Miguel Edmiro Pérez Villamizar era un líder perteneciente a la Asociación Campesina del Bajo Cauca (Asocbac) en el municipio de Tarazá, Antioquia. Además, era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Unión, corregimiento de Puerto Antioquia en Tarazá. Desde Asocbac, estaba adscrito al movimiento Marcha Patriótica y realizaba proyectos con la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (Anzorc). Esta última es una plataforma donde se reúnen procesos de movilización campesina en el país.  

En 2007, en medio de un paro agrario, los campesinos del Bajo Cauca antioqueño crearon Asocbac con el fin de organizarse y exigir sus derechos. Desde entonces, bajo la consigna de resistencia y permanencia en el territorio, han trabajado en temas relacionados con la soberanía alimentaria y defensa del medio ambiente, en municipios como Tarazá, Cáceres, Valdivia, Caucasia, El Bagre e Ituango, entre otros.

Según William Muñoz, representante legal de Asocbac, en el último año la asociación ha trabajado en la implementación del Acuerdo de Paz, en especial con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). A futuro, tienen interés en trabajar con temas de víctimas en el marco del Acuerdo de Paz.

Miguel Emiro había sido parte de la asociación desde su fundación. Era presidente de de Asocbac en el sector Cañon de Iglesias (Tarazá) y hacía parte de la comisión de tesorería municipal de la asociación. Desde 2015, venía desarrollando el papel de coordinador de los comités cocaleros del municipio, con el fin de promover y hacer pedagogía sobre la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en las comunidades de la región.

El domingo 22 de octubre del 2017, entre la 1 y las 2 de la tarde, unos hombres armados entraron a su casa, donde el líder se encontraba, lo atacaron con arma blanca y le dispararon. Su compañero de Asocbac, William Muñoz, afirma que Pérez no tenía una amenaza puntual contra su vida pero cree que algunos enfrentamientos entre la víctima y los actores armados ilegales, pudieron ser la causa de su muerte.

Muñoz recuerda que en septiembre de 2016, la comunidad campesina de Tarazá había empezado a gestionar los papeles para firmar un acuerdo colectivo de sustitución, en el que se comprometían con entrar al proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Esto generó que los grupos ilegales del municipio  amenazaran firmar el acuerdo. “Miguel era muy frentero y les reclamó. Se dice que por eso fue que lo mataron”, dice Muñoz.

En un comunicado de la Asocbac, publicado un día después de la muerte de Miguel Emiro y dirigido al gobierno nacional y a los entes de control, la asociación hace una denuncia por el asesinato del líder y afirma lo siguiente: "Es preocupante que a pesar de las alertas tempranas y denuncias públicas, que se han realizado por parte de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca ASOCBAC, sobre la problemática de actores armados en los territorios, hoy tengamos un desenlace fatal y tengamos que despedir de este mundo uno de nuestros compañeros. La falta de garantías para los líderes sociales y comunitarios en los territorios de los cuales salieron las Farc y que están contemplados en el acuerdo general de paz (...) nos deja a las comunidades y organizaciones sociales un fuerte vacío con la muerte y desaparición de nuestros líderes".

A finales de noviembre de 2018, un juez en Antioquia condenó a Jhon Fernando Mazo, alias ‘Conejo’ o ‘Muelas’ a 26 años de prisión por el crimen. Mazo era un desmovilizado del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y “jefe de escuadra” de ‘Los Caparrapos’.

Con Miguel Pérez, ya van tres muertes de líderes en Asocbac.  “Aquí han habido personas que les han puesto protección del Estado, les ponen el esquema de seguridad pero al cabo de unos meses, como no les pasó nada y no tuvieron atentados entonces se cree que ya están fuera de peligro, les retiran el esquema y resulta de que a los 8 o 15 días los asesinan”, afirma William Muñoz.