"Los líderes de Montes de María no fuimos concientizados para el Acuerdo de Paz”, dice uno de los líderes de la región, indicando que se ha presentado estigmatización contra los excombatientes de las FARC. Esta situación, que asegura se refleja en Ovejas, ha socavado la construcción de paz en la subregión. Los líderes y lideresa recuerdan que en este municipio han circulado varios panfletos amenazantes contra los defensores del Acuerdo de Paz.
Además, las violencias por la tierra son frecuentes en la región. Un reconocido líder de tierras de la hacienda La Europa, durante años ha contado con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por las amenazas que su ejercicio de reclamación de tierras le ha traído, pero denunció incumplimientos. Años atrás este mismo líder ya había sido amenazado y recibido un atentado.
Los líderes y lideresas expusieron lo complejo de contar con guardaespaldas cuando es el mismo líder o lideresa quien tiene que asumir los tiquetes y viáticos de sus protectores. "Los escoltas muchas veces se convierten en los hijos de quienes están protegiendo", dicen.
El equipo de la Paz en el Terreno le envió cuestionarios a las ocho alcaldías de los municipios sucreños que conforman la subregión de Montes de María, preguntando cuáles violencias al liderazgo estaban en conocimiento de estas administraciones, sin embargo, al cierre de esta edición, solo se obtuvo respuesta de las alcaldías municipales de Chalán, Morroa y Ovejas.
Osbaldo García Yepez, secretario de Gobierno Municipal de Chalán, aseguró solo conocer una: "En cuanto a la afectación de la labor del liderazgo social, manifiesto que tenemos un caso en el cual una líder social manifestó a las autoridades de Policía una serie de intimidaciones vía telefónica y sobre el particular los miembros de inteligencia de la Policía y el Gaula militar de Sucre, están trabajando en las investigaciones del caso".
El teniente coronel Carlos Andrés Tique Bonilla, comandante de Operativo de Seguridad Ciudadana de Sucre, en respuesta a un derecho de petición enviado por La Paz en el Terreno, explicó que basados en las denuncias que los líderes sociales allegan, la coordinación de Derechos Humanos del Departamento de Policía Sucre identifica constantes amenazas manifestadas en llamadas, mensajes de texto, panfletos intimidatorios, entre otros.
De manera general para los Montes de María, los líderes y lideresas aseguraron no sentir confianza con la Policía Nacional pues dicen que han desacreditado la versión de líderes, lideresas y en general de las comunidades sobre la presencia de actores armados ilegales en estos municipios. "Las autoridades niegan la presencia de grupos organizados, dicen que es delincuencia común", alertan. Por eso, se sienten afectados por lo que consideran acción u omisión en la disposición para combatir a los actores armados en el territorio.
Al respecto, en un cuestionario enviado a la Policía sostuvo que al verificar la bases de datos del Gaula del Departamento de Policía Sucre "no se encontró ninguna denuncia interpuesta por parte de algún miembro de organizaciones sociales perteneciente a la subregión de los Monte de María en contra de algún grupo armado ilegal".
El equipo de La Paz en el Terreno le envió cuestionarios a las ocho alcaldías de los municipios sucreños que conforman la subregión de Montes de María, para contrastar lo comentarios de los líderes y líderes, sin embargo, al cierre de esta edición, solo se obtuvo respuesta de las alcaldías municipales de Chalán, Morroa y Ovejas.
Osbalo García Yepez, secretario de Gobierno Municipal de Chalán; Yulieth Guerra Peralta, secretaria del Interior Municipal de Morroa; y Claudia Beltrán Anaya, secretaria General y de Gobierno Municipal de Ovejas, indicaron que el diagnóstico de orden público para estos municipios es favorable por el apoyo constante de las Fuerzas Militares y la Policía, y que las perturbaciones son esporádicas.
El comandante de la Policía de Chalán le informó a la Alcaldía que no hay denuncias formales ante los entes del estado de presencia de grupos armados, "solo se tiene conocimiento de ciertos comentarios que presuntamente han visto personal extraño en la zona". Esta información ha sido suministrada a organismos de inteligencia, asegura.
El funcionario de Chalán aseguró que la alcaldía y la Policía del municipio solo tenían conocimiento de la amenaza de una lideresa y explicó que una de las estrategias adelantadas para velar por la vida de la líder y de otros casos que se puedan presentar es la activación de la ruta de autoprotección, encabezada por la Policía, con patrullajes por la zona de residencia y acompañamientos a reuniones y espacios sociales.
Los líderes y lideresas también aseguraron sentirse particularmente afectados por los casos de corrupción que han tenido lugar en la región. Como la captura de Manuel Pérez Mendivil, exalcalde de Los Palmitos o Alcides Pérez Barrios, en su momento alcalde de San Antonio del Palmito. Esta situación, insisten, les hace desconfiar más de los miembros territoriales del Estado.
