En la región costeña de los Montes de María, las agresiones a líderes y lideresas sociales han sido poco denunciadas por las entidades responsables. De los 22 casos de agresión registrados desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, 18 son amenazas, todas entre 2019 y 2020. Los liderazgos alertan la reactivación de la violencia y el control territorial de grupos armados ilegales por las rutas del narcotráfico.

Por: Valeria Arias Suárez, Carlos Mayorga y Silvia Corredor Rodríguez, periodistas de La Paz en el Terreno*.

En los primeros días de enero del 2021, los habitantes del corregimiento de El Salado en El Carmen de Bolívar denunciaron la circulación de un panfleto en el que las Águilas Negras sentencian de muerte a líderes sociales de la comunidad. Con sus fotografías, este grupo armado afirmó que se encuentran presentes en el territorio y que es la “segunda advertencia para que abandonen El Salado Bolívar o el plomo irá por ustedes”. Esta situación prendió las alarmas para proteger la vida de los liderazgos y evitar que se repita la violencia de las masacres y desplazamientos de los años 1997 y 2000, cuando fueron asesinadas con sevicia 60 personas. El 5 de febrero de 2021, el presidente Iván Duque visitó El Salado y manifestó que la Fuerza Pública fortalecerá el trabajo de seguridad y protección en El Carmen de Bolívar y que en los próximos días acompañarán “estas intervenciones con el equipo de acción integral de nuestro Ejército, La Armada y la Policía”. Sin embargo, estos anuncios no mitigan el miedo ni solucionan los problemas de fondo detrás de esta violencia.

La subregión de los Montes de María está ubicada en el corazón del Caribe colombiano y la componen ocho municipios ubicados al norte del departamento de Sucre y siete de Bolívar. Por San Onofre (Sucre), un puente que conecta a los dos departamentos, transitan las dinámicas del conflicto armado que limitan los liderazgos sociales como el narcotráfico, el microtráfico, la presencia y el control territorial de grupos armados ilegales. (Para más información consulte Liderazgo en Sucre: una labor de ‘bajo perfil'). La conexión de San Onofre se da gracias a la Troncal Caribe, que une los Montes de María con el golfo de Morrosquillo y el sur del país.

En medio de las montañas, llanuras costeras y la conexión con el río Magdalena y el mar Caribe, la región de Montes de María siempre fue considerada una despensa agrícola del país, pero con la apertura económica de la década de 1990 todo cambió. Los reclamos de las comunidades campesinas del municipio montemariano de María La Baja no se hicieron esperar ante los problemas de acceso al agua y el acaparamiento de tierras explotadas por la agroindustria de la palma de aceite. “Mientras los campesinos abandonaban sus tierras y los paramilitares aumentaban su presencia en la zona, el negocio de la palma echaba sus raíces”, expone la investigación Los Acuatenientes realizada por Verdad Abierta y Rutas del Conflicto en María La Baja.

El Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) dominó esta zona, y entre 1996 y 2003 cometieron 42 masacres, según los registros del grupo de Memoria Histórica de la antigua Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Con la desmovilización de este bloque en el año 2005, se gestó un tránsito en la región de “epicentro del conflicto”, que databa desde los 90, a “laboratorio de paz”.

Durante años, los procesos organizativos comunitarios y campesinos se fortalecieron, las miradas nacionales e internacionales estaban puestas en esta subregión, que prometía ser un ejemplo de la construcción de paz y de reparación de las víctimas del conflicto armado. Incluso tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las antiguas FARC, los Montes de María fue una de las zonas priorizadas para implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), instrumento de planificación y gestión de los componentes de la Reforma Rural Integral (punto 1 del Acuerdo) en territorios afectados por el conflicto armado.

“Montes de María está en el centro y mucho nos está influyendo el sur de Córdoba, pero también las conflictividades de la región Caribe”, alertan los liderazgos sociales de la región. Una de las más preocupantes es la presencia y el control territorial de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o también conocidas como ‘Clan del Golfo' o ‘Los Urabeños', la más grande confederación criminal heredera de las desarticuladas AUC. Desde la firma del Acuerdo, este grupo armado ilegal está ocupando las zonas despejadas por las FARC, en especial, las que han sido utilizadas para el negocio del narcotráfico con salida al mar Caribe, como lugares en Sucre y el sur de Córdoba. Según la Defensoría del Pueblo, las AGC han “logrado controlar los corredores de movilidad del mercado local y regional del narcotráfico, que le posibilitan transportar la producción de pasta básica de coca desde las zonas de cultivo (sur de Bolívar y departamentos vecinos) hacia los sitios donde se encuentran los laboratorios para la obtención de cocaína y de exportación hacia los mercados internacionales (a través del puerto de Cartagena)”.

