Las lideresas sociales en Colombia han sido constante e históricamente violentadas, por el hecho de ser mujeres y para silenciar sus luchas. Por lo menos 65 lideresas sociales y defensoras de derechos humanos fueron asesinadas entre 2019 y junio de 2020.
El 5 de enero del año pasado asesinaron en Santa Marta a Maritza Isabel Quiroz Leiva, dos hombres llegaron hasta su casa para arrebatarle la vida con dos disparos. Maritza fue víctima de desplazamiento por el conflicto armado, lo que la llevó a convertirse en una lideresa social que encabezó procesos de apoyo y asociación de víctimas. Su hijo menor estaba con ella en casa esa noche, cuando la asesinaron. Aparte de él, era madre de 3 hijos más, todos quedaron huérfanos con su muerte. Maritza fue la primera de una larga lista de lideresas sociales asesinadas en el año 2019.
Desde entonces hasta el 30 de junio de este año, fueron asesinadas al menos 62 mujeres más, quienes, como ella, luchaban por los derechos de sus comunidades y por generar cambios para mejorar sus entornos. Además de ellas, también fueron asesinadas al menos tres mujeres familiares de líderes y lideresas en el país. Esto, según una base de datos propia que cruza la información de la Defensoría del Pueblo, CODHES, Fundación Paz y Reconciliación, Marcha Patriótica e Indepaz, la Misión de Observación Electoral y Somos Defensores.
Los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos disminuyeron el año pasado, el gobierno ha celebrado este hecho como uno de sus logros en materia de seguridad para ellos. Sin embargo, la realidad de los homicidios contra lideresas y defensoras pasó casi desapercibida, incrementaron en casi un 50 %.
Según el Informe de Seguimiento al Auto 098 de 2013, presentado a la Corte Constitucional por la Corporación Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, la variación porcentual de asesinatos contra defensoras de derechos humanos tuvo un alarmante aumento, de bajar en un 31,25 % en 2018 a subir un 45,45 % en 2019. Tomando como referencia las cifras de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se registró el asesinato de 16 lideresas sociales en el país el año pasado.
Según el mismo informe, las amenazas hacia ellas también aumentaron, de 57 en 2018 a 86 en 2019. Según Diana Salcedo, directora de Limpal, una organización feminista, pacifista y antimilitarista que trabaja por la defensa y la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, en el 2019 hubo una afectación mucho más fuerte hacia las lideresas y defensoras que están en la vía de la implementación del Acuerdo de Paz y en la exigencia de derechos colectivos.
En 2018, con la Resolución 0845, se creó el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (PIG), que reconoce la atención diferencial que se le debe brindar al liderazgo de las mujeres y “formula acciones de política pública integral de promoción, protección, garantía y del goce efectivo de los derechos de una población altamente vulnerada, en el marco de la articulación de la política pública de equidad de género para las mujeres y de sus lineamientos para la atención a mujeres víctimas del conflicto armado”. Solo hasta hace dos años fue creado el Programa, lo que indica que antes no se habían concretado intentos para garantizar el liderazgo de las mujeres de manera diferencial.
Pero, ¿por qué fue necesario crear un programa exclusivamente dedicado a proteger a las mujeres lideresas y defensoras? La cultura patriarcal y machista —donde el sexo masculino es la autoridad predominante y se sostiene como superior a la mujer— en la que se ha visto sumergido el mundo, causó una brecha entre los derechos de los hombres y las mujeres. Son reconocidos los innumerables titulares periodísticos sobre constantes agresiones, abusos y asesinatos a mujeres. Colombia no está exento, ha visto la cara directa de la violencia basada en género con el exponencial aumento de la violencia intrafamiliar durante la reciente cuarentena o con casos como el feminicidio de Rosa Elvira Cely, una mujer de 35 años, quien fue violada, golpeada, empalada y asesinada en 2012 por un compañero de su colegio. Su caso impulsó una ley que lleva su nombre (Ley 1761) y estipuló al feminicidio como una figura penal independiente en el país que reconoce el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres.
Y si casos como el de Rosa Elvira son una evidente muestra de que ser mujer en Colombia implica riesgos graves, ser mujer y lideresa, o defensora, al mismo tiempo, conlleva un doble riesgo. Están expuestas constantemente a amenazas, atentados, violencia sexual, violencia doméstica, violencia política, ataques machistas, racismo, entre otros. El mismo Programa Integral de Garantías reconoce que los riesgos y afectaciones que se dirigen contra las mujeres lideresas sociales y defensoras de derechos humanos “tienen un impacto diferencial y desproporcionado debido a las violencias históricamente perpetradas contra las mujeres en razón de su género”.
La violencia se ha dirigido contra todas. El informe Mujeres Defensoras Libres y Seguras, de Sisma Mujer, plantea que “a las mujeres indígenas, afrodescendientes, refugiadas, exiliadas y migradas, víctimas y defensoras de los derechos humanos se les forzó a ser parte de la historia de violencia de Colombia a costa de sus cuerpos, sus familias, sus comunidades y sus territorios”.
Es importante reconocer que a la labor de liderazgo y defensa de derechos humanos de las mujeres se suman aquellas labores, que por ser asignadas históricamente al rol de género, han tenido que asumir: las cargas domésticas no remuneradas en el hogar y el cuidado de niños y, en muchas ocasiones, de adultos mayores. A todo esto se suma que en muchos casos, las lideresas y defensoras son cabezas de familia, por tanto deben responder económicamente por sus hogares. Con este arraigo de las mujeres a sus hogares y entornos familiares, sus hijos y núcleos familiares también pasan a convertirse en blanco de agresión para hacerles daño a las mismas lideresas y defensoras.
Sandra Sáenz es lideresa social en el departamento de Santander, es socia-fundadora de la Asociación de Mujeres Campesinas de Barbosa y vocera de la campaña Juntas Somos Victoria, hace parte de la Red de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombiana, tiene voz contundente y cuando habla emite seguridad. Cuenta que uno de sus más grandes miedos al estar ejerciendo su labor de liderazgo es que puedan agredir a su familia y, cuando va a hacer algo, siempre piensa en los efectos que podría generar en sus familiares, aunque seguidamente dice que “cuando uno se mete en esto, sabe que tiene que dejar el miedo en la mesita de noche”.
Todas son flores. Da clic sobre las flores para conocer a las lideresas que fueron silenciadas en Colombia desde 2019 hasta el inicio de la cuarentena por la pandemia actual. Para consultar cada grupo de perfiles cierra la ventana emergente anterior para pasar al siguiente.
Fue lideresa de la comunidad indígena Wayuu de Manaure, era conocida por su activismo social y por realizar denuncias de corrupción en los programas alimentarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en La Guajira. El 17 de octubre, Oneida fue asesinada al interior de un restaurante en el municipio de Ríohacha, dos hombres llegaron en una motocicleta y le dispararon, dejando heridas a cuatro personas más, entre ellas su esposo y una menor de edad.
