Ser lideresa indígena implica tenacidad. Resistir al exterminio contra los pueblos originarios y, al mismo tiempo, a la violencia machista, las ha convertido en el liderazgo de mujeres más victimizado del país.
118 lideresas indígenas agredidas contó el Programa Somos Defensores entre 2013 y 2019, el índice más alto entre los liderazgos de mujeres que identificaron. La violencia de los armados, la discriminación del Estado y el machismo que también permea a sus comunidades, las ha dejado en una profunda vulnerabilidad, pero estos son liderazgos que emergen con fuerza, que recogen las banderas de sus antecesoras y que se han ganado a pulso un lugar en la dirigencia de sus pueblos, de la mano de otras mujeres.
La defensa de su territorio, cuya riqueza se disputan los intereses codiciosos detrás de las balas, les ha supuesto el mayor riesgo. La Corte Constitucional ya advirtió que varias etnias se encuentran en peligro de extinción. Aunque cada etnia tiene una relación particular con el territorio, siempre están ligadas existencialmente a él. 96 de las 118 lideresas agredidas que identificó Somos Defensores son del Cauca, donde la lucha étnica por la soberanía propia suele ubicar al departamento dentro los primeros lugares de la violencia contra los defensores y las defensoras de la vida, como expone en profundidad la segunda sección de este especial.
Ante el riesgo de los armados y de quienes acuden a ellos, las mujeres indígenas han compartido con sus hombres la defensa del territorio, pero hay una lucha que es particular de ellas: la del reconocimiento y el respeto por ser mujeres, dentro y fuera de su etnia. “La verdadera pandemia es la violencia contra las mujeres”, aseguró convencida Roseli Finscué, coordinadora del Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en una rueda de prensa virtual en homenaje al Día Internacional de la Mujer Indígena, celebrado el 5 de septiembre.
“De los 2.366 casos de violencia contra mujeres registrados en el SIVIGE (Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género) durante el 2020, 254 son del Cauca y 74 de ellos están en las viviendas… No podemos defender el territorio si no armonizamos desde casa. Es una responsabilidad de las familias pero también institucional”, exhortó Roseli en la transmisión, tras recordar que la violencia contra las lideresas sociales y defensoras de derechos humanos en Colombia aumentó un 50 % en 2019, según datos de la ONU. Una violencia que se ha concentrado en el suroccidente colombiano, particularmente en el Cauca, para ella, en medio de un conjugar entre la violencia contra los pueblos indígenas y las violencias más cotidianas contra las mujeres. Su sentencia es rotunda: “ser mujer indígena es una misma resistencia en este contexto”.
El carácter fuerte de Aída Quilcué ganó reconocimiento nacional cuando contundentemente le exigió al gobierno garantías para su pueblo nasa durante las grandes movilizaciones indígenas que arrancaron con el nuevo milenio. Pero, ¿qué otra lideresa indígena recuerda?, ¿Patricia Tobón Yagarí, comisionada embera chamí de la Comisión de la Verdad? Por lo general, son liderazgos poco visibles, cuando vienen de hace siglos. “En el proceso de invasión (española), las mujeres estuvieron al frente, no solo en el cuidado sino en las confrontaciones directas. Incluso, antes de los movimientos feministas colombianos, ha habido movilizaciones de mujeres indígenas, en ese entonces en defensa de sus compañeros hombres”, asegura Roseli.
“Con toda la sabiduría, la fuerza de las mujeres, me llama la atención que solo tengamos como referente a una Aída Quilcué, porque ella es una persona que le debemos mucho respeto, pero hay muchas mujeres que se les ha negado esa oportunidad para hacer esa incidencia de esa manera y tienen toda la capacidad… Me motiva de la resistencia que nuestras lideresas puedan posicionarse a ese nivel, uno les ve esa fuerza política, pero a nivel interno han sido tan golpeadas que no las dejan avanzar”, comenta Daniela Soto Pito, joven lideresa de larga trayectoria en el Cauca, hoy desde el Programa Mujer del CRIC.
Esos golpes a nivel interno, como los llama Daniela, justamente dan origen al nombre de esta sección. “Las mujeres indígenas somos la resistencia en medio de la resistencia indígena”, dice Roseli Finscué, recordando las palabras de Cristina Bautista, gobernadora nasa asesinada en octubre de 2019 por las llamadas disidencias de las FARC. “Que se nos reconozca como indígenas en el mundo exterior y como mujeres en un mundo exterior e interior, se vuelve una doble lucha”, puntualiza Roseli en entrevista con La Paz en el Terreno.
Cristina Bautista.
Crédito: Archivo El Espectador
“Si nos hacemos lideresas y defensoras de nosotras mismas y también de los procesos territoriales, las cosas son mas complejas. Hay mentalidades sociales que no aceptan que las mujeres hagan ejercicios más allá de la casa, no estamos preparados para ese cambio (...). Es nuestra visión, nuestra fuerza no derrotada. Nuestro trabajo es ir regando esa semilla, ir ‘enamorando’ a otras compañeras, como decimos localmente, para que nos protejamos y enredemos en esta fuerza del reconocimiento, que no es solamente para nosotras; lo que pasa con las mujeres es para todo el mundo”, agrega la coordinadora del Programa Mujer.
A continuación, las historias de resistencia y los contextos de la violencia que rodean a las lideresas indígenas del Cauca, La Guajira, la Amazonía, la Sierra Nevada de Santa Marta y Putumayo.
Los líderes y lideresas indígenas son traductores de las necesidades de sus pueblos, por los que cultivan amor desde que nacen, de ahí que sus luchas se caractericen por ser colectivas. Suelen ser personas que para orientar a las comunidades tienen presente los consejos de sus mayores/as y los principios de sus etnias.
"La lideresa indígena misak es la que tiene presente los consejos de los mayores para poder orientar todos los procesos comunitarios y sociales de un pueblo, de una comunidad, de un municipio. Además también tiene que ver con los principios básicos del ser Misak: kasratik (ser alegre), pitotik (ser ágil), nilomik (respetar lo ajeno), Isomik (ser sincero), (untakik) amor por la familia por la comunidad, al ser Misak Misak", dilucida Mercedes Tunubala Velasco, también conocida como ‘Mamá Mercedes’, alcaldesa de Silvia, Cauca. La primera mujer misak en llegar a una alcaldía en el país y una de las primeras indígenas.
‘Mamá Mercedes’.
Crédito: Facebook Mama Mercedes Alcaldesa
Hombre y mujer se complementan en la cosmovisión indígena, pero las mujeres, por ser madres, son asociadas al poder que tiene la naturaleza de dar vida, al agua, de ahí que se les considere sagradas y tengan un papel fundamental en la ritualidad de los pueblos, explica la lideresa wiwa Lejandrina Pastor, consejera de Mujer, Familia y Generación en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Así mismo, el liderazgo de las mujeres se destaca. Daniela considera que la mayor diferencia es que las mujeres lideran más desde el amor y la empatía, que desde el orgullo y el ego: “así tengamos el dolor y la rabia, tenemos la prudencia para saber llevar las situaciones con más sabiduría”. La joven lideresa también opina que las mujeres saben escuchar y dejarse orientar mejor, además de enseñar desde la “integralidad”, “por haber asumido tantos roles desde diferentes escenarios: el cuidado de la familia, el productivo y el liderazgo”.
Por su parte, Fanny Kuiro, lideresa uitoto y coordinadora de Mujer, Juventud, Niñez y Familia en la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), cree que las lideresas indígenas piensan “más en acciones que en discursos”. “Las mujeres son más efectivas, los hechos se ven. Cuando están trabajando, son más conscientes de la situación, son de pronto más juiciosas en el manejo de muchas cosas: lo financiero, los programas, para aportar en las políticas públicas”, acota.
Desde la OPIAC, Fanny trabaja por atender los derechos de las mujeres desde la formación, socializando las leyes que las protegen y apoyando el empoderamiento económico y la soberanía alimentaria de las amazónicas. Acciones que también adelantan Luz Elvira Jossa en la comunidad Kamentsá Biyá en Putumayo, las líderes de Fuerza de Mujeres Wayuu en La Guajira y las dinamizadoras del Programa Mujer del CRIC en el Cauca, quienes también se preocupan por acompañarse desde sus preceptos ancestrales.
“En el Programa Mujer queremos resaltar mucho recuperarnos con ser mujeres, autoreconocernos desde la ancestralidad, a través de ‘tulpas de pensamiento’, de diálogo, ‘círculos de la palabra’, ‘tulpas de armonización’, círculos de mujeres donde nos vamos a recorrer y revitalizarnos en espacios libres del territorio con la orientación de las mayoras, que nos van orientando con procedimientos que nos alimentan y nos dan fuerza para hablar, estar más tranquilas, descargar a veces rabias que lastiman nuestras vidas. Hacemos las ritualidades”, ilustra Roseli, quien también explica que las prácticas culturales, como la música, la danza, los tejidos y la pintura, han tenido un papel central en ese proceso.
