EL ARMA Y
LA CHONTA

— El color ahora es gris. Es oscuro.

El cielo es de un azul claro con dibujos blancos precisos y las montañas, de verdes bosque, trébol y albahaca. El chumbe carga en sí los siete colores de la naturaleza, en un arcoíris de tradición y ancestralidad. Este tejido, que suele tener más de cinco centímetros de ancho y más de cuatro metros de largo, es el que acompaña la chonta, bastón de mando de las autoridades nasa. El símbolo del poder de decisión no se hace de cualquier material, sino del castaño de un árbol sagrado de las cercanías de Tierradentro. La retina recibe estímulos de colores vivos a cada parpadeo en el norte del Cauca: el rojo, el amarillo, el naranja, el violeta. Pero todo sigue gris.

El gris de la tristeza, el gris del desánimo, es el que señala Alejandro Casamachín, coordinador del Plan de Vida el Resguardo de Huellas – Caloto. Entre enero y septiembre de 2019, 73 indígenas fueron asesinados en el departamento, según números de Medicina Legal. Los nasa han sido la etnia más golpeada por muertes violentas en el país en el mismo período, con 61 casos. “El equilibrio está afectado”, afirma.

La palabra y la autoridad representadas por la chonta históricamente se enfrentaron con el arma, sea por la colonización, por actores armados legales e ilegales, por economías extractivistas y por los laboratorios de procesamiento de droga. Tres años después de la firma del Acuerdo de Paz entre la exguerrilla de las Farc y el gobierno de Colombia, algunos de los retos se reciclan y salen a flote. En el territorio, la paz generada por el acuerdo no duró más que cinco meses, según autoridades tradicionales de Caloto.

De un lado, los excombatientes de las Farc vuelven a sus comunidades y pasan por un proceso de readaptación, los resguardos fortalecen los cultivos ancestrales, determinan la retirada de coca y marihuana usadas para producir droga y los proyectos productivos empiezan a despegar. Hay también una serie de iniciativas para el diálogo y la puesta en práctica de la reincorporación los territorios, y el capítulo étnico del Acuerdo de Paz creó lineamientos sobre garantías para el ejercicio pleno de los Derechos Humanos.

Pero el color aún es gris. Del otro lado, grupos ilegales reclutan a jóvenes con pagos en dinero, las rutas del narcotráfico hacen del territorio un botín para diferentes actores, las dificultades productivas empujan a la continuidad de los cultivos de uso ilícito, y las resistencias de los kiwe tegnas (guardias indígenas) y de la comunidad al paso de la droga han sido respondidas con violencia por grupos armados. Además, el capítulo étnico no ha sido implementado en sus principales disposiciones y la población se siente sola.

Ante la inseguridad y las amenazas destapadas el último 29 de noviembre con el asesinato de la autoridad tradicional Cristina Bautista y de cuatro kiwe tegnas, la propuesta oficial fue el envío de más militares. Pero más armas, en las manos que sean, no traen más seguridad, según los comuneros —como se identifican los indígenas nasa que viven en los resguardos del norte del Cauca. La chonta resiste, el chumbe resiste, la guardia y los médicos tradicionales resisten. Pero los disparos no cesan.

Mayor Eliseo Ipia, comunero del resguardo de Jambaló y gestor de paz. El mayor en la cultura nasa representa sabiduría y conocimiento ancestral. Foto: Lia Valero.

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Historia en espiral

Hace 20 años, había cinco laboratorios de producción de coca en Jambaló, tres en la zona alta, uno en la zona media y uno en la zona baja del resguardo. Uno de ellos se construyó en un puente sobre el río Zumbico, y los desechos alcanzaban sus aguas.

La droga, afirman los comuneros, tenía comando centralizado: dos carteles del narcotráfico. La entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el grupo armado con mayor influencia local, cobraba el impuesto sobre la mercancía. Una minga con 2.000 personas, kiwe tegnas incluidos, se formó durante dos días para alejar a la “desarmonía”.

— Se convocó a toda la comunidad, fue la primera vez que Jambaló tuvo la minga con la guardia indígena. (…) La gente llevó un cargamento [de droga] y lo sacó a la carretera, en la vía a Caloto. Si no se recogía en dos días, la comunidad lo iba a quemar. En dos días los sacamos. Mostramos la fuerza de la comunidad.

"Una minga con 2.000 personas, kiwe tegnas incluidos, se formó durante dos días para alejar a la “desarmonía."

