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En la subregión de la Costa Pacífica "hay liderazgos fuertes de mujeres, hombres, indígenas, negros, mestizos pero lamentablemente tocó menguar porque ya estamos viendo que están matando, que no es mentira, que están en riesgo. La familia mueve mucho y son como pedidos familiares entonces ese individuo anda según lo que pida la familia. Soy consciente que por no tener prudencia puedo generar dolor", expresan los liderazgos. Por esta razón, ellos y ellas alertan que las amenazas son constantes pero nadie las denuncia porque "ser líder no es decir que estoy en defensa y no me importa mi vida, no, es ser prudente, darle otro manejo, ser estratégico y más inteligente". Entre 2018 y 2021, organizaciones de derechos humanos registraron seis casos de agresiones a líderes sociales en la subregión de la Costa Pacífica, entre ellos un secuestro y el homicidio de dos líderes indígenas que causaron el desplazamiento de sus comunidades.
Respecto al liderazgo de las mujeres, su visibilidad es reducida y se debe a la represión que se ha generado por parte de los actores armados. Sin embargo, el número de denuncias no refleja la dimensión de las agresiones. Un caso que recordaban los liderazgos es el siguiente: "A una chica le tocó salir amenazada porque fue violada por un chico de estos grupos y ella denunció y la amenazaron. Hay muchas violaciones pero no hay denuncias con esos precedentes". Según datos de violencia y delitos sexuales de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, entre 2016 y abril de 2021 se han registrado 73 casos de violencia y delitos sexuales contra niñas, jóvenes y mujeres de la subregión de la Costa Pacífica, de los cuales, 57 se concentran en el municipio de Bahía Solano, 19 en Nuquí y 10 en Juradó. El año con mayor número de casos registrados fue el 2018, con 21 denuncias, 18 de ellos en Bahía Solano.
Los liderazgos LGBTI+ se encuentran principalmente en Juradó y en menor medida, en Bahía Solano. A pesar de haberse presentado casos de matoneo por intolerancia y patrones culturales machistas muy marcados, no se conoce información puntual sobre amenazas o agresiones directamente contra liderazgos o integrantes de esta comunidad.
Los municipios ubicados en la Costa Pacífica del norte del Chocó ofrecen "importantes ventajas, vegetaciones selváticas, bosques tropicales y por sus límites fronterizos con la República de Panamá, salida hacia Centro América y comunicación directa con la subregión del Bajo Atrato chocoano, con conexión estrecha por el Océano Atlántico", genera disputas territoriales entre actores armados ilegales por el tráfico de drogas y armas. Los principales actores en tensión son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), expone la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana de Inminencia 012-2020. Sin embargo, en el territorio también hacen presencia Los Chacales, un grupo del crimen organizado que desde finales del año 2016 se dedica al tráfico, transporte y comercialización fluvial de cocaína, quienes presuntamente tienen alianzas con el ELN para combatir la expansión territorial de las AGC.
La presencia y disputas de estos actores en el territorio no solo genera riesgos para la vida e integridad de las comunidades que allí habitan y sus líderes, sino también a los procesos económicos de turismo que desean implementar como alternativa para el desarrollo. "Cuando hablamos de turismo es movilizarnos, cuando hablamos de pesca es movilizarnos, es esa relación con el entorno. Los modelos de pesca y turismo se ven afectados por la presencia de grupos armados ilegales", exponen los liderazgos.
Según el 'Boletín #6 de la organización La Paz Querida, "la fuerza pública en el Chocó hace presencia con el Departamento de Policía Chocó por medio de estaciones de Policía en las cabeceras municipales y de un amplio dispositivo de comando en Quibdó; también con la Armada Nacional a través de un batallón de asalto fluvial en Bahía Solano para el cubrimiento del Pacífico y los ríos".
Ante la respuesta institucional en relación con las Alertas Tempranas emitidas, en este caso, para Bahía Solano y Juradó, la Defensoría del Pueblo afirma que "se presenta un incumplimiento de las recomendaciones por parte de las autoridades, se denota una falta de oportunidad en la adopción de medidas para atender los riesgos expuestos y de capacidad técnica para la implementación de las recomendaciones emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas".
