El 10 de julio del año 2018, dos personas sin identificar llegaron hasta la puerta de la casa de la defensora de Derechos Humanos Ibis Ojeda, en Riohacha, La Guajira, y dejaron una corona fúnebre con la consigna “Descansa en paz”.
Esta investigación fue posible gracias al apoyo de la FES en Colombia
“He sufrido tres atentados y me han matado a tres personas cercanas, pero entre más cosas me pasan, cojo más fuerza. Claro que tengo miedo, pero el valor mío es la gente, que no me deja renunciar”, asegura Ibis Ojeda, líder de restitución de tierras, miembro de la Mesa de Víctimas y presidenta de la Federación Campesina en la Costa Caribe.
El caso de Ibis no es aislado. Las amenazas han llegado a mujeres y hombres que trabajan en causas como las ambientales, contra la minería ilegal, en la sustitución de cultivos de uso ilícitos, por los derechos de las mujeres, de la población LGBTI, de los estudiantes, afiliados a Juntas de Acción Comunal y reclamantes de tierras, como esta defensora de La Guajira. Más de trescientos líderes sociales han sido asesinados en Colombia luego del acuerdo de paz, firmado en el segundo semestre de 2016, según números de la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil, como Indepaz y la Fundación Paz y Reconciliación.
A pesar de esta violencia generalizada, en la opinión pública poco se entiende sobre quiénes son y qué hacen los líderes sociales. La ONU define a un defensor de DDHH como “una persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover y proteger esos derechos”. Por su parte, el programa Somos Defensores, que lleva más de 20 años velando por la protección de los líderes sociales en Colombia, caracteriza a un líder social como “cualquier persona que se dedica a la defensa, promoción, respeto y protección de los Derechos Humanos en el ámbito nacional e internacional, que además trabaja por la eliminación efectiva de las violaciones a los Derechos Humanos en el plano nacional y/o regional”.
En la práctica, un líder social promueve la defensa de los DDHH en una comunidad que lo reconoce como tal, promoviendo el acceso a tierras, la reparación de víctimas o el derecho al agua, entre todo tipo de reivindicaciones sociales. Ibis Ojeda, por ejemplo, trabaja para que el Estado le reconozca a 56 familias desplazadas los títulos de propiedad de una tierra que han habitado por más de 20 años, lo que le ha costado su tranquilidad y la de su familia, puesto que, según ella, terceros interesados en esas tierras estarían detrás de las agresiones.
“Hubo gente que pensó que me iba a retirar, pero no, ahora tengo mucha más fuerza. Todas las asociaciones están conmigo”, añadió Ibis, quien tiene el apoyo de las 186 asociaciones de la Federación Campesina, presentes en diferentes puntos de la Costa Caribe. En el mismo día que Ibis era intimidada en la puerta de su casa, su amiga, Rosa María Brito Rodríguez, también defensora de Derechos Humanos, denunciaba en Bogotá las constantes amenazas contra las mujeres con las que trabaja.
“Somos muchas las mujeres pasando por momentos difíciles. En La Guajira, los asesinatos no son frecuentes, pero sí los hostigamientos y amenazas”, afirmó en entrevista tras un evento en Bogotá con más de 20 líderes y lideresas sociales, de diferentes procedencias y luchas, que se reunieron en las instalaciones de Fescol para levantar sus voces en contra de los ataques que han sufrido, buscando contrarrestar la impunidad de los crímenes. Según números de la Fundación Paz y Reconciliación, el número de lideresas muertas en Colombia tras la firma del acuerdo de paz llega a, por lo menos, 31 mujeres.
Rosa María es representante legal de una fundación de mujeres afro en La Guajira y miembro de la instancia oficial para garantizar el enfoque de género en la implementación de los acuerdos entre el Gobierno colombiano y las Farc. Esta líder social es desmovilizada del EPL (Ejército Popular de Liberación) desde 1991 y actualmente hace parte de una red de mujeres excombatientes. Recibió dos amenazas finalizando el año pasado, en noviembre y en diciembre.