En el municipio de San Onofre se encuentra uno de los principales puntos de control y bases de operaciones de las AGC, desde donde vigilan la entrada al golfo de Morrosquillo. “Han llegado a la región para posicionarse”, acotan los liderazgos y preocupados por los jóvenes mencionan: “tenemos el caldo de cultivo que son los jóvenes porque son permeables y más con esta pandemia y las dificultades económicas”. El 2 de octubre de 2020, aparecieron panfletos y grafitis con las siglas AGC en las casas de los municipios de Arjona, El Carmen de Bolívar, María La Baja y San Juan Nepomuceno, según reportó Caracol Radio, situación que alertó a las comunidades de Montes de María.

El fortalecimiento de este grupo armado ilegal en la región ha afectado a la población y en especial a los liderazgos sociales. El 12 de junio de 2018, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta de Inminencia 051-18 para “proteger los derechos fundamentales de los miembros de la Mesa Municipal de Víctimas” y los líderes del Movimiento Pacífico de la Alta Montaña del municipio de El Carmen de Bolívar. Sin embargo, el programa Somos Defensores registró cinco amenazas contra el Movimiento Pacífico de la Alta Montaña en marzo de 2019, presuntamente realizadas por las disidencias de las FARC.

Para la región de los Montes de María, la Defensoría del Pueblo ha emitido tres Alertas Tempranas más, la 061-18 para San Onofre, la 004-19 para María La Baja y la 006-20 para El Carmen de Bolívar. A pesar de estas advertencias, las agresiones a los liderazgos no cesaron en estos municipios y hasta el 2020 se registraron: seis casos en San Onofre, uno en María La Baja y un caso en El Carmen de Bolívar.

La presencia de las AGC ha generado roces entre los liderazgos y la Policía, que dice desconocer la presencia de grupos residuales del antiguo Bloque Montes de María de las AUC y el fortalecimiento de estructuras criminales. El Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA) del Departamento de Policía de Sucre expresó, según la respuesta del Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de Sucre, que “no tiene conocimiento si algún grupo armado ilegal sean los causantes de asechar o interrumpir las labores de los líderes sociales o defensores de derechos humanos, toda vez que no se cuenta con ninguna denuncia interpuesta por estas personas que ejercen esta labor social”.

“Ellos –los actores armados ilegales– no dejaron de aumentar su accionar con el COVID-19, pero las instituciones no actúan cuando deben actuar", denunciaron los liderazgos en el evento "Liderar la vida en Montes de María", realizado en diciembre de 2020 en San Juan Nepomuceno (Bolívar). La omisión por parte de la Fuerza Pública y el “no desmantelamiento de las bandas criminales” son identificadas por los liderazgos como las agresiones más inminentes para su labor y la causa de su desconfianza hacia la institucionalidad.

Hoy, a los ojos de los líderes y lideresas, el conflicto está regresando a los Montes de María y la tranquilidad que sintieron durante algunos años con los antiguos procesos de desmovilización, se está esfumando para darle paso al miedo y la zozobra. Con el fin de visibilizar las agresiones a los líderes y lideresas de los Montes de María, La Paz en el Terreno realizó unas cartografías de la mano de los liderazgos con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Según un cruce de bases de datos realizado por La Paz en el Terreno con información del Programa Somos Defensores, la Defensoría del Pueblo e Indepaz-Marcha Patriótica, desde la firma del Acuerdo de Paz se registraron 22 agresiones a líderes y lideresas sociales. Los liderazgos más afectados, según lo documentado por estas organizaciones, son los de víctimas con 9 casos, seguido de los de derechos humanos con 7 casos.

Los municipios en los que se concentran las agresiones a los líderes sociales son: El Carmen de Bolívar (12 casos), San Onofre (7 casos), Ovejas (2 casos) y en María La Baja (1 caso). Durante el ejercicio de mapeo, los liderazgos de Montes de María resaltaron otros casos de amenazas que no aparecen registrados por estas organizaciones, por ejemplo, las agresiones a los líderes y lideresas LGBTI+.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, organización que se dedica a la promoción de los derechos de las personas LGBTI+ en el Caribe colombiano, comentó que en Montes de María “retornaron las amenazas con panfletos a líderes de Zambrano y El Carmen, algunos con esquema de protección. El hostigamiento de actores ilegales paramilitares volvieron a intimidar a los liderazgos LGBTI que realizan actividades en el espacio público, en especial, en El Carmen de Bolívar”.