"La presencia del narcotráfico vuelve mucho más agudo todo, donde se está moviendo mucha plata, todo es más complicado porque todo se une", expresan los liderazgos. La ubicación estratégica de los municipios de la Costa Pacífica por su conexión con el Océano Pacífico, la frontera con Panamá y, por ende, con el Océano Atlántico, ha generado la disputa por el control territorial de los grupos armados ilegales. Según los líderes y lideresas, la presencia del narcotráfico trae prostitución y el manejo de mucho dinero afecta el relacionamiento con las autoriades, porque no se confía en nadie. Además, agregan que "ahora todo muerto está relacionado con el narcotráfico y eso es no aceptar que tenemos dos temas: actores armados y narcotráfico".
Aunque en este territorio no se encuentran registros de hectáreas de cultivos de uso ilícito, los liderazgos expresan que la contaminación por químicos para el procesamiento de coca que utilizan en zonas aledañas "afectan los peces, los animales y cuando consumimos eso, nos enfermamos y nos pueden causar hasta la muerte".
Según la Armada Nacional, en respuesta a un derecho de petición fechada el 8 de junio de 2021, la institución desarrolla operaciones navales de forma permanente en esta área marítima y “del 2016 al 2021” han incautado cerca de 10 mil kilogramos de clorhidrato de cocaína en Juradó, 9.077 kg en Bahía Solano y 4.538 kg en Nuquí. En el mismo periodo de tiempo, realizaron la incautación de 1.038 kg de marihuana en Juradó, 2.222 kg en Bahía Solano y 1.115 kg en Nuquí.
Respecto al microtráfico, los liderazgos alertan que "nos tiene azotados, muchos desaparecidos, ya no hay jóvenes, todos están en las cárceles de Panamá" y que las cabeceras municipales son las más afectadas.
En la subregión de la Costa Pacífica, "todos los convenios internacionales del Estado con la zona y con el Puerto de Tribugá, trae problemas porque los actores armados se ubican ahí por esas razones", alertan los liderazgos. Uno de los megaproyectos que más ha impactado a la subregión y afectado a los liderazgos sociales es el Puerto Marítimo de Tribugá, promovido por la Sociedad Portuaria Arquímedes S.A, el cual integra la construcción de corredores viales, ferrocarriles y un oleoducto.
El 28 de octubre de 2020 fue encontrado el cuerpo de la lideresa ambiental Juana Perea Plata, quien había estado en contra de la construcción del proyecto portuario en el golfo de Tribugá, por las afectaciones ambientales que puede generar. Ante esta situación, la Sociedad Portuario Arquímedes manifestó que “la sociedad Arquímedes S.A., es una sociedad público privada de carácter comercial, que no participa de ninguna manera en actos beligerantes ni violentos y que de forma pública condena ese actuar". Los líderes y lideresas, por otro lado, manifestaron que “han tenido que bajar la guardia por las cuestiones de seguridad” tras las denuncias que estaban realizando en contra del proyecto en el golfo.
Francisco Acosta, director del proyecto y documental Expedición Tribugá, expone que "el mensaje que trata de transmitir el documental es que el golfo está en riesgo con la construcción de un puerto o cualquier obra así, que cambie drásticamente el funcionamiento de la región, que cambia los ciclos y las formas que se han utilizado allá por muchos años".
Esta área del Pacífico colombiana cuenta con un Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado Golfo de Tribugá, que contempla "actividades encaminadas a garantizar el bienestar económico, social y cultural del ser humano mediante la utilización sostenible de los recursos". Como parte de las actividades económicas incluidas dentro del Plan de Manejo Ambiental del DRMI, se encuentra el turismo "coordinado por asociaciones de mujeres y está articulado con una iniciativa regional que va desde Bahía Solano hasta el Bajo Baudó, con todas estas áreas protegidas, porque están apoyando la cosmovisión y el deseo de la comunidad de la permanencia del territorio", explican investigadores del proyecto Territorios Impostergables, que aborda, desde la comunidad, cómo se construye el bienestar y la forma en que éste influye en la planeación del territorio.
En el departamento del Chocó, la normativa que rige la cuestión territorial es la Ley 70 de 1993, que reconoce "a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico y establece mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico". Sin embargo, los liderazgos afirman que "no hay reconocimiento de la diversidad culturalmente en este territorio, hablaban que acá habían tierras baldías, entonces terminábamos siendo como animales, no nos reconocían".
Según la base de datos de la Unidad de Restitución de Tierras, en la subregión de Costa Pacífica se registran 115 solicitudes de restitución. Juradó concentra el mayor número de solicitudes con 56, seguido de Bahía Solano con 45 y Nuquí con 14.