“Entre las estrategias para eliminar esa violencia está escucharnos, son procesos de sanación. Las mujeres guardan mucho dolor. Estos espacios han servido para que entiendan que no están solas, que muchas compañeras han vivido esas violencias”, manifiesta Daniela. “Los espacios de juntanza de mujeres fortalece la lucha, tenemos que luchar, pero también desahogarnos”, complementa Roseli. Acompañarse entre mujeres ha sido clave. Con redes de apoyo en diferentes latitudes, nacionales e internacionales, han logrado reconfortarse, rodearse y cuidarse.
Los procesos organizativos de mujeres indígenas colombianas han sabido articularse con varias plataformas de participación política. Por ejemplo, Fanny es comisionada en la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas; Luz Elvira hace parte de la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas, y el Programa Mujer del CRIC se ha articulado con otros procesos de resistencia, como la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.
Las particularidades de las lideresas también dependen del territorio, como ocurre con las mujeres wayuu, en La Guajira, donde son asociadas con la templanza y la fuerza y reconocidas como mujeres protectoras y trabajadoras. “Por naturaleza, las mujeres indígenas son líderes en sus comunidades, pero en La Guajira estaban organizadas más que todo con la educación, organizando las escuelas. Llegó un momento donde comenzaron a pensarse como mujeres: la conquista del liderazgo femenino”, asegura una funcionaria del Ministerio Público con amplio conocimiento en el tema.
Fuerza de Mujeres Wayuu tiene 14 años en esa conquista. Conformada en 2006 como respuesta a la oleada de violencia paramilitar que en ese entonces azotaba prácticamente a toda la Costa Caribe, esta asociación de mujeres comenzó reclamando los derechos de las víctimas del conflicto armado y del abandono estatal. Rápidamente se percataron del despojo que varias comunidades estaban padeciendo a causa de la minería a gran escala, además del deterioro de sus fuentes hídricas. Desde entonces, han trabajado por denunciar las violencias y violaciones a los derechos humanos en La Guajira y por recuperar sus territorios ancestrales, además de ayudar a otras mujeres a fortalecer sus liderazgos.
Con la Escuela de Mujeres Indígenas y Otras Formas de Sabiduría, Fuerza de Mujeres Wayuu ha formado en participación política, de manera itinerante, a más de mil mujeres de la zona, con el apoyo de varias organizaciones de cooperación internacional, según los cálculos de Angélica Ortiz, secretaria general de la organización desde 2007. Angélica, en la misma vía, también cuenta que planean promover la salud sexual y reproductiva desde los colegios etnoeducativos de la región.
Mural en La Candelaria, Bogotá.
Crédito: Juan Gómez
Las lideresas no han descansado, a pesar de los innumerables retos que ha traído consigo la pandemia del coronavirus. Entre ellos, la imposibilidad de salir de casa para acompañar a sus comunidades y, ante esto, las dificultades de comunicarse virtualmente, cuando la cobertura de internet es baja en las zonas rurales. Cuando la señal y los recursos lo permiten, muchas, sobre todo las mayoras, han tenido que adaptarse pacientemente a la tecnología.
Otro obstáculo con el que han tenido que lidiar es el miedo que ha traído la enfermedad, para que puedan participar tranquilamente en espacios con otras mujeres. “Tienen a su cargo el cuidado de los hijos, la mayoría pequeños, da miedo llevarlos”, asegura Daniela, quien, con ayuda de protocolos de bioseguridad y la espiritualidad nasa, ha logrado que sigan asistiendo para formarse. Los nasa también han recurrido a los rituales y plantas medicinales para evitar que el COVID-19 llegue a sus resguardos. En la sabiduría ancestral han encontrado alivio.
El deber de “fortalecer lo propio” en estos tiempos de pandemia es algo en lo que coincide ‘Mamá Mercedes’. “La medicina propia, la educación propia, la lengua propia, reflexiones en torno a la memoria ancestral”, recomienda.
Fuerza de Mujeres Wayuu, así como otras lideresas entrevistadas, también han aunado esfuerzos para socializar con sus comunidades la información clave sobre la prevención y atención ante la emergencia sanitaria. Una crisis que las ha afectado económicamente. “Las lideresas y mujeres no estaban preparadas para esta situación. Todas piensan en sus hijos y lo que hacen y ganan es para sus hijos, para comprar tapabocas sacan de la economía de la casa. Eso implica un riesgo”, afirma Luz Elvira desde Putumayo.
“La violencia sociopolítica en un contexto de pérdida de ingresos golpea doblemente a mujeres y triplemente a defensoras, ellas no se lucran con lo que hacen. Hay precariedad en la vida de las defensoras, sobre todo las de base. Si no puedes sostener la vida de tu familia, ¿cómo vas a poder defender derechos?”, reflexiona Carolina Mosquera, investigadora de la Corporación Sisma Mujer. En ese ‘fortalecer lo propio’, una manera que han encontrado las mujeres indígenas para resistir económicamente ha sido a través de sus saberes ancestrales, como el comercio de artesanías.
Mochilas wayuu en el Mercado Viejo de Riohacha, La Guajira.
Crédito: Juan Gómez
El confinamiento, además, trajo otro riesgo superlativo: ser fácilmente ubicadas por actores armados y no poderse mover en un contexto de peligro. “Los grupos armados que han querido ejercer el control territorial, han intimidado con panfletos y llegando a balear establecimientos públicos, imponiendo toques de queda. Ahora es por la pandemia, una excusa para imponerse, viendo que la gente está con el cuidado de no salir de casa, para imponer su fuerza, sobre todo en lugares que han quedado descuidados”, denuncia una lideresa indígena del suroccidente del país. El fortalecimiento de los grupos armados ilegales durante la cuarentena y sus estrategias de control social, excusándose en la pandemia, han sido ampliamente documentadas por la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, muchas lideresas también han tenido que enfrentarse con sus propios espacios domésticos, cuando conviven con familiares violentos. El exorbitante aumento de la violencia intrafamiliar contra las mujeres en Colombia durante la pandemia es de conocimiento público. “Tenemos al enemigo en casa”, como dice Luz Elvira.
“No ha habido una buena restricción con el alcohol en pandemia, un tema que ha desembocado en violencia en nuestros territorios. Ha hecho a los hombres más violentos, no se ha podido controlar y nadie ha hecho nada”, denuncia con preocupación Daniela desde el Cauca.
El liderazgo de los indígenas es colectivo, por tanto, al agredir a uno de sus líderes/as, la afectación es para todos y todas. “No solamente matan al individuo, también a la colectividad. A minar la pervivencia de su cultura, de su autonomía y de su proyecto de vida, que gira en torno a su ancestralidad”, explica Mateo Gómez, quien el pasado 25 de septiembre dejó la dirección del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo.
El 27 de junio de 2020, un día después del asesinato de Miriam Vargas, lideresa indígena comprometida con la paz en su región, la comunidad de Paéz (Cauca) realizó una velatón rechazando su homicidio.
Crédito: Archivo El Espectador
Daniela Soto Pito no duda cuando dice que lo primero que pierde una comunidad indígena cuando asesinan a una lideresa es “el linaje femenino de todas las mujeres, las mayoras, el componente espiritual femenino que tiene esa lideresa, tanto del territorio como de su linaje, que han hecho que ella esté ahí”; la comunidad pierde la construcción colectiva del territorio.
“Si se aniquila ese liderazgo, se pierde toda esa trayectoria política de rompimiento de estereotipos sexistas que le hubieran impedido estar ahí pero que ella rompió”, asegura Carolina Mosquera de Sisma Mujer. Con una pérdida de este tipo, el miedo se esparce entre las demás mujeres, lastimando sus esperanzas. Y el miedo paraliza.
La sabiduría del pueblo también se pierde. “Cuando se asesina la persona se asesina el conocimiento, la historia, tantos años de experiencia de vida. Ese conocimiento no es mío, es de la comunidad, entonces eso es lo que eliminan”, aclara Jaime Díaz, guardia indígena con cerca de 35 años de liderazgo en el norte del Cauca. En un gran porcentaje, esos saberes no están documentados. A menos de que sean compartidos entre otros integrantes de la etnia, se extingue la memoria viva de los pueblos.
El daño cultural es inconmensurable. “La comunidad queda con el dolor colectivo y pierde una madre, una orientadora, una cuidadora, una sabedora; es muy significativo la pérdida de una lideresa... Esa dignidad como mujer, pero la mujer también es la representación del territorio, la ‘Madre Tierra’, el universo (lo que existe), se asesina la vida”, interpreta Daniela.
