Líderes ambientales y sociales de Tumaco, el municipio más afectado por los cultivos de coca en Colombia, apuestan por productos tradicionales como el cacao, el coco y frutales para recuperar el territorio afectado por la deforestación realizada para la posterior siembra y por las fumigaciones de glifosato que lo han intentado combatir.
“La coca es un monocultivo y causa fuertes impactos al medio ambiente. Se pierden áreas que eran bosques, con especies nativas de flora y fauna”, afirma César Quiñones, ingeniero agro forestal y miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera. El líder ambiental también afirma que, principalmente en los años 2000, las aspersiones aéreas y terrestres con glifosato afectaron los cultivos tradicionales y las fuentes hídricas. Desde 2010 se trabaja en su recuperación. “Los nuevos cultivos están restableciendo la cobertura arbórea del área degradada”, añade.
En los Consejos Comunitarios de Alto Mira y Frontera, en límites con Ecuador se destacan los cultivos de cacao. En el Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera, donde el río Rosario se encuentra con el océano Pacífico, los pobladores intentan conservar por medio de un proyecto para la emisión de bonos de carbono y de una zona protegida para el manglar. Dos zonas de un municipio mayoritariamente afrodescendiente y fuertemente afectado por el conflicto armado y el narcotráfico le apuestan al medio ambiente.
Cacao, plátano y frutas para salvar el territorio
El cacao, el plátano y los frutales ocupan poco más de 1000 hectáreas en el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera. Las 538 hectáreas de cacao generan el sustento de 612 familias a partir de una producción promedia anual de 600 kilogramos por hectárea, que luego se vende a distribuidores de la empresa Chocolate Tumaco. El impacto de las siembras tradicionales ya se ve en la recuperación de la fauna, según comenta César Quiñones.
“El bosque se había modificado casi que totalmente en los últimos 50 años. Pero ahora, muchas especies ya están llegando, como el venado, la tuátara y el conejo. Hace 10 años no se veían”. Y es que el cacao permite la permanencia de un corredor biológico en un área deforestada tanto por la siembra de coca como por los cultivos extensivos de palma de aceite.
John Alexander Rincón, de 46 años, es uno de los cultivadores de cacao en Alto Mira y Frontera. En 2010 empezó con los primeros injertos —técnica que fusiona una parte de una planta con otra, para garantizar soporte y alimento— en dos hectáreas de su finca, después de que la plaga PC (Pudrición del Cogollo) afectó su pequeño cultivo de palma de aceite. “Nos quedamos en bancarrota y el Consejo Comunitario empezó a incentivar el cacao”, cuenta.
Actualmente, tiene cinco hectáreas de cacao, de dos variedades diferentes que se adaptaron bien al suelo de su finca, en la vereda Miras Palmas. Según dice, además de ser más barato y más fácil de manejar que la palma, el cacao es más “amigable” con el ambiente. “La palma seca y erosiona la tierra, el cacao no. Y no succiona tanta cantidad de agua”, comenta. Rincón dice que tiene una producción de hasta 10 200 kilos de cacao seco anualmente y en su finca trabajan otras seis personas, además de su esposa y sus tres hijos en la época de desgranar el fruto.
La venta se hace en la zona urbana de Tumaco a un intermediario de la empresa Casa Luker o de la Compañía Nacional de Chocolates. El precio que recibe por el kilo de cacao varía entre los 4600 y 5400 pesos (entre 1,4 y 1,6 dólares).
Además del cacao, en el Alto Mira y Frontera se cultivan 360 hectáreas de plátano y 110 de frutales que ayudan económicamente a más de 300 familias. Entre las frutas están los cítricos como el limón, además de la guayaba y el zapote. También se prevé un proyecto de reforestación de 218 hectáreas de maderables, como el tangare y el cedro, como compensación de la construcción de la vía binacional que conectará los puertos de Tumaco y Esmeraldas, en Ecuador. Según Quiñones, esta reforestación también se dará en áreas antes degradadas por cultivos de coca.
El Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera también se ha suscrito al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) del gobierno nacional y ha implementado un vivero para la preparación de material vegetal para el cultivo de 600 hectáreas nuevas de cacao, operadas por la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao). El objetivo es atender los requerimientos de más 100 familias, tanto de injertos como de especies forestales.
Además de esto, Fedecacao también posee un convenio con la Organización Internacional para las Migraciones para atender a 800 productores con transferencia de tecnología en otros consejos comunitarios como Chagüi, Tablón Dulce y Tablón Salado, además de las veredas y zonas de carretera, alrededor de las vías que llegan al casco urbano de Tumaco. De acuerdo con la institución, se ha logrado mejorar las condiciones de calidad del grano de cacao en Tumaco, con el cultivo “amigable” con el medio ambiente y con intervenciones a partir de un plan de manejo ambiental, con énfasis en el “uso seguro de agroquímicos y la conservación de los recursos naturales”. En 2018, se sacaron de Tumaco un total de 3.376 toneladas de cacao, 17% más que en el año anterior.
