Son 14 las propuestas aprobadas y tres de ellas están en revisión tras un primer visto bueno: la producción de muebles en el Carmen del Darién (Chocó), el cultivo de aguacate en Silvia (Cauca) y la cooperativa de turismo en Charras (San José del Guaviare). El mapa (abajo) muestra las 17 iniciativas, con información de la ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización) relativa a agosto de 2018.
La aprobación de proyectos productivos para excombatientes en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) sigue a paso lento. Tras más de dos años de la firma final del Acuerdo de Paz, son 14 las iniciativas aprobadas y, entre ellas, solamente dos han tenido el desembolso correspondiente por parte del Gobierno para su funcionamiento: la ganadería en Icononzo, Tolima, y la granja integral en Miravalles, Caquetá.
Otros tres proyectos que estaban aprobados hasta el último día de la Presidencia de Juan Manuel Santos, el 6 de agosto, fueron puestos en revisión tras el cambio de Gobierno y la entrada del alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, como delegado en el CNR. El consejo también cuenta con representantes de la Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) y de la ARN. Los otros 12 proyectos que estaban aprobados también fueron revisados, pero el CNR ratificó su visto bueno.
Entre las propuestas que poseen el aval, la mayoría son del ramo agropecuario, como las cinco de ganadería y las tres de crianzas de peces, además de iniciativas de granja integral, crianza de lechones y cultivos de limón y cacao. También hay un proyecto de tecnologías de la información, para la implementación de servicios de internet en Ituango, Antioquia, y de comunicaciones, en Bogotá.
Otras 35 propuestas, realizadas por grupos de excombatientes con el apoyo del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y de la ARN, están en una especie de fila, esperando la evaluación del CNR.
Los proyectos productivos sostenibles están identificados en el Acuerdo de Paz como una necesidad para el proceso de reincorporación económica y social de los exintegrantes de la guerrilla de las Farc. Para eso, cada excombatiente recibirá 8 millones de pesos, como un capital inicial para el desarrollo de cada propuesta aprobada. Sin embargo, hasta el momento, solamente los 87 integrantes de las iniciativas de Icononzo y de Miravalles han recibido el subsidio, 0,7% del total de las cerca de 13 mil personas proceso de reincorporación. El pago se hace por medio de las cooperativas que se forman localmente para cada propuesta, y que son parte de Ecomún (Economías Sociales del Común), la cooperativa a nivel nacional, responsable de acompañar los procesos locales.
La ganadería multipropósito de Icononzo, Tolima, prevé la participación de 17 excombatientes y sus familias dentro del ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) Antonio Nariño. El valor del proyecto supera los 487 millones de pesos, siendo 136 millones referentes al subsidio de los integrantes y más de 351 del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto, que canaliza el apoyo financiero de la comunidad internacional para el proceso de implementación del Acuerdo de Paz. En el caso de la granja de Miravalle, Caquetá, 70 excombatientes están involucrados en el trabajo de avicultura, horticultura y piscicultura. El valor de la iniciativa es de 560 millones de pesos, el total de la sumatoria del subsidio de 8 millones que tiene derecho cada integrante.
Luis Medina, delegado del componente Farc en el CNR, espera que los desembolsos de los otros 12 proyectos aprobados se realicen aun en este año. En total, serían 9,7 mil millones de pesos, considerando tanto el subsidio que será asignado a cada excombatiente como los aportes del fondo multidonante, según la inversión estimada en el mes de agosto.
Mientras el desembolso para apalancar los proyectos no despega, los excombatientes han contado con inyecciones de recursos de cooperación internacional a algunas iniciativas. Un ejemplo son los llamados emprendimientos de respuesta inmediata que, según Medina, fueron realizados en dos ocasiones. En la primera, se dedicaron 34 millones de pesos a cada espacio territorial para temas de abastecimiento. En la segunda, se invirtió 18 mil dólares (cerca de 57 millones de pesos) en iniciativas productivas de 36 lugares, incluyendo los 24 ETCR activos y 12 nuevos puntos de reagrupamiento (NPR).
Proyectos en revisión
Los tres proyectos que estaban aprobados hasta el cambio de Gobierno, y que ahora están en revisión, son: la iniciativa de producción de muebles en el Carmen del Darién, Chocó; el cultivo de aguacate hass en Silvia, Cauca, y la cooperativa de turismo en Charras, Guaviare. Los motivos del congelamiento de la aprobación son diferentes en cada propuesta.
En el caso del Darién, según Medina, los técnicos afirman que el proyecto no ocupa todas las hectáreas pedidas. El delegado Farc ante el CNR señala que las hectáreas solicitadas son parte tanto de un proceso de reforestación como de recolección de la madera que quedó como residuo en las áreas de tala legal. Además, aún falta explicitar la cantidad de material que se pretende recoger para que se pueda medir la sustentabilidad de la iniciativa.
El cultivo de aguacate hass en el Cauca depende de una decisión jurídica sobre su realización en el resguardo indígena Tumburao. La ARN defiende que se haga una consulta previa con la comunidad Nasa, según Medina, pero los excombatientes, cuya mayoría también es de indígenas, ya poseen la aprobación de los líderes locales por medio de una concertación. Para el proyecto de ecoturismo en Silvia, Cauca, aún falta especificar cómo será la construcción de la estructura de hospedajes y restaurantes, considerando que el terreno es parte de una reserva forestal. Juntas, las tres iniciativas benefician a 284 excombatientes y requieren una financiación de 2,9 mil millones de pesos.
Para los excombatientes, la demora en la aprobación y en los desembolsos es un reto para llevar los proyectos productivos adelante, pero hay otros desafíos. Uno de ellos es la llegada de la producción hasta el consumidor final, según Medina. Las vías de acceso a algunos de los ETCR están en malas condiciones y dificultan la operación. Si, por un lado, los proyectos más grandes poseen una estrategia de comercialización diseñada, por otro lado, las más de 200 iniciativas independientes han apostado por la distribución local, en caseríos y mercados, y por la posibilidad de venta para la distribuidora JR, proveedora contratada por el Gobierno para el abastecimiento de los ETCR.
Otra cuestión central es el acceso de largo plazo a las tierras, considerando que los ETCR están en espacios rentados por el Estado, además de la apertura de cuentas en bancos en nombre de las nuevas cooperativas y la misma formulación de los proyectos, ya que la gran mayoría de los excombatientes no ha tenido experiencia en la presentación de ese tipo de documentos. “Los retos que vienen no son sólo formular y hacer viables los [proyectos] que están en proceso, sino la puesta en marcha, la implementación. Necesitamos recursos, especialistas. Estamos viendo cómo se canaliza esa asesoría para que los proyectos sean exitosos”, dijo Medina.