El Carmen de Bolívar es uno de los municipios más afectados por el recrudecimiento de la violencia hacia los liderazgos LGBTI+ y allí se creó la primera sede de Caribe Afirmativo en el 2011, año en que se fundó la organización. Montes de María fue la primera región costeña en la que Caribe Afirmativo comenzó la documentación de las afectaciones a esta población en el marco del conflicto armado, expresó Castañeda.

Las lideresas también se han visto afectadas en la subregión; de los 22 casos registrados, 10 corresponden a mujeres. Las agresiones a las lideresas no solo son de forma directa sino también a sus familiares. El 15 de octubre de 2020, en el corregimiento de Canutal del municipio de Ovejas (Sucre), asesinaron a Eder Enrique Campo Castilla, hijo de la lideresa social Etilvia Campo de Castilla. En muchos casos, las consecuencias de las agresiones o amenazas a las lideresas generan desplazamiento de todo el núcleo familiar, pues su rol no les permite abandonar su comunidad. “A nosotras como mujeres se nos dificulta desprendernos de los hijos. Una como mujer piensa ‘cómo dejo a mi familia, a mi mamá'”, resaltaron las lideresas durante el mapeo.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, el año con más agresiones registradas en los Montes de María fue 2019 con un total de 14 amenazas. El teniente coronel Carlos Andrés Tique Bonilla, comandante de Operativo de Seguridad Ciudadana de Sucre, en respuesta a un derecho de petición enviado por este medio, explicó que basados en las denuncias que los líderes sociales allegan, la coordinación de Derechos Humanos del Departamento de Policía Sucre identifica constantes amenazas manifestadas en llamadas, mensajes de texto, panfletos intimidatorios, entre otros. Las AGC o Clan del Golfo son los principales responsables de estas amenazas, según los registros de las entidades que le hacen seguimiento a la situación de seguridad, y al utilizar esta modalidad, la documentación de cuántos y cuáles son los liderazgos en riesgo se complejiza por el miedo a la denuncia.

El Gaula, en coordinación de la Fiscalía, viene liderando investigaciones sobre los integrantes de las AGC en el territorio y para combatir el crimen organizado en la zona, el Ministerio de Defensa creó la Fuerza de Tarea Conjunta de los Montes de María en septiembre de 2020. Para los liderazgos la respuesta militar a su situación de inseguridad significa aún más peligro. “El Estado lo único que va a seguir haciendo es militarizar, eso nos pone en más riesgo. Por eso, la manera más propia que tenemos de protegernos es organizarnos y compactarnos comunitariamente”, expresaron los líderes y lideresas.

La Paz en el Terreno envió un derecho de solicitud de información a las gobernaciones de Bolívar y Sucre para conocer la relación de las administraciones con los líderes y lideresas y las rutas de acción para afrontar la situación de vulneración a sus derechos. Al cierre de esta edición, no se recibió respuesta.

El ejercicio de liderazgo comunitario que los habitantes de los Montes de María han realizado durante años recientes les ha permitido sentirse “más empoderados y resistentes”. Sin embargo, la reactivación del conflicto armado en la región ha cambiado el panorama. “Los protagonistas no somos nosotros, lamentablemente, ahora son los actores armados. Tenemos que decir que los líderes somos todos, que somos comunidad y dejar el yoísmo, porque eso es lo que nos pone en peligro”, expresa uno de ellos.

El Carmen de Bolívar es uno de los más afectados y se ha convertido en el lugar con más agresiones a los liderazgos sociales, pues concentra el 54% de los casos en los Montes de María. Según los líderes y lideresas asistentes al ejercicio de mapeo, en este municipio se maneja un discurso guerrerista, antirestitución de tierras y antiliderazgos. Además, también es catalogado como el epicentro que conecta las rutas del narcotráfico dominadas por grupos armados paramilitares.

