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“Ellos [los líderes sociales de las comunidades] se sienten maniatados y con la boca cerrada porque en esos territorios no se puede hablar, nadie explica lo que está pasando y es muy preocupante, porque no es la misma Colombia de hace unos años donde la gente hablaba, ahora solo somos unos pocos los que hablamos, pero por eso también tenemos amenazas, persecuciones”, asegura uno de los líderes entrevistados.
La Paz en el Terreno accedió a bases de datos de distintas organizaciones sociales y de la Defensoría del Pueblo y encontró que, desde la firma del Acuerdo de Paz, en Bajo Atrato se han presentado al menos 78 agresiones, entre las que se cuentan 56 amenazas, 16 asesinatos y un atentado contra líderes y lideresas. En todo el departamento se lograron documentar 126 agresiones, lo que se traduce en que dos de cada tres de estos hechos ocurrieron en esta subregión.
Un investigador que ha trabajado en la región afirma que las medidas de protección por parte del Estado son insuficientes, “a muchos lo que hacen es darle un chaleco que tienen guardado debajo de la cama porque es incómodo, los que tienen escolta muchas veces no los acompaña en territorio, este se queda en Chigorodó”, asegura. Los líderes y lideresas también dicen que a muchos líderes reclamantes de tierras los grupos armados ilegales los amenazan y les hacen dejar su esquema de protección en Belén de Bajirá, por lo que ingresan al territorio desprotegidos.
También hay una fuerte preocupación por el tráfico de inmigrantes hacia El Tapón del Darién, puerta de Colombia hacia Centroamérica. Allí, las comunidades están sufriendo casos de violaciones sexuales, denuncian los liderazgos.
La subregión cuenta con mayor presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quienes ejercen el control en el río Atrato y en los centros poblados. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) haría presencia con milicianos en las cabeceras municipales. “Los que imponen la ley son los actores armados, la guerrilla y los paramilitares. El Estado no manda en el territorio”, asegura un líder de la comunidad.
La presencia de los grupos armados ilegales hace que las comunidades estén silenciadas, los líderes y lideresas manifiestan que las dinámicas del conflicto cambiaron. “Anteriormente los paramilitares se presentaban ante las comunidades uniformados, con camuflado, pero en los últimos años andan de civil y por eso las comunidades se confunden, no saben quién es quién”, afirman. Un investigador que ha trabajado en Bajo Atrato asegura que en ocasiones ni siquiera hay certeza de que haya presencia de informantes en la comunidad, pero por precaución la gente prefiere callar.
“Estamos preocupados por el incremento de las amenazas, de los combates, de los minados, pero la gente no habla, está callada, porque piensa que la van a asesinar o a desplazar de su territorio. Los actores armados están reprimiendo a la población civil”, asegura una de las personas que ejerce el liderazgo social en el Bajo Atrato.
Las acciones del Ejército han generado miedo en las comunidades, que manifiestan que muchas veces han limitado la movilidad de las personas y se han sentido estigmatizadas. “Si nos van a militarizar que sea para estar bien, pero para qué lo militarizan, mejor que den oportunidades para la gente, así las personas no van a estar pensando en irse para los actores armados”, afirmaron los líderes y lideresas de la región. Por su parte, representantes de la fuerza pública no manifestaron que su accionar configurara factores de riesgo para el liderazgo social en la región.
Los líderes y lideresas tampoco sienten que la presencia institucional por parte del Estado sea importante, tienen desconfianza del actuar. “La Gobernación, la Alcaldía, la Procuraduría nunca nos presta atención, nosotros hemos denunciado acá muchas veces y nadie hace nada. La única que nos apoya es la Defensoría del Pueblo […] Uno denuncia algo y los actores armados ahí mismo lo saben”, aseguran.
Como los grupos armados ilegales se enteran cuando alguien denuncia, afirman, solo lo hacen unos pocos líderes y lideresas que tienen reconocimiento o esquema de seguridad. “A veces dicen es que los líderes no denuncian, pero qué van a denunciar si a los tres días ellos ya saben quién los denunció con pelos y señales”, dice una persona que ejerce el liderazgo social en el Bajo Atrato.
“El narcotráfico afecta los liderazgos porque los actores armados imponen su mecanismo, hay que sembrar coca y hay que venderles. Estos actores cooptan los liderazgos y si alguien habla empiezan a llegar las amenazas”, aseguran quienes ejercen el liderazgo social en el Bajo Atrato. El narcotráfico se mueve por Cacarica y Truandó a través de los ríos hacia El Tapón del Darién, en búsqueda de la frontera con Panamá. También están interesados en llevar la droga hasta Turbo, Antioquia, en la Costa Caribe. Los líderes y lideresas dicen que a pesar de que la zona cuenta con presencia de la fuerza pública, no sienten que sirva. “Esas rutas están militarizadas, pero por ahí pasa el narcotráfico”, afirman. El silencio reina ante la presencia de los grupos armados ilegales, por lo que las comunidades prefieren no denunciar.
El microtráfico, por su parte, es una problemática que los líderes y lideresas afirman ha ido en aumento, sobre todo en las cabeceras municipales. “Es una bomba de tiempo que no sabemos cómo parar. Por ejemplo, en Riosucio les dan drogas a los jóvenes y después los asesinan”, aseguran.
Los cultivos ilícitos para los líderes y lideresas son vistos con preocupación, porque con frecuencia se obliga a las comunidades a sembrar coca. También manifiestan que la falta de oportunidades de empleo y estudio para los jóvenes hace que muchos se interesen por esta actividad. Los padres para evitar eso lo que hacen es sacarlos del territorio. El informe más reciente del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) indica que Riosucio (149 ha.) y Acandí (5 ha.) son los dos municipios del Bajo Atrato con coca sembrada.
Los líderes y lideresas afirman que tienen voluntad para sustituir, sin embargo, los programas estatales no existen allá. “A Bajo Atrato el PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos) no ha llegado. Por ejemplo, queremos sacar el viche y que alguna licorera lo compre, necesitamos que den para cultivar y también para sacarlo”, aseguran.
Los líderes y lideresas sociales del Bajo Atrato dicen que han tenido problema con grandes empresas bananeras que han comprado terrenos de titulación colectiva hacia Belén de Bajirá. De igual manera, afirman que donde hay explotación de oro llegan los grupos armados, por lo que ven con preocupación los títulos que aparecen a nombre de AngloGold Ashanti, sin embargo, la empresa aseguró que en la actualidad no cuenta con títulos mineros en el departamento. “Aunque en el sistema de información minero colombiano existen 26 títulos mineros que aún se encuentran a nombre de AngloGold, estos no son de su propiedad. Sobre ellos se tramita actualmente ante la Agencia Nacional de Minería las cesiones totales de derechos a favor de Exploraciones Chocó Colombia S.A.S.”, aseguró la empresa.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) tiene 1.923 solicitudes de restitución tierras de 1.712 predios en los cuatro municipios que conforman el Bajo Atrato. Riosucio (1.436) concentra 3 de cada 4 solicitudes en la subregión. Le siguen Unguía (226), Acandí (157) y Carmen del Darién (104).
Las disputas territoriales en el Bajo Atrato han estado ligadas al despojo de tierras. En la década de los 90, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá empezaron a subir por el caudal del río Atrato. Mientras se disputaban el territorio con las FARC, las familias salían desplazadas por el conflicto. Los paramilitares y sus socios aprovecharon esta situación para consolidar proyectos de palma en terrenos despojados, como lo documentó Rutas del Conflicto. Hoy, la violencia contra los líderes reclamantes de tierras en la subregión no da tregua.