Dos meses antes, en septiembre de 2017, otra lideresa fue asesinada después de ser intimidada en Pereira. Martizta Yuliana García trabajaba en una fundación que adelantaba procesos de rehabilitación con consumidores de droga y personas en riesgo de habitar calles y de ser explotadas sexualmente. Maritza fue amenazada y, al día siguiente, el 22 de septiembre, recibió un disparo en la cabeza mientras abría la puerta de su casa, según contó Liliana Velasco, su madre.
Las agresiones contra mujeres lideresas tienen especificidades. Claudia Mejía, directora de la Corporación Sisma Mujer, afirmó que en el 66% de los asesinatos contra ellas han ocurrido dos agravantes: violaciones y sevicia contra los cuerpos de las mujeres. En el evento con líderes y lideresas sociales, la abogada también se refirió a los obstáculos y a las violencias a las que tiene que enfrentarse una mujer que ejerce un liderazgo, en los ámbitos familiar, social, cultural y en la misma comunidad a la que representan.
El proyecto periodístico La Paz en el Terreno, una alianza entre Rutas del Conflicto, Colombia2020 y Fescol, ha logrado documentar, caso a caso, 16 perfiles de lideresas asesinadas tras la firma final del acuerdo de paz. Historias como las de Maritza Yuliana García e Idaly Castillo Narváez, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bellavista, en Rosas, Cauca, asesinada hace poco más de un año. Idaly era integrante de la Mesa de Participación de Víctimas, donde defendía los derechos de sobrevivientes del conflicto armado, exigiendo de manera colectiva los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.
El agosto de 2017, la lideresa social y comunitaria del municipio de Rosas fue hallada sin signos vitales y con señales de tortura y abuso sexual. Cinco meses después, las autoridades detuvieron a su esposo y a un cuñado, acusándolos de feminicidio.
La territorialización de las agresiones tras el acuerdo de paz
Líderes entrevistados afirman que las amenazas no son una novedad reciente, pero que sí se han recrudecido después de que empezaron labores de socialización del acuerdo de paz. Rosa María lo atribuye al interés de grupos que poseen un negocio en la guerra y que, por eso, no quieren que termine. El asesor de la Confederación Nacional de Asociaciones Comunales para temas de Derechos Humanos, Jaime Gutiérrez, añade que las principales amenazas se dan por parte del microtráfico, de grupos armados organizados y de bandas criminales, interesadas en ocupar los espacios dejados por las Farc.
“No conocemos ni el 20% de los acuerdos de La Habana. Es necesario socializarlos, pero hay amenazas. Al socializarlos en las veredas, nos vemos con la lápida en el cuello”, afirmó Gutiérrez.
Durante el 2018, el Cuerpo Élite, instancia de la Policía creada para prevenir e investigar las agresiones contra los líderes sociales, ha focalizado los 18 departamentos que considera más afectados por la violencia contra defensores de Derechos Humanos y excombatientes de las Farc, otra de las poblaciones más victimizadas en esta última oleada de violencia. En esas regiones, se “visualiza el crecimiento de pugnas territoriales entre organizaciones criminales que desean ocupar estas zonas con fines de establecer sus rentas ilegales y narcotráfico”, aseguró esta institución policial. Dichas pugnas han tenido lugar, especialmente, en Norte de Santander, Arauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Nariño y Cauca.
Así como el conflicto armado ha respondido históricamente a lógicas territoriales, las agresiones contra los líderes sociales no han estado exentas de estas dinámicas. En un mapa de riesgo publicado el 7 de agosto, Colombia2020, de El Espectador, pudo establecer que existen diferentes razones detrás de la victimización de defensores en cada territorio. Por ejemplo, mientras en Sucre las amenazas están dirigidas, principalmente, contra reclamantes de tierras y aquellos que denuncian actos de corrupción, en Bolívar se vive una preocupante persecución política y amenazas contra defensores del medio ambiente.
