Los líderes y lideresas sociales señalan que en los cuatro municipios existe un riesgo inminente para ellos y ellas, debido al control de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo en los Montes de María. Las diferentes Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo para estos municipios alertan sobre las prácticas de control social que el grupo armado ha venido desarrollando en cada uno de los municipios.
Desde el año 2017, en los cuatro municipios se registraron 20 agresiones contra líderes y lideresas sociales, según un cruce de bases de datos de distintas organizaciones realizado por La Paz en el Terreno (7 en San Onofre, 12 en El Carmen de Bolívar y 1 en María La Baja). El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría advierte sobre el alto silenciamiento de los liderazgos debido al control y ambiente de zozobra que crean los actores ilegales, haciendo énfasis en el municipio de María La Baja.
Los desplazamientos de líderes y lideresas se han dado, en gran parte, debido a la lucha de los reclamantes de tierras, principalmente en el municipio de El Carmen de Bolívar, el cual acumula el mayor número de solicitudes de restitución de tierras en todo el departamento de Bolívar y la zona de Montes de María. El año pasado, el excandidato al concejo de El Carmen de Bolívar, líder social y defensor de derechos humanos de Montes de María, Jorge Montes, tuvo que salir del territorio debido a constantes amenazas en su contra por abanderar su liderazgo en la alta montaña. Además, la lideresa de víctimas Yirley Velasco, fue amenazada de muerte en el 2019 por medio de una carta firmada por las 'AUC' enviada a su casa.
Según Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, organización que se dedica a la promoción de los derechos de las personas LGBTI+ en el Caribe colombiano, la situación para los liderazgos de esta población en los Montes de María, y específicamente en municipios como El Carmen de Bolívar, se ha recrudecido en los últimos años, con la aparición de nuevas amenazas y panfletos que ponen en riesgo su vida y seguridad. Además, acota que en la institucionalidad hace falta la implementación juiciosa y pertinente del enfoque de género. Por último, señaló que la violencia por parte de la Fuerza Pública contra personas LGBTI+ y sus liderazgos es una realidad recalcitrante y parte de la educación en temas de género de sus funcionarios.
La más reciente situación de seguridad pública en el municipio de El Carmen de Bolívar, precisamente en el corregimiento El Salado, atemoriza a la comunidad y pone en riesgo la vida de líderes y lideresas sociales. Como documentó el medio El Universal, el lunes 18 de enero de este año se realizó un consejo de seguridad en el municipio en el que la comunidad alertó sobre la aparición de panfletos amenazantes, contra líderes de la comunidad, presuntamente firmados por las Águilas Negras. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos por quien de información de los autores de estas amenazas.
Los líderes y lideresas sociales acotan que la presencia de la Fuerza Pública en el territorio es de riesgo para ellos y ellas en la medida en que actúan tanto por omisión como por acción. En 2020, tras la masacre de tres personas ocurrida en septiembre en el municipio de El Carmen de Bolívar, el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció una serie de acciones tras hacer un consejo de seguridad junto con los altos mandos de la Policía,el Ejército y autoridades del departamento de Bolívar. Entre estas medidas están la organización de una Fuerza de Tarea para los Montes de María. Además, se anunció el fortalecimiento de la Brigada de Infantería No. 1 y la circulación de comandos urbanos de las Fuerzas Especiales Navales.
Además, la Alerta Temprana N° 006-2020 de la Defensoría del Pueblo, advierte que, entre otras razones, 'la negación de la presencia de grupos armados organizados en la zona, por parte de la Fuerza Pública, han posibilitado a las AGC un escenario ideal para fortalecer su presencia militar, lograr el control territorial en la zona rural y en el casco urbano del municipio, así como incrementar el usufructo de las economías ilegales.'
Los líderes y lideresas sociales señalaron, además, que la Fuerza Pública tendría presunta connivencia con los grupos armados ilegales. En respuesta a un derecho de petición realizado a la Armada Nacional, el vicealmirante Ricardo Hurtado Chacón, jefe de operaciones navales, acotó que la entidad conoció sobre denuncias realizadas por un líder social de la región en las que relaciona a las AGC con la Brigada de Infantería presente en el territorio. Sin embargo, no dieron declaraciones adicionales al respecto.
Por su parte, el departamento de Policía de Bolívar, en respuesta a una petición de información realizada por este medio, acotó tener conocimiento de que los líderes sociales requieren de protección especial por pertenecer a una población especialmente protegida. Además, señalaron no tener denuncias de abusos de autoridad o altercados con líderes sociales por parte de sus funcionarios.
En todos los municipios tienen incidencia los grupos armados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo y las Águilas Negras. Esto lo confirman las múltiples Alertas Tempranas emitidas desde el 2017 por la Defensoría del Pueblo para los municipios de María La Baja, Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Onofre. La operación de las AGC ha desestabilizado a la comunidad por medio de la infiltración en espacios organizativos y Juntas de Acción Comunal. La Alerta Temprana N°006-2020 de Defensoría, emitida para El Carmen de Bolívar, reza que 'al parecer esta estrategia ha sido complementada en algunas zonas con su infiltración en las comunidades rurales, lo que termina por sembrar desconfianzas y romper el tejido social y, por esta vía, se facilita un mayor ejercicio de control social.'