El Carmen de Bolívar: el corazón de la violencia

El municipio de El Carmen de Bolívar está ubicado justo en el corazón de los Montes de María, en el límite entre los departamentos de Sucre y Bolívar. La conectividad por medio de las troncales de Occidente, Caribe y Contenedores facilitan “la comunicación hacia diferentes ciudades capitales como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Montería, Sincelejo y el Urabá antioqueño. Es también una salida estratégica hacia el mar Caribe por el golfo de Morrosquillo a través de la zona montañosa del municipio y por el norte del departamento a través del municipio de María La Baja”, expresa la Defensoría del Pueblo en su alerta Nº 006-2020.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o ‘Clan del Golfo' son los que controlan el negocio del narcotráfico en la zona y, presuntamente, es el único grupo armado ilegal que hace presencia en todos los municipios de los Montes de María. Algunos líderes y lideresas alertan la visita de posibles disidentes de las FARC que regresaron al territorio, y según investigaciones de la Defensoría del Pueblo, con el fin de recuperar material de guerra o ‘caletas'. Aunque no hay mucha información sobre las demás actividades de las supuestas disidencias, en el municipio vecino de Ovejas (Sucre) los liderazgos indican que se han presentado casos de estigmatización y amenazas contra los excombatientes de las FARC y defensores del Acuerdo de Paz.

Según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), no se encuentran registradas hectáreas de coca en ninguno de los municipios que componen la subregión de los Montes de María. Sin embargo, el microtráfico se extiende a lo largo del territorio y en el caso de El Carmen de Bolívar, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha identificado que allí se pueden vender hasta 20.000 dosis al día de diferentes drogas.

El Carmen de Bolívar es el segundo municipio con mayor extensión de tierra en los Montes de María, después de San Onofre, y concentra 2.465 solicitudes de restitución de tierras, es decir, el 45% del total de requerimientos de los siete municipios de los Montes de María bolivarenses y el 31% de toda la subregión. Según datos suministrados por la Unidad de Restitución de Tierras a La Paz en el Terreno, a enero de 2021, de las 7.883 solicitudes de restitución que se concentran en la subregión, “se han definido en etapa administrativa 7.754, dentro de las cuales 1.250 cuentan con sentencia judicial, beneficiando a 3.466 personas y restituyendo un aproximado de 16.625 hectáreas”.

En la región de los Montes de María, la violencia contra los reclamantes de tierras y contra personas en proceso de retorno y reclamación de predios está latente. Aunque las organizaciones consultadas no cuentan con registros de estas agresiones, la Defensoría del Pueblo resalta que en la zona baja del municipio de El Carmen de Bolívar es donde más se concentran la mayoría de las solicitudes, pues allí se ubicó uno de los asentamientos más importantes del Frente 37 de las FARC y “donde sus pobladores fueron víctimas de la posterior arremetida paramilitar”.

Los liderazgos de la región comentan que el apoyo de la Fuerza Pública y la institucionalidad para retornar a sus predios no se da de forma exitosa porque “los funcionarios eran amigos políticos de quienes tenían en propiedad las tierras”. La Paz en el Terreno envió un derecho de petición de información a la Alcaldía de El Carmen de Bolívar para conocer qué acciones estaba tomando en el acompañamiento de procesos de restitución de tierras en el municipio. Al cierre de esta edición, no se recibió respuesta. Las 15 alcaldías de los municipios que conforman la subregión también recibieron un derecho de petición de información, por parte del equipo de La Paz en el Terreno, para conocer las labores de mitigación y rutas de acción para afrontar la situación de vulnerabilidad de los liderazgos de los Montes de María; solo los mandatarios de los municipios de Chalán, Colosó y Ovejas respondieron.

El secretario de Gobierno de Chalán, Osbaldo García Yepez, indicó que tras conversaciones con el comandante de la estación de Policía municipal no se tiene conocimiento de denuncias formales de actores armados ilegales, solo comentarios de "personal extraño". Por su parte, tanto Yulieth Guerra Peralta, secretaria del Interior Municipal de Morroa, como Claudia Beltrán Anaya, secretaria General y de Gobierno Municipal de Ovejas, sostuvieron que en sus municipios no hay actores armados ilegales. Además, el funcionario de Chalán fue el único que aseguró conocer algún tipo de violencia contra los liderazgos: “En cuanto a la afectación de la labor del liderazgo social, manifiesto que tenemos un caso en el cual una líder social manifestó a las autoridades de Policía una serie de intimidaciones vía telefónica y sobre el particular los miembros de inteligencia de la Policía y el Gaula militar de Sucre, están trabajando en las investigaciones del caso”.