‘Mamá Mercedes’ concuerda: “la comunidad lo pierde todo, porque la mujer representa la naturaleza, la ‘Madre Tierra’, y todo un legado espiritual material e inmaterial de las ancestras como dadora de vida. Creo que eso no puede pasar, porque nosotros somos las responsables de poder dar la garantía de nuestra identidad, de nuestra autonomía y de nuestros usos y costumbres de generación en generación a nuestros hijos”.
Luz Elvira, al igual que las demás lideresas entrevistadas, se duele profundamente por el tema, pero también hace un llamado a sus compañeras: “cuando se muere tu mamá, has perdido una lideresa, una guía, un motor. Cuando se va una lideresa se pierde mucho, es muy doloroso. Eso causa temor, pero da fuerza para seguir luchando. Esa lideresa se convierte en una semilla para que haya un legado, hay que seguir batallando por quienes han entregado sus vidas”.
Varias entrevistadas están de acuerdo con que los pueblos indígenas, y sobre sus mujeres, también pierden su voz, “porque somos la que le damos la voz a quienes en medio de sus dificultades no pueden hablar, denunciar y prefieren callar”, asegura Dulcy Cotes de Fuerza de Mujeres Wayuu. Cuando una lideresa deja de ser, porque le callan su voz, se pierde la fuerza de muchas mujeres que están detrás, como explica la funcionaria del Ministerio Público. Se desconoce la importancia de los esfuerzos de las mujeres, “liderazgos que ha costado mucho construirlos”, en palabras de Roseli.
En el caso de líderes y lideresas, “se pierde el proceso. Cuando se agrede o asesina a un miembro de la comunidad entra el terror y se baja la capacidad en agencia de participación, se baja la acción política de la comunidad y, con ello, también se limitan las capacidades para exigir las respuestas de las necesidades y dificultades de las comunidades”, afirma Angélica, compañera de Dulcy. Pero cuando la pérdida es por una lideresa, añade, “es bastante complejo, porque en el tema Wayuu la mujer le da equilibrio al plan, da sostén económico, a la mujer no se toca siempre y cuando se dé de manera consensuada, cuando muere una mujer se muere la base, la raíz, porque sostiene… Y con los liderazgos también: como lideresas siempre nos preocupamos por el cuidado integral, el bienestar de la comunidad”.
Una experta consultada por este medio que prefiere permanecer anónima, y quien tiene una sensibilidad especial para la comprensión de las etnias, explica que las mujeres wayuu son sagradas para su comunidad: “la wayuu es fuerza, por su misma estructura jurídica, el apellido de la mujer es el que se perpetúa, es la que lleva la descendencia de la casa”; es la que permite la pervivencia del clan, le da vida y lo mantiene, un rol fundamental que crea un vínculo impactante.
Otro que pierde es el medio ambiente, siendo las lideresas indígenas protectoras de la tierra y el territorio. Como dice Lejandrina, consejera de la ONIC: “Al matar a una mujer lideresa hay muchos derrumbes y ahí no crece más árbol. Si yo cuido 100 árboles y alimento a cuántos animales, pajaritos, ¿quién pierde si me matan?, ¿quién perdió sino hay más aire? La humanidad, ni siquiera mi pueblo”.
Percatarse de las violencias cotidianas por el hecho de ser mujeres indígenas es un proceso de muchos años. Por lo general, primero se hacen conscientes de la discriminación y el racismo en su contra por el hecho de ser indígenas. “Este tiempo he podido ampliar la visión y sensibilidad en esas situaciones y reconocer y entender la violencia desde la misma organización indígena, porque a nivel externo siempre he tenido claras esas violencias: la violencia del Estado, de las instituciones y de los grupos armados”, reconoce Daniela Soto Pito, del Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Los casos conocidos por la opinión pública abundan. No más, recientemente, el pasado 20 de mayo, circulaba por redes sociales una grabación en la que un funcionario del gobierno usaba calificativos denigrantes para referirse a los pueblos indígenas representados por el CRIC.
Varias entrevistadas coinciden en que los actos de discriminación de los funcionarios públicos no son aislados: obedecen a un contexto histórico de racismo contra los pueblos originarios. “Tengo unas críticas muy fuertes frente a algunas situaciones absurdas que no debería ser. Por ejemplo en mi Amazonía, el abandono estatal es descarado. ¿Que pasó por ejemplo en mi Amazonía?, un funcionario del gobierno dijo que ‘la suerte estaba echada’, quiso decir más o menos: ‘aquí no hay nada que hacer…’ ¿la Amazonía es otro país?”, se pregunta Fanny de la OPIAC.
Desde no explicarles debidamente las rutas de denuncia ante casos de violencia, hasta no prestarles atención, hay una larga lista de atropellos contra las lideresas indígenas, como considera Roseli del CRIC: “porque no vale mucho la pena” para los funcionarios.
Diferentes organizaciones sociales dedicadas a la investigación, como Somos Defensores, Sisma Mujer y Limpal, han evidenciado cómo el racismo ha profundizado la vulnerabilidad de las lideresas étnicas, expuesto claramente en su más reciente publicación conjunta: Defensoras: voces de vida y resistencia. Allí, recogiendo jurisprudencia de la Corte Constitucional, mencionan que uno de los diez riesgos para la violación de los derechos de las lideresas y sus familias, “expresado en tensiones psico-emocionales, elevados niveles de vulnerabilidad sobre personas a cargo, e inestabilidad económica debido a la imposibilidad de mantener las actividades laborales”, son los riesgos “derivados de la condición de discriminación o vulnerabilidad acentuada de mujeres indígenas o afros”.
El Programa Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras también lo señala: “Las mujeres indígenas y afrocolombianas poseen riesgos superlativos, debido a las condiciones históricas de discriminación, pobreza y marginalidad a las que han estado expuestas y al impacto desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado”.
La máxima de Roseli es concluyente: “Cuando nos configuramos como defensoras de los derechos de las mujeres es como si te pusieras ‘la soga al cuello’”, pero no solo por estar en la mira de los grupos armados. “Si lo dices, es como ‘ella ya viene a fregar’, es de esas ‘jodonas’, de esas feministas que siempre andan incomodando, ya no te contestan al teléfono las instituciones o no te reciben, o no te dan la información que necesitas para hacer los procesos”, asegura, haciendo referencia a la estigmatización que las persigue. Allí, esas violencias raciales y de género se cruzan.
En otras ocasiones, las acciones de la institucionalidad pueden desembocar en violencias colaterales. “La gente, por pensar que este es un departamento turístico (La Guajira), en donde no se puede decir lo que está pasando porque se ahuyenta el turismo, sigue y seguirán pasando cosas. La fuerza pública dice: ‘aquí no está pasando nada’, mientras tanto los líderes siguen siendo desplazados, amenazas y atentados”, asegura una lideresa mestiza de La Guajira. Allí, entre 2019 y junio de 2020, fueron asesinados tres líderes/as sociales y se presentaron al menos 12 amenazas y un atentado en su contra, documentó La Paz en el Terreno.
“Da temor, muchas veces los mismos funcionarios salen a desmentir o quitarle veracidad a las amenazas y eso nos coloca en mucho más riesgo. Una vez tuvimos una confrontación con el exsecretario de gobierno. A la lideresa wayuu Debora Barros le hicieron un atentado y el exsecretario dijo que era ‘un intento de asalto’, que no había pasado nada. Nosotras dijimos que él no era la autoridad competente para hacer esas aseveraciones. Cuando un funcionario sale a decir eso, que debe velar por la protección de la gente, le da pie a los victimarios”, asegura una lideresa afro que propende por la protección de las lideresas del territorio guajiro, independientemente de su procedencia étnica.
Ante la gravedad del tema, se pronunció Mateo Gómez, exdirector del SAT. Una de las razones que no permite la protección de los líderes/as sociales después de que la Defensoría del Pueblo emite Alertas Tempranas indicando sus riesgos —150 Alertas Tempranas hasta la fecha—, “es el desconocimiento de la labor de la Defensoría del Pueblo en términos de señalar que ese riesgo no existe”. Gómez cuenta que han conocido funcionarios que dicen que “las Alertas Tempranas lo único que hacen es afectar el turismo, una preocupación frecuente”.
Para Daniela, por lo general es necesario que los funcionarios sean étnicos para fortalecer la política pública en relación a los indígenas. “En el Cauca no hay una sola acción para mujeres indígenas, desde la gobernación del Cauca y la Secretaría de la Mujer”, afirma Roseli. Para una funcionaria de la Defensoría del Pueblo, la institución debe seguir trabajando desde la comprensión de los pueblos, desde su pensar, actuar y sentir, pues, según ella, mucha violencia se genera desde la incomprensión de su realidad.
