DISPUTAS TERRITORIALES Y VIOLENCIA FOCALIZADA EN LA CAPITAL DEL VALLE

Aunque Santiago de Cali cerró el primer semestre del año con el menor registro de homicidios desde 1993 (531 asesinatos), según números del Observatorio de Seguridad de Cali, la ciudad está lejos de ser un lugar seguro para el liderazgo social. O al menos así lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo. Primero, en febrero de 2018, cuando aseguró que la concentración de asesinatos contra líderes sociales ponía al departamento del Valle del Cauca en el top cinco a nivel nacional y que su capital tenía al menos ocho organizaciones sociales en riesgo. Y luego, a finales del año, cuando emitió una Alerta Temprana para las comunas 14, 15 y 21, del Distrito de Aguablanca, alarmando a las autoridades por las agresiones y amenazas contra líderes sociales y gestores culturales que allí trabajan.

La situación ha sido tan crítica que las amenazas han llegado hasta manos de personas que se supondría poco interfieren en los intereses de los poderosos a los que generalmente se les asocian estas agresiones, como narcotraficantes, grupos armados ilegales, bandas delincuenciales y sus aliados corruptos. Este es el caso de Carolina Arenas, una activista que con su colectivo “Ciclistas Urbanos BiciArte” promueve el uso de la bicicleta en defensa del medio ambiente, quien recibió un panfleto amenazante que buscaba expulsarla de su territorio y le atribuía relaciones con la guerrilla. La estigmatización ha marcado estas agresiones, además de la segregación espacial y racial que señalan los líderes y las lideresas sociales defensores de derechos humanos entrevistados.

Mientras tanto, varios sectores de la ciudad continúan conviviendo con panfletos amenazantes, y más recientemente audios de WhatsApp, cargados de mensajes de intolerancia asociados a discursos de exterminio social. Con esta práctica, históricamente se han ensañado contra las poblaciones que residen en las zonas más vulnerables de Cali: las comunas que rodean la ciudad y que han servido como receptores de miles de desplazados y desterrados por el conflicto armado, en gran cantidad afrodescendientes provenientes de los diferentes pueblos del Pacífico colombiano.

No hay pleno conocimiento de la cantidad de líderes que han sido asesinados en la capital del Valle. La Defensoría del Pueblo registró dos homicidios entre la firma del Acuerdo de Paz y mayo del 2019, mientras que La Paz en el Terreno documentó cuatro casos, aunque tres de estos defensores no ejercían su liderazgo principalmente en la ciudad sino que iban de paso por ella cuando fueron asesinados. Por su parte, Andrés Villamizar, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, en julio de 2019 aseguró que llevaban por lo menos un año sin homicidios de líderes en la ciudad.

Las amenazas, por otro lado, estarían disparadas. Según números del Programa Somos Defensores, que lleva más de diez años documentando estas agresiones contra líderes sociales en Colombia, en Cali se habrían presentado al menos 71 amenazas en su contra entre enero de 2017 y junio de 2019. Durante el primer semestre de este año hubo por lo menos 15.

Las tensiones territoriales identificadas en la capital del Valle del Cauca van desde las llamadas ‘fronteras invisibles’ entre combos criminales que se disputan el control de negocios ilegales como el microtráfico y la microextorsión, hasta intereses opuestos en el uso que debería tener el territorio para comunidades, estructuras armadas ilegales, constructoras privadas y gobiernos de turno. Los líderes sociales ven con preocupación, por ejemplo, cómo grandes proyectos urbanísticos chocan con los derechos de sus vecinos, suscitando al desplazamiento dentro de la misma ciudad, en ocasiones voluntario y en otras ocasiones forzado (en el mapa se explican actores visibles y otros invisibles que en las comunas tienen injerencia sobre estas disputas territoriales).

En Cali preocupan además los índices de violencia contra la mujer; para junio era la ciudad con el mayor número de feminicidios en el país, según documentó el Observatorio para la Equidad de la Mujer de la Universidad Icesi, y las agresiones contra sindicalistas. “Al menos dos veces al año hay panfletos públicos con nombres del sindicalismo”, aseguró la defensora de derechos humanos Mayte Misas.

Aunque la presencia del conflicto armado en Cali es cada vez más difusa, la Defensoría del Pueblo, en la última Alerta Temprana ya mencionada, aseguró que en la ciudad delinquen, además de las bandas criminales y pandillas, el ELN, disidentes de las FARC y miembros de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo), una estructura ‘neoparamilitar’ que se creó y consolidó en varios lugares del país tras la parcial desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes estarían detrás del reclutamiento forzado de jóvenes en el oriente de la ciudad, incluyendo a menores de edad.

Ante estas denuncias, Andrés Villamizar aseguró que si bien la intención de la Alcaldía no es entrar en controversia con la Defensoría, dice no tener conocimiento de la presencia de dichos grupos ni de los reclutamientos, de acuerdo con la información que le proveen organismos de inteligencia del Estado. Villamizar también fue enfático en defender el desempeño de la administración distrital, reflejado, según él, en la reducción de los homicidios en la ciudad y la implementación de políticas públicas en pro de la convivencia y la protección de los líderes y defensores.

El secretario de Seguridad y Justicia también contestó las denuncias que hicieron varios líderes y lideresas sociales contra miembros de la fuerza pública que estarían participado en presuntos delitos que pondrían en riesgo a los pobladores de varias comunas, sobre todo jóvenes (navegue la cartografía para conocer las denuncias con mayor detalle). Villamizar les recomendó hacer sus denuncias refiriendo la identidad de los uniformados para tomar correctivos, garantizando la seguridad de las fuentes y, en dado caso, su anonimidad.

La realidad de esta ciudad, entonces, rompe con el imaginario de que los riesgos contra los defensores de derechos humanos únicamente están en zonas rurales apartadas de las grandes metrópolis, y ha sido conocida gracias al trabajo de docenas de organizaciones sociales que diariamente trabajan por la construcción de la convivencia, la paz y la formación artística y política de sus vecinos. Ellos y ellas han encontrado estrategias de autocuidado para mitigar los riesgos a los que se exponen, a la par que promueven la protección de los derechos humanos de los caleños.

La Alerta Temprana, dirigida a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, le recomendó a la Alcaldía de Cali, a la Personería y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar “de manera urgente la situación de los líderes comunitarios, así mismo implementar medidas efectivas para proteger la vida y la integridad física de la población señalada en riesgo (en las comunas 14, 15 y 21) y que estas medidas sean establecidas en consulta con las víctimas de manera individual y colectiva”.

Felipe Botero, subsecretario de derechos humanos y construcción de paz de Cali, aseguró que los lugares mencionados en la Alerta han sido priorizados por la Alcaldía (en lo que concuerda con Villamizar), sobre todo en el trabajo comunitario con niños, niñas y jóvenes que buscan recrear espacios libres de violencia. Una tarea necesaria pues aunque los peores años del conflicto y del poder del narcotráfico en Cali hacen parte del pasado, el uso de la violencia sigue utilizándose en el presente como una estrategia para acallar el liderazgo social y la defensa de los derechos humanos.

MAPA DE RIESGO DE CALI

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