La minga, tradición indígena del trabajo colectivo, significó la reactivación de la guardia en Jambaló, explica también el mayor Eliseo Ipia. Los kiwe tegna, más allá de la vigilancia, son los guardianes del territorio y de las diferentes formas de vida que hacen parte de él. La palabra guardia, para ellos, se queda corta.

En los años 1970, con la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), los kiwe tegna tuvieron un papel central en las recuperaciones de tierra, en las que daban el grito de alarma ante el terrateniente antes de la ocupación del espacio. Se debilitaron, sin embargo, por los riesgos. “Las amenazas venían de los pájaros y de los tierratenientes”, cuenta el mayor Eliseo.

Jambaló es un municipio a 80 kilómetros de Popayán, cuya área es igual a la del resguardo de mismo nombre. De sus 18 mil habitantes, 7.800 son víctimas del conflicto armado. Las autoridades tradicionales históricamente han criticado la presencia de actores armados y del narcotráfico en la zona.

— Desde la sabiduría ancestral, los mayores dijeron que [el tráfico] no era bueno para la comunidad, que iba a traer más violencia, más consumo, más asesinatos.

La minga y la unión de la comunidad, sin embargo, no pudieron evitar que el narcotráfico siguiera en la región. De un lado y de otro, ha habido diversos choques, ataques, resistencias y represalias. Nueve años después de lograr sacar a los cinco laboratorios de Jambaló, el resguardo se volvió a movilizar, ésta vez en 2009, en contra de las vacunas cobradas por la guerrilla.

— La comunidad le echó candela a un chongo de procesamiento.

Tras el humo, los disparos: la respuesta no tardó en llegar, con los asesinatos de líderes indígenas, entre ellos Mariano Mestizo, que actualmente da nombre a la institución educativa de Jambaló. Los comuneros fueron tildados de ‘sapos’, o colaboradores de la Fuerza Pública. Dejaron de estar seguros hasta dentro de sus casas, donde empezaron a explotar artefactos artesanales.

Los centenarios samanes, de los que se dice localmente que han sido sembrados en la Conquista, han sido testigos del reciclaje y de la espiral del conflicto armado. Mestizo no fue el primero ni el último líder indígena nasa asesinado por uno u otro actor armado.Entre los ejemplos más recientes está el asesinato de Cristina Bautista, líder y vocera en contra la presencia de cultivos de uso ilícito en su resguardo, Tacueyó, en Toribio. La historia se repite nueve años después de la muerte de Mestizo: en los días anteriores al atentado, hubo quemas de cargamentos de droga por la comunidad.

— Los armados nos declaran guerra siempre y con sistematicidad. Es difícil ver como lloramos y sembramos los compañeros año a año. —Dijo el mayor Eliseo en el camino de regreso de la siembra, como la comunidad nasa denomina el entierro, de Cristina.

Gildardo, neehwe’sx de Huellas, Caloto, cuenta sobre los desafíos de seguridad que se viven en el resguardo.

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Comuneros y el conflicto armado

El departamento del Cauca tiene más de 1.200.000 habitantes, siendo 190.069 de ellos población indígena, entre nasas, emberas, totoroes, ingas y guanacos. Es el segundo departamento con más indígenas del país, después de La Guajira, según datos del CRIC. En el norte del Cauca están 28 de sus resguardos, la mayoría nasa, donde crecieron bajo la fuerza y la sabiduría del Nevado del Huila, la energía de los hermanos espirituales rayo, arcoíris y sol; y la autoridad de la chonta y del chumbe. Junto a las montañas de la cordillera central, éstos son los símbolos del logo de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).

Los grupos armados que llegaron a los territorios indígenas después de los años 1970 generaron una situación particular: hubo comuneros en muchos lados del conflicto, en las guerrillas, en el Ejército, en el tráfico, como líderes que enfrentaron los actores armados y, principalmente, como víctimas — son más de 257.000, según el registro de la Unidad de Víctimas. El departamento también es el que más sufrió tomas guerrilleras en el país. Los papeles de víctima y victimario, incluso, se desdibujan: hay víctimas que también han sido combatientes, como los reclutados cuando menores de edad. Y hay familias divididas: mientras algunos de sus miembros se fueron para un actor armado, otros han trabajado en el cabildo y han sido víctimas del conflicto.

Con la ausencia estatal, que ha llegado predominantemente como un actor armado más, la población quedó en el medio de los disparos y de precarias condiciones sociales y económicas. El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en el departamento es de 46,4%, según el último Censo, pero en municipios como Jambaló, supera los 73%. Eso significa que casi tres cuartos de la población del resguardo vive en viviendas inadecuadas, hacinadas, sin acceso a suficientes servicios públicos, en dependencia económica y con niños fuera del colegio. Sin mejores oportunidades de ingresos, se han vuelto caldo de cultivo al reclutamiento.