La primera sección de este especial retrata cómo las lideresas son violentadas por el hecho de ser mujeres y cómo los violentos se ensañan contra sus cuerpos, sean actores armados o de su círculo social. El reportaje también esclarece cómo los criminales buscan agredir a sus núcleos familiares, como le ocurrió a la hija de Aida Quilcué o a las hijas de las integrantes de Fuerza de Mujeres Wayuu, muchas veces ocasionando desplazamientos forzados, entre otras afectaciones a sus vidas. Cuando un grupo armado ataca a una lideresa también ataca a su proceso comunitario y su contexto más cercano, “es altamente rentable para ellos”, en palabras de Mateo Gómez, quien recientemente dejó la dirección del SAT.
El desplazamiento forzado de los pueblos indígenas hacia las ciudades ocasiona graves pérdidas culturales. “Vamos generando procesos de y pérdida de espiritualidad, prácticas que nos hacen fuertes, no podemos hacerlo, además de la pérdida estructural de las lenguas y pensamiento, la lengua es pensamiento”, cuenta Roseli (CRIC).
“En las agresiones se incluye el componente familiar de manera distinta a los hombres, porque se es consciente del apego de las mujeres a las labores de hogar y del cuidado de los hijos y la familia”, confirma Roxana Sefair, investigadora de la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena (EIDI) de la Universidad del Rosario.
“Cuando hemos tenido riesgos, hay familiares que comienzan a rogarnos: ‘no te metas más, párale’. Desvirtúan procesos comunitarios para lograr el cometido de la invasión de los territorios y la ganancia de nuestros recursos”, asevera Roseli.
La preocupación de las familias es más que razonable. Con miedo, un familiar de Juana Almanzo le contó a La Paz en el Terreno que antes de ser quemada con ácido, asesinada y desaparecida, esta lideresa wayuu había denunciado amenazas contra su vida. Juana trabajó como coordinadora de convivencia en la Institución Educativa Camino Verde, en el municipio de Uribia, y su cuerpo fue encontrado dos días después de su desaparición, el 26 de septiembre de 2017. Para la investigadora Roxana, se debería presumir que en los casos de lideresas sociales o defensoras de derechos humanos desparecidas, hubo violencia sexual”.
Desaparecida también estuvo Rocío García Paí, comunera awá del Resguardo Hojal La Turbia, del municipio de Tumaco, Nariño. Después de tres días, su cadáver fue hallado en el río Nulpe con varios impactos de bala y signos de tortura. Los hechos ocurrieron después de una amenaza, el pasado 5 de junio 2019, cuando se realizaba la asamblea general de la Unidad Indígena Del Pueblo Awá (UNIPA). Rocío era madre de dos hijos.
Un día después, el 6 de junio, desapareció Leidy Jackeline Burgos Paí, de 18 años. Pertenecía a la Guardia Indígena en el Resguardo Indígena Honda Río Guiza, en el vecino municipio de Barbacoas. Cursaba grado 11 en la Institución Educativa Indígena Técnica Agroambiental Bilingüe Awá - IETABA. También desapareció después de asistir a una asamblea de la UNIPA, posteriormente su cadaver fue hallado cerca a su casa, también con signos de tortura e impactos de bala. La UNIPA dio a conocer que previamente habían amenazado a varios líderes del pueblo Awá.
Y es que “por ser mujer se es presa fácil para ser violentada por los grupos armados de todas las formas”, como dice Fanny, de la OPIAC. En zonas de conflicto, lamenta Daniela Soto Pito, el repertorio de violencia de los armados es amplio contra las mujeres, va desde la violencia sexual hasta “el reclutamiento ideológico y forzado. En los territorios las compañeras son bastante vulnerables. Hay comentarios de que les gustan los hombres armados, imaginarios que implantan, que representan poder y por tanto creen que podrían mejorar su calidad de vida. Hay jóvenes que tienen esa etapa de enamoramiento. Hay muchos casos que podrían evidenciarse. Chicas que han sido víctimas en casa, pueden ver en un actor armado algo atractivo, que genere seguridad y respeto”.
Como documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica, el enamoramiento de niñas y adolescentes es una conocida práctica de los grupos armados, legales e ilegales, para obtener información de las dinámicas del conflicto en los territorios. Hay muchos casos que terminan en abandono o embarazos de menores de edad, muchos relacionados a la violencia sexual. Una experta consultada por este medio dice conocer el caso de un pueblo cercano a la Sierra Nevada de Santa Marta donde nacieron más de 100 niños y niñas tras violaciones de actores armados.
“En épocas de conflicto fue peor. Con la guerrilla, los papás, para brindarle seguridad a su familia, le entregaban las niñas de 13 y 14 años al jefe del grupo como garantía”, cuenta una lideresa indígena de la península de La Guajira.
El pasado marzo, 20 mujeres nukak entregaron a la Comisión de la Verdad un informe sobre la violencia sexual que han sufrido por actores armados.
Crédito: Archivo El Espectador
La vulnerabilidad de los menores había sido denunciada por Juana Almanzo, pero en cuanto al aumento de la tasa de muerte de los niños wayuu por desnutrición. Había sido una crítica acérrima contra la gestión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en La Guajira, como además lo fue Oneida Epiayú, también lideresa wayuu, pero en el municipio de Manaure. Oneida era conocida por su activismo social y por realizar denuncias de presunta corrupción en los programas alimentarios del ICBF. El 17 de octubre de 2019, fue asesinada al interior de un restaurante de Riohacha, dos hombres llegaron en una motocicleta y le dispararon, dejando heridas a cuatro personas más, entre ellas su esposo y una menor de edad. Según documentó Indepaz, Oneida tenía un esquema de seguridad.
Una fuente de alto perfil en el Ministerio Público, que prefiere mantener su nombre bajo reserva por seguridad, asegura que en los últimos dos años La Guajira no se ha caracterizado por homicidios sino por amenazas contra líderes y lideresas sociales, entre ellos quienes denuncian la desnutrición de menores de edad y reclaman tierras, quienes defienden víctimas y, en épocas electorales, quienes se dedican al liderazgo político, particularmente en el municipio de Dibulla.
Según Somos Defensores, La Guajira estuvo dentro de los cinco departamentos con mayor número de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en 2019, con 41 casos.
De acuerdo con la Defensoría, el 2018 ha sido el año más letal del último cuatrienio para líderes/as sociales y defensores/as de derechos humanos en Colombia, con 168 homicidios, “con una alta concentración en el periodo de la campaña electoral presidencial, entre junio y agosto”, según Mateo Gómez, exdirector del SAT. “Puede obedecer a que el escenario electoral es el más riesgoso para la defensa de derechos humanos”, reflexiona.
Gómez, por otro lado, mostró especial preocupación por los riesgos para las lideresas que denuncian la explotación sexual de las mujeres y la población LGBTI+ en La Guajira, incluyendo migrantes de Venezuela y víctimas de trata de personas.
Otra fuente del Ministerio Público conocedora del tema también llamó la atención sobre los peligros contra los pueblos Kogui y Wiwa, de la Sierra Nevada, quienes han tenido choques con grupos armados interesados en el oro de sus territorios. No obstante, no han sido los únicos mártires de la avaricia.
La amenaza más grande contra la vida en La Guajira es la carencia de agua; sin agua nadie sobrevive. Es difícil imaginar que en pleno desierto, donde el agua escasea, haya ríos de consumo humano que estén siendo acaparados o intervenidos por empresas para sus actividades mineras. Tal vez la más conocida en la región por la opinión pública es la extractora de carbón Cerrejón, una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo, pero el territorio wayuu también está siendo apetecido por otras multinacionales, asegura Dulcy Cotes, lideresa de Fuerza de Mujeres Wayuu. “Algunos ríos intervenidos en la región se han venido secando”, denuncia.
Por ello, Fuerza de Mujeres Wayuu ha abanderado una lucha incansable por la defensa del agua, de su territorio ancestral, una realidad que afecta a los pueblos guajiros, en su mayoría comunidades indígenas y afro. Ha habido casos, comentan sus lideresas, en los que para reemplazar al río que las empresas utilizan, estas construyen pozos subterráneos para el consumo humano “y el agua no es igual, sabe a combustible, ¿quién nos repara ese daño tan grande?”, cuestionan.
Una situación que se ha agravado durante la pandemia, cuando el agua es vital para prevenir la enfermedad del coronavirus. “Hoy en la pandemia no funciona quedarte en la casa, las pozas se han acabado más rápido, toca socavarlas más. Eso no pasaba cuando el río Ranchería bajaba suelto desde la Sierra Nevada, la posa se llenaba”, asegura Lejandrina Pastor de la ONIC.