Los cuatro municipios han sido constantemente azotados por el narcotráfico y el microtráfico a cargo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. La disputa por las rutas del narcotráfico ha hecho recrudecer el conflicto armado en la región. En octubre del año pasado, como documentó el portal Infobae, la Procuraduría General de la Nación denunció el desplazamiento de 27 familias en la vereda Caño Negro, la cual queda entre los municipios de El Carmen de Bolívar y Zambrano, lo que ocurrió por la 'reapertura de corredores de droga que enlazan rutas desde los centros de procesamiento de clorhidrato de cocaína en el Sur de Córdoba y el Magdalena con los puntos de exportación en el Golfo de Morrosquillo'.
La Alerta Temprana de Inminencia N°051-18 emitida por la Defensoría del Pueblo para el muncipio de Carmen de Bolívar y luego extendida a San Jacinto, relata que estos municipios poseen una ubicación estratégica y de interés para los grupos armados ilegales que quieren control sobre los corredores de narcotráfico, en el caso de las AGC, estos 'le posibilitan transportar la producción de pasta básica de coca desde las zonas de cultivo (sur de Bolívar y departamentos vecinos) hacia los sitios donde se encuentran los laboratorios para la obtención de cocaína y de exportación hacia los mercados internacionales (a través del puerto de Cartagena)', señala la Alerta.
Los líderes y lideresas sociales de Montes de María señalaron la constante tensión que existe entre la comunidad y el grupo empresarial Argos. Esta tensión se basa en las disputas por la tierra, en las cuales, en el caso de el municipio de El Carmen de Bolívar, la empresa no ha podido demostrar su buena fe en la adquisición de dichos terrenos. Como afirmó la correlatora del informe La Tierra en Disputa (CNMH), Donny Meertens, en el El Espectador (EE), hasta el año pasado, en 14 sentencias los jueces han fallado en contra de la empresa. Cabe resaltar que, desde 2015, la empresa donó el total de las hectáreas de tierra en El Carmen de Bolívar, que le pertenecían a la Fundación Crecer en Paz, la cual, según la empresa, ha entregado de forma ágil cerca de 700 hectáreas a reclamantes de tierras.
Con respecto a su relación con los líderes y lideresas sociales, en respuesta a una petición de información hecha por La Paz en el Terreno, la empresa Tekia, filial del grupo Argos, aseguró que 'cuenta con una política robusta de respeto y promoción de los Derechos Humanos, aplicable no solo para Colombia sino también para todas las regiones donde opera; lo anterior de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las declaraciones de la OIT, el Pacto Mundial y las leyes aplicables en cada país'.
Además, en María La Baja, los líderes y lideresas denunciaron la presencia del grupo empresarial Oleoflores S.A del exministro de agricultura y empresario Carlos Murgas Guerrero, señalaron que han llevado a cabo la privatización del distrito de riego del municipio y han terminado por acaparar el agua únicamente para la actividad agrícola de siembra de palma, como lo ha documentado la investigación Los Acuatenientes de Rutas del Conflicto y Verdad Abierta. La Paz en el Terreno envió un cuestionario a Oleoflores para obtener sus declaraciones al respecto, pero al cierre de esta edición, no se recibió respuesta.
Las tensiones por la tierra en Montes de María son una constante en el territorio. El municipio de El Carmen de Bolívar acumula el 33,11% de las solicitudes de restitución en toda la región de Montes de María, con 2.465 solicitudes. Además, San Jacinto posee 1.211 solicitudes, María La Baja posee 479 y San Onofre 357. Dentro de los principales problemas por la tierra se destacan los conflictos con la empresa Argos en Carmen de Bolívar y San Onofre, como afirmó la correlatora del informe La Tierra en Disputa (CNMH), Donny Meertens, en el El Espectador, en marzo de 2020. En respuesta a un derecho de petición realizado por este medio a la Unidad de Restitución de Tierras la institución resaltó que han restituido un aproximado de 16.625 hectáreas de tierra en Montes de María.
Según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo aseguró que en el municipio de María La Baja existe un fuerte interés sobre la tierra, es por esto que hay un histórico hostigamiento en contra de las personas que lideran las reclamaciones de tierras.
Como documentó El Espectador el año pasado, con el asesinato de un líder sindical y dos hijos de reclamantes de tierras en el municipio, el riesgo para quienes se encuentran liderando y desarrollando procesos de reclamaciones territoriales se vuelve inminente. De igual manera, la Alerta Temprana N°006-2020, emitida para el municipio de El Carmen de Bolívar, advierte sobre el riesgo que corren, entre otros, los defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y reclamantes de tierras.