Wilfredy Gómez Noreña hacía parte de la Mesa de Derechos Humanos de la localidad de Usme en Bogotá, en la que representaba a los habitantes de asentamientos no legalizados en ese sector de la capital. Gómez buscaba la defensa de los derechos de la comunidad para que pudiesen permanecer en el territorio y tener una vivienda digna. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, en esta zona de la ciudad delinquen organizaciones ilegales que buscan controlar el barrio Compostela 3 y zonas aledañas.

Gómez a sus 32 años, trabajaba por la comunidad de Usme para resolver casos de intolerancia y presencia de actores armados ilegales, por lo que existen hipótesis de que su asesinato está relacionado con esta situación. Este asesinato y la muerte de otro líder social en esta localidad, Edgar Juanias Morales, consejero local de juventud, dio paso a la publicación de un Informe de Riesgo de la Defensoría del Pueblo. En dicho informe se advierte que 131 barrios de la localidades de Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe se encuentran amenazados por la presencia de grupos armados ilegales.

El informe publicado el 5 de abril de 2017 afirma que el grupo armado identificado como “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, también conocidos como el Clan del Golfo, han ampliado su control territorial en la capital del país, en especial, en los barrios ubicados en la periferia urbana. Este grupo busca establecer un “orden social” y controlar el tráfico de drogas en la zona.

En esta zona hay un constante flujo y llegada de personas desplazadas que ocupan lotes ubicados en lugares de posibles derrumbes o inundaciones. La ocupación informal de estos predios ha generado una tensión entre los grupos armados ilegales y las comunidades por el uso de estas tierras.  

La localidad de Usme, al igual que todas las localidades de la capital, cuentan con una Mesa de Derechos Humanos regida por la Personería de Gobierno de Bogotá. Funcionan como entes de control y puente de comunicación entre la población y las entidades distritales como la Policía, los ediles, la Secretaría de Educación o Salud, entre otras. Las Mesas de Derechos Humanos fueron creadas por el decreto 034 de 1993 y en 2018 fue reformado para que las mesas estuvieran dirigidas directamente desde la Secretaría de Gobierno del Distrito.

Miguel Salamanca, integrante de la Mesa de derechos humanos de Usme, afirma que la temática varía dependiendo de las necesidades y problemáticas de cada localidad. Aunque algunos líderes de los sectores de la comunidad integran estas mesas, Salamanca afirma que los habitantes crean mesas de derechos humanos alternas a la que se encuentra bajo el aval de la personería. Este es el caso de Wilfredy Noreña, pues Salamanca comenta que Noreña no integra esta mesa de la Personería de Gobierno.

En el informe de Alertas Tempranas, la Defensoría advierte que los líderes y lideresas en las localidades de Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe son blanco de una serie de amenazas con el fin de estigmatizar a los defensores de Derechos Humanos de estas zonas. El informe señala que muchos de ellos han tenido que abandonar las localidades en las que viven o las organizaciones de las que hacen parte.

Como respuesta a estas amenazas, la Defensoría del Pueblo consolidó la Red de Unidades de Mediación y Conciliación en estas localidades al igual que el Plan Integral de Prevención y Protección a lideresas, líderes, defensores y defensoras de Derechos Humanos en el D.C creado en el año 2013.