“Esto pasa porque el Estado es cómplice de las empresas, con su discurso de que el subsuelo es de ellos, pero, ¿dónde dejan el vínculo estrecho entre el territorio y las comunidades?, ¿cómo lo van a contaminar?”, piensa Dulcy. El río es muy importante para ellas porque hace parte de su identidad Wayuu, con lo que han nacido y crecido, que les da sustento. “El cuidado de la naturaleza es parte fundamental de su cosmovisión, que debemos respetar. La naturaleza es su vida, como debería ser para nosotros”, concluye Dannys Vieco, lideresa mestiza de la región.
Comunidad Wayuu.
Crédito: Archivo El Espectador. Gustavo Torrijos
La defensa del agua, sin embargo, va más allá del cuidado de los ríos, entre ellos el arroyo Bruno. Lideresas de la organización aseguran que la pesca tradicional de los wayuu, de la que perviven, ha disminuido desde que cierta empresa instaló su maquinaria en el mar, mostrando otra cara del problema.
Además de secar y contaminar los ríos, mineras son señaladas de provocar desplazamientos en la zona. Dulcy recuerda el caso de una comunidad wayuu que fue reubicada de su territorio ancestral, a un lugar que no conocían, para darle paso libre a una de las mineras, quedando así expuesta a la violencia armada. “Los asentaron en la Serranía del Perijá, un lugar estratégico para los grupos armados, donde fueron víctimas del conflicto; mataron a una de sus autoridades. Les hicieron unas casas que parecen de fósforo”, rememora.
El desplazamiento también ha afectado a las comunidades afro. “Esta el caso de un pueblecito que desapareció, que era netamente afro, reconocido. Una empresa carbonífera hizo que desapareciera, tirando líneas férreas por todo el pueblo, ¡las enfermedades que se vinieron!, todo el pueblo se desplazó”, menciona una lideresa guajira que desde joven trabaja en otro departamento pero sigue ligada con sus raíces.
El favorecimiento de intereses privados ha dejado grandes daños en los territorios étnicos del país y del planeta. Por el bien de pocos, han perdido muchos. Las defensoras de Fuerza de Mujeres Wayuu han sido reconocidas internacionalmente por su valentía para resistir y persistir, para seguir despertando conciencia del deber humano por el cuidado del medio ambiente. Pero reclamar derechos universales, como el acceso al mínimo vital, y reclamar protección para sus comunidades frente a la violencia indiscriminada de los armados, las ha puesto en grave riesgo.
En un contexto de agresiones, denunciado por la Defensoría del Pueblo, contra líderes sociales que se oponen a megaproyectos y de panfletos amenazantes contra quienes se atreven a defender a las víctimas, tanto de la contaminación minera como del conflicto, Fuerza de Mujeres Wayuu ha sido blanco sistemático de persecución. “Desde el comienzo de la organización hemos estado bajo amenaza por cumplir la labor que debería cumplir el Estado”, alega Angélica Ortiz. Fuentes institucionales confirman que le han pedido protección al gobierno, al menos, desde hace seis años.
“La organización de Angélica se ha enfrentado a reiteradas amenazas (seis únicamente en 2019), que supuestamente provenían de grupos paramilitares, así como a campañas de desprestigio público. La organización dice que el gobierno no ha brindado una respuesta adecuada a ninguna de sus reiteradas solicitudes de protección”, reza el reciente informe de la ONG Global Witness titulado Defender el mañana: la crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente. Mateo Gómez, exdirector del SAT, confirma que “hay un nivel de amedrentamiento y amenaza muy alto que se expresa en panfletos contra Fuerza de Mujeres Wayuu, sobre todo entre septiembre y noviembre de 2019”. Panfletos que cuentan les han arrojado por debajo de las puertas de sus viviendas.
Tomada del referenciado informe de Global Witness.
Crédito: Global Witness
El riesgo por defender derechos es conocido en Colombia, cientos de titulares sobre homicidios y amenazas contra líderes y lideresas sociales han inundado la prensa desde la firma del Acuerdo de Paz (2016). “Ser líder acá es no saber si amanece o no. En un país tan violento como Colombia es estar las 24 horas con un revólver en la frente”, como dice Fanny de la OPIAC. Según Global Witness, más de la mitad de los asesinatos contra defensores ambientales alrededor del planeta en 2019 ocurrieron en Colombia y Filipinas. La mitad de los colombianos eran indígenas, la mayoría del Cauca.
Las amenazas contra la organización Wayuu, sin embargo, continuaron durante la pandemia. En plena Semana Santa, en medio del aislamiento preventivo y obligatorio decretado por el gobierno, “la última amenaza rompió la tranquilidad. Y ahí el cambio en el modo de vida: toca tener mucho más autocuidado. No hay la tranquilidad de salir, no me siento segura, tranquila”, expresa con desazón Dulcy Cotes.
A veces las amenazas escalan. A finales del pasado agosto, la lideresa wayuu Hortensia Urdaneta se salvó de un atentado, cuando, tras salir de una jornada de salud en el sur de La Guajira, un hombre le disparó al asiento trasero de la camioneta de protección en la que se movilizaba. Por fortuna, Hortensia iba como copiloto.
Tras las amenazas y agresiones, incluyendo hostigamientos y persecución, compañeras de Fuerza de Mujeres Wayuu han tenido que desplazarse forzadamente y exiliarse del país. Ahora, dicen, hay mayor vigilancia: “las mujeres que quedan viven con terror, estamos viendo regresar las masacres una por día en el país, es bastante preocupante la situación”, se duele Angélica. En lo corrido del año, Indepaz registró 61 masacres en Colombia, con corte al 21 de septiembre. La Guajira no referencia casos.
Para Yesenia Moscote, lideresa afro de la región, la estigmatización contra los líderes y lideresas sociales juega un papel en estas agresiones. “A nosotros de pronto por algunas posturas que tomamos ante el Estado nos están tildando como ‘colaboradores de la guerrilla’”, además explica que las amenazas son colectivas e indican los nombres de los defensores y defensoras.
La estigmatización también se conjuga con las tensiones entre la defensa del medio ambiente y actores del sector privado. “Pensar distinto se ha vuelto una forma de amenaza para aquellos que no nos han entendido, que piensan que somos un obstáculo para el ‘desarrollo’. Se ha vuelto sistemático y pensamos que esa ha sido una de las razones para señalar a los líderes y lideresas”, ilustra Lejandrina Pastor, consejera de la ONIC.
“Puede suceder mucho en contextos donde hay actividades extractivas, donde los líderes sociales étnicos realizan acciones de lo que para ellos es la defensa del territorio: manifestaciones, acciones judiciales y no judiciales para detener o reflexionar, por ejemplo, sobre una concesión minera o extractiva. En esos casos, muchas veces, se ve por los privados una afrenta directa hacia su ejercicio, su actividad económica. El debate no es si los líderes están en contra del lucro de equis actividad, sino que el debate debe centrarse sobre la protección del medio ambiente y sus lugares sagrados. Las empresas no pueden identificar a los actores sociales como un elemento de riesgo para sus proyectos sino como un actor social clave para incluir en sus proyectos de formulación y cuidado ambiental”, explica Mateo Gómez, hasta el 25 de septiembre director del SAT de la Defensoría del Pueblo.
“Por ejemplo, hay calificativos hacia los líderes que no son convenientes: se les dice guerrilleros, insurgentes, calificativos que nada aportan a la protección. ¿Cómo esto puede llevar a riesgos?, cuando llega a oídos de los armados, que tienen una visión binaria de la sociedad: blanco o negro, bueno o malo; le damos un atajo a los grupos para determinar los blancos de sus ataques”, añade el hasta hace poco Defensor Delegado.
En el 2015 y el 2019, Colombia fue el segundo país más peligroso del mundo para las personas defensoras de derechos humanos que se oponen a los abusos empresariales, con, al menos, 181 ataques en su contra, según documentó el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos en el informe Las personas defensoras de los derechos humanos y las empresas en Colombia. Según la publicación, “44 % de los ataques fueron contra las personas defensoras que plantearon preocupaciones sobre estas empresas: AngloGold Ashanti, Big Group Salinas, Cerrejón Coal, Ecopetrol y EPM”.
Cerrejón.
Crédito: Archivo El Espectador, Gustavo Torrijos
De acuerdo con una investigadora de larga trayectoria en la documentación de estas violencias, los ataques están ocurriendo últimamente de manera particular en contextos de tensión con petroleras y empresas detrás de monocultivos y ganadería extensiva.
A mediados de 2019, documentó el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, circularon por Facebook otro de tantos panfletos difamatorios y amenazantes contra Fuerza de Mujeres Wayuu y otras organizaciones locales, mencionando nombres de sus integrantes. Los panfletos incluían el símbolo de la tales ‘Águilas Negras - Bloque Capital D.C.’, un nombre usado genéricamente para infundir terror en campañas de exterminio social y político, masivamente contra líderes/as y defensores/as. “El Cerrejón y otras empresas de extracción y exportación de carbón en La Guajira y el Cesar emitieron una declaración pública condenando las amenazas en mayo de 2019”, reza el informe.
