Aunque las organizaciones que le hacen seguimiento a la situación del liderazgo social en todo el territorio nacional no marcan a La Mojana sucreña como un territorio de altos índices de violencias contra defensores y defensoras de derechos humanos, a través de los años se han presentado repetidas amenazas contra sectores que juegan un papel de representación, como lo es el docente.
En septiembre de 2018 la Asociación de Educadores de Sucre (Ades) indicó que en varios corregimientos del municipio de Majagual circuló un panfleto amenazante, supuestamente firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), contra profesores que eran acusados por acoso sexual contra estudiantes. Pero este tipo de amenazas no eran las primeras de su clase. Según documentó RCN Radio, en julio de 2016 las autoridades del departamento prendieron las alarmas ante la proliferación de panfletos contra 35 docentes de los municipios de Guaranda, Majagual y Sucre. Meses antes, en julio, una docente —que lideró en su municipio la campaña de Gustavo Petro— y su familia fueron amenazados de manera directa. Los líderes y lideresas explican que en todo el departamento se registran con frecuencia amenazas contra miembros del partido político Colombia Humana.
La Defensoría del Pueblo reconoce estas intimidaciones, para el caso de Guaranda y Majagual, 'los docentes que promueven medidas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en la población estudiantil, también son amenazados a fin de evitar la implementación de cualquier programa de prevención al interior de las instituciones educativas', se lee en el Informe de Riesgo 042-17.
En el 2019, El Universal registró que las amenazas continuaban. Para finales de enero de ese año, el medio del Caribe documentó que había ocho casos de docentes y un directivo docente amenazados en los municipios de San Marcos, Sucre, Majagual, Guaranda y San Onofre.
Pero, por otro lado, es necesario contemplar el universo de violencias contra líderes, lideresas y sus comunidades dentro de una constante de silencio y desconexión con el Estado. 'No hay garantías porque en la Mojana sucreña que colinda con la Mojana cordobés y Antioqueña, nunca hubo desmovilización', indican. Por eso, es desconocido hasta para varios líderes de otras regiones del departamento lo que ocurre en la subregión. De aquí que el número de violencias que registran los organismos que le hacen seguimiento a la problemática del liderazgo social no se corresponde, indican, con la realidad.
Ante el panorama completo de agresiones y de control de actores armados ilegales, los líderes concluyen que 'la llegada de Duque ha sido difícil, pero los años que vendrán, serán peores'.
Según el Informe de Riesgo 042-17, 'la región —La Mojana— se encuentra alejada de los principales ejes viales de la Región Caribe, así como de los centros administrativos y políticos del departamento de Sucre, por lo que la comunicación y la capacidad de reacción inmediata de las autoridades regionales es tardía'. Sobre este punto son enfáticos los líderes y lideresas, pues además de resaltar las distancias, cuestionan los recursos y el número de miembros de la institución para atender las situaciones de la subregión.
El Sistema de Alertas Temprana (SAT) de la Defensoría del Pueblo en Sucre confirma la situación, que se venía señalando desde el Informe de Riesgo de 2017. La capacidad de respuesta es precaria, pues, indica, no se cuenta con los suficientes hombres para responder a las problemáticas de La Mojana sucreña que, si bien no desconocen, la respuesta en repetidas ocasiones es que no tiene la suficiente gente o recursos. El SAT explica que se le ha pedido a la Fuerza Pública que instalen algún puesto, estación o relacionado en el territorio que permita mayor capacidad de respuesta en los municipios. Sin embargo, la Fuerza Pública le ha respondido al SAT que si van a ampliar la capacidad de respuesta deben ponerles a su disposición lanchas y todo lo que se necesita para desplazarse en el territorio.
Al respecto se le preguntó al Ejército Nacional, mediante derecho de petición, con cuántos hombres cuenta la institución para incidir en el departamento de Sucre, particularmente sobre la Mojana, y si las Fuerzas Militares cuentan con los instrumentos y presupuesto suficiente para movilizarse y garantizar seguridad en la región de la Mojana Sucreña. Sin embargo, el Ejército redireccionó el cuestionario al coronel de Infantería de Marina, Fernando Álvarez Martínez, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, pero, en la respuesta de la Marina explican, es la Brigada 11 del Ejército Nacional la que tiene jurisdicción en La Mojana Sucreña. Por tanto, el Ejército Nacional omitió la respuesta a esta pregunta.