Con 35 años, fue aspirante al Consejo Comunitario del municipio de El Copey. Días antes de su asesinato, Tatiana había obtenido el aval para la lista cerrada del partido Colombia Justa Libres. Además, la Red Nacional en Democracia y Paz manifestó que la lideresa se encontraba comprometida con la ayuda humanitara a personas vulnerables y víctimas del conflicto armado interno. Alrededor de las 6:30 am del 3 de mayo, Tatiana salía de su casa para ir al trabajo, un amigo mototaxista la estaba recogiendo. Dos hombres armados que llegaron en moto le dispararon en el rostro y el cuello. Aunque su amigo se interpuso y recibió cuatro de los seis impactos de bala, Tatiana murió y su amigo quedó en grave estado de salud.
Con 50 años, fue docente de un colegio en el barrio El Concord del municipio de Malambo. El 30 de diciembre, se encontraba junto a su esposo cuando dos hombres llegaron a su casa preguntando por su sobrina, al ella decir que su sobrina no se encontraba en la casa y después presentarse una discusión con los hombres, uno de ellos le disparó en dos ocasiones, en el rostro y en el brazo. Alcanzó a ser llevada al hospital del municipio pero murió después de unos minutos. Llorelys era madre de un hijo.
Con 60 años, fue una lideresa muy reconocida por su comunidad, era suplente de la Mesa de Víctimas del municipio de Santa Marta y líder de mujeres afro víctimas de desplazamiento. El 5 de enero, Maritza se encontraba en su casa cuando dos sujetos tocaron a su puerta, ella le dijo a su hijo menor que fuera a esconderse. Al abrir, uno de ellos le disparó en dos ocasiones. La lideresa había recibido amenazas en el 2018 y la Corte Constitucional había solicitado protección para ella.
Con 35 años, fue ecologista, antropóloga y trabajaba con la Fundación Natura, allí dirigía el proyecto Magdalena-Cauca Vive, que se enfocaba en la conservación de la cuenca de los ríos Magdalena y Cauca. El 20 de diciembre, Natalia se encontraba junto a su pareja celebrando su luna de miel y se dirigían hacia el municipio de Palomino en La Guajira. Ella hablaba telefónicamente con su padre cuando la amenazaron de muerte para que parara el vehículo y colgara el teléfono. El 23 de diciembre los cadáveres de Natalia y su pareja fueron encontrados por un campesino en la vereda Perico Aguao en Santa Marta, los cuerpos tenían capuchas en la cabeza, manos atadas, signos de tortura y tiros de gracia.
con 34 años, fue lideresa comunitaria de la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza (Funviavor) del Cauca, se desplazó a Tierralta al ser previamente amenazada por denunciar sobre los lugares de desaparición forzada, asesinatos y las llamadas 'casas de pique' (centros de tortura) que tenían narcotraficantes y paramilitares en el municipio de Puerto Tejada, Cauca. Con el ánimo de conseguir una casa propia, Maria del Pilar hizo parte de un asentamiento ubicado en un lote en desuso que pertenecía a un hombre poderoso de la región. El 21 de junio, fue asesinada en el barrio 9 de Agosto de Tierralta, cuando hombres armados la atacaron con arma de fuego dejándola tendida en el piso delante de dos de sus hijos. Maria del Pilar era madre de cuatro hijos y, al parecer, había recibido una amenaza en un panfleto firmado por las supuestas Águilas Negras, grupo cuya existencia es negada por las autoridades.
Fue miembro de la Organización Femenina Popular (OFP) y defensora de derechos humanos del municipio de San Pablo, donde también trabajó varios años en gestión del riesgo de desastres, acción social y gestión ambiental. El 24 de marzo, hombres armados llegaron hasta su casa ubicada en el barrio Guarigua y la obligaron a caminar algunos metros y posteriormente, le dispararon. Carlota era madre de tres hijos.
Con 40 años, perteneció a la Junta de Acción Comunal del barrio 7 de Agosto de la ciudad de Cartagena. El 30 de agosto fue asesinada por su expareja, Omar Marrugo Villadiego, quien le disparó en tres ocasiones delante de una de sus hijas. El feminicida, posterior al asesinato, le fracturó el brazo a un hijo de Yadira y salió huyendo en un vehículo. En grave estado de salud fue trasladada a un centro médico de la ciudad pero no pudo ser salvada. Yadira era madre de tres hijos y venía denunciando amenazas por parte de su expareja a las autoridades.
con 37 años, fue contratista de servicios generales de la Alcaldía de Ocaña y lideresa comunitaria que participó activamente en varias campañas políticas, además de ser reconocida como lideresa en el barrio Altos del Norte del municipio. Fue asesinada el 16 de mayo mientras se movilizaba en motocicleta, cuando dos sicarios la interceptaron y le dispararon en tres ocasiones. Aunque sus familiares intentaron auxiliarla, Maria del Carmen murió por la gravedad de sus heridas.
fue secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mundo Nuevo en el municipio de El Tarra. El 26 de enero, Lede María se encontraba en casa después de haber cerrado su negocio, cuando su expareja, Edwar David Menco Pabuena, llegó a atacarla con un arma blanca e impulsado por un ataque de celos, la dejó en grave estado de salud. Aunque la lideresa fue trasladada al hospital del municipio murió a causa de la gravedad de las heridas.
Con 40 años, fue una lideresa social en el municipio de Caucasia, pertenecía a la mesa LGBTI+ del municipio. Era conductora de mototaxi y apoyaba actividades formativas además de adelantar acciones contra el desplazamiento forzado. El lunes 25 de febrero, mientras conducía su moto junto a su sobrino por la vía que conduce de Guáramo a Caucasia, fue alcanzada por otra motocicleta desde la cual les dispararon en repetidas ocasiones ocasionando la muerte de ambos. Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, afirmó que Liliana no había recibido amenazas por su labor de liderazgo social.
Según la Defensoría del Pueblo, Diana Patricia fue expresidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Venados del municipio de Ituango, además era la delegada de su vereda para el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Fue asesinada el miércoles 8 de mayo en zona rural del corregimiento Santa Rita de Ituango con impactos de bala. Su madre fue quien alertó a las autoridades sobre su asesinato, al llevar su cadáver en alto estado de descomposición desde zona rural del municipio hacia el casco urbano.
Con 25 años, era prima del líder William Gutiérrez, perteneciente al movimiento Ríos Vivos. Según los reportes, Diana murió el 16 de mayo, en el municipio de Tarazá, en medio de un ataque en un establecimiento comercial, en donde personas armadas lanzaron una granada y abrieron fuego dejando siete heridos y dos personas asesinadas. Según medios de comunicación, Diana era oriunda de Ituango y era madre de dos hijos.
Con 30 años, fue secretaria de la Institución Educativa Santo Domingo en el municipio de Caucasia. La asesinaron el 10 de noviembre con impactos de bala en su casa ubicada en el barrio Dromedario. Sus vecinos alertaron a la Policía cuando vieron su cadáver tendido en el piso de la sala de su residencia, que tenía la puerta abierta. Si bien la Policía tuvo la hipótesis de que se trataba de un "tema pasional", aclararon que no había testigos del crimen, además de acotar que Cindy Yulieth era madre de tres hijos.
Con 26 años, fue la encargada de los alimentos en un jardín infantil del Resguardo Chamí Copé del río Ingará, de la comunidad Embera Dóvida, en el municipio de San José del Palmar. El 1 de mayo, Remedia fue asesinada en un ataque en el que le propinaron impactos con arma de fuego. En el ataque también resultó herida una niña de 12 años.