En los tiempos de antaño, la población civil identificaba con mayor facilidad el origen de las hostilidades, pero el escenario actual es difuso. Hay quienes no saben, hay quienes dicen no saber y hay quienes dicen que son de “los mismos”, haciendo referencia al mayoritariamente desmovilizado Frente Contrainsurgencia Wayuu, de las entonces Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “Todos saben quiénes son”, “los grupos paramilitares siguen en el territorio” y “tienen el control de algunas zonas” son frases recurrentes de los lugareños.
De acuerdo con una fuente de alto perfil en el Ministerio Público, en la región “quedaron disidencias de las AUC que hicieron alianzas con grupos delincuenciales organizados en la zona y cambiaron su actuar, se mimetizan mejor”. Serían bandas criminales de gran capacidad, algunas provenientes de Venezuela, como indica la Alerta Temprana No. 39-19 de la Defensoría sobre los riesgos en Maicao.
Al sur del departamento es públicamente conocida la importante influencia que ejerce el grupo ‘Los Pachenca’. En el resto del departamento, estarían algunas estructuras transnacionales, de acuerdo con Mateo Gómez, exdirector del SAT, relacionadas con la explotación sexual de las mujeres en la región y que, sin mayor dificultad, indica Gómez, pueden identificar a las lideresas sociales que denuncian y tienen ejercicios de defensa de derechos.
Independientemente de la proveniencia de las balas, una cosa está clara: han matado a decenas de lideresas en el país en el último año y medio, por tanto, la protección que brinda el Estado es insuficiente. Entre 2019 y junio de 2020, fueron asesinadas al menos 65 defensoras de la vida en Colombia (ver primera sección), entre ellas las lideresas indígenas Lilia Patricia García, en Nariño, madre de seis hijos; Rosa Jacanamejoy, en Putumayo, también madre; Nancy Astrid Conde, en Bogotá, quien como Lilia tenía dos hijos, y Remedia Aizama, en Chocó. En el ataque contra Remedia hirieron a una niña de 12 años.
“Las mujeres en general somos afectadas, porque así no sea la víctima la mujer, matan a su esposo, la afectada directa es ella, porque se queda a cargo de sus hijos, su responsabilidad, porque de alguna manera con su esposo la compartía. Si la víctima es mujer, porque es amenazada o asesinada, como Cristina Bautista, es una afectación mucho más grande porque las mujeres en este tiempo nos estamos perfilando para ejercer gobernabilidad, orientar procesos, y qué más quisiéramos que siguieramos fortaleciendo en ese proceso. Ahí nos dejan un vacío muy grande en el proceso, porque apenas estamos fortaleciendo ese liderazgo de las mujeres”, lamenta Aída Quilcué, consejera de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Velorio de Cristina Bautista y parte de la Guardia Indígena masacrados el 9 de octubre de 2019.
Crédito: Lia Valero
Lejandrina Pastor cuenta que en los tiempos originarios, si un hombre indígena agredía a una mujer, a quien no se le llamaba mujer sino se le asociaba al origen de la vida, al agua, se le prohibía beber el preciado líquido por un día. Los tiempos cambian. Desde la colonización española, la violencia contra las mujeres indígenas, aparte de sistemática, ha pasado desapercibida ante los ojos de la sociedad.
El Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE) registra los miles de casos de violencia contra la mujer en razón de su género, cientos de ellos en el Cauca, un departamento con basta presencia étnica. “Tenemos 42 muertes violentas contra niñas en Cauca, la justicia tiene que trabajar en cómo se reconocen como feminicidios, que en su mayoría son feminicidios, aunque solo se hayan reconocido 12 y seis presuntos. Todavía se duda lo que le pasa a las mujeres. De los 12 feminicidios reconocidos, cinco son mujeres indígenas”, reclama Roseli Finscué.
Daniela confirma que en el Cauca hay violencia indiscriminada, tanto física como sicológica, contra las mujeres indígenas en el Cauca: “está la creencia de que las mujeres indígenas debemos ser sumisas y solo dedicarnos al hogar, al cuidado, la crianza, sin reconocimiento; existe mucha violencia sicológica y física. Comenzamos a reconocer, por ejemplo, con la educación, que no nos motivan a estudiar como a los hombres, porque nos han metido en la cabeza que somos débiles, porque somos ‘las encargadas de la cocina’, como si fuera biológico”.
Antes de entrar al Programa Mujer del CRIC, en 2017 Daniela coordinó la creación de una agenda de mujeres con el apoyo de otras jóvenes del departamento, “nuestra apuesta de paz. Y fuimos identificando la desigualdad en la participación política en los procesos, la mujer no era valorada ni tenida en cuenta”. Con el apoyo de ONU Mujeres hicieron un campamento de liderazgo y un ejercicio de autorreconocimiento como mujeres, de la mano con algunos hombres. “Ellos dijeron que siempre nos han tenido en cuenta y cuando les preguntamos cuándo han trabajado en las violencias dentro de la comunidad, ellos respondieron que pensaban en las violencias que afectan al territorio”, relata la saliente coordinadora de jóvenes del CRIC.
“La Iglesia trajo el machismo. No más recordemos la situación que vivieron las abuelas, les arreglaban el matrimonio, la mujer siempre fue sometida”, admite Jaime Díaz, actual delegado del Proyecto Nasa y consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Para Daniela, sin embargo, la legitimación de la violencia contra las mujeres indígenas viene desde antes de la colonización.
En el pasado, narra Lejandrina, había más respeto y cuidado hacia las mujeres y el territorio, que tiene una connotación femenina. “Se decían cosas como ‘a ese árbol no lo mates porque es hembra’”, detalla. Pero cuando llegó la colonización y, con ella, la propiedad privada, se agravó su realidad. “Al llegar los títulos y las marcas nos dejaron por fuera a las mujeres, el dueño debía ser el hombre. Antes no existía el machismo, todo era de todos”, apunta la consejera de Mujer, Familia y Generación en la ONIC.
Daniela cuenta que en el campamento reconocieron que siempre les han tocado las labores del hogar y que nunca les han enseñado a trabajar la tierra, porque era una tarea de hombres. Este obstáculo para el acceso y la tenencia de la tierra, les ha generado una espiral de violencia inimaginable:
“Como mujeres indígenas nuestra atadura principal es el territorio. La mujer es la que más trabaja el territorio, pero hay la creencia de que a través del marido se accede a la tierra, nunca se ha pensado en distribuir tierra de manera igualitaria, las mujeres no son poseedoras de tierra en las comunidades indígenas. Una mujer soltera tiene que ir a la ciudad para buscar trabajo, porque no tiene tierra que producir. Muchas van a casas de familia porque no pueden acceder a educación superior y se exponen a riesgos: muchas son explotadas, sin prestaciones sociales, confinadas y posiblemente maltratadas y abusadas sexualmente. Algunas adquieren enfermedades de transmisión sexual en la ciudad y luego son discriminadas en el territorio, al que siempre debemos volver. La tierra nos afecta mucho y sobre todo a las mujeres jóvenes”, refiere la lideresa del CRIC.
Una realidad que el Cauca comparte con otros territorios como La Guajira. “En medio de tanta crisis económica, muchas mujeres entregan a las niñas, supuestamente para estudiar, pero las meten a fuertes trabajos domésticos y las violan mucho. Es muy complejo, uno se queda corto”, alega Dulcy Cotes de Fuerza de Mujeres Wayuu.
Ser mujer indígena en Colombia significa estar a la orden del día de la violencia. En un diagnóstico que realizó el CRIC en 2018, cuenta Daniela, se identificaron varias violencias que padecen en su comunidad. Caldono, por ejemplo, se caracteriza por la violencia con armas cortopunzantes, allí son comunes los intentos de feminicidio con navajas y machetes.
En cuanto a las violencias que suceden más inadvertidas están aquellas que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “Desde la cosmovisión defendemos la vida y desde ese momento, en lo cosmogónico, se ha criticado mucho la planificación y la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El discurso común es que generan enfermedades en el cuerpo. Antes se planificaba con plantas. Nosotras decimos que no se deben prohibir sino fortalecer las medidas propias para que las mujeres puedan tener un uso responsable y placentero de su sexualidad”, sostiene Daniela. En otras culturas, como la Wayuu, las plantas medicinales también han servido para este propósito.
una mujer quiere decidir cuántos hijos tener, asegura la lideresa juvenil, debe planificar a escondidas para no ser discriminada: “muchas no le mencionan a sus esposos porque no las dejan, reaccionan con señalamientos como “si tiene un esposo, ¿para qué?, ¿tiene un amante? Falta mucha información de prevenciones que deben tener”.
