El 13 de marzo se definen quienes ocuparán los 16 puestos de las circunscripciones para la paz. Víctimas del conflicto armado llevan dos meses y medio haciendo campaña en medio de múltiples obstáculos: sin dinero, con la presencia de grupos armados y rodeados de candidatos que no representan el territorio, sino cuotas políticas de partidos tradicionales. Mientras tanto, líderes y lideresas se juegan la vida por llegar al Congreso a legislar en favor de los municipios más golpeados por la guerra.
Campañas desequilibradas
Claudia Vásquez nació en Antioquia, pero cuando era niña tuvo que desplazarse hasta la región de Santa Marta por cuenta del conflicto armado. Desde entonces su apoyo ha estado enfocado en los procesos organizativos de mujeres, campesinos y jóvenes de la región. El pasado 13 de diciembre de 2021, el último día hábil para que se cerrara el plazo, decidió inscribir su candidatura por la circunscripción de paz de la Sierra Nevada - Serranía del Perijá, la única que comprende tres departamentos: Magdalena, Cesar y La Guajira.
Hacer campaña política para esta curul en específico implica moverse entre 10 municipios de tres departamentos diferentes, lo que refleja un gasto económico considerable. El acto legislativo por la cual se crearon las 16 circunscripciones transitorias afirma que la financiación será “preponderantemente estatal”, y que el depósito del primer 50% se hará “dentro del mes siguiente a la inscripción de la lista”. Por ahora ni Clauda, ni los 395 candidatos restantes han recibido los fondos prometidos.
“Una de las garantías para que se pueda desarrollar plenamente el ejercicio democrático va a ser la financiación, pero la realidad es que se ha convertido en la principal dificultad”, afirma Vásquez. Alrededor de esta problemática, es muy probable que las votaciones no ofrezcan garantías en términos de transparencia e igualdad en las campañas. “Un efecto perverso de todo es que algunos candidatos no van a respetar la legislación de cierto modo, y van a mantener un financiamiento oculto”, cuenta Yann Basset, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad del Rosario, que sigue desde hace décadas el desarrollo de las elecciones en Colombia.
En los departamentos del Cauca y Nariño, el portal La Silla Vacía informó sobre candidatos que son apoyados por caciques políticos como el senador Temístocles Ortega. En otros casos, existen aspirantes con amplia trayectoria en puestos públicos o elecciones pasadas, lo que pone en desventaja a líderes comunitarios de la región que nunca han participado en política.
Norman Germán Granja Angulo, por ejemplo, permanece activo desde que fue concejal municipal de Timbiquí, Cauca en 1992. Ha trabajado en la alcaldía municipal, la Dirección Departamental de Salud del Cauca, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Defensoría del Pueblo, y actualmente es el gerente general de la Lotería del Cauca. También fue candidato a la asamblea departamental en las elecciones de 2012 y 2015 por el Partido Liberal y el Partido de la U, respectivamente —perdió ambas—.
Por otro lado, Yury Herrera desde Arauca narra con voz tímida: “Es primera vez que participo en política”. Herrera, en cambio, se ha rodeado de familia y amigos para hacer proselitismo. “Estoy haciendo mi campaña casa a casa. Voy donde el vecino, voy a la vereda y les presento mi propuesta”, cuenta.
El profesor Basset explica que la mayoría de las organizaciones de víctimas no tienen recursos propios para hacer una campaña. “La financiación es muy limitada para los líderes sociales que se presentan”, señala Basset.
Quién representa a quién
Según el Acto Legislativo que aprobó las curules de paz, no pueden participar en esta circunscripción quienes hayan sido candidatos, elegidos o no, a cargos públicos en los últimos cinco años. Sin embargo, debido a un error de puntuación, no se incluyó lo anteriormente dicho por la Registraduría Nacional en la Resolución 10592 de 2021, en la que será inhabilitado quien “en cualquier tiempo haya sido candidato (...) con el aval de partidos o movimientos políticos”.
Esta confusión jurídica llevó a que candidatos como Granja Angulo interpusieran tutelas ante el Consejo de Estado para buscar anular la expresión “en cualquier tiempo”. Como medida cautelar de urgencia, el 6 de diciembre de 2021 el Tribunal suspendió los efectos de la frase para evitar interpretaciones erróneas. Pero la más reciente respuesta del 17 de febrero dice que la solicitud del candidato “contiene pretensiones y argumentos de violación contra un acto que no está bajo el resorte del estudio del Consejo de Estado”. Seis días antes, Granja publicó en sus redes sociales un comunicado: “Actualmente me encuentro habilitado e inscrito como candidato”.
Para Yan Basset, existen requisitos que pueden ser “excesivos” para lograr el cometido de aumentar la representación política de las zonas más afectadas por el conflicto armado. “Se trata de representar al territorio en particular, no a todas las víctimas en general”, afirma, pues las restricciones dejaron por fuera a líderes locales y comunitarios, quienes quizás cuentan con mayor incidencia y poder de convocatoria en el territorio, pero que no fueron registrados como víctimas por la UARIV.
María del Pilar Barbosa, asociada al Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT, por sus siglas en inglés), dice que aunque las curules fueron concebidas sobre un enfoque territorial, existe el peligro de que sean cooptadas por intereses ajenos. “Es muy difícil encontrar candidatos que en el discurso tengan una comprensión de para qué fueron creadas (las curules), respecto a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”, explica Barbosa.
