Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el mes de mayo de 2019, en esta zona del sur de Colombia fueron asesinados 37 líderes sociales, según los registros de la Defensoría del Pueblo. La situación es de suspenso por cuanto hay cientos de ellos amenazados e, incluso, los más representativos de comunidades indígenas y afrodescendientes han sufrido atentados en los últimos meses. ¿Qué hay detrás de la disputa por este territorio?
Cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) irrigaron su terror hacia el departamento del Cauca, lo hicieron por la región del norte que tiene varios municipios estratégicos para un conflicto irregular, los cuales se comunican con el sur del Valle. Entre los planos y planes del Bloque Calima, al mando de Evert Veloza, alias ‘HH’, estaban los de entrar a disputar con las guerrillas la parte plana del norte del Cauca, donde existe una disputa por la tierra de vieja data, y la montañosa, por donde ésta región se conecta con el Pacífico colombiano. No es gratuito, entonces, que las comunidades hoy sigan denunciando que de este grupo paramilitar también quedaron disidencias que aún operan en el territorio como sicarios a sueldo de quienes pretenden callar a los defensores de derechos humanos y sus reclamos en defensa del territorio.
La vereda Lomitas, por ejemplo, fue el epicentro de operaciones del grupo paramilitar y fue sitio donde se registraron distintas masacres entre 2000 y 2004. El mismo sitio donde el 4 de mayo de 2019 un grupo de armados desconocidos lanzaron una granada contras vario líderes afrodescendientes del norte del Cauca que defienden el territorio de la minería ilegal y las grandes mineras. La camioneta blindada en la que se movilizaba el líder negro Víctor Hugo Moreno recibió siete impactos de balas y soportó la detonación de una granada de fragmentación.
Según el secretario de Gobierno del Cauca, Ricardo Cifuentes, la hipótesis de la Fiscalía es que se trató de tres delincuentes comunes que pensaron que, en ese sitio, por el número y tipo de vehículos que había, se desarrollaba una reunión donde ellos podían hurtar algunos elementos de quienes estaban ahí. “No se habían dado cuenta que eran líderes sociales los que estaban”, sostuvo el funcionario.
Lo contrario piensa Moreno, quien afirma que, al ser la vereda Lomitas (ubicada a 10 minutos de la carretera panamericana) una comunidad en proceso de reparación colectiva por sus afectaciones en el conflicto, lo que pretenden es enviar un mensaje subliminal de parte de quienes se quedaron en ese territorio que fue una base paramilitar. “El intento de masacre fue un mensaje para que nos salgamos de allí, para que dejemos ese lugar botado, ese proceso de restitución”, reiteró el líder afro.
Para las autoridades militares, el mapa geográfico actual de los grupos armados ilegales está copado por la guerrilla del ELN en el suroccidente del departamento y el Pacífico caucano con los frentes de guerra “Manuel Vásquez Castaño” y “José María Becerra” respectivamente. Por su parte, las llamadas disidencias de las Farc, según la Fiscalía, se autodenominan “Dagoberto Ramos” y “Jaime Martinez”, cuyas estructuras tendrían a unos 500 hombres en armas. Hacen presencia, principalmente, en los municipios de Corinto, Toribío, Miranda, Santander de Quilichao y Caloto. Y la columna “Jaime Martínez”, que controla como ejército privado la producción de cocaína que llega al norte del Cauca desde el sur de ese departamento y por la cordillera central desde Tolima, Caquetá y Putumayo. El objetivo final: llegar a las costas del Pacífico caucano para negociar o recibir el pago de narcotraficantes nacionales y extranjeros.
Otro grupo ilegal que se mueve en los municipios de Morales, Suárez, Toribío y Caloto es el Ejército de Liberación Popular (EPL), el cual tiene sus raíces en la región del Catatumbo, al norte del país. Sin embargo, las autoridades judiciales mencionan que este reducto de hombres, que llegó con el nombre de “Los Pelusos”, perdió la pelea armada con la columna Jaime Martínez, quien los habría sacado del territorio.
Desde 2007 se registran amenazas e intimidaciones por parte de un grupo que se hace llamar “Águilas Negras”, denominación bajo la cual han llegado cientos de panfletos amenazando a los líderes sociales y defensores de derechos humanos de estos municipios del norte del Cauca. No obstante, dentro del análisis delictivo que hacen las fuerzas estatales no está incluido este presunto actor armando. Desde Bogotá el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha reiterado que no existen. En esta subregión del Cauca, también han aparecido personas armadas identificándose como “Rastrojos” y “Comando Central de las AUC”, dicen los líderes indígenas y afros y lo registra la Defensoría del Pueblo en sus Alertas Tempranas.