El impacto ambiental del proyecto de sustitución de cultivos ilícitos se podrá ver en “mediano y largo plazo”, según la Consejería, pero ya ha contribuido con el fortalecimiento y empoderamiento de las organizaciones de base. La institución señala que “reconoce el esfuerzo de los líderes y el importante aporte de ellos en la construcción de paz en los territorios”.
Ya hay 4.849 familias de Alto Mira y Frontera vinculadas al PNIS, de acuerdo con la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, responsable por los programas, políticas e inversiones privadas relacionados al posconflicto. Las actividades de conservación adelantadas por los recolectores se enfocan principalmente en la recuperación de áreas estratégicas de producción de agua en ocho quebradas: Tulmo, Panal, Cuespi, Godoy, Sanjuan, Curai Sonadora, el Llano y el Higuerón.
Adicional al trabajo que se hace en el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, en todo el municipio de Tumaco hay 17.000 familias vinculadas al PNIS. Además del cacao, el coco también se convirtió en una opción para la sustitución de la coca. Según datos de la Consejería, a mediados de 2018 los consejos comunitarios con mayor área sembrada en coco eran Acapa, con 1.200 hectáreas; Mejicano, con 1.100 hectáreas; Gualajo, con 850 hectáreas; Rosario, con 600 hectáreas y Chagüi, con 600 hectáreas.
Un respiro para el medio ambiente
“La sustitución puede colaborar con la recuperación del medio ambiente porque los cultivos de uso ilícito reemplazan tierras que tienen otra vocación de uso y destruyen algunos sistemas naturales”, comenta Luis Alejandro Arias, director de los programas de Ciencias Marinas y Ambientales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Las afectaciones son claras, según dice Arias. El primer impacto es el desplazamiento de especies. También se hacen quemas y prácticas como fumigaciones extensivas que afectan también a microorganismos.
Otro problema es que la coca, cuando se utiliza para la producción de droga —un uso muy distinto al que le dan las comunidades indígenas— se vuelve un monocultivo, lo cual afecta la biodiversidad. “Los monocultivos disminuyen la diversidad tanto de otras especies vegetales como de animales, y así se pierden servicios ecosistémicos, como el control natural de las plagas o la polinización”, agrega Diana Galindo, profesora del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Central.
Galindo añade que esos servicios naturales de control acaban reemplazados por insumos externos que causan daño al medio ambiente, como los herbicidas e insecticidas. Estos elementos también impactan los organismos asociados al suelo, generan resistencia en las plagas y pueden llegar a las fuentes de agua.
En el caso de la coca, el glifosato (herbicida) ha sido aplicado de forma extensiva para combatir su cultivo. En el departamento de Nariño, el pico de su uso ocurrió en 2006, con la aspersión aérea de 59 865 hectáreas, según UNODC. “El problema más complicado no está relacionado con el impacto directo en los pobladores, sino en las especies vegetales que están ahí. El herbicida afecta células vegetales y genera un desequilibrio que afecta a los cultivos alrededor”, señala Luis Alejandro Arias.
Pero, ¿cuánto tarda en recuperarse el equilibrio ambiental luego de que se ha expandido la coca y se han usado componentes químicos como el glifosato para atacarlo? Arias explica que este proceso puede tardar decenas de años pero que cultivos como el cacao y el coco pueden colaborar. “El cacao y las arbóreas ayudan porque generan mucha hojarasca. Cuando las hojas caen de los árboles y posan sobre los suelos generan capas que empiezan con una mineralización de los nutrientes. Al ser especies perennes (que viven por más de dos años), estos procesos son acompañados por la fauna que está alrededor.” En el caso del coco no hay caída de hojas pero sí de la fibra, que también impacta positivamente el suelo.
El representante legal de la Corporación Técnica del Pacífico Sur, operadora de la asistencia técnica para el PNIS en Alto Mira y Frontera, Otto Marcos Saya, concuerda en que el territorio tiene una regeneración natural y que los cultivos como el coco y el cacao permiten la recuperación porque se hacen bajo sistemas agroforestales y no extensivos. “Esos proyectos ayudan a recuperar. La coca es el producto que más impacto ambiental ha causado en los últimos 20 años, porque se han hecho huecos en la selva para la siembra”, asegura.
Líderes en peligro
César Quiñones, ingeniero agroforestal y miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, asegura que en el contexto del pos acuerdo con la exguerrilla de las Farc, llegó el apoyo gubernamental a proyectos productivos en el Consejo Comunitario. Las iniciativas de conservación, hasta entonces, partían de la comunidad. “Como ha sido una zona con la mayor cantidad de cultivos [de uso ilícito], la catalogaban como zona roja y no viabilizaban proyectos, el territorio quedó castigado”, explica.