Fue enfermera en el hospital local del municipio de Vijes y fue presidenta de Junta de Acción Comunal. Además, la comunidad cuenta que realizó labores comunitarias en zonas vulnerables del municipio. El 15 de mayo, fue asesinada en la vereda Los Hispanos, donde vivía, por hombres armados que le propinaron impactos de bala. Aydali era madre de dos hijos y ya había denunciado amenazas en su contra.
Con 42 años, fue la gobernadora indígena de la comunidad de Tacueyó en el municipio de Toribío. Poco tiempo antes de ser asesinada había obtenido un título como trabajadora social de la Universidad del Valle. Trabajó por los derechos humanos de las comunidades indígenas, le gustaba el ejercicio organizativo, era muy reconocida por su comunidad y con todas estas habilidades llegó a convertirse en una autoridad neehwe'sx. Fue asesinada el 29 de octubre en vía pública a la altura de la vereda La Luz, cuando la camioneta en la que iba junto con otras personas fue emboscada por hombres armados que abrieron fuego durante más de 10 minutos contra el vehículo.
Karina fue personera y candidata a la Alcaldía de Suárez, luchó por convertirse en la primera mujer alcaldesa de ese municipio. Otilia, era madre de Karina. Aidé desarrolló labores como coordinadora municipal de la participación de las víctimas en el municipio de Suárez, era reconocida por esta gestón a nivel nacional y por sus compañeros y compañeras, por su humildad y gran capacidad de liderazgo. Ladevis, según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), fue "comunera indígena y seguidora de la campaña de Alto Rico, jurisdicción del resguardo Indígena Cerro Tijeras", en el municipio de Suárez. Las 4 fueron asesinadas asesinada en un atentado el 1 de septiembre en el municipio. Mientras se dirigían en una camioneta, a la altura del corregimiento Betulia, hombres armados interceptaron el vehículo y abrieron fuego indiscriminadamente contra este. Después de asesinarlas junto con otro líder más, los agresores incineraron la camioneta. Karina era madre de un menor de edad y había advertido sobre amenzas en su contra días antes de su asesinato.
Con 15 años, fue una integrante de la comunidad indígena Misak del municipio de Silvia y cursaba décimo grado del colegio Agropecuario Misak Mamá Manuela. Desapareció el fin de semana del 11 de mayo mientras se celebraba una fiesta en el municipio. Posteriormente su cuerpo fue hallado a las orillas del río Piendamó completamente desnuda y con signos claros de tortura y abuso sexual. Las autoridades indígenas capturaron a dos jóvenes para interrogarlos, quienes se encontraban en la fiesta y eran sospechosos del feminicidio. El crimen de Yuliana causó mucha consternación dentro de la comunidad.
Con 36 años, fue docente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) del municipio de El Tambo. Fue atacada el 13 de mayo en su casa. Su pareja, en medio de un supuesto ataque de celos, la agredió con un arma blanca. Con una herida en la parte izquierda de su pecho, fue trasladada al hospital de la localidad, sin embargo murió por la gravedad de la misma. Aida tenía hijos, quienes, se dice, presenciaron su asesinato.
Con 35 años, era comunera indígena del Resguardo de Pitayó en el municipio de Caldono y madre de tres hijos. El 25 de diciembre su cadáver fue hallado en el sector de Las Cruces, cercano al casco urbano del municipio de Silvia. Su cuerpo tenía signos de tortura y heridas de arma blanca en varias partes del cuerpo. Anteriormente había hecho denuncias en contra de su expareja, quien presuntamente la maltrataba. Posterior a su crimen, las autoridades capturaron a quien sería su feminicida y expareja, Luis Eduardo Chocue Casso, a quien se le imputó el delito de homicidio y se le encarceló en la ciudad de Popayán.
Fue una reconocida lideresa del Resguardo de Piniquitá en el municipio de Totoró. Fue asesinada el 27 de marzo por su pareja mientras se desplazaban juntos hacia su casa. A la altura de la vereda Alto Novirao, el feminicida, John Jairo Zambrano Yandi, la asfixió y atacó con arma blanca, posteriormente se suicidó.
Con 41 años, fue lideresa indígena del Resguardo Huellas en el municipio de Caloto, era reconocida por ser una de las fundadoras del Movimiento Nietos del Quintin Lame. Fue asesinada el 10 de enero de este año junto con su hijo en el corregimiento del Palo del municipio. Al parecer, los asesinaron mientras se transportaban en una motocicleta por la vía que comunica los municipios de Caloto y Toribío.
Con 71 años de edad, era una lideresa espiritual del Resguardo Indígena de Belalcazar-Páez en la vereda El Canelo del municipio de Páez. Fue asesinada el 7 de enero de este año cuando hombres armados entraron a su vivienda y le dispararon en dos ocasiones, en el cráneo y el antebrazo. Al parecer, Virginia había recibido mensajes de amenaza de muerte por parte de grupos armados. Las autoridades atribuyeron el crimen a la disidencia de la antigua guerrilla de las FARC.
Con 33 años, era integrante del Resguardo Indígena de Las Delicias en el municipio de Buenos Aires y era madre de dos hijas. Fue asesinada el 8 de marzo por su pareja, Óscar Duván Salazar, quien la agredió con arma blanca en medio de una discusión cuando ella se encontraba regresando a casa. Las heridas que el feminicida le causó en la parte izquierda de su pecho le causaron la muerte, aún después de haber sido llevada para ser tratada a un hospital en el municipio de Santander de Quilichao.
Con 42 años, fue lideresa del corregimiento Aguas Blancas, en el municipio de Tumaco, y era presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC). La lideresa adelantaba procesos con la comunidad relacionados con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Aunque los hechos de su asesinato no fueron del todo claros, algunas versiones indican que habría sido vista por última vez en un sector conocido como El Tigre siendo abordada por un grupo de hombres. El 24 de enero, después de 10 días de su desaparición, Silvia fue encontrada en El Tigre, en la vía de Tumaco que conduce a Pasto, con traumatismo en la cabeza y problemas respiratorios. En grave estado de salud fue trasladada al Hospital Universitario de Nariño, pero los médicos no pudieron salvar su vida. Maritza ya había denunciado amenazas en su contra.
Fue integrante de la comunidad Awá del Resguardo Hojal la Turbia, del municipio de Tumaco. Después de estar tres días desaparecida, su cadáver fue hallado en el Río Nulpe con varios impactos de bala y signos de tortura. Los hechos ocurrieron después de una amenaza, el pasado 5 de junio, cuando se realizaba la asamblea general de la Unidad Indígena Del Pueblo Awá (UNIPA). Rocío era madre de dos hijos.
Con 32 años, fue una lideresa social y gestora cultural muy reconocida por su comunidad. El 23 de diciembre, después de dirigir una charla sobre los derechos de la mujer en la vereda La Espriella, Lucy fue asesinada a tiros por un hombre en el municipio de Tumaco cuando ella se disponía a subir en un bus que la llevaría de regreso a su casa en Pasto, Nariño, donde la esperaban sus familiares para celebrar la Navidad.