Según la ley indígena de la zona, sin embargo, irse a un grupo armado ilegal resultaba en la pérdida de los derechos en la comunidad, incluyendo el carnet de salud y la posibilidad de postularse a un cargo de autoridad. La desarmonización generada por crímenes en el marco del conflicto armado ha sido reequilibrada por la Justicia Especial Indígena, con detenciones, ‘fuetazos’ y rituales realizados por médicos tradicionales. Uno de los casos ampliamente divulgados por la prensa ocurrió en 2014, cuando siete guerrilleros considerados culpables por la muerte de dos comuneros cerca a Toribio recibieron condenas de hasta 60 años y veinte latigazos cada uno.

Durante los siete días que La Paz en el Terreno estuvo en el Cauca, en octubre y noviembre de 2019, eran comunes los relatos sobre combatientes que, durante los años de conflicto, iban y venían de la guerrilla, volviendo a las casas de sus familias de forma temporal o definitiva. En las veredas y cascos urbanos, no se sabía bien quien o no estaba en el grupo armado. Podrían ser vecinos, compañeros de aguardiente y de fútbol. Después del proceso de paz, se revelaron los colores escondidos.

— Había grupos de compañeros indígenas que empezaron a llegar individualmente a los territorios. Estaban cansados de la guerra, querían sembrar, trabajar la tierra. Querían estar libres. — Cuenta Harold Sescué, consejero de la ACIN y exconsejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

La Guardia Indígena hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y se concibe como organismo ancestral propio y como un instrumento de resistencia civil, unidad y autonomía en defensa del territorio. Foto: Lia Valero.

Pero las dudas aún se ven en las tareas cotidianas. En una mañana del fin de octubre, siete hombres intentaban subir dos toneles de gasolina a una chiva. El mayor Eliseo Ipia salió a ayudarlos. Juntos, jalaron y jalaron para lograr subir el recipiente al vehículo.

— La gasolina es para una bomba [gasolinera] que están construyendo en el cabildo de Toribio. Antes de ayudar, me tocó preguntar si no se iba a procesar [la gasolina es un ingrediente para la producción de cocaína]… Pero no, los conozco, llevan desde pequeñitos en la chiva y ahora la manejan.

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Volviendo a la comunidad

El último proceso de paz entre la exguerrilla de las Farc y el gobierno colombiano, firmado en su versión final en noviembre de 2016, prevé que los territorios indígenas no recibirían zonas campamentarias para la entrega de las armas y el inicio de la reincorporación. Organizaciones indígenas afirmaban que la presencia de excombatientes podría generar más violencia para regiones que ya habían sido victimizadas.

Sin embargo, tras el diálogo de autoridades indígenas de Caldono — nororiente del Cauca— que estuvieron en La Habana, se decidió aceptar la zona veredal que actualmente es el espacio territorial de capacitación y reincorporación (ETCR) Carlos Perdomo, en la vereda Santa Rosa. Uno de los frentes de las Farc que operaba en el municipio, la columna móvil Jacobo Arenas, tenía más de 80% de sus filas formadas por indígenas. En ese espacio territorial, 438 excombatientes entregaron sus armas, según la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización (ARN). De ellos, 87,9% tienen una pertenencia étnica, de acuerdo con el Censo realizado por la Universidad Nacional. En los dos otros espacios de reincorporación del norte del Cauca, la presencia indígena también es relevante. En Miranda, 64,9% de los 123 excombatientes eran étnicos y, en Buenos Aires, 57,96% de los 292 que entregaron las armas en su zona veredal.

Tras estar años o décadas en la guerrilla, comuneros regresaron no solo a los ETCR, sino también a sus comunidades. En Jambaló, entre sus 18 mil habitantes y 7.800 víctimas, se recibieron 57 excombatientes. Uno de ellos dejó el proceso de readaptación con la comunidad, y ya no está en el resguardo.

— Reincorporarse a la vida civil es complejo, no lo han hecho todos. Desarrollamos un trabajo coherente con el Plan de Vida de Jambaló, pero llegaron cuestionando la organización indígena. Lo social es diferente de lo militar, hay que bajar el posicionamiento bélico para dialogar.