A pesar de esto, la sustitución de cultivos ilícitos sigue generando amenazas para los líderes locales. Tumaco logró reducir sus territorios sembrados en 2017 en un 15% en relación al 2016, pero aún se mantiene como el municipio con más plantación de coca en Colombia, con 19 517 hectáreas según los últimos números divulgados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para 2017. Una cifra relevante dado que, según expertos, para la siembra de una hectárea del cultivo de uso ilícito se pueden deforestar hasta cuatro hectáreas de sistemas naturales, dependiendo del tipo de ecosistema y de los factores considerados para la medición.
Este es el estimativo presentado, por ejemplo, en el estudio “Efectos de los cultivos ilícitos sobre el medio natural en Colombia”, de los investigadores Luís Felipe Pinzón y Hernando Sotero, de la Universidad Militar, y en el informe “Caracterización de las principales causas y agentes de la deforestación a nivel nacional”, publicado en 2018 por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Incluso, en la Política de Bosques definida en 1996, ya se hacían estimativos donde se decía que por cada hectárea de coca sembrada se destruyen dos hectáreas de bosque.
En 2017, la deforestación relacionada a los cultivos de coca en Colombia llegó a un promedio de 137 hectáreas diarias, según el Ministerio de Ambiente, lo que representa un 24% del total deforestado en el país en ese año.
Además del impacto ambiental, los cultivos de uso ilícito y la presencia de actores armados ilegales han dejado un rastro de violencia en el Alto Mira y Frontera. Las amenazas en contra de líderes sociales en este Consejo Comunitario llamó la atención nacional e internacional, principalmente luego del asesinato del líder José Jair Cortés, en octubre de 2017. En marzo de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas cautelares para proteger al Consejo Comunitario. Solo en 2017, hubo dos desplazamientos masivos en el municipio que afectaron a más de 800 personas, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Aunque los pobladores relatan que este año el panorama de seguridad ha mejorado, entre febrero y marzo hubo nuevos desplazamientos debido a choques entre grupos armados ilegales que disputan el control de los cultivos de coca. Los riesgos se han extendido a otras zonas de Tumaco, donde se ha registrado la presencia de diferentes actores armados, entre ellos los llamados grupos posdesmovilización —herederos de estructuras paramilitares—, disidencias de las Farc, guerrillas y bandas criminales.
En medio de ese panorama, los esfuerzos en conservación ambiental y Derechos Humanos han dado sus frutos. La Junta de Gobierno del Consejo Comunitario de la comunidad afrodescendiente de Alto Mira y Frontera recibió, en 2018, el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, en la categoría proceso colectivo.
El reconocimiento, entregado por Diakonia, una entidad de cooperación internacional fundada por iglesias protestantes en Suecia y la Iglesia Sueca, destacó que “varios de sus líderes y lideresas han sido asesinados y detenidos” y que “su lucha reciente ha sido por su permanencia en un territorio sostenible y libre de cultivos ilícitos y grupos armados, pese a las graves amenazas, asesinatos y detenciones de las que sus integrantes han sido víctimas”. Uno de los retos para la preservación ambiental, según Quiñones, es consolidar al Consejo como el operador del desarrollo sostenible del territorio.
El esfuerzo en Bajo Mira y Frontera
La sustitución de la coca a través de los cultivos tradicionales, como el cacao y el coco, también se ha llevado a cabo en otros Consejos Comunitarios de Tumaco. Los líderes relatan que esas iniciativas han tenido resultados positivos y desafíos que intentan superar.
En el Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera hay dos proyectos para la conservación desarrollados desde 2013: un proyecto de Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) y un área protegida a través de Parques Nacionales.
El proyecto REDD, según el Consejo Comunitario, busca evitar la ampliación de las fronteras agrícolas para la siembra de coca, apostando por el cultivo de cacao y por la conservación de áreas que habían sido degradadas. A pesar de la interrupción de la financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en el 2015, el proyecto ayudó a disminuir considerablemente los cultivos ilícitos en la zona.
Antes ocupaban 1700 hectáreas en fincas y bosques pero fueron reducidos en cerca de un 70% a partir de una estrategia para producir 800 nuevas hectáreas de cacao en áreas tradicionales donde estaba la coca. A cambio de erradicarla, cerca de 900 familias tuvieron derecho a una hectárea de cacao, y actualmente, cuatros años después de finalizado el programa, producen cerca de 600 toneladas anuales en la zona renovada. El 15% de la producción es comercializada por el Consejo y, según ellos, garantiza un precio más ventajoso para el agricultor gracias a la venta del llamado cacao premium, de mejor calidad.
