MICROTRÁFICO Y EXPANSIÓN PORTUARIA CAUSAN TENSIONES

Buenaventura es el principal puerto de Colombia, pero esa importante salida comercial marítima también ha generado tensiones. La expansión portuaria, tras la privatización del puerto en los noventas, ha causado desplazamientos internos, cambios en las actividades productivas para los pescadores y presiones para los líderes que trabajan por la defensa del territorio. Además, el acceso a las aguas internacionales se volvió un punto pretendido por el narcotráfico, por la exportación de droga y por la importación de insumos como armas. Los actores armados también disputan el control de negocio en el punto de embarque, es decir, el casco urbano de Buenaventura (vea en el mapa las principales tensiones para los líderes y lideresas sociales en el casco urbano del municipio, y dos proyectos que motivaron el trabajo de los defensores de derechos humanos con los jóvenes).

La privatización del puerto generó una separación entre la rentabilidad de la salida comercial y la población, de acuerdo con el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica “Buenaventura: un puerto sin comunidad”. En medio de la convivencia entre la opulencia del puerto y la desigualdad social de la ciudad, emergen las bandas delincuenciales, que han reanudado dinámicas de grupos paramilitares que hicieron presencia en el puerto en los años 2000.

La expansión portuaria, de acuerdo con líderes sociales (sus nombres son preservados por cuestiones de seguridad), hizo que parte del territorio antes usado para la pesca fuera ocupado por bodegas de carbón. Con la pérdida de la actividad productiva, añaden los líderes, aumentó la vulnerabilidad frente al reclutamiento de las estructuras de microtráfico. Los megaproyectos de infraestructura para el puerto, pero también para el turismo, vías y viviendas, quedaron propuestos a partir del Conpes 3410, de 2006. “La palabra desarrollo muchas veces significa que habrá violencia y actos que se realizan para que el territorio esté libre. Puerto puede ser significado de tragedia por lo que trae”, afirma la licenciada en historia Lizeth Sinisterra, investigadora de la Universidad Icesi.

En entrevista publicada por El Espectador en febrero, una lideresa contó como recibió amenazas en 2015, tras participar en tres investigaciones relacionadas a la expansión portuaria en Buenaventura. Los actores vinculados a los proyectos portuarios de desarrollo, por lo tanto, son considerados una amenaza por los líderes sociales que defienden el territorio. Las principales tensiones en el casco urbano están en el sur del municipio, entre las comunas 1 y 7.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, La Paz en el Terreno documentó cuatro casos de líderes sociales asesinados en Buenaventura. Entre ellos está Temístocles Machado, del Comité del Paro Cívico, que había denunciado la presión de actores armados y el despojo de tierras de la comunidad afrodescendiente en la comuna 6. Uno de los acusados de perpetrar el crimen el 27 de enero de 2018, Jorge Jaramillo Valencia, fue condenado por la Justicia y aceptó los cargos. Otras cuatro personas fueron capturadas por supuesta colaboración en el asesinato, pero aún no se conoce información sobre el autor intelectual.

Otros dos líderes asesinados en este municipio del Valle del Cauca son Emilsen Manyoma y Jon Javier Rodallega, de la Red Conpaz. La pareja, también defensora de derechos humanos de la comunidad afrodescendiente, desapareció en enero de 2017 de la comuna 12 y luego fue encontrada sin vida. Menos de dos meses antes, el 24 de enero de 2016, el Gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las Farc firmaron la última versión del Acuerdo de Paz, en el Teatro Colón, en Bogotá. Ese mismo día, tres individuos asesinaron al mecánico Fraidan Cortés, integrante de la Marcha Patriótica y de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, en el corregimiento del Bajo Calima, en zona rural de Buenaventura.

Además de la defensa del territorio, los otros tipos de liderazgo social que más reciben amenazas en el casco urbano son los relacionados al género y a la niñez, adolescencia y juventud. Y esas tensiones parten también de la presencia de grupos armados y del reclutamiento para el microtráfico.

"La condición de vulnerabilidad de los jóvenes con pocas posibilidades de empleo e inclusión social aumenta la posibilidad de que sean reclutados para las acciones delincuenciales. En el contexto de los barrios empobrecidos y desiguales de las ciudades, la presencia de las ‘Bacrim’ [bandas criminales] se materializa a partir de relaciones subcontratadas con diferentes bandas delincuenciales, lo cual les da gran flexibilidad, pues combinan un núcleo jerárquico con extensas redes criminales”, añadió Lizeth Sinisterra.

Los dos grupos armados organizados presentes en Buenaventura son ‘La Empresa’ y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). El interés, mayoritariamente, es por la ruta de la droga que termina en el puerto. Ambos grupos disputan el microtráfico, las extorsiones y otros actos criminales. Sin embargo, debido a esas relaciones con diferentes bandas delincuenciales mencionada por Sinisterra, las dinámicas en cada comuna dependen de los cabecillas locales. Las disputas entre las bandas se traducen en las ‘fronteras invisibles’, es decir, en las divisiones del territorio basadas en los grupos que lo controlan. Un ejemplo práctico de esas fronteras es la sede de una organización social que, desde 2017, tuvo que ser desactivada. El grupo que controla el área no permitió que se volvieran a realizar trabajos en el lugar.

Las comunas donde hay más tensiones (ver mapa) son la 7 y la 12. En ambas hay espacios considerados seguros, como la Plaza Juan XXIII y un centro comercial. Pero también hay áreas donde la inseguridad aumenta, como la salida marítima y las zonas palafíticas y en dirección al mar. “Son críticos los barrios donde hay articulaciones con los sistemas de aguas tanto de cuencas fluviales como del mar. En estos espacios los actores armados se asientan y extraen recursos del narcotráfico, pues cobran extorsiones a quienes embarcan la droga, pero así mismo extraen cuotas de la población”, según el informe “Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgos en el posacuerdo”, publicado en septiembre de 2018 por la Defensoría del Pueblo.

En la zona rural, otros grupos generan amenazas a los líderes sociales, principalmente de comunidades afrocolombianas e indígenas. Según dos alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo emitidas en 2018, hay la presencia de las Guerrillas Unidas del Pacifico y de autodenominadas disidencias de las Farc.

Debido a las amenazas, hay líderes con medidas de protección, como chalecos antibalas. Sin embargo, esto también puede traer riesgos. “Eso significa muerte para algunos líderes, los ponen en evidencia, ponen en evidencia su familia. Porque el poder que se mueve no es el Estado, sino otros tipos. Y le cambia demasiado la vida a la persona”, afirmó un defensor de derechos humanos.

Las medidas de autoprotección incluyen el arreglo “a lo callejero”, es decir, sin denuncia a la fuerza pública y a través conversaciones directas con los actores armados ilegales. También contaron que no van a lugares que no conocen y que siguen trabajando tras una amenaza, pero sin mucha visibilidad. Algunas veces, cambian las temáticas de discusión de los talleres, por ejemplo, no citan el microtráfico para no atraer el rechazo de los grupos armados. Además, si identifican un peligro, cambian sus reuniones de lugar. La principal táctica de autoprotección, sin embargo, es su trabajo, con la concientización a los pobladores. También se han registrados procesos de resistencias en el espacio público, según Sinisterra, que mencionó las luladas realizadas por grupos de mujeres en los parques.

MAPA DE RIESGO DE BUENAVENTURA

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