Con 18 años, pertenecía a la Guardia Indígena en el Resguardo Indígena Honda Río Guiza, en el municipio de Barbacoas. Cursaba grado 11 en la Institución Educativa Indígena Técnica Agroambiental Bilingüe Awá - IETABA. Leidy desapareció el día 6 de junio después de asistir a una asamblea general de la UNIPA, posteriormente su cadaver fue hallado cerca a su casa con signos de tortura y varios impactos de bala. La UNIPA dio a conocer que anteriormente se habían recibido amenazas contra el pueblo Awá.
Con 43 años, fue secretaria del Cabildo Indígena Awá de Watsalpí. El 13 de octubre, en horas de la mañana, fue asesinada cerca a la quebrada Guaguí, Corregimiento de Buenavista, en el municipio de Barbacoas. Un hombre encapuchado le disparó por la espalda. Lilia era madre de seis hijos.
Fue comunera e integrante de la Guardia Indígena del Cabildo del Pueblo Pastos. Fue asesinada el 14 de febrero cuando se dirigía a su residencia en el municipio de Samaniego, recibió cinco impactos de bala. Según el gobernador del cabildo, Luis Eusebio, no existe más información sobre cómo y por qué sucedieron los hechos.
Con 47 años, fue personera municipal de Samaniego. El 20 de mayo, en un sector denominado ‘Romboide', mientras se movilizaba en su carro, Paula fue abordada por dos hombres en motocicleta quienes le dispararon en repetidas ocasiones dejándola mal herida. Rosero recibió amenazas en 2016 tras revelar manejos irregulares de los recursos y actos de corrupción al interior del Hospital Lorencita Villegas. Paula era madre de dos hijas.
Fue madre de un líder social y defensor de derechos humanos, Fabio Montero, de la vereda El Sauce, zona rural del municipio de Leiva. El 27 de diciembre, sujetos armados llegaron hasta la vivienda del lider social y, al no encontrarlo, Ermencia fue asesinada junto con otro integrante de la familia. Hasta el momento se desconoce quiénes son los autores de este doble crimen.
Con 72 años, fue lideresa de la comunidad indígena Makaguan en el municipio de Tame y fue una de las fundadoras del partido político Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). El 3 de septiembre su cadáver fue hallado degollado en su casa. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) se pronunció rechazando el crimen de Magdalena, catalogándolo como "una clara muestra de una política de exterminio hacia nuestros líderes y pueblos ancestrales".
Eran hermanas, e hicieron parte de la organización social Amanecer de Mujeres por Arauca (AMAR) en el municipio de Saravena. Fueron asesinadas el mismo día y casi a la misma hora, pero los crímenes ocurrieron en diferentes puntos del municipio. El 22 de diciembre fueron encontrados los cadáveres con impactos de bala. Marleny fue encontrada en el sector del antiguo Idema y Martha fue encontrada en el asentamiento conocido como La Unión.
Fue vocera comunal del municipio de Arauca y candidata a edil en 2015 para la Junta Administradora Local de la Comuna 1, además era representante comunitaria del asentamiento Los Güires. Fue herida con arma de fuego el 16 de febrero en el sector de la cancha Los Güires. Posteriormente, el día 20 del mismo mes, murió por la gravedad de las heridas en el Hospital El Tunal de Bogotá.
Con 24 años y oriunda del municipio de Cerrito, fue jefe de enfermería en el hospital del Sarare en el municipio de Saravena, además era afiliada a la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia – ANTHOC. Se destacó por ser una mujer sencilla, con gran calidad humana y presta a enseñar y servir. Laura fue atacada durante la noche del 20 de enero mientras regresaba a su casa, por un sujeto que habría pretendido robarle. Al negarse al supuesto atraco, el sujeto le disparó en el tórax. Laura fue trasladada por amigos al Hospital del Sarare, pero más tarde murió por la gravedad de las heridas.
Con 31 años, fue docente en el Colegio Santa Teresita del barrio Jerusalén, municipio de Arauca. Si bien los hechos de su asesinato no se conocen claramente, el 7 de febrero de este año habría sido atacada por quien entonces era su pareja. El supuesto feminicida le habría causado heridas mortales con un arma blanca dentro de su casa.
Con 42 años, fue presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pradera del municipio de Nunchía. También era integrante de la Comisión de Mujeres del partido Alianza Verde. El 23 de mayo, Nancy fue sacada a la fuerza de su lugar de residencia por dos hombres que se identificaron como parte del grupo armado ilegal ELN, alegando que necesitaba atender asuntos personales y amenazando a su familia con no avisar a las autoridades. El 24 de mayo, un día después, su cadáver fue encontrado cerca a la carretera que conduce a la vereda El Caucho.
Con 42 años, fue abogada y dirigente política en el municipio de Floridablanca. Fue secretaria general de la Personería de Bogotá, contralora del municipio de Rionegro y personera del municipio de Matanza. Además, había aspirado a la Alcaldía de Bucaramanga. Lideró un litigio de tierras contra una invasión en el barrio Zapamanga de ese municipio. El 20 de agosto fue a una cita con dos hombres para la negociación del letigio de tierras. Al parecer, al finalizar la reunión, la lideresa se habría dado vuelta para salir del lugar cuando una de las personas le disparó en el pecho, causándole una muerte instantánea.
Con 46 años, fue madre de un hogar comunitario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el municipio de Soacha. El 20 de junio, fue hallado su cadáver junto al de su hija (7 años) en el hogar comunitario. Ambos cuerpos estaban degollados y presentaban signos de tortura. Las autoridades determinaron que un sobrino de la lideresa fue quien habría entrado a su casa y acabado con ambas vidas por robar dinero.
Fue lideres indígena perteneciente al Resguardo Tortugaña de la comunidad Awá. Nancy fue perteneciente a la antigua guerrilla de las FARC. Tras su desmovilización con el último Acuerdo de Paz, fue participante activa en los procesos de reincorporación en Bogotá. Además, hacía parte del grupo de mujeres Defensa y Derechos. Las versiones indican que Nancy fue asesinada, el 5 de marzo de este año, en la entrada de su casa en el sector El Tintal, al suroccidente de Bogotá. Al parecer, un sujeto desconocido le disparó con arma de fuego. Nancy era madre de dos hijos.
Fue tesorera de la Junta de Acción Comunal del barrio 20 de Julio en el municipio de Algeciras, también pertenecía a la Despensa Agrícola del Huila. El 8 de enero de este año, Mireya se encontraba yendo a su casa junto a su esposo, cuando fue atacada con arma de fuego por desconocidos que se movilizaban en moto. Herida fue trasladada a un hospital de la región, donde llegó sin signos vitales.
Con 45 años, fue médica y aspirante a la Alcaldía del municipio de Puerto Asís, además lideraba una campaña en contra de la violencia contra la mujer llamada "Yo Elevo mi Voz". El 24 de febrero, Sonia fue atacada mientras se encontraba en una IPS, al parecer en una reunión política, cuando un sujeto armado entró al establecimiento y le disparó en seis ocasiones. A pesar de ser trasladada a un centro de salud en la ciudad de Cali, su grave estado de salud, con afectaciones en el útero y el intestino, le causaron la muerte.
