Bagadó (94).