Fabián Rosales Niño era el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento San Faustino, en zona rural de la capital de Norte de Santander. Rosales pertenecía a la Federación de Juntas de Acción Comunal (Fedecomunal), de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh); a la Organización San Faus por la Paz, y a la Asociación de Víctimas de Despojo y Abandono de Tierras de Norte de Santander, también conformada por defensores de Derechos Humanos de la región.

Fabian, quien tenía tres hijos de dos, cuatro y seis años de edad, trabajaba como agricultor en La Despensa, su finca en la vereda La Sabana, y participaba en proyectos piscícolas y ganaderos. Su familia indicó que él asistía a reuniones intercomunales y que hacía poco había estado en un taller de reclamantes de tierras. Corporeddeh, organización de la cual hacía parte, informó que el líder venía trabajando en un proceso para el desarrollo de una granja integral para víctimas del conflicto armado.

El líder recibió tres impactos de bala en su pecho. Cuando se desplazaba hacia su casa en la vereda la Sabana, fue interceptado por hombres armados que lo hirieron. La Policía Metropolitana de Cúcuta indicó que en la región delinquen el 'Clan del Golfo' y 'Los Rastrojos', grupos armados ilegales que buscan el dominio del contrabando y del narcotráfico en la zona de frontera.

No había registros de amenazas en su contra. Jaime Gutiérrez, asesor para los Derechos Humanos, víctimas y construcción de paz de la Confederación Nacional de Acción Comunal, aseguró que no se tenía información sobre amenazas contra Fabián, según informó la confederación en sus redes sociales. Así mismo, el coronel Javier Barrera dijo que revisadas las bases de datos no se encontraron denuncias por amenazas en su contra. El oficial aseguró que tenía un grupo judicial realizando labores de campo y entrevistas con el fin de esclarecer los hechos.

En ese departamento, el número de líderes comunales asesinados en 2018 asciende a 34, según Enrique Pertuz, director de Corporeddeh. Los informes conocidos de parte de la Defensoría del Pueblo, la Mapp-OEA y el Ministerio del Interior señalan al departamento como el número uno en riesgo para líderes comunales y sociales. Gutiérrez afirmó que en el departamento de Norte de Santander, los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos se encuentran bajo amenaza colectiva desde hace varios días.