Madre e hija, fueron lideresas integrantes de la Junta de Acción Comunal (JAC) del municipio de Puerto Asís. Además, fueron cofundadoras de su comunidad, en la vereda de Campoquema. Murió el 17 de marzo junto a su madre en un ataque realizado con arma de fuego por sujetos desconocidos mientras se encontraban en su casa.
Con 39 años, fue afiliada a la JAC de la comunidad de San Salvador de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica en el municipio de Puerto Asís. También se adhirió al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Según la Asociación de Desarrollo Sostenible Perla Amazónica (ADISPA), el 23 de febrero Rocío se encontraba movilizándose junto a su pareja en un bote rumbo a la vereda Peñasorá y al parecer el bote falló y colisionó. Al lugar habrían llegado varios hombres, minutos después se escucharon disparos y un cuerpo arrojado al agua. El 24 de febrero fue hallado el cadáver del Rocío a orillas del río Putumayo, con dos impactos de bala en la cabeza.
Con 63 años, fue una comunera indígena y médica indígena tradicional en el municipio de Sibundoy. El 31 de octubre, su cadáver fue hallado por sus familiares junto con el de su esposo en las camas de su vivienda, ambos tenían heridas con arma blanca. Rosa tenía hijos.
Con 37 años, y oriunda de Virginia, Quindío, apoyó la sustitución de cultivos de uso ilícito y hacía parte de la organización Tejedoras de Vida en el municipio de Puerto Guzmán. El 7 de enero de este año se encontraba comiendo en su casa junto a su hija y su esposo. A un llamado en la puerta atendió a dos sujetos preguntando por ella que, al confirmar su identidad, le dispararon en varias ocasiones, arrebatándole la vida y huyendo del lugar en una moto. Ya se conocía de amenazas en contra de Gloria por la labor que realizaba.
Con 60 años, fue una lideresa muy reconocida por su comunidad, era suplente de la Mesa de Víctimas del municipio de Santa Marta y líder de mujeres afro víctimas de desplazamiento. El 5 de enero, Maritza se encontraba en su casa cuando dos sujetos tocaron a su puerta, ella le dijo a su hijo menor que fuera a esconderse. Al abrir, uno de ellos le disparó en dos ocasiones. La lideresa había recibido amenazas en el 2018 y la Corte Constitucional había solicitado protección para ella.
Con 35 años, fue ecologista, antropóloga y trabajaba con la Fundación Natura, allí dirigía el proyecto Magdalena-Cauca Vive, que se enfocaba en la conservación de la cuenca de los ríos Magdalena y Cauca. El 20 de diciembre, Natalia se encontraba junto a su pareja celebrando su luna de miel y se dirigían hacia el municipio de Palomino en La Guajira. Ella hablaba telefónicamente con su padre cuando la amenazaron de muerte para que parara el vehículo y colgara el teléfono. El 23 de diciembre los cadáveres de Natalia y su pareja fueron encontrados por un campesino en la vereda Perico Aguao en Santa Marta, los cuerpos tenían capuchas en la cabeza, manos atadas, signos de tortura y tiros de gracia.
A los riesgos y violencias ya mencionadas hay que agregar que las lideresas están constantemente expuestas a violencias que se relacionan con sus cuerpos, la violencia sexual. Diana Salcedo, directora de Limpal, es enfática en que una porción importante de las amenazas que reciben las lideresas y defensoras poseen contenido sexual, acotando que esto implica una afectación directa a las mujeres que componen la red de las lideresas agredidas, pues “las mujeres nos hemos convertido en un cuerpo colectivo, cuando agreden a una, agreden a todas. Hay una lógica de colectividad entre todas las defensoras”.
Al respecto, Salcedo añade que “a través de la violencia física se ha vuelto a la cosificación de los cuerpos femeninos, emiten mensajes a las comunidades y se asocian a la deshumanización de los cuerpos de las defensoras”. Lo que aporta es importante para entender que la violencia contra los cuerpos de las lideresas y defensoras terminan por ser ejemplarizantes, es decir, que tiene el propósito de atemorizar a las demás y hacer que callen o disminuyan el impacto de su labor de liderazgo.
Y aunque la violencia sexual contra las mujeres y lideresas es un constante factor de riesgo, la violencia contra el cuerpo no solo se manifiesta de esa manera. Un común denominador encontrado en varios casos de las lideresas asesinadas es el de las heridas causadas con arma blanca, que en muchos casos son propinadas con sevicia y con el propósito de afectar tajantemente sus cuerpos. Doris Góngora Guerra, con 46 años, fue víctima de este tipo de violencia, una madre comunitaria de un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que fue asesinada, al parecer por un sobrino, el 19 de junio del año pasado. Las versiones públicas del caso dicen que entró a su casa y la asesinó junto a su hija de 7 años, ambos cuerpos tenían signos de tortura y estaban degollados.
El año pasado estuvo atravesado por las campañas políticas que se gestaron para las elecciones territoriales; como es costumbre en Colombia, la violencia política se exacerbó. Según el Informe sobre violencia política de la Misión de Observación Electoral (MOE), el liderazgo político fue el más afectado en el 2019, Contra los líderes y lideresas de este tipo se presentaron 297 hechos de violencia, en su mayoría amenazas. Dentro de este panorama, fueron asesinadas siete personas candidatas.
Una de esas víctimas mortales fue Karina García, asesinada el 1 de septiembre del año pasado cuando iba en la camioneta de su esquema de seguridad. Entre las personas asesinadas estaban su mamá y dos lideresas más. A la altura del corregimiento Betulia del municipio de Suárez (Cauca), hombres armados de la disidencia de las FARC autodenominada columna Jaime Martínez interceptaron el vehículo y abrieron fuego indiscriminadamente. Luego de perpetrar la masacre, incendiaron la camioneta.
Karina era la única candidata mujer a la alcaldía de Suárez, Cauca. Dentro de sus políticas de gobierno estaba el trabajar por los derechos de las mujeres en el municipio, la publicidad de su campaña rezaba “Una mujer, una esperanza!!” A la candidata ya la habían tratado de silenciar, ella y su campaña política estaban siendo víctimas de persecuciones por parte de actores armados que delinquen en la zona, además de, al parecer, ser difamada por otros de los hombres candidatos al cargo, según sus propias denuncias en videos publicados en medio de su campaña. “Piensen que aquí, detrás de una candidata hay una mujer, una madre, una hija, una esposa, una hermana, una amiga que puede salir herida o afectada”, dijo Karina en uno de sus videos días antes de que su voz fuera acallada en la masacre.
La lideresa santandereana Sandra Sáenz alega que en su departamento las mujeres son minoría respecto a la cantidad de hombres que inciden políticamente —como en el resto del país—, afirma que incluso muchas mujeres confían más en los hombres para que hagan política. Las que están en cargos públicos, en donde podrían tener la potestad de influir a favor de los derechos de las mujeres, no gestionan lo suficiente como para generar cambios en las políticas patriarcales de la región, dice la lideresa.
Gloria Luna, lideresa del Chocó, integrante de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas y delegada del Chocó en la Mesa Nacional de Garantías, reafirma lo dicho por Sandra. Agrega que a los funcionarios públicos es necesario brindarles pedagogía y consciencia sobre los derechos de la mujer, pues, por lo general, hacen mucha “politiquería” con el tema de la equidad de género y derechos de las mujeres, pero no lo aplican en los hechos.