Juntas de Acción Comunal: en el ojo del huracán
Defensor de Derechos Humanos hace más de cuarenta años, Jaime Gutiérrez afirma que los afiliados a las Juntas de Acción Comunal (JAC) -corporación cívica, comunitaria y sin ánimo de lucro- son los que más han sufrido históricamente la violencia del conflicto armado, estigmatizados por convivir con los actores armados que han delinquido en las diferentes regiones del país.
Aunque no haya un censo oficial, la confederación estima que por lo menos 8.750 homicidios de líderes comunales han ocurrido en los últimos 25 años, con base en datos recogidos en visitas a diferentes regiones de Colombia. Solo este año, al menos 53 miembros de JAC fueron asesinados. 16 perfiles de ellos han sido documentados en lapazenelterreno.com.
“Terminamos invisibilizados porque también somos de otros grupos. Está el líder comunal que también es ambiental, LGTBI o del combate a la minería”, afirmó Gutiérrez. Según el conteo de la confederación, en 2016 fueron asesinados 78 líderes de acción comunal y, en 2017, otros 58. “Es muy poco lo que cuesta una vida: una bala más cincuenta mil pesos”, añadió.
Protección y autoprotección
En su más reciente informe, publicado el 9 de agosto de 2018, el Instituto Kroc, encargado de evaluar la implementación del acuerdo de paz, aseguró que uno de los temas más preocupantes es, justamente, “las Garantías de seguridad y protección comunitaria”, haciendo énfasis en el incremento y la persistencia de homicidios contra defensores de Derechos Humanos y líderes sociales, particularmente miembros de comunidades afro e indígenas. Para mayor información, consultar lapazenelterreno.com, donde hay disponibles 27 perfiles públicos de líderes étnicos asesinados tras la firma del acuerdo final.
Jaime Gutiérrez, quien posee un esquema de protección de la UNP (Unidad Nacional de Protección), reivindica una política pública de seguridad para los líderes sociales, mientras que Rosa María critica el hecho de tener únicamente un guardaespaldas, a quien llama “damo de compañía”. “Nos toca estar en casa, impotentes. Nos mandan ‘damos de compañía’. Eso nos visibiliza a los dos, nos pone a ambos en riesgo”, afirmó la lideresa.
Por ahora, la mayoría de los crímenes en contra de líderes sociales continúan sin mayor trámite judicial. La protección de la UNP, aunque muchas veces necesaria, ha sido insuficiente para los defensores de Derechos Humanos. En el caso de la líder Ibis Ojeda, quien fue amenazada en el mes de julio en Riohacha, hay esquema de seguridad, pero solamente durante el día. En las noches, la Policía pasa cada tanto por los alrededores de su casa.
Los líderes, no obstante, han adoptado todo tipo de medidas para protegerse con el apoyo de sus familias y de sus redes de apoyo, interponiendo a la vez denuncias ante la Defensoría del Pueblo y acudiendo a instancias internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional.
“En 2013 sufrí el primer atentado. Antes me habían llegado los llamados panfletos, como me siguieron llegando después. Me tocó sacar a mis hijos, a mi hija menor, me tocó enviarla a Venezuela. Actualmente, mi hija mayor es presidenta de una de la asociaciones de la Federación Campesina y me dice que si me llega a pasar algo, que ella ‘seguirá mi trabajo’. Mi hijo, mi otra hija y mi nieta, de solo 7 años, quien sobrevivió cuando tenía tres añitos a uno de los atentados y quedó con un trauma, también me demuestran su apoyo”, comentó Ibis.
En comunidades étnicas se evidencia el fortalecimiento de guardias indígenas y cimarronas. Así lo contaron líderes sociales que se reunieron el 10 de julio en las oficinas de Fescol, en Bogotá. Actualmente, comunidades campesinas también esperan instaurar este sistema de autoprotección. Las amenazas, sin embargo, siguen afectando directamente a los defensores y a sus familias. Su trabajo comunitario se ha convertido en su principal medio de resistencia.