Además, las irregularidades electorales han venido siendo denunciadas por la Misión de Observación Electoral (MOE), la cual advertía la presunta materialización de trashumancia electoral —acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquél en el que se reside— en municipios como Colosó, Chalán, Toluviejo, Ovejas, y Los Palmitos
El secretario de Chalán, en el caso particular de su municipio, asegura no tener conocimiento de la desconfianza institucional que manifiestan los líderes y lideresas, y que desde esa administración se han adelantado estrategias para llevar la presencia de funcionarios en articulación con la Policía y la Armada.
En todos los municipios sucreños de Montes de María, los líderes y lideresas aseguraron que hacen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En municipios como Colosó resaltaron su accionar a través del asesinato de excombatientes, como Edwin de Jesús Carrascal Barrios quien adelantaba procesos productivos en Chalán y fue asesinado el 10 de marzo de 2020 en Colosó o Juan David Hernández Guerra, asesinado a mediados de diciembre de 2020 en su casa en el barrio San Miguel del mismo municipio.
Con el paro armado declarado por el ELN en febrero de 2020, los líderes y lideresas aseguraron que en el territorio aparecieron grafitis alusivos a esta guerrilla. El entonces coronel de la Policía de Sucre, William Rincón, afirmó que miembros de la Policía, la Infantería y el Ejército garantizarían la seguridad en el departamento, especialmente en los municipios de Ovejas, El Roble, La Unión, San Marcos y Chalán.
El equipo de La Paz en el Terreno le envió cuestionarios a las ocho alcaldías de los municipios sucreños que conforman la subregión de Montes de María, para saber qué actores armados tienen identificados en sus territorios, sin embargo, al cierre de esta edición, solo se obtuvo respuesta de las alcaldías municipales de Chalán, Morroa y Ovejas.
El secretario de Gobierno de Chalán, Osbaldo García Yepez, afirmó que tras conversaciones con el comandante de la estación de Policía municipal no se tiene conocimiento de denuncias formales, solo comentarios de "personal extraño". Tanto Yulieth Guerra Peralta, secretaria del Interior Municipal de Morroa, y Claudia Beltrán Anaya, secretaria General y de Gobierno Municipal de Ovejas, sostuvieron que en sus municipio no hay actores armados ilegales.
Por su parte, el teniente coronel Carlos Andrés Tique Bonilla, comandante de Operativo de Seguridad Ciudadana de Sucre, aseguró que el Gaula del departamento de Policía Sucre "no tiene conocimiento si algún grupo armado ilegal sean los causantes de asechar o interrumpir las labores de los líderes sociales o defensores de derecho humanos", pero reconoció que el "GAO Clan del Golfo" o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), subestructura Manuel José Gaitán, hace presencia en el territorio y que este mismo intimida y amenaza "para que no denuncien irregularidades que se pueden presentar en la subregión de los montes de maría (sic)". El Gaula, en coordinación de la Fiscalía, viene liderando investigaciones sobre los integrantes de este grupo, afirma.
Tolú y Toluviejo son corredores estratégicos", indicaron los líderes y lideresas en relación al narcotráfico. Describieron una ruta que atraviesa los Montes de María y sale al golfo de Morrosquillo. Esta, insisten los líderes y lideresa, "es una zona clave para custodia, embalse y transporte" de las economías del narcotráfico. Santiago de Tolú y Toluviejo han sido, particularmente, municipios en los que la Policía ha desmantelado organizaciones locales del narcotráfico con presuntos vínculos con las AGC, como lo reflejó el operativo del 9 de septiembre de 2020 en el que fueron capturadas seis personas.
Además, describieron que el tránsito de economías ilegales se mueve por la carretera que viene desde Zambrano, pasa por Carmen de Bolívar y va hacia Colosó; y la que conecta San Juan Nepomuceno con Chalán."
El teniente coronel Carlos Andrés Tique Bonilla, comandante de Operativo de Seguridad Ciudadana de Sucre, en respuesta a un derecho de petición enviado por La Paz en el Terreno, indicó que el "GAO Clan del Golfo" o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) con al subestructura Manuel José Gaitán "son los encargados del microtráfico y narcotráfico en los montes de maría (sic)"
"Argos es uno de los victimarios más grandes de Montes de María", evocaron los líderes y lideresas. La mención de los defensores y defensoras de derechos humanos radica en las afectaciones por la actividad minera en Toluviejo y la actividad ganadera a través de su empresa Ganadería Río Grande, y la disputa territorial, fundamentalmente en Carmen de Bolívar (Bolívar) y Ovejas (Sucre), que durante años se llevó en juzgados de diferentes departamentos del país. Para 2016, tribunales especializados en restitución de tierras de Cúcuta, Cali, Cartagena y Antioquia habían emitido fallos a favor de los reclamantes pues "aquella situación obligaba a los interesados a comprar en esa zona a tomar precauciones adicionales y no conformarse con el estudio de títulos, siendo esa verificación insuficiente cuando se pretende adquirir propiedades en un territorio que se sabe ha sido azotado por el crimen y la intimidación", reza una de las sentencias, según registró el portal Verdad Abierta.
