San Juan

"Es difícil moverse con los actores armados ilegales en el territorio (...) uno dice, 'bueno, yo soy un líder reconocido en la comunidad, en el entorno, pero quién sabe que a estos 'vergajos' les dé por ensayar su dedo con uno", reconocen los líderes y lideresas de la subregión. También añadieron que "En los 12 municipios, los 10 consejos comunitarios y los 12 resguardos indígenas, en todos y cada uno de ellos hay presencia de actores armados ilegales. Existe el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia)".

Además, los defensores y defensoras de derechos humanos sostuvieron que en el San Juan hay un acuerdo de no agresión entre las AGC y el ELN. A pesar de que la Defensoría del Pueblo ha recogido esta versión en algunos de sus documentos de contexto sobre la región, al preguntársele a voceros de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, calificaron este acuerdo de “imposible”. Además, los voceros agregaron que las AGC no tienen la fuerza suficiente para atacar en el San Juan, pues la mayoría de las filas de hombres al margen de la ley en la subregión, según explicaron, son del ELN.

Líderes y lideresas manifestaron su preocupación porque las comunidades indígenas, consideran, están siendo especialmente susceptibles al reclutamiento forzado por parte de las AGC y el ELN. Uno de los métodos denunciados para realizar esta práctica son los campeonatos de fútbol organizados por los grupos armados, pero es poco lo que se habla de este tema. “Hay silenciamiento de las personas en territorio porque el que habla se sabe que habló”, afirman.

Además, resaltaron cómo anteriormente los actores paramilitares se presentaban ante las comunidades uniformados, con camuflado, pero en los últimos años andan de civil y por eso las comunidades se confunden, no saben quién es quién. "Uno va a Istmina y uno siente una cosa rara. Igual en Tadó... andan de civil".

En las sesiones de mapeo, los líderes y lideresas en diferentes ocasiones se refirieron al Chocó como una "bomba de tiempo". Algunos defensores y defensoras de derechos humanos de la subregión del San Juan abordaron esa analogía desde lo que perciben como "esa misma complicidad que existe entre los grupos ilegales y los mismos funcionarios del Estado". Según precisaron, tal y como en otras partes del país se lo han manifestado otros líderes y lideresas a La Paz en el Terreno, "acá no hay confianza, no se siente uno respaldado por la fuerza pública. Si uno va a denunciar un caso de atropello, un caso de violación por un grupo al margen de la ley, uno tiene que pensarlo muy bien para no ser revictimizado, porque existe ese complot, existe esa hermandad con esa gente y es una cosa que lo muestran hasta públicamente”.

Los líderes y lideresas también denuncian que miembros de la fuerza pública intentan utilizar a la comunidad como informantes, sin embargo, este actuar pone en riesgo a quienes denuncian, pues después pueden ser considerados objetivo militar. “Uno le dice a las comunidades que no hagan eso, que si el Estado quiere que ataque a quien tenga que atacar, pero con su inteligencia, buscando en el monte, no poniendo a las comunidades en tela de juicio”, aseguraron los líderes y lideresas. No obstante, representantes de la fuerza pública no manifestaron que su accionar configurara factores de riesgo para el liderazgo social en la región.

La desconfianza hacia las instituciones estatales también se da porque sienten que cuando presentan una denuncia, los grupos armados se enteran y llegan las amenazas. Las mujeres y la población LGBTI también se ven revictimizadas por instituciones que realizan preguntas que no están acordes a la hoja de ruta que se debe seguir cuando son agredidas.

“Los grupos armados le dicen a uno haga su trabajo comunitario que nosotros hacemos nuestro trabajo de guerra. Le toca a uno estar al margen de eso”, es lo que dicen los líderes y lideresas acerca de lo que ocurre en el territorio. En la región, el narcotráfico se mueve principalmente por el río San Juan hacia la Costa, lo que causa restricciones en la movilidad. Después de las 5 de la tarde, nadie se puede movilizar por el afluente, a no ser que sea una emergencia y se tenga permiso de los actores armados, denuncian las comunidades. De día, sin embargo, la Armada es la que controla la movilidad de las personas por el río como estrategia para frenar el tránsito del narcotráfico.