El Consejo de Bajo Mira y Frontera también cuenta, desde 2017, con un Distrito Nacional de Manejo Integrado (DNMI), un área en el delta de la cuenca del Río Mira con más de 190 000 hectáreas protegidas, siendo 10.000 en tierra y 180.000 acuáticas. Su objetivo es proteger los ecosistemas marinos y de manglares, además de prevenir y mitigar los impactos generados por las actividades productivas, bajo una perspectiva de manejo sostenible. Éste es el segundo DNMI del país, y su co-administración es responsabilidad del Consejo Comunitario y de Parques Nacionales.
“El modelo sale de la consulta previa, y todas las decisiones se toman en consenso con la comunidad. Ya realizamos el diagnóstico y estamos trabajando en el plan de ordenamiento y en el régimen de usos”, afirma Santiago Duarte Gómez, jefe de área protegida de Parques Nacionales. Este plan irá definir, por ejemplo, en qué épocas y en cuáles locales se pueden desarrollar actividades como la pesca o la colecta de cangrejos. El diálogo con la comunidad se está realizando por medio de talleres y reuniones, pero aún se espera el desembolso de recursos para las demás acciones.
Otros Consejos Comunitarios tumaqueños avanzan en estrategias de conservación pero todavía enfrentan varias dificultades. Por ejemplo, Apolinar Granja, delegado de la Federación Nacional de Cocoteros y ex representante legal por dos períodos del Consejo Comunitario del Río Mexicano, en la región de la Ensenada, dice que con la suspensión de las aspersiones aéreas de glifosato se pudo avanzar con el cultivo de coco que “no tiene exigencias, no necesita fertilizantes, es natural de la zona y no causa deforestación”.
Las fumigaciones afectaron a algunas plantas medicinales como la verbena, la verdolaga, la sábila y la llamada flor amarillo, de los cuales actualmente se están buscando injertos en consejos vecinos para volverlos a cultivar. Otras especies ya se volvieron a ver, como el chirarán, el limoncillo –ambos usados tradicionalmente para tratar la hipertensión- y la chiyagua, usada en contra del mal de aire, un tipo de fiebre endémica, relacionada por la comunidad a factores espirituales. En la zona de carretera, alrededor de las vías que llegan al casco urbano de Tumaco, cerca de 50 familias están cultivando esas especies medicinales para la venta, añade.
La posibilidad de retomar el glifosato sigue siendo considerada por el gobierno nacional y esto podría agregar obstáculos a los intentos de estas comunidades tumaqueñas que quieren recuperar de nuevo sus bosques y aprovecharlos sosteniblemente, tal como lo están haciendo los Consejos Comunitarios de Alto Mira y Frontera y Bajo Mira y Frontera.
Intentos fallidos y desconfianza
Otra región que apuesta por el cacao es el Consejo Comunitario del Tablón Dulce, al noroccidente de Tumaco, donde hay 2000 hectáreas cultivadas por 232 familias. Sin embargo, aún hay cultivos de coca y una desconfianza de la comunidad en relación a la sustitución debido a intentos anteriores fallidos. “En 2008 hubo un proceso de sustitución de cultivos y la comunidad lo hizo de forma voluntaria, cambiando por cacao. Pero el gobierno no cumplió y fumigó todo, incluso el cacao”, afirma Inocencio España, presidente del Consejo Comunitario. Para ayudar a recuperar el suelo, también se han hecho siembras de maderables, como el laurel y el cedro, pero a pequeñas escalas.
“Nuestra forma de cultivar es la conservación. La comunidad ha resistido e intentado recuperar las dinámicas de ancestralidad”, añade Apolinar Granja. El líder local afirma que la vida productiva en la región ha sido siempre marcada por el coco, el cacao y el plátano, que han convivido con los cultivos de coca y sufrido los efectos del glifosato. Con la suspensión de las aspersiones aéreas, se pudo avanzar también con el cultivo de coco que “no tiene exigencias, no necesita fertilizantes, es natural de la zona y no causa deforestación”.
El delegado de la Federación Nacional de Cocoteros critica la falta de diálogo del gobierno con las comunidades. “La concertación tiene que ser para atender a las necesidades locales. Queremos políticas agrarias, la coca fue una salida para las necesidades, que son muchas, y atender sólo una parte del problema no resuelve.” El líder también señala el daño “ambiental, social y político” causado por las fumigaciones de glifosato.
En Tumaco, las cuestiones ambientales están directamente vinculadas al conflicto armado. La coca y la presencia de actores armados han causado la tala de bosques y afectado los cultivos tradicionales. A pesar de los esfuerzos de los líderes ambientales, los desafíos que se presentan aún son grandes. Entre ellos están la recuperación de la confianza tras la fumigación aérea y los intentos fallidos de sustitución de cultivos y la garantía de seguridad, además de más recursos y acompañamiento técnico para los proyectos productivos y ambientales.
