Cada vez que los líderes del Consejo Comunitario de la Larga Tumardó se reunen empiezan con una oración y recordando a Mario Manuel Castaño Bravo, un líder reclamante asesinado el 26 de noviembre del 2017. "Era el más sobresaliente de los líderes del territorio, era el que más hablaba y no tenía miedo de decirle la verdad al que fuera", cuenta uno de sus compañeros que habló bajo la condición de que su nombre no sea revelado porque el riesgo contra los líderes persiste en esa región.

Manuel luchó para volver a su tierra, una parcela ubicada en la vereda Santa María de Riosucio, y para que los campesinos de la región también pudieran hacerlo. Como cientos de labriegos de esa zona de Urabá, Manuel tuvo que abandonar su finca en 1997. El 20 de diciembre de 1996 las tropas paramitares comandadas por los hermanos Castaño incursionaron en la región con la masacre de Riosucio. Desde ese momento se empezaron a expandir por la zona y obligaron a la personas a vender por precios trágicos (hay testimonios de personas a las que les compraron a 60 mil pesos cada hectárea) sus predios. "Vende usted o vende la viuda", decían. El presidente Juan Manuel Santos afirmó en agosto del 2011 que unas 41.790 hectáreas fueron despojadas en Urabá.

Manuel y su familia se desplazaron para el departamento de Córdoba. Cuentan personas de la región que en los años del desplazamiento "malvivieron".  Manuel se enteró de la expedición de la ley 1448 de 2011, ley de víctimas y restitución de tierras, y vio en la norma una luz de esperanza de retornar a la parcela de la cual estaba alejado. "Estaba cansado pasando necesidades y teniendo dónde trabajar", cuenta una persona que lo conoció.

En el 2014 retornaron a tierras del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó 49 comunidades, más de 400 familias. El retorno se hizo sin acompañamiento estatal porque los desplazados sentían que sus procesos de restitución no avanzaban. Al llegar muchos campesinos encontraron sus predios ocupados por empresarios, en el caso de Manuel su parcela estaba en poder del empresario Francisco Castaño Hurtado. Empezaron las amenazas contra la vida del líder. 

En su parcela Manuel y su familia sembraban yuca, maíz, arroz y plátano. Al mismo tiempo seguía con el proceso de restitución de su tierra. Munuel también empezó a impulsar a otros campesinos para que hicieran los trámites legales para que les restituyeran las tierras de las cuales los habían sacado los paramilitares. Empezaron los asesinatos, el Consejo Comunitario la Larga Tumaradó ha visto caer a ocho de sus líderes.

Manuel seguía con su labor en medio de las amenazas. Una persona de la región cuenta que días antes de su asesinato un jóven, integrante del Clan del Golfo, se acercó a Manuel y le dijo que le mandaban a decir que tocaba coordinar una reunión en la vereda Santa María. El grupo armado buscaba que a esa zona entrara un "punto", es decir, un miliciano que da aviso de cualquier movimiento. Manuel se negó.

El 17 de noviembre en una reunión pronunció unas palabras que todavía retumban en sus compañeros: "yo sé que a mí me van a matar, pero así me maten no doy el brazo a torcer. Este territorio es de nosotros". Tenía la convicción que sobre él se ceñía un cerco compuesto por empresarios opositores a la restitución de tierras y el Clan del Golfo. En la región dicen que los paramilitares están al servicio de los empresarios. Cuentan que hay unos integrantes del grupo armado que rondan por las zonas rurales vestidos de camuflado y otros, de civil, que se mezclan con los habitantes de Urabá.

 El 26 de noviembre Mario fue a una reunión de reclamantes en el Consejo Comunitario Pedeguita Mancilla. Luego salió hacia su casa, en donde se puso a ver televisión. Al rato tenía frente a él a tres hombres armados quienes lo sacaron por la puerta. Cuando su hijo se pudo acercar al cuerpo sin vida de Manuel contó 23 disparos.