La violencia contra lideresas sociales y defensoras de derechos humanos es una realidad que las ha afectado a todas, sin discriminación alguna. Las voces de lideresas indígenas y afrodescendientes fueron silenciadas por la violencia que pretende opacar y terminar sus luchas, pero también han sido víctimas de la violencia que se dirige contra sus comunidades y contra ellas, siendo mujeres dentro de las mismas.
Entre 2019 y junio de 2020 asesinaron a 21 lideresas sociales y defensoras de derechos humanos indígenas, según el cruce de bases de datos por La Paz en el Terreno.
Foto: Archivo El Espectador
“Cuesta que nos reconozcan como indígenas en el exterior, pero como mujeres cuesta que nos reconozcan tanto en el interior como en el exterior”, cuenta Roseli Finscué, coordinadora del Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Habla de la doble lucha que tienen las mujeres indígenas por que reconozcan sus derechos fuera y dentro de sus mismas comunidades. Roseli acota que, en muchas ocasiones, los hombres indígenas no reconocen ni avalan que las mujeres hagan cosas adicionales a los ejercicios domésticos, pues están saliendo del rol de obediencia que se les ha impuesto dentro de las costumbres de la comunidad. Esta doble lucha se reseña en detalle en la tercera sección de este especial.
El 29 de octubre del año pasado fue asesinada Cristina Bautista, tenía 42 años y fue gobernadora indígena del Resguardo de Tacueyó, en el municipio de Toribío, Cauca. Tenía un título como trabajadora social de la Universidad del Valle, era amante del ejercicio organizativo y trabajó con ello por los derechos de las comunidades indígenas. También era defensora acérrima de la implementación del Acuerdo de Paz con las reincorporadas FARC y, así, llegó a convertirse en una autoridad nasa o Neehwex’s. Hubo una masacre el día que la asesinaron, la lideresa se movilizaba en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) cuando, a la altura de la vereda La Luz, hombres armados en una camioneta negra emboscaron el vehículo y le dispararon durante unos 10 minutos, el ataque se atribuyó a la disidencia de las FARC conocida como la columna Dagoberto Ramos. En el hecho murieron otros cuatro hombres, miembros de la Guardia Indígena.
El asesinato de Cristina generó zozobra en la comunidad de Toribío y los territorios indígenas. “Las mujeres indígenas y las que participaban en procesos territoriales locales de construcción de paz disminuyeron su participación. Tuvimos varios talleres con mujeres del norte del Cauca y ellas decían que las mujeres ya no estaban yendo a los talleres porque decían ‘si eso le pasó a Cristina, que era una figura pública a nivel territorial, ¿qué me va a pasar a mí, que soy una lideresa social de base?’”, acota la investigadora de la Corporación Sisma Mujer, Carolina Mosquera, antes de concluir que la violencia sociopolítica que se manifiesta de manera diferencial contra las defensoras, como sucede con la violencia física, tiene un carácter ejemplarizante, que busca dejar un mensaje a las demás mujeres para desincentivar su participación en los escenarios públicos y de participación política.
Roseli Finscué también manifiesta el impacto en la comunidad y las mujeres indígenas que generó el asesinato de Cristina, y hace referencia a la ‘resistencia en medio de la resistencia’, pues a parte de reclamar sus derechos como mujeres dentro de sus comunidades, “las mujeres indígenas siguen en la recuperación del territorio y la ‘liberación de la Madre Tierra’ y eso ha traído consecuencias”. Dentro de la cosmovisión indígena, acota la lideresa, se afecta el equilibrio y conexión con la tierra; si tocan un sitio desequilibran todo, “lo mismo pasa con las mujeres, si tocan a una se desequilibran todas”.
Luz Elvira Jossa es una mujer indígena de la comunidad Kamentsá Biyá del departamento de Putumayo, coordinadora de la Fundación Renacer, miembro de Fundescor y vocera de la campaña Juntas Somos Victoria —una campaña que pretende denunciar la violencia contra las defensoras de la tierra y del medioambiente en Colombia—. Refiriéndose a la institucionalidad, es enfática en que dentro de la política pública de mujer no están teniendo en cuenta a los grupos étnicos ni los enfoques diferenciales poblacionales. En el territorio putumayense, en el que Luz Elvira ejerce su labor de liderazgo, las mujeres están luchando para que exista una Oficina de Mujer, mientras se encuentran en medio de las administraciones locales que no aplican la política pública para las mujeres, ya redactada, y el machismo histórico, que las condena a no salir de las labores domésticas y sufrir maltrato intrafamiliar.
Por no comprender ni reconocer las cosmovisiones de los pueblos originarios, la institucionalidad puede llegar a ser violenta con las mujeres indígenas, como afirma una funcionaria del Ministerio Público. Puntualiza que hay casos en los que las instituciones no saben comunicarse de manera correcta con las comunidades indígenas y mucho menos con sus mujeres, pues no están conscientes de los problemas que tienen.
La mujer afro tampoco ha quedado al margen de la violencia contra lideresas y defensoras de derechos humanos. A parte de lidiar con las violencias basadas en género y contra sus liderazgos, deben luchar con el racismo estructural hacia las comunidades negras, así como lo hacen las indígenas. La lideresa Gloria Luna, con su voz carismática e imponente, lo reafirma y menciona que las institucionalidades muchas veces no reconocen las costumbres y pensamientos ancestrales y espiritualidades de las comunidades a las que pertenecen las lideresas y defensoras, por esta razón, muchas veces no brindan medidas de garantías y protección adecuadas a sus necesidades.
Fueron ocho las lideresas afrocolombianas asesinadas entre 2019 y junio de 2020, según base de datos construida por La Paz en el Terreno.
Foto: Archivo El Espectador
Yesenia Moscote es una lideresa negra del departamento de La Guajira, tiene su cabello afro alborotado, habla con una voz tranquila que transmite seguridad y templanza, como ella misma dice, una característica de las mujeres afro en el país. Cuenta que las mujeres afro de La Guajira han intentado mantenerse unidas, pese a la constante victimización a la que son sometidas, tanto por parte de la comunidad, como de la institucionalidad y los actores armados en la región. Las lideresas afro están adheridas a la lucha por la recuperación del territorio ancestral que les pertenece, comenta la lideresa.
Además, cuenta que el machismo es una constante importante dentro del mismo gremio de los liderazgos. A pesar de que los hombres quieran manejar los asuntos de toma de decisiones, las mujeres han logrado ganar el espacio que han querido negarles. Los espacios de las departamental y municipales de garantías actualmente están coordinados por mujeres y la encargada de los temas afro en la administración departamental también es una mujer joven. Yesenia resalta estos últimos como grandes logros para posicionar el tema de los derechos de las mujeres en los espacios de participación e incidencia política.
En este mismo sentido, con los casos de asesinato de las lideresas Liliana Holguín, en Caucasia (Antioquia) y Luisa Ávila Henao en Buga (Valle del Cauca), se hace evidente que los violentos no han tenido excepciones: las personas de la comunidad LGBTI+ y sus liderazgos están en constante riesgo debido a la discriminación histórica hacia esta población y la constante estigmatización a la que es sometida por buscar garantías y reclamar igualdad de derechos.