La otra amenaza latente que han denunciado es la presencia de los carteles de Sinaloa y Jalisco de México, cuya operación se estaría registrando en la zona montañosa del municipio de Jamundí, justo en los límites con Suárez y Buenos Aires, en la cordillera occidental, aseguró el general Alberto Sepúlveda, comandante del Comando Conjunto Occidente. Estos grupos estarían administrando cargamentos de droga para enviar al exterior. Sin embargo, la Fiscalía descartó que se traté de un grupo o cartel mexicano, aunque no desconoció que es evidente la presencia de ciudadanos de este país negociando cocaína para sacar por las costas del océano Pacífico. Estos grupos también pagarían a los armados para presionar a las comunidades de que no sustituyan los cultivos de uso ilícito, uno de los principales flagelos por los que han asesinado líderes sociales y defensores de derechos humanos en la región.
La otra razón por la que están en riesgo los líderes sociales, a merced de la ley de las armas de estos grupos, tiene que ver con la defensa del medio ambiente y la oposición a que las retroexcavadoras, también llamadas máquinas amarillas, continúen extrayendo el oro de los ríos Cauca y Ovejas, dos afluentes que atraviesan el territorio de las comunidades. Por un lado, los afrodescendientes de Suárez y Buenos Aires (cordillera occidental) lidian con los armados para proteger su actividad de subsistencia como lo es la minería artesanal. Por otro, intentan frenar que los títulos mineros asignados a compañías extranjeras no se ejecuten por las razones antes expuestas.
En medio de esos intereses, hay que destacar que las reuniones, como la que realizaban los líderes afrodescendientes en la vereda Lomitas (Santander de Quilichao) el día del atentado, se desarrollan en las zonas donde están presentes los actores armados ilegales. Por eso, estas luchas específicas de los líderes sociales los ponen en un riesgo latente ante los fusiles que vigilan sus movimientos. Por ejemplo, hacer reuniones para oponerse a la represa que se construirá sobre el río Timba, afluente del Cauca, ha puesto en riesgo a los líderes que impulsan la iniciativa.
Igualmente, las autoridades indígenas de la región están en alerta máxima por cuenta de su accionar contra los grupos ilegales. Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), en 2018 la guardia indígena incautó 18 toneladas de marihuana prensada y en el transcurso de 2019 esta cantidad supera las tres toneladas, incluyendo un porcentaje de cocaína. Estos hechos han generado molestias entre los armados, por lo que las retaliaciones contra las autoridades tradicionales no se han hecho esperar. En esta región, por ejemplo, han sido asesinados cuatro guardias ancestrales este año, siete han sufrido atentados con granadas o disparos de ametralladora, mientras otros están amenazados ante su accionar.
El panorama del norte del Cauca para los líderes sociales y políticos es complejo. La Fuerza Pública no es suficiente para garantizar tan solo el derecho a la vida de los líderes sociales, por cuanto los narcotraficantes y grupos armados ilegales han tomado al norte del Cauca como una punta de lanza de un negocio boyante que cubre el 70% de la demanda nacional, si se habla de la marihuana, y abundante si se habla de la cocaína que sale hacia Centroamérica de donde también llegan armas ilegales con sello americano.
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TENSIONES | ||
MINERÍA A CIELO ABIERTO | Problemática de minería legal e ilegal. | |
MINERÍA EN EL RÍO | Problemática de minería legal e ilegal. | |
CULTIVOS DE COCA Y MARIHUANA | Cultivos de uso ilícito, el combustible de la economía. | |
REPRESA | Incumplimiento de acuerdos estatales. | |
MADERA | La disputa por preservar la vocación agrícola. | |
CAÑA | La disputa por preservar la vocación agrícola. | |
CONFLICTO ARMADO | El conflicto armado después de la paz. | |
ACUERDO DE PAZ | Medidas de autoprotección. |
TENSIONES | |||||||
MINERÍA A CIELO ABIERTO | MINERÍA EN EL RÍO | CULTIVOS COCA Y MARIHUANA | REPRESA | MADERA | CAÑA | CONFLICTO ARMADO | ACUERDO DE PAZ |
Problemática de minería legal e ilegal. | Cultivos de uso ilícito, el combustible de la economía. | Incumplimiento de acuerdos estatales. | La disputa por preservar la vocación agrícola. | El conflicto armado después de la paz. |