Según la Defensoría del Pueblo, "la subregión del San Juan también es geoestratégica para el desarrollo de actividades ligadas a la economía ilegal del narcotráfico, especialmente para la siembra de cultivos de uso ilícito y la articulación con todos los renglones de la cadena productiva, entre los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca y la subregión del Baudó y el Litoral Pacífico del Chocó", se lee en la Alerta Temprana 034-19.

Según información del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), para 2016 todos los municipios del San Juan, a excepción de Unión Panamericana y Cértegui, presentaban hectáreas de coca. Progresivamente mermó y para 2019 se contaron 757,45 hectáreas de las 1.248,09 de todo el departamento. En este mismo año, los municipios que presentaron cultivos de coca son Istmina (228,85 has), San José del Palmar (180,85 has), Sipí (110,08 has), Medio San Juan (81,23 has), Nóvita (69,32 has), El Litoral del San Juan (59,41 has), Condoto (11,23 has) y Río Iró (6,48 has).

Sin embargo, los líderes y lideresa resaltaron que, así como la minería y las minas antipersonal, "en el San Juan no hay ningún municipio libre" de cultivos de coca, y complementan con "que de pronto hay unos municipios que tengan más que otros, sí, pero libres, no".

En relación al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), fruto del Acuerdo de Paz, las comunidades del San Juan creyeron en este. Incluso, afirmaron que familias que estaban desplazadas en Bogotá, Cali o Medellín, que escucharon sobre el Programa, se devolvieron para el San Juan, dieron sus datos, firmaron papeles y no se logró nada. Lo que sí resaltaron es que finalmente con la información suministrada la fuerza pública llegó a erradicar forzadamente en algunas partes de la subregión.

"Cuando el Gobierno incumple, la comunidad lo que va a hacer es volver a su actividad y si no aprovecharon en esa coyuntura, ahora es muy complicado. ¿Sabe cómo se desaparece eso? Cuando llegue un producto que tumbe la expectativa de esa vaina, que la comunidad lo vaya abandonando sola. Esa es la única forma", dijeron los líderes y lideresas, y resaltaron que además, en concordancia con las propuestas de reforma rural, debe haber comercio asegurado para esa región fluvial, porque en varias comunidades los productos lícitos se están pudriendo en los campos.

Hernando Londoño Acosta, director técnico de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio, respondió que "seguido a la socialización del programa PNIS se suscribieron inicialmente acuerdos dentro de los cuales están las comunidades de las subregiones de San Juan y Baudó, los cuales no se ratificaron a través de acuerdos individuales". Señala que uno de los criterios para priorizar la implementación del PNIS en los territorios es la densidad de cultivos de uso ilícito y población, y que a raíz de un análisis comparativo "permite determinar que la densidad de cultivos de uso ilícito y de población en el departamento de Chocó, con respecto a otros departamentos y subregiones es bajo".

En la región de San Juan, los líderes y lideresas sociales hablaron con preocupación de dos empresas que han afectado a las comunidades: Eigthfold Colombia, antes conocida como Desarrollo e Inversiones Progreso Verde, y Condoto Platinum. Las comunidades tuvieron conversaciones con ambas empresas, pero no llegaron a ningún acuerdo.

Condoto Platinum llegó al departamento con la promesa de hacer minería a gran escala de platino. “Está en camino de iniciar uno de los proyectos de explotación de platino más grandes del país, en más de 100.000 hectáreas de ríos y selva chocoanos”, recogió el diario El Espectador en una columna publicada en 2013. Los líderes y lideresas dijeron que una parte del título minero de esta empresa está en territorio del Consejo Comunitario General del San Juan, Acadesan, y del Consejo Comunitario Cocoman.