El 26 de junio de este año, mientras aún estaba establecido el aislamiento obligatorio en el país, fue asesinada la lideresa Miriam Vargas Castaño, en medio de una discusión. Su pareja, Robinson Ramírez, la mató a golpes y luego dejó su cuerpo en las aguas del río Páez. Miriam tenía 39 años, pertenecía a la comunidad indígena del Resguardo Avirama en el municipio de Páez, Cauca, y lideraba el proyecto productivo Paz Adentro, que apoya emprendimientos de la comunidad con ayuda del Fondo Europeo para la Paz. Miriam era madre de dos hijos.
La pandemia ha provocado el aumento de las violencias basadas en género para las mujeres, incluyendo a las lideresas sociales, quienes están expuestas a un doble riesgo. Muchas se han tenido que quedar con sus agresores en casa. La lideresa Yesenia es enfática en que han aumentado las denuncias por violencia doméstica recibidas en la organización que coordina, la fundación Flor Amarilla, que brinda apoyo psicosocial a mujeres víctimas de violencia basada en género. Además, expone que a las lideresas les ha tocado asumir roles que no les corresponden: “no nos ha tocado fácil, como mujeres, mamás, esposas, profesoras —me toca ser de uno de bachillerato y de otro de primaria—, trabajar, ejercer el liderazgo, no es fácil, la carga de estrés y emocional es más alta que la de cualquiera”.
La lideresa Gloria Luna reconoce que la dificultad económica, si bien siempre ha sido un factor presente, se ha intensificado en medio de la pandemia y que los ingresos no alcanzan para todo. Acota que en medio de la situación de pandemia, la violencia física, económica, patrimonial, psicológica y política se ha agudizado y provocado que hayan daños en la salud mental de las lideresas y defensoras. Concluye diciendo que las lideresas son estigmatizadas por tener que romper el aislamiento para buscar sustento económico, pero “en el Chocó la gente se está muriendo por COVID-19 o por hambre”.
La cuarentena por la pandemia intensificó las violencias basadas en género que tienen a las mujeres lideresas y defensoras en una situación de inminente riesgo.
Foto: Archivo El Espectador
Como si fuera poco, la pandemia ha provocado en las defensoras un debilitamiento de sus labores. Al no poder desplazarse en los territorios pierden la oportunidad de seguir realizando sus labores sociales y comunitarias con normalidad. Además, la cuarentena ha sido una oportunidad para que los actores armados se fortalezcan y copen más territorios de los que ya tenían. La Alerta Temprana (AT) N°018-2020 de la Defensoría del Pueblo alerta sobre expansiones y controles territoriales de los grupos armados en medio de la pandemia, como las disidencias de las FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), entre otros grupos armados ilegales. Menciona que los departamentos más críticos en términos de riesgos advertidos son Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Bolívar, Norte de Santander y Cauca.
Laura Gómez, gerente del Programa Derecho a la Igualdad de Oxfam Colombia, y Carlos Mejía, director de la misma organización, cuestionan el actuar del gobierno frente a las violencias que aquejan a las lideresas sociales y defensoras del país, señalando que “los entes gubernamentales no hacen todo lo que deberían hacer, hay una ausencia determinante del Estado frente a estas violencias”.
Respecto al Plan de Acción Oportuna (PAO) —que tiene el “objetivo de aunar esfuerzos para brindar una respuesta a la necesidad de generar mayor seguridad y respaldo a quienes han asumido el liderazgo en la promoción y salvaguarda de los derechos humanos”—, el Ministerio del Interior, mediante una respuesta a una solicitud de información, declara estar generando avances. “Se destaca que mediante este mecanismo se han logrado avances en la articulación, orientación y coordinación de los diferentes programas de protección y recursos de las distintas entidades del gobierno involucradas en la prevención y protección individual y colectiva de los derechos humanos.”, acota la institución.
Desde Limpal, Diana Salcedo critica la manera en que el gobierno pretende responder a esta violencia. La política de seguridad instaurada por el PAO, encabezada por el presidente Duque, busca fortalecer el posicionamiento de las Fuerzas Militares y no garantizar las labores de liderazgo o fortalecer los procesos organizativos en las mujeres en los territorios, asegura Diana. En cambio, resalta los crímenes contra las mujeres en los que han participado miembros de la fuerza pública, como el caso de una niña embera chamí de 13 años que fue violada por un grupo de 7 soldados del Batallón San Mateo en junio de este año, en Pueblo Rico (Risaralda). Hechos como este, y el aumento de las masacres en Colombia, aumentan la zozobra y la sensación de inseguridad en las lideresas y defensoras.
Para evaluar los resultados del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (PIG), La Paz en el Terreno solicitó información al Ministerio del Interior. La institución aseguró estar implementando un enfoque de género dentro de PAO y articulando a las lideresas con el PIG. En esta materia, el Ministerio acota que “se ha propendido para que las mujeres lideresas beneficiarias de medidas de protección por parte del programa de la Unidad Nacional de Protección, cuenten dentro de sus esquemas con el enfoque de género y que este se implemente acorde a sus características y necesidades específicas”.
También aclara que las acciones se han ido implementando paulatinamente y hacen parte de la reestructuración de la Unidad Nacional de Protección (UNP), como uno de los ejes estratégicos del Plan de Acción Oportuna. Además, aclara que “se están diseñando unos talleres de autoprotección personal y familiar para mujeres lideresas en los departamentos de Norte de Santander y Chocó”.
Yury Quintero, coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, con respecto a su situación de seguridad cuenta que “conmigo se han inventado atracos, llamadas y han estado en riesgo hasta mis hijos, pero hemos tenido que manejar esto con mucha cautela. Hemos tenido que hacer bloques de seguridad entre nosotros mismos, la gente maneja la situación. No tenemos garantías de nada, ni confianza con las entidades encargadas del tema de seguridad”.
Por su lado, la UNP, también en respuesta a una solicitud de información, declaró que “ para las medidas con enfoque de género se busca la participación de las Secretarías Municipales creadas para tal fin, así mismo a nivel departamental se articula con la Secretaría de la Mujer para que puedan ‘Brindar capacitación con enfoque étnico a las mujeres y lideresas de los Resguardo y Cabildos, en temas como son: Derechos de las mujeres, normatividad indígena, leyes ordinarias y derechos fundamentales colectivos con el respectivo enfoque de género’”.
Diana Salcedo encuentra que, aunque el PIG es un logro que se alcanzó a partir del trabajo de diferentes organizaciones de mujeres e involucra a 17 instituciones del Estado, el programa puede ser perfeccionado: “no incorpora el enfoque étnico, ni un enfoque hacia mujeres con orientaciones sexuales y de género diversas”, además de alegar que se necesita un presupuesto efectivo para su implementación.