La ganadería extensiva también fue identificada como un factor de riesgo para el desarrollo óptimo de los procesos de restitución en la subregión, por parte de los liderazgos. Históricamente las reformas agrarias implementadas en el país, en las que se buscaba iniciar procesos de titulación de tierras, llevó a que “la respuesta de los patrones fue la expulsión de los labriegos, cuya vida había estado asociada al trabajo de las haciendas montemarianas. Alrededor de 30.000 familias campesinas fueron condenadas al exilio y los campos desocupados sirvieron para imponer la ganadería intensiva”, expone Indepaz en su informe “Análisis regional de los Montes de María”. Este problema sigue teniendo vigencia en la actualidad y los liderazgos resaltan que la ganadería extensiva también ha generado afectaciones en la tierra, lo que se traduce en predios inadecuados para la agricultura.

La presencia de empresas como Tekia, filial del grupo Argos, en la parte sucreña, y Monterrey Forestal Ltda y Oleoflores, en la parte bolivarense, se ha convertido en factor de riesgo y disputa por el acceso a la tierra y a los recursos naturales. Los líderes y lideresas señalaron que la tensión con la reforestadora Tekia está basada en las disputas territoriales que la empresa ha sostenido con los campesinos reclamantes de tierras en el municipio de El Carmen de Bolívar. Según afirmaciones de Dony Meertens a El Espectador, correlatora del informe La Tierra en Disputa del Centro Nacional de Memoria Histórica, habría irregularidades en la adquisición de por lo menos 5.000 hectáreas de tierra en este municipio por parte del grupo Argos. Meertens acotó que en 14 ocasiones, hasta marzo de 2020, los jueces fallaron en contra del grupo empresarial, pues no pudo comprobar su buena fe en la adquisición de dichos terrenos.

En respuesta a un derecho de petición realizado por este medio a Tekia, la empresa afirmó que como contribución al posconflicto, en 2015 donaron “6.600 hectáreas, es decir, la totalidad de los predios en El Carmen de Bolívar y Ovejas, a la Fundación Crecer en Paz, entidad sin ánimo de lucro, independiente de Argos”. Además, afirmó que el grupo empresarial no tiene intereses económicos sobre esos territorios “ni en los proyectos productivos que allí se desarrollan, dado que los únicos beneficiarios de estos son las familias campesinas, a quienes la Fundación entregará la propiedad de las tierras”. Para finalizar, la empresa aseguró también que “la Fundación Crecer en Paz ha entregado en forma ágil cerca de 700 hectáreas a reclamantes”.

El proyecto Monterrey Forestal Ltda está ubicado en el municipio de Zambrano y anualmente siembra cerca de 1.500 hectáreas de ceibas rojas y malinas en la región. Los liderazgos alertaron disputas por tierras de campesinos en las zonas de influencia de la empresa. La Paz en el Terreno envió una solicitud de información a la empresa sobre esta situación, pues en prensa no hay registro de ello, y al cierre de esta edición no se recibió respuesta.

Por último, en San Juan Nepomuceno nace el agua que abastece el Distrito de Riego de María La Baja. En la investigación Los Acuatenientes, los portales Verdad Abierta y Rutas del Conflicto documentaron el control del Distrito de Riego por parte de la empresa Oleoflores y la integración del cultivo de palma de cera en la región. Los liderazgos manifestaron que el grupo empresarial ha generado conflictos con la comunidad, ya que alegan una “privatización” del agua, para dirigirla únicamente a esta actividad agrícola, además alegaron que han habido enfrentamientos con campesinos y líderes que se oponen al proyecto. La Paz en el Terreno le envió un cuestionario a la empresa Oleoflores para conocer su opinión al respecto y al cierre de esta edición, no se recibió respuesta.

El panorama actual de los Montes de María está tornándose cada vez más oscuro y la preocupación de su población por revivir las épocas duras del conflicto se traduce en silencio y desánimo. Desde hace 10 años aproximadamente, los procesos de liderazgo se han fortalecido y a nivel nacional, son considerados como sólidos y visibles, pero en la actualidad, esto se ha traducido en estigma que los pone en riesgo. “Ustedes todo se lo saben” es la frase que reciben hombres y mujeres montemarianos en espacios de reunión social con personas de otras regiones y que muchas veces se traduce en que la intervenciones de las autoridades no es necesaria para proteger al liderazgo social. Sin embargo, en diferentes espacios, los líderes y lideresas han alzado su voz para pedirle al gobierno nacional y local que escuchen sus denuncias y protejan a sus comunidades, a la diversidad que hay en ellas y a las acciones que están emprendiendo para defender los derechos humanos y lo pactado en el Acuerdo de Paz.