Entre tropiezos y dilataciones, la mayoría de los aspirantes cumplieron con su inscripción en tiempo récord. Queda menos de un mes para las votaciones y los candidatos reclaman más pedagogía entre los votantes. “Esta es la hora y hay mucha gente que no conoce las circunscripciones para la paz”, se lamenta Yury Herrera. Yann Basten, por otro lado, se mantiene escéptico y espera que las condiciones de participación en una próxima campaña sean diferentes: “Sabemos que los partidos políticos finalmente se van a meter por medio de gente que son cercanos a ellos”.
Las pocas garantías para los candidatos
El 21 de febrero fue secuestrado Guillermo Murcia, candidato de la circunscripción de paz de Arauca. La también candidata Yury Herrera de Arauquita no puede hacer campaña después de las seis de la tarde en el municipio por miedo a los grupos armados que dominan la zona. En el norte del país, Claudia Vásquez denuncia las pocas garantías de seguridad para los candidatos en la región.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 004-2022 en la que clasificó a 79 municipios en situación extrema, en los que se encuentra Fortul, Arauca, de donde es el candidato Murcia. La Misión Observación Electoral determinó que de los 167 municipios que comprenden las 16 circunscripciones 43 municipios se encuentran en riesgo extremo, 44 en riesgo alto y 10 en riesgo medio, lo que quiere decir que más del 50% de los municipios tienen algún tipo de peligro. “Empezó un conflicto cuando iniciaron las campañas. No podemos ir a muchos lugares por el temor de la presencia de grupos armados” afirmó el candidato Murcia.
La candidata Herrera narró que la propaganda que está en Arauquita toda la ha puesto ella. “Yo les digo a unas amigas que me peguen esta publicidad en su vereda y ellas me responden que me dan el voto pero que no se exponen. Todo lo he puesto yo”, cuenta. Personas de la región que prefieren mantenerse en el anonimato, hablan de las fronteras invisibles del departamento de Arauca, donde los candidatos al recorrer el territorio están en la mira de los armados porque pueden ser transportadores de información.
La base de datos construida por esta alianza periodística muestra que de los 399 candidatos de las 16 circunscripciones de paz 56 manifestaron presentar algún tipo de violencia reciente. El candidato Daimer Elias Dangond del departamento del Magdalena fue retenido por dos hombres armados, que lo interrogaron y le quitaron parte de la propaganda que tenía cuando se movilizaba a una vereda para hacer pedagogía sobre las curules.
En la circunscripción de Montes, el candidato indigena Carlos José Diaz tuvo que desplazarse del municipio de Ovejas, Sucre, por las constantes amenazas en su contra. La Unidad Nacional de Protección está presentando esquemas de seguridad a los candidatos. A Guillermo Murcia lo retuvieron con los escoltas de las Unidad pero no todos los líderes cuentan con esquemas como es el caso de Claudia Vázquez.
Tras una lucha para que le reconocieran su nivel de riesgo y el de los otros 20 candidatos de la circunscripción 12, se les asignó un hombre de seguridad, un chaleco antibalas, un celular y un botón de pánico. A menos de 20 días de las elecciones el esquema no ha sido entregado. “Nosotros no sabemos si vale la pena aceptar lo de la UNP. Además por financiación que es difícil para nosotros movilizarnos y costear nuestros viajes, hay candidatos que no cuentan con un carro para movilizarse por el territorio y tendrían que asumir los viáticos del guardaespaldas” afirmó la candidata.
Como lo manifestó María del Pilar Barbosa del Instituto para las Transiciones Integrales que no se ha hecho tan visible el hecho de que algunos candidatos renunciaron a hacer campaña y a las elecciones por las constantes amenazas. Estar en el ojo público de tantas comunidades supervisadas y cooptadas por grupos armados podría colocarlos en más peligro e igual que a sus familias.
Para los candidatos entrevistados, para la construcción de la base de datos, manifestaron que los más riesgoso durante la campaña son los traslados. En algunas zonas del país algunos candidatos no han hecho grandes actividades de proselitismo más allá de su municipio porque no quieren transportarse por trochas y caminos de fácil interceptación de armados. Barbosa afirmó que ese peligro puede incrementarse en el Urabá y Chocó porque muchos de los líderes se transportan por los ríos del departamento y son escenarios de enfrentamientos de los grupos armados. Otros mantienen su campaña en zonas limitadas por miedo a trasladarse a municipios donde están candidatos para las curules de paz apoyados por clanes políticos y partidos tradicionales. La base de datos construida arroja que 31 del total de los candidatos cuentan con el apoyo político de algún clan o partido político tradicional.
La circunscripción 12, una de las más grandes, que comprende tres departamentos se presentó Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exparamilitar y comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, Jorge 40. Para algunas víctimas ya es difícil hacer campaña en los municipios donde sucedieron sus hechos victimizantes y más aún cuando está el hijo de uno de los perpetradores realizando campaña, lo ven como una violencia simbólica.
“Rodrigo Tovar manifiesta que no tiene nada que ver con su papá pero tiene apoyos cuestionables y además en más de una ocasión ha defendido el proyecto paramilitar con el movimiento Provincia Unida” afirmó la candidata Claudia Vázquez. Sumado a ello los apoyos con los que cuenta Rodrigo Tovar Vélez le han permitido viajar por la mayoría de los municipios.(ver nota) Aunque el candidato ha manifestado que quiere ser un ejemplo de reconciliación para los demás candidatos de la circunscripción Sierra Nevada - Serranía del Perijá ven este panorama con desconfianza.
A 10 días de las elecciones muchos de los candidatos siguen esperando la financiación en medio de candidatos que cuentan con el apoyo de poderes locales. Otros esperan ganar las curules y aportar a los municipios más golpeados por la guerra. El próximo domingo se definirá las 16 curules que cambiarán el panorama del Congreso por los siguientes cuatro años.
