San Marcos y San Benito Abad

Organizaciones de derechos humanos como Somos Defensores, Indepaz, la Defensoría del Pueblo, Marcha Patriótica y la Misión de Observación Electoral registraron entre 2017 y octubre de 2020, seis casos de asesinatos de líderes y lideresas en el municipio de San Marcos y tres amenazas en San Benito Abad. Sin embargo, durante el ejercicio de mapeo con las comunidades de la región del San Jorge, se pudo identificar más casos perpetrados en estos municipios y que no han sido registrados por estas organizaciones que consolidan las cifras de agresiones a los liderazgos sociales en el país. Esta situación responde a un silenciamiento generalizado y miedo a la denuncia.

Los liderazgos más afectados son los reclamantes de tierras, LGBTI+, víctimas y comunal, quienes manifiestan que 'hay un déficit en la seguridad para los líderes, en especial los campesinos, porque hay mucho miedo, desorganización y desarticulación de los liderazgos'. Según la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana 003-20, se identificó que en los municipios de San Marcos y San Benito Abad se presentan amenazas individuales y colectivas. Las primeras por medio de llamadas telefónicas y mensajes directos, y las segundas con panfletos. La población en mayor situación de riesgo, referenciada por la Defensoría del Pueblo, son 'los líderes y lideresas campesinas que reivindican derechos para el acceso, uso y usufructo de los baldíos de la Nación en San Benito Abad'.

En los municipios de San Marcos y San Benito Abad, que componen la subregión del San Jorge, la Fuerza Pública hace presencia con estaciones de Policía en los cascos urbanos y a nivel rural. El Batallón de Infantería Nº 33 'Batalla de Junín', adscrita a la Brigada 11 del Ejército Nacional, hace presencia en las zonas rurales de estos municipios.

Para los líderes y lideresas, los posibles nexos entre Fuerza Pública y los actores armados ilegales que hacen presencia en el territorio, 'limitan la participación social, el desarrollo de los liderazgos y los temores propios de la comunidad'. El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en Sucre indica que las denuncias por connivencia entre Fuerza Pública y actores ilegales vienen desde años atrás pero nunca se ha comprobado nada.

Al respecto se le preguntó al Ejército y a la Policía del departamento si tenían conocimiento sobre estigmatizaciones a los liderazgos por parte de la Fuerza Pública. El 2 de diciembre de 2020 la Primera División del Ejército direccionó el derecho de petición de información enviado por este medio a la Brigada de Infantería de María No. 1, pero al cierre de la edición no se recibió respuesta.

La ubicación geográfica de los municipios de San Marcos y San Benito Abad, entre caños, ciénagas y arroyos, permite la conexión con los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge generando un interés para grupos armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo para 'el transporte de mercancías ilegales hacia los mercados nacionales e internacionales', según la Alerta Temprana 003-20 de la Defensoría del Pueblo. Los liderazgos identifican presencia generalizada y control territorial por parte de las AGC en los municipios de San Marcos y San Benito Abad. En este último, se referencia actividad del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona conocida como Santiago Apóstol.

Los líderes y lideresas de la región alertan que el microtráfico se encuentra tanto en lo urbano como en lo rural de los municipios de San Marcos y San Benito Abad. Entre 2017 y 2019, según la Alerta Temprana 003-20 de la Defensoría del Pueblo, se realizaron 82 capturas por tráfico de estupefacientes en el municipio de San Marcos y 56 en San Benito Abad.

Respecto al narcotráfico, la Defensoría del Pueblo referenció una ruta que inicia en San Jacinto del Cauca (Bolívar) y pasa por San Benito Abad buscando la salida por el mar cruzando las sabanas hasta llegar al Golfo de Morrosquillo (San Onofre, Sucre). San Benito Abad es considerado como un municipio clave para los negocios del narcotráfico porque en el corregimiento de Corral Viejo se encuentran unas pistas para el tráfico de droga, las cuales han sido atacadas por la Fuerza Pública en cerca de seis ocasiones y esta prevalece. Para los líderes y lideresas, 'la labor (de liderazgo) se está haciendo imposible porque quieren apoderarse del narcotráfico y las tierras de los campesinos y que no hagamos las denuncias', alertan.

La Corporación de Desarrollo Sostenible para el San Jorge y la Mojana (Corpomojana) tiene jurisdicción en las subregiones del San Jorge y La Mojana, ubicadas al sur del departamento de Sucre, que comprende un área de 5.545 km2, según la página oficial de la Corporación.

Corpomojana le aseguró a La Paz en el Terreno que la relación que tienen con los líderes y lideresas 'es de respeto y cordialidad, tenemos en cuenta sus recomendaciones y siempre estamos en la disposición de trabajar de manera articulada, teniendo en cuenta el papel que cumplen y su deseo de trabajar por el cumplimiento y garantía de los derechos humanos y el medio ambiente'.

Los municipios de San Marcos y San Benito Abad concentran 124 solicitudes de restitución, es decir, el 3,8 % de solicitudes del departamento de Sucre, según una base de datos de la Unidad de Restitución de Tierras. En octubre de 2020 se registró una masacre perpetrada en la vereda Calle Nueva, ubicada entre los municipios de San Marcos y San Benito Abad, tras denuncias de procedimientos de desalojo aparentemente ilegal. Sobre este asunto, los líderes y lideresas alertan que 'las muertes que más se están dando es por la tierra. No hay garantías, por mucho que queremos hacer y pronunciarnos, no quieren ver, no hacen nada... además, la impunidad también genera un riesgo en la región'.