Respecto a la labor de los funcionarios públicos de la región, indican que persisten casos de corrupción y que denunciar estos hechos contrae riesgos para los líderes. Además, cuentan que es constante que los alcaldes, personeros y otros funcionarios de las administraciones territoriales estén amenazados por grupos armados ilegales. El Informe de riesgo 042-17 exponen que las AGC 'han recurrido a la amenaza de algunos funcionarios públicos de la actual administración de Guaranda, entre los que se encuentran el Personero y el Alcalde Municipal'. Según fuentes del territorio, en 2020 algunos funcionarios públicos han sido amenazados, sin embargo, han preferido no hacer sus casos públicos.
Sobre temas de connivencia con los actores armados ilegales, el SAT indica que hay denuncias viejas pero que no se ha probado que sean ciertas.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —'Los Urabeños' o Clan del Golfo, como suelen ser llamados— son el grupo con mayor incidencia en la subregión desde 2013, pues tras la desmovilización del Bloque Mojana de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estructuras residuales se disputaron la región de la Depresión Momposina hasta que en 2013 las AGC cooptaron el control. Hoy condicionan a las comunidades a través del orden público, sanciones económicas —por eso se les llama la 'DIAN rural'—, restricciones a la movilidad, entre otros.
Los líderes y lideresas aseguran que no siempre se trata de grandes estructuras, en muchos casos se mueven grupos de cinco a 10 hombres armados. En algunas ocasiones, grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) transitan por la región en sus desplazamientos a otras locaciones de la geografía nacional y, aseguran los líderes y lideresas, ponen en riesgo a la población si esta se niega a prestar los servicios que le soliciten. Uno de los riesgos que documentó la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 003-2020 en relación a este grupo armado es que hace presencia esporádica en corregimientos de Majagual y Guaranda para reclutar adolescentes y jóvenes.
De otro lado, los líderes y lideresas indican que hay una alianza entre las AGC, 'Los Caparros' o Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA) y lo que se ha conocido como el 'Clan de Sinaloa' con incidencia en el sur del departamento de Bolívar y el Bajo Cauca Antioqueño.
'Los homicidios en La Mojana no han sido visibilizados (...) Es difícil que desde Sincelejo visitemos esas comunidades, porque la gente allí está acomodada a convivir con los actores ilegales. Terminan siendo los mismos muchachos de la zona los que trabajan con ellos', cuentan los líderes y lideresas, por la falta de oportunidades.
La situación de riesgo descrita por la Defensoría en 2017 en el Informe de Riesgo 042 para Majagual y Guaranda persiste. 'Las AGC vienen diversificando su accionar y formas de instalarse en el territorio, a fin de administrar el miedo a través de los dispositivos de violencia letal y de baja intensidad para lograr su objetivo que es la expansión territorial de su dominio y control absoluto de las rutas del narcotráfico', se lee en la Alerta Temprana 003-2020.
Durante la pandemia, los líderes y lideresas evidenciaron el fortalecimiento de los grupos armados, al poder realizar sus actividades con mayor libertad, e incluso, ante la incertidumbre los líderes se silenciaron.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) son los actores que ostentan, y por tanto se benefician, del narcotráfico, así como el 'menudeo' en los municipios de la región. Guaranda y Majagual conectan los centros de producción entre sí y a los puertos naturales en el Mar Caribe.
Esta región sur del departamento debe entenderse más allá de divisiones político-administrativas, relacionándose entre los municipios de la subregión y con municipios de Córdoba, Bolívar y Antioquia. La presencia del río Cauca es empleado para el tránsito de drogas y otras economías ilegales, como corredor que baja por el departamento de Bolívar, pasando por el municipio de Guaranda en Sucre; Camatal, Galindo, San Jacinto de Achí en Bolívar y llega hacia el municipio de Nechí del Bajo Cauca Antioqueño y sigue su trayecto hacia el sur del país.
Según el Informe de Riesgo 042-17 para el sur del departamento de Bolívar y el sur de Córdoba, 'el dominio sobre Guaranda y Majagual, permite al grupo armado ilegal hegemónico, controlar las rutas del narcotráfico y de otras economías ilegales entre los departamentos de Córdoba, Bolívar y Antioquia, a través del intrincado sistema de caños, ciénagas y arroyos que comunica a los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge'. Además, explica que la baja densidad poblacional en el sur de La Mojana sucreña es propicio para que no haya interferencia entre las zonas de cultivos y las zonas de procesamiento de coca del departamento.