Según el informe ya mencionado de Somos Defensores, Sisma Mujer y Limpal, las mujeres son penalizadas e irrespetadas por entidades del Estado y grupos armados cuando promueven estos derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, la justicia indígena, reconocida constitucionalmente, no se queda atrás.
“Frente al IVE, son las autoridades indígenas las que toman la decisión sobre nuestros cuerpos, ni siquiera tenemos derechos a las de la Ley, sin consultar con las mujeres. Aunque en el Cauca hay división sobre la aceptación de las causales, hasta ahora no ha habido una consulta real de las autoridades indígenas de cómo lo debemos manejar”, lamenta Daniela. Cuando una mujer solicita un IVE, las autoridades propias son quienes deciden si aprobarlo o no. Cuando desean, también puede llevar el caso a una asamblea con cien personas donde la mujer debe argumentar por qué lo solicita. “Allí se les discrimina. Ha habido desterradas por acceder a los derechos que tienen en la Constitución, cuando son descubiertas”, precisa.
Otra dificultad para los Nasa es hablar abiertamente de diversidad sexual. “Es tabú, no es aceptado, es visto como una enfermedad, rechazado y todavía no se da un debate sobre el tema. Son las tareas que tiene el Programa Mujer, pero los esfuerzos no dejan abarcar toda la problemática y con la pandemia se ha dificultado más llegar al territorio”, comenta la lideresa.
Para Lejandrina el problema radica en que en las comunidades hace falta formación desde la cosmovisión propia, donde el respeto por la mujer es una máxima: “el hombre que está formado en la cosmovisión no le grita a una mujer, sabe que tiene el valor como el precio de la tierra, que es como su tía, hermana, que tiene un precio costoso que no compras así no más”.
Lejandrina va más allá: “aquel que no defiende a la mujer indígena, ¿cómo va a poder defender el territorio, la naturaleza? En el pueblo indígena somos 1'900.000 indígenas y de esos el 50,1 % somos mujeres. Si no cuidas a esa mitad, no tienes autoridad, ni peso jurídico ni código para hablar del universo, está hablando burlas, payasadas, ¿quién lo va a escuchar? Y por eso es que han salido tantas leyes de mujer, no hubiera si la gente entendiera que a la mujer no se le agrede, como al agua, ¿quién vive un día sin agua?”
La organizatividad de los Nasa para ejercer control territorial, en medio de una desmedida violencia armada, es reconocida nacionalmente (ver segunda sección), pero, como dice Daniela: “el control territorial no es solo ir detrás del narcotráfico, también es el fortalecimiento interno, va mucho más allá de controlar desarmonías, no solo los agentes externos, sino también lo interno”.
La violencia ha sido común contra las mujeres por ser mujeres, sean o no lideresas. Quienes se lanzan a la vida política de sus etnias no están exentas de feminicidios. Es el caso de varias mujeres indígenas en el Cauca. El cuerpo de Carmen Nené, comunera del Resguardo de Pitayó en Caldono, apareció en la última Navidad con signos de tortura. Poco antes del aislamiento obligatorio por la pandemia, Luz Eneida Ipía, comunera del Resguardo de Las Delicias en Buenos Aires, y poco después del inicio de la cuarentena, Marlly Fernanda Quina, reconocida lideresa del Resguardo de Piniquitá en Totoró, también fueron vilmente asesinadas. Las tres, a causa de sus parejas o exparejas, quienes con armas cortopunzantes acabaron con sus vidas. Carmen dejó tres hijos y Luz Eneda, dos hijas.
Con las lideresas, sin embargo, existe un agravante: su ejercicio político y comunitario, en un pueblo machista enojado con su labor, también puede ser un factor de riesgo. “La violencia por prejuicio es la que se ejerce contra las lideresas por el hecho de ser mujeres, en razón del rol que ejercen, que transgrede el orden machista y patriarcal. El hecho de irrumpir bajo esa lógica patriarcal y machista es un riesgo de violencia social y política, no es simplemente de violencia doméstica ni ordinaria”, indica Mateo Gómez, exdirector del SAT.
El feminicidio es la cúspide de una pirámide de violencias machistas que reniegan sus liderazgos, comenzando, en palabras de Fanny Kuiro de la OPIAC: “por la invisibilidad y el desconocimiento de lo que las mujeres lideran. Piensan que las mujeres no tienen derecho a hablar en los espacios públicos y tomar decisiones, los pueblos más tradicionales aún piensan mucho así. Dicen: ¿por qué la mujer tiene que estar en esos espacios hablando?” Las mujeres son asociadas con una idea de debilidad, de falta de mirada política.
La escasa legitimidad que se les brinda para hablar en público deviene de sus tradiciones. “Tradicionalmente los hombres son los que hablan, para ellos es complejo que participemos porque hemos hablado de otros temas, pero hoy en día se habla del tema de la mujer, antes no se hablaba. Ha cambiado la forma del cómo se hacen las cosas y las mujeres dejaron de ser únicamente las que han cocinado y criado hijos, también se ha demostrado que pueden tener una participación política activa”, informa Angélica Ortiz, de Fuerza de Mujeres Wayuu.
Incluso, cuando se les permite hablar, para Roxana, investigadora de la EIDI, “hay una valoración social distinta de los liderazgos. Cuando se habla de niños y mujeres son las mujeres quienes hablan, pero para hablar de tierras, por ejemplo, los liderazgos son distintos”.
Al hablar, además, se arriesgan a ser desvirtuadas. Frente al tema, Daniela Soto Pito del CRIC da algunas pistas: “por ser joven tu palabra siempre está puesta en duda y sobre todo si eres mujer, porque cuando una pone sus palabras, a una le da mucho miedo que hagan recochas sexistas, que una esté diciendo algo mal, eso hace que las mujeres participen menos. Me toca ganarme el respeto de la gente y que me vean como mujer y no en otro sentido”.
El irrespeto no tiene límites. “Cuando una mujer anda sola liderando, se llega a pensar que está buscando hacerse acompañar de una pareja o buscando marido. Piensan ‘está sola, no tiene quien la controle, está buscando marido’, y hay quienes se les ofrecen”, expone Roseli Finscué, coordinadora del Programa Mujer del CRIC.
En el Cauca, para deslegitimarlas, buscan cuestionar aspectos de sus vidas personales, contrarios a la idea de ‘la mujer ejemplar’. “Como no hay solidaridad como mujeres, buscan opacar el rol y sacan cosas personales de ellas, se busca que sean ejemplares y cualquier situación de su vida personal se expone para que deslegitime su ejercicio político. Si te ven bailando mucho o tomándote una cerveza, desde ahí te cogen para deslegitimarte. Esto no es cuestionado con los hombres, pueden ser agresores o no cuidar de sus hijos sin recriminación”, cuenta Daniela.
Incluso, personas de la comunidad pueden obstaculizar sus labores diciéndole a sus familias cosas contrarias de lo que hacen para que no las dejen ir a los espacios de participación, añade Roseli. Este fue el caso de Aída Quilcué, antes de convertirse en un referente femenino del liderazgo indígena en Colombia. Daniela cuenta que Aída reconoció haber tenido muchas dificultades por ser mujer, fue víctima de discriminación e intentaron deslegitimarla con temas personales, acusándola de haber participado en el homicidio de su esposo porque supuestamente tenía una amante —el líder Edwin Legada fue asesinado por miembros del Ejército en diciembre de 2008—. “Eso no me hubiera pasado si yo hubiera sido hombre”, fueron las palabras que Daniela recuerda haberle escuchado a Aída, autoridad de la ONIC.
Por el contrario, cuando las mujeres logran vencer la competencia “que nos ha metido el sistema”, en términos de Daniela, y se apoyan, pueden posicionar liderazgos trascendentales, como ocurrió con la gobernadora Cristina Bautista.
La subordinación de las mujeres, como base del machismo, también es la base de la violencia. Algunas lideresas concordaron en que muchas mujeres que quieren participar deben pedirle permiso a sus maridos. “Se entiende que sus maridos las controlan y las utilizan, piensan que la mujer tiene que estar cocinando y lavando”, asegura Luz Elvira Jossa desde el Putumayo.
Al preguntársele a ‘Mamá Mercedes’ por los obstáculos que tienen las lideresas de su comunidad, ratifica que el machismo es una realidad. “Además, dentro de la comunidad, por los múltiples oficios que le corresponde hacer a las mujeres comparado con la de los hombres. Incluso, en un estudio que se hizo, más de 80 oficios hace la mujer al día, creo que hace parte de ese obstáculo que se tiene y la discriminación hacia la mujer”, comenta la alcaldesa misak de Silvia, Cauca.
