En los meses previos a su asesinato, Miguel Antonio Gutiérrez ya había alertado de amenazas contra su vida. El llamado no fue atendido. El 7 de enero de 2019 hombres armados llegaron hasta su lugar de residencia y lo asesinaron con varios disparos de arma de fuego.

Gutiérrez, de 40 años, era el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Victoria, del municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá. Su homicidio lo dio a conocer la Confederación Nacional de Acción Comunal, que lamentó el hecho y exigió garantías del Gobierno Nacional para el ejercicio de su labor. De hecho, con ese caso ya iban tres integrantes de esa organización asesinados en la primera semana de 2019.

Tras su homicidio, el séptimo de un líder social en lo que iba corrido del año, la Procuraduría General le solicitó al Gobierno del presidente Iván Duque convocar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia creada por el Acuerdo Final de La Habana con el fin precisamente de reducir esos índices de violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Días después, el mandatario acató el llamado de la Procuraduría – y de varias organizaciones sociales – y convocó esa comisión para el 30 de enero de 2019.