Según la Defensoría del Pueblo, los profesores que han emprendido esfuerzos para evitar el consumo de estupefacientes en niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) han sido amenazados en repetidas ocasiones por los grupos armados ilegales. En el mismo informe de riesgo, la Defensoría ratifica una preocupación unánime de los líderes y lideresas: 'La población joven y dependiente de las drogas representa para el grupo armado una potencial reserva de colaboradores. Por otro lado, el involucramiento de algunos sectores de la población en esta economía ilegal se refuerza por las bajas expectativas de desarrollo económico y laboral que ofrece la región aunado al dominio ejercido por el grupo en los municipios'.
Los líderes y lideresas indicaron que uno de los asuntos que se relaciona con empresarios o intereses empresariales en la subregión es la ganadería de búfalo que está generando deforestación. Al ser consultada la Corporación de Desarrollo Sostenible para el San Jorge y la Mojana (Corpomojana) sostuvo que tenía conocimiento de dicha actividad agropecuaria en la subregión, pero 'no tenemos denuncias o quejas sobre daños en cultivos'. Además, sostuvo que en su Plan de Acción Institucional 2020 - 2023 estableció la ejecución de un proyecto denominado ‘Formulación, evaluación y seguimiento a la problemática generada por la introducción de Búfalo en la jurisdicción de Corpomojana’.
La Corporación también reconoció que recientemente para el caso del municipio de Guaranda, no ha podido adelantar algunos procesos misionales por la reactivación de grupos al margen de la ley.
Además, fue enfática en que la relación de la Corporación con los líderes y lideresas es respetuosa y cordial, reconociendo, asegura, la importancia que tienen dentro de sus comunidades, y sostiene que desde Corpomojana hacen lo posible por brindarle garantías a 'los diferentes liderazgos ambientales existentes en la jurisdicción, para que ejerzan la función que les confiere la misma ley'.
'La mayoría de las muertes que se están dando es por la tierra. No hay garantías. Por mucho que queramos hacer y pronunciarnos, no quieren ver', indican los líderes y lideresas. Según ellos el eje de violencia por tema de tierras viene de Montes de María y baja hacia el sur: la subregión de San Jorge y La Mojana. Uno de los conflictos territoriales que más recuerdan los líderes y lideresas tuvo lugar el 25 de enero de 2018, cuando masacraron a tres miembros de una sola familia que se disponían a instalar una cerca en una finca del corregimiento de La Guaripa.
Según informó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice): 'El objetivo era trazar los linderos de su propiedad con el respaldo de una orden policial, dado que les ha sido negado el acceso desde el 2016, para acceder a las 692 hectáreas —la Defensoría del Pueblo en AT 003-2020 indica que son 472 hectáreas— que les corresponden, ya que el señor William Martínez solo compró 608 hectáreas de las 1300 que tiene la finca La Concepción'.
Martínez, exdirector de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre), fue vinculado al proceso como determinador de los asesinatos, sin embargo, como medida de aseguramiento se le dictó casa por cárcel, la cual cumplió durante 300 días hábiles sin materializarse el juicio oral, superior a los 240 días que se establece como máximo según el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. Por esta razón, en julio de 2019 el Juzgado Promiscuo Municipal de Sucre aceptó la solicitud de libertad de la defensa.
Dentro de este caso, algunos medios como Las2Orillas registraron que el actual alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, —entonces candidato al cargo— estaba relacionado con William Martínez y jugó un papel en el negocio de la compra de La Concepción. Los líderes y lideresas denunciaron que Andrés Gómez en algunas ocasiones participó de las conminaciones contra los labriegos de la región. Al respecto, La Paz en el Terreno le preguntó por estos señalamientos a través de un derecho de petición de información, sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
En la subregión de la Mojana hay un total de 176 solicitudes de restitución de tierras que involucran 170 predios, según datos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Respectivamente, Guaranda tiene 34 solicitudes que involucran 32 predios, Majagual 81 solicitudes con 77 predios y Sucre 61 solicitudes con 61 predios.
Otro de los grandes conflictos que, relatan los líderes y lideresas, tiene que ver con la finca La Navidad, ubicada en el corregimiento de Malambo en Sucre, Sucre, la cual, explican fue comprada hace más de 25 años. 'A los 20 años llegó el dueño diciendo que se sentía víctima del Estado. Ahora, el gobierno le debe a él y está en proceso jurídico. Ha habido amenazas, han llevado paramilitares, ESMAD', cuentan. Según un texto redactado por José Fredy Aguilera Garavito, director del Centro de Promoción de Desarrollo (Ceprod), en relación a este predio 'los campesinos beneficiarios de la adjudicación de esta, soportan el asedio, intento de desalojo y quemas de ranchos porque una familia terrateniente dice no haberle vendido todas esas tierras al Estado y existen otros conflictos en esa zona aún no expresos abiertamente en relación con disputas de tierras', se lee.