Al preguntar por lo que necesitan para su labor, las lideresas y defensoras encontraron múltiples factores que podrían mejorar considerablemente su calidad de vida, sus procesos organizativos y su seguridad. Sandra Sáenz, desde Santander, pide una educación desde la más temprana edad que se fundamente en igualdad, derechos y deberes, y que se rompan las asignaciones de roles de género, pues “perpetúan la cultura de violencia de género”. Gloria Luna, desde Chocó, exigió oportunidades laborales estables y diferenciales para las mujeres lideresas, que garantice la estabilidad económica de las defensoras y no tengan que abandonar su ejercicio de liderazgo. También pide, desde la comunidad negra, que se reconozcan la espiritualidad y ancestralidad de las comunidades afro.
Luz Elvira Jossa, desde Putumayo, expresa la necesidad de que se reconozcan las creencias, la espiritualidad y las costumbres indígenas, que sean respetadas e incluidas en las políticas públicas. Que la institucionalidad trabaje para conocer cuáles son las necesidades diferenciales de las mujeres indígenas para así garantizar su labor de liderazgo. Yesenia, desde La Guajira, pidió apoyo de las comunidades y del Estado para que las lideresas puedan ser independientes, para que no vivan en condiciones de vulnerabilidad extrema.
Roseli Finscué, desde Cauca, exige que el gobierno, las institucionalidades y las comunidades reconozcan la importancia de los liderazgos de las mujeres y todo lo que costó forjarlos y fortalecerlos. Además pidió la implementación del Programa Integral de Garantías, pues alega que no lo han impulsado en su territorio.
Carolina Mosquera, desde Sisma, señala que en términos de protección, los esquemas deben estar adaptados a las necesidades y exigencias de vida de las lideresas y defensoras que los necesitan, por ejemplo, con que sus esquemas sean extensivos a sus núcleos familiares. “Las defensoras no viven solas en el mundo, a diferencia de un defensor, que si recibe una amenaza, tal vez puede irse al otro día del territorio; la familia de la defensora depende de ella, tiene el cuidado de una adulta mayor a cargo, etc., por eso las medidas para las mujeres tienen que ser complementarias”, concluye.
Ante la violencia que se ha acrecentado contra ellas, las lideresas sociales y defensoras de derechos humanos han juntado sus pies para conformar un gran pie de lucha que ha resistido ante las amenazas, los hostigamientos, las persecuciones, la discriminación y la violencia basada en género. El ejercicio mismo de organización y de mantener los procesos colectivos de las mujeres plantea una manera de resistencia ante esta violencia, afirma Roxana Sefair, investigadora de la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena. Las lideresas indígenas han fortalecido sus prácticas espirituales y culturales para fortalecer el tejido comunitario.
Yesenia en La Guajira cuenta que han aumentado los espacios de apoyo por medio de los que han creado una red en la que se soportan entre sí para poder llevar denuncias ante la institucionalidad, generar exigencias públicas y tomar acciones en conjunto para reclamar los derechos de las mujeres en el territorio. De esta red hace parte su fundación Flor Amarilla.
Diana Salcedo, desde Limpal, exalta la manera en que las lideresas y defensoras han buscado alternativas que les permitan empoderarse de manera independiente y autónoma, sin necesitar de los entes gubernamentales, aunque estos estén obligados a garantizar su labor. Cuenta que, en medio de la pandemia, ha visto el fortalecimiento de los procesos de agricultura y de huertas comunitarias por medio de las cuales las lideresas y defensoras de derechos humanos procesan alimentos de manera casera y natural. Además, han gestado negocios colectivos como el de estampados de camisetas. Todos estos procesos les ha permitido fortalecer su autonomía económica con la crisis que ha generado la pandemia.
Laura Gómez evidencia que las lideresas y defensoras que hacen parte de las organizaciones que Oxfam apoya en el país, se han empoderado digitalmente para lograr la visibilización de sus procesos y luchas a nivel nacional e internacional. De igual manera, Roseli resalta la conversación y el diálogo como el método al que han acudido desde la ancestralidad indígena para fortalecerse y autoreconocerse en medio de esa resistencia que plantea ser mujer dentro de una comunidad indígena.
Y ante ese panorama de tanta violencia, que pareciera opacar la esperanza, la resiliencia ha salido a relucir dentro de las luchas de aquellas lideresas que con tanta templanza, carácter y perseverancia han logrado continuar con sus labores de liderazgo. “Hay momentos donde uno dice ‘¿vale la pena esto?, fuera de esto no hay ni qué comer y llegan amenazas, ¿vale la pena?’, pero te encuentras una comunidad que te dice ‘gracias a usted pude superar lo que pasé, cuando te hacen sentir que pudiste poner un granito para cambiar la vida de alguien, te da fuerza para seguir, que vale la pena’”, expresa Yesenia.
Así, Luz Elvira, con voz cadente y severa, como quien declama un poema, dice: “hay que seguir batallando por quienes han entregado sus vidas, nosotras tenemos que seguir las batallas que ellas dejaron”. Y tomando como referencia las palabras de Cristina Bautista, la lideresa concluye: “si nos van a matar, que nos maten hablando”.
El jardín ya no es el mismo si le cortan una sola flor. En este espacio, mujeres que participaron de este reportaje se manifiestan en contra del asesinato a lideresas sociales y defensoras de derechos humanos. Ellas son las flores que quedan, que resisten y siguen luchando para que ni una sola flor más sea cortada.
Este grupo de mujeres ‘cantaoras’ se llama Son del Bullerengue por la Voz de las que Callan. Desde el departamento de Bolívar, nos cantan sobre el dolor de las mujeres por el maltrato y la violencia que sufren. También cantan sobre la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el primer documento legal y formal del Consejo de Seguridad que demanda a que las partes en conflicto respeten los derechos de las mujeres y promuevan su participación en las negociaciones de paz y en la reconstrucción post-conflicto. Ellas son la voz de las que ya no están.
¡Ni una rosa más!
Niña que recorrió paisajes de vastas fantasías,
Que luego de pocas historias cumplidas
Un intruso entró en su vida
Y con traiciones de su dolor se satisfacía.
Pero como toda una guerrera, la niña su valor fortalecía
Y aunque coraza y fuerza tenía
También fueron víctimas del flagelo ese día
Cuerpo malherido, humillado y cuestionado
Como si fuera indigno o delito ser mujer y estar perdida.
La luz de tus ojos ya se apaga
Sólo tu mente y tus recuerdos te sostienen por un día
De aquel dolor que tú sufrías.
Tu madre llora, tu hija sufre
los golpes de la vida
Imploramos justicia
Para que ni una rosa más
Sea herida.
Adriana Cely, lideresa y hermana de Rosa Elvira Cely
Gloria Luna Rivillas es una lideresa social y defensora de derechos humanos en el departamento del Chocó. Pertenece a la Red Departamental de Mujeres Chocoanas. Es representante del Chocó ante la Mesa Nacional de Garantías. Declama un poema de Mario Bendetti con el que su mente evoca el espiral de guerra y violencia en el que está sumergido el país.
Cuando cortan una flor: ¿qué pierde la comunidad cuando agreden o asesinan a una lideresa social o defensora de derechos humanos?
Sandra Sáenz es lideresa social y defensora de derechos humanos en el departamento de Santander. Es socia fundadora de la Asociación de Mujeres Campesinas de Barbosa y hace parte de la Red de Mujeres de la Provincia de Vélez.