Al momento de las negociaciones de la empresa con Acadesan, en 2012, corrieron rumores que aseguraban que el consejo mayor de este consejo comunitario había vendido el territorio a esta empresa para realizar actividades mineras. Esto desencadenó un intento de revocatoria de la junta directiva por parte de las entonces FARC, que pretendían ajusticiarla. Finalmente, con apoyo de la comunidad, la agresión por parte del entonces jefe guerrillero ‘Mamajuana’ no se materializó. Los líderes y lideresas resaltaron que estos procesos deben hacerse con transparencia y seguimiento de las comunidades para evitar la desinformación y que sus vidas se vean en peligro. En 2020, Condoto Platinum habría intentado nuevamente relacionarse con Acadean. “Con el cambio de Junta Directiva quisieron volver a entrar por medio de compañeros de Nóvita, pero ellos no quisieron apoyarlos”, afirmaron los líderes sociales.

Una parte de las comunidades de Consejo Comunitario de Cocoman apoyan el proyecto minero de Condoto Platinum, sin embargo, los líderes y lideresas resaltaron que aquel vínculo contractual que hay con la empresa minera es limitado, repercutiendo en que la autonomía y potestad de decisión sobre el título colectivo se ha visto condicionado por los acuerdos pactados en 2012 con la empresa minera. Además, resaltaron que los líderes que se opusieron al proyecto padecieron amenazas, una situación de riesgo que hasta el día de hoy persisten, según resaltaron. La Paz en el Terreno envió un cuestionario de preguntas a la empresa a través del único correo que pudo identificar, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Por otro lado, según la investigación Despojo invisible de una selva chocoana del portal Verdad Abierta, en el 2012, la sociedad Eightfold Colombia le propuso a las comunidades negras de Acadesan hacer un proyecto de bonos de carbono en el municipio de Sipí, planeando, en simultáneo, comprar 32.450 hectáreas de tierra en este territorio. Sin embargo, se trata de un título que se traslapa con el título colectivo del consejo comunitario. A mediados de 2013, la empresa compró el título que, según dicha investigación periodística, está nutrido por graves indicios de irregularidad, y el cual antes de llegar a Eightfold, habría pasado por diferentes manos que presuntamente habrían simulado la legalidad del título. Desde entonces, la disputa territorial entre Acadesan y la empresa, por este inmenso pedazo de Chocó, ha tomado diferentes matices sin resolución de alguna autoridad agraria.

Daniel Alexander White, un empresario canadiense de una cuestionada reputación en su manera de hacer negocios, a través de la empresa panameña Progreso Verde Holding Corp, controla las sociedades colombianas involucradas en el despojo. Según el portal Verdad Abierta, varios empresarios, firmas de abogados y empresas en Panamá, Estados Unidos y Canadá levitan alrededor de los negocios de White en Colombia. Hoy el título está en manos de la empresa Eightfold Biodiversity Bank (antes, Progreso Horizonte Verde), también de White.

El portal Verdad Abierta buscó a White para saber su versión sobre este asunto, pero, según indicó el equipo periodístico, White fue evasivo y no cumplió con los comunicados de prensa y encuentros que había prometido para defenderse ante las serias acusaciones que se documentan en esta investigación.

Según la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en los 12 municipios que conforman la subregión hay 697 solicitudes de restitución de tierras relacionadas con 667 predios. Los municipios con los números más altos de solicitudes son Tadó (225), San José Del Palmar (188) y Río Iró (91). Tanto los consejos comunitarios como los grupos indígenas han solicitado la ampliación de sus territorios, lo que ha generado algunas tensiones entre ambos grupos, ya que no hay hacia donde expandirse. “Tenemos problemas con los compañeros indígenas, porque ellos titularon primero y después nosotros, no podemos pedir ampliación donde ya está titulado”, aseguraron.

El principal conflicto territorial que mencionaron los líderes y lideresas es la disputa alrededor de las 32.450 hectáreas de tierra del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) con la sociedad Eightfold Colombia. La investigación Despojo invisible de una selva chocoana del portal Verdad Abierta descubrió que el empresario canadiense Daniel Alexander White está detrás de las empresas involucradas en la posesión del título y que las acciones de las autoridades agrarias para evitar un aducido despojo material han sido escasas. White fue consultado por el portal periodístico, sin obtener mayor respuesta.