Esta subyugación lleva a la recriminación. “Si las parejas no están comprendiendo, hay violencias sicológicas, celos. ‘¿A dónde te vas a ir?’, preguntan celosos. O el exterminio, los feminicidios, porque se conjugan: ya no aguantan los celos de que una vaya a lo público. Una no está exenta de que en un espacio público le elogien, pero a veces con irrespeto, a veces el piropo es agresivo, y a veces nos juzgan por eso en casa”, detalla Roseli.
“Esa recriminación hacia la mujer cuando está en entornos públicos o cuando sale se da distinta, porque se le dice que ‘se expuso’”, afirma Roxana, investigadora de la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena (EIDI).
Esas acusaciones representan una profunda falta de apoyo por parte de la comunidad y hasta de sus propias familias. “Tras muchas de las amenazas, nos dicen: ‘eso te pasa por estar buscando problemas’, o cuando alguna es amenazada, es estigmatizada. ‘Está amenazada, no puedes meterte con ella”, escenifica Dulcy Cotes, de Fuerza de Mujeres Wayuu.
“El liderazgo social es casi un proceso de empobrecimiento, hay hijos que lo padecen. Se van de casa y generan un duelo que se devuelve como un dolor para las mujeres. Hay falta de apoyo, familiares que nos dicen: ‘qué estás logrando con eso’”, dice Roseli.
A algunas mujeres, inclusive, se les ha señalado de querer atentar contra el sistema normativo de sus etnias. A Fuerza de Mujeres Wayuu, por ejemplo, la han acusado de querer cambiar la del pueblo Wayuu cuando ha intentado denunciar casos de violencia sexual contra menores de edad, cuando “no les corresponde, por no ser familiares”. “Como Fuerza de Mujeres Wayuu lo tenemos mucho en el radar, qué estrategias usamos para visibilizar, pero cómo hacemos para que no seamos señaladas en la comunidad, de ‘estar metidas donde no nos han llamado’”, cuestiona Dulcy.
“Nosotras no queríamos competir con ellos, buscábamos visibilizar las problemáticas, apoyar los procesos de las comunidades”, manifiesta Angélica. “Trata uno de ayudar y termina uno sacrificado, uno al querer ayudar lo malinterpretan”, añade Dulcy.
La falta de apoyo también se expresa en otros retos para las lideresas, como emprender proyectos y lograr autonomía económica.
Sin embargo, todas estas violencias deben ser tramitadas por la misma comunidad, nombradas desde su propia cosmovisión y acompañadas de sus figuras políticas, respetando los procesos internos. “Hay tensiones y desencuentros dentro de las comunidades, pero eso se resuelve adentro, con su propia jurisdicción y sistema de justicia determinan a nivel interno ciertas políticas para las mujeres”, explica Rosana.
De todas formas, las mismas mujeres son las que se abanderan de sus causas y denuncian las violencias por medio de sus propias voces. “La organización misma es una manera de resistencia, mantener los procesos colectivos de las mujeres, permiten la incidencia política. Además están la resistencia de las prácticas espirituales, ese hacer es una forma de resistir dentro de sus propios términos”, interpreta la investigadora de la EIDI y añade que las acciones de memoria, rememorar qué pasó, desde sus manifestaciones culturales (tradición oral, tejido, baile, etc.), también son formas de la resistencia; “nombrar las violencias desde adentro es algo que también es reparador para las indígenas”.
Aunque muchas de ellas no son conscientes de su poder y del empoderamiento de sus causas, muchas otras se han ganado un reconocimiento, construido a pulso con los años, entre la dirigencia de sus pueblos. Así lo ilustra Angélica, desde La Guajira: “con el pasar de las acciones, porque dicen más que las palabras, hemos venido construyendo. Los cabildos, las autoridades tradicionales nos llaman: ‘qué te parece esto, ayúdame con esto’. Que un hombre del nivel de una autoridad tradicional nos busque quiere decir que los procesos comunitarios que hemos hecho no han sido en vano… ‘Ven y te invito’, de manera muy autónoma. En medio de esta lucha contra el machismo algo ha quedado”.
En 2017, Fuerza de Mujeres Wayuu (Sütsuin Jiyeyu Wayuu) ganó el Premio Nacional a la defensa de los derechos humanos en Colombia, como experiencia o proceso colectivo del año.
Crédito: Archivo El Espectador
Las entrevistadas concuerdan en que las nuevas generaciones han significado mayor apoyo y conciencia masculina hacia sus liderazgos, pero todavía no es la deseada, además de que se debe, en gran medida, al mismo trabajo persistente de las mujeres por el reconocimiento que merecen.
Con el Programa Mujer del CRIC, por ejemplo, se promueve la organizatividad, los derechos y el empoderamiento político de las mujeres del Cauca, “que dejen el miedo para hablar”, en palabras de Daniela Soto Pito. “Vamos a hacer un camino, un plan, para fortalecer esos liderazgos, con las habilidades que cada una tiene: liderar, participar, las artesanías, que aportan al territorio. De cómo exigimos los derechos, que la justicia sea efectiva; la jurisdicción especial indigena es efectiva, pero en casos de violencia contra la mujer ha habido machismo en los líderes para castigar a la víctima y no al victimario, terminan juetiándolas cuando actuaban de defensa propia… que podamos exigir esos derechos”.
A pesar de la naturalización de la violencia contra las mujeres, cada vez son menos las que se quedan calladas y más las que participan de espacios políticos. Para seguir avanzando en la lucha contra esta violencia, Daniela aconseja comenzar por “dejar los estereotipos de cómo debe ser una mujer y un hombre”, además de respetar y darle garantías a sus liderazgos: “¿cómo apoyamos a esa mujer líder madre soltera?, que no tenga que ser líder en el día y en la noche recargarse de trabajo en la casa, que pueda ejercer su liderazgo con tranquilidad”.
En las otras dos secciones de este especial periodístico se exponen los contextos de desprotección contra las mujeres y los indígenas que resisten desde el liderazgo social y la respuesta del Estado, pero las entrevistadas que protagonizan esta sección hicieron especial énfasis en mejorar la atención institucional, que además habría disminuido por la pandemia. Esto también significa incluir respetuosamente sus cosmovisiones en las políticas públicas de prevención y protección dirigidas a ellas, en otras palabras, que se tomen en serio los enfoques de género y étnico que requieren.
Esta preocupación es compartida por las expertas de Somos Defensores, Sisma Mujer y Limpal: “para numerosas mujeres defensoras pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y procesos colectivos solicitantes de medidas de protección, se han desconocido las formas tradicionales de autogobierno, la cosmogonía y la concepción ancestral y colectiva de protección. Se han identificado situaciones frecuentes en las cuales se ha ponderado de forma individual y sin conexidad el riesgo de las mujeres integrantes de una misma organización o comunidad sin tener en cuenta la perspectiva colectiva del riesgo que enfrentaban. Otras dificultades recurrentes para mujeres étnicas y procesos colectivos de mujeres son la carencia de modalidades de transporte terrestre colectivo, las restricciones en la asignación de personas de protección del mismo grupo étnico que no involucren el uso de elementos armados, y la inexistencia de medidas de protección simbólica o espiritual”.
Consultar con ellas la conveniencia de estas medidas colectivas y espirituales, que hagan juego con su manera de ver el mundo, precisa de una voluntad política que, manifiestan, hasta el momento ha sido insuficiente. Mientras tanto, seguirán promoviendo el reconocimiento de sus liderazgos, por un lado, exigiendo la atención a la que tienen derecho y, por el otro, estrechando los lazos con sus comunidades. Para lo primero, comentan que es imprescindible forjar un liderazgo integral, que tenga bases sólidas en el arraigo a sus territorios y su cultura, pero que también pueda considerar la preparación académica del mundo occidental, lo que brindará herramientas para la exigibilidad de derechos. Para lo segundo, entre otras tantas iniciativas que buscan la defensa de la vida prima la formación de más liderazgos.
Siendo consciente del riesgo mortal que implica ser líder social en Colombia, Fanny Kiuro, representante de los pueblos amazónicos, resuelve: “nosotros tenemos la responsabilidad de formar liderazgos, porque aquí nadie es irremplazable. Debemos formar semilleros que reemplacen a nuestros líderes, que haya relevos generacionales”.
Las lideresas indígenas del Cauca también conciben la importancia de estos nuevos liderazgos, por ello, en sociedad con sus hombres, instauraron en los colegios de la región lo que llaman “semilleros de autoridad”, donde están los cabildos escolares y la Guardia Estudiantil. Semilleros que se estarían implementando en la mayoría de las más de 2.000 instituciones educativas que en el departamento se guían por modelos de educación propia.
Joven guardia del norte del Cauca, manifestante en el Paro Nacional en Bogotá, a finales del 2019.
Crédito: Archivo El Espectador