Al respecto, esta empresa le respondió al equipo de La Paz en el Terreno que: "Las decisiones judiciales de restitución de tierras que se han proferido han determinado que Tekia y Argos fueron compradores de buena fe, sin vínculos con grupos ilegales, quedando claro que no se generaron desplazamientos, ni despojos, ni se ejerció presión alguna a los vendedores de los predios. En las sentencias de restitución que se han proferido hasta el momento, no se indemnizó a las empresas dado que se consideró que, antes de comprar, se debió adelantar una debida diligencia que no existía para ese momento, es decir, se evaluó la actuación de las empresas con los parámetros de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), la cual no existía cuando se realizaron las compras de las tierras".
"Ellos no se creen despojadores, tienen una estrategia que reza que van a regresar las tierras, que van a hacer diálogos y al final no hay cosas que se vean como las habían pintado", insisten los líderes y lideresas. En Toluviejo resaltan que la planta de Argos genera daños ambientales y a la salud, pero no hay organizaciones que protesten ante esto. Además, miran con profundo dolor la tala de árboles en el municipio. Al respecto no hay información pública sobre proyectos maderables de Argos y Tekia S.A.S. en Toluviejo y esta tampoco le describió algún proyecto al equipo periodístico.
Finalmente, en 2015, Argos donó las 6.600 hectáreas que había adquirido en estos municipios a la Fundación Crecer en Paz, la cual, asegura, es independiente de la empresa. Para inicios de diciembre de 2020, aseguró que la Fundación ha entregado cerca de 700 hectáreas a reclamante y acota que “la Fundación Crecer en Paz ha adelantado demandas contra los vendedores de los mismos, es decir, contra quienes adquirieron los predios de los posteriores reclamantes".
También ha entregado 18 mil millones de pesos para “fortalecer su capacidad de acción orientada al desarrollo de sus proyectos”, como son la producción de miel, fríjol, ajonjolí, hortalizas y ganadería sostenible.
En los municipios sucreños de Montes de María hay un total de 2.097 solicitudes de restitución de tierras que involucran 1.574 predios y 1.720 titulares, según datos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). De estos, Ovejas y Morroa son los municipios con los números más altos de restitución: 930 y 463, respectivamente. Ovejas es el tercer municipio de Montes de María con las cifras más altas de solicitudes de restitución de tierras, después de Carmen de Bolívar y San Jacinto.
Los líderes y lideresas, al hablar de conflictos territoriales, rápidamente recuerdan el largo y peligroso proceso que han atravesado las familias reclamantes de la finca La Europa en el municipio de Ovejas en la que líderes como Andrés Narváez, Argemiro Lara y Gilberto Pérez han sido amenazados y atentados. Como lo documenta la plataforma Tierra en disputa, el predio en cuestión pertenece al empresario Juan Guillermo Vélez Jaramillo. En el 2008 un empresario antioqueño llegó a Montes de María buscando comprar tierras para cultivar maíz para una empresa que se presentaba bajo el nombre de Arepas Don Juancho. Lo que rodea a la empresa es un misterio.
"Arepas Don Juancho no aparece en el Registro Único Empresarial ni en ninguna Cámara de Comercio del país. Sin embargo, sí es una marca que perteneció a la compañía Pajumar S.A.S. que tuvo su sede en Guarne, Antioquia", se lee en el reportaje ¿Quién amenaza a los reclamantes de la hacienda La Europa, en Sucre? publicado en La Paz en el Terreno. Y acota que en el Contrato de Sociedad de Pajumar S.A.S figura como representante legal Patricia Eugenia Rivera Lizcano, esposa de Juan Guillermo Vélez Jaramillo.
Los líderes de tierras de esta hacienda esperan el fallo del Tribunal de Tierras de Cartagena, mientras resisten las violencias por su labor como reclamantes.
El equipo de La Paz en el Terreno le envió cuestionarios a las ocho alcaldías de los municipios sucreños que conforman la subregión de Montes de María, para conocer cómo estos entes territoriales afrontan el tema de restitución de tierras, sin embargo, Al cierre de esta edición, solo se obtuvo respuesta de la alcaldía municipal de Chalán, Morroa y Ovejas.
El secretario de gobierno de Chalán, Osbaldo García Yepez, aseguró que en articulación con el Unidad de Restitución de Tierras y el enlace de Víctimas del territorio ha aunado esfuerzos para cumplir la sentencias judiciales proferidas en esta materia. "En los casos que atañen al municipio, se ha verificado que los núcleos familiares se encuentren afiliados al sistema de seguridad en salud y además que los menores de edad presentes en ellos tengan acceso al sistema educativo del gobierno nacional", explicó.
Yulieth Guerra Peralta, secretaria del Interior Municipal de Morroa, sostuvo que han venido realizando alianzas con la ANT a fin de acompañar los proceso de tierras. Por su parte, Claudia Beltrán Anaya, secretaria General y de Gobierno Municipal de Ovejas, indicó que las alianzas se llevan con la URT, la Unidad para las Víctimas y la Defensoría. Además, calificó de “sumamente importante” para la administración municipal los procesos de restitución de tierras