Las palabras del neehwe’sx Manuel Libardo Cuetia, de Jambaló, muestran parte de la dificultad. Mientras en los ejércitos la jerarquía es vertical, en la comunidad indígenas las decisiones buscan ser pactadas. Por eso, la figura de los neehwe’sx, o autoridades tradicionales, es diferente de la del gobernador. Los comuneros no siguen la estructura piramidal, con un jefe de gobierno por encima, sino eligen un conjunto de autoridades por asamblea y las siguen considerando parte de la comunidad.

— No los despreciamos [a los excombatientes]. Hemos buscado el diálogo, pero tienen que hablar con la verdad, trabajar en los proyectos comunitarios. — Añade la neehwe’sx del mismo resguardo, Melva Martínez. Los 56 excombatientes que volvieron a la comunidad, entre ellos 8 mujeres, fueron invitados a asambleas colectivas y tuvieron sus derechos como indígenas restablecidos, incluyendo el carnet de salud AIC, pero solo podrán postularse a cargos en el territorio después de diez años de su regreso.

El reintegro a la comunidad se concretiza con la entrega de la chonta y del chumbe. Pero, para eso, deben acatar el Plan de Vida, las decisiones de la Justicia Especial Indígena y la asamblea de la comunidad. La intención es llegar a un “buen vivir comunitario”, en las palabras de Manuel Libardo.

Como parte de la acogida a los excombatientes se hizo un programa para sensibilizar y orientar las mujeres del resguardo, incluyendo esposas de excombatientes, y una formación en derechos y deberes para 46 familias.

— Las reuniones se realizan en las tulpas, con enfoque diferencial para armonizar, abrir camino. Buscamos el diálogo desde el corazón, para sacar las energías nocivas. — Explica la neehwe’sx María Luz Dary Campo. — Algunos de ellos están dedicados a la familia y a sus cultivos. Pero hay otros que no sabemos. El riesgo es el rearme. ¿Cómo nos vamos a defender?

El excombatiente José Domingo Tombe afirma que algunas diferencias de formas de pensar ocurrieron en el inicio, pero que los líderes de la comunidad y los que regresaban de la guerrilla supieron dialogar.

— Nuestro comportamiento máximo ha sido la disciplina y el orden. No llegamos con autoritarismo, ni nada de eso, tampoco mostrando debilidad. Sino siendo honestos como personas, siendo sinceros. Le dijimos vamos a la reconciliación, vamos a conversar, vamos a traer el tema de la verdad. Vamos a trabajar con ustedes.

José Domingo, sin embargo, no está de acuerdo con el tiempo de 10 años para poder postularse a una posición de autoridad en el resguardo. En sus planes, está poder postularse a gobernador dentro de dos años.

—Tenemos que estar trabajando en la junta comunal, en la asamblea, hasta llegar a ser gobernador. Debemos hablar con el pueblo y traer la experiencia del porqué estuvimos en la lucha armada, del porqué hicimos la dejación de armas. (…) Fuimos a la guerrilla para aprender, nos dieron formación política. En la guerrilla no todo es malo.

"No los despreciamos [a los excombatientes]. Hemos buscado el diálogo, pero tienen que hablar con la verdad, trabajar en los proyectos comunitarios."

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El arma

En una noche caliente de lunes en el resguardo de Huellas, Caloto, hubo un asalto en el centro de armonización, uno de los locales donde se ejecuta la Justicia Indígena. Allá estaba un campesino, acusado de haber matado en junio a dos comuneros indígenas y de ser cómplice en el hurto de un camión.

— Lo vinieron a buscar de la Dagoberto [Ramos, autodenominada disidencia de las Farc]. — Contó Alejandro Casamachín, el coordinador del plan de vida de Huellas, Caloto, en encuentro con la comunidad en la última semana de octubre. — Han mandado mensajes de que quieren sacar otro. Lo sacamos de allá por eso, y lo vamos a traer solo en el día que lo vayamos a corregir.

Los choques entre los actores armados y las normas indígenas han llegado a la justicia tradicional. El relato de Alejandro Casamachín se refiere a cuando un hombre blanco, detenido por los comuneros y en medida de armonización, no respeta la decisión. El choque se ha profundizado con la acción de los actores emergentes post entrega de armas por las Farc, como la Columna Dagoberto Ramos.

En diferentes resguardos del norte del Cauca, se habla de ‘rescates’ de supuestos miembros del grupo armado y del riesgo que pasan los excombatientes en proceso de armonización, tanto de reclutamiento como de asesinato. Mientras los kiwe tegnas llevan su chonta, los grupos emergentes llegan con disparos de fusil. En Huellas, la directora de un colegio también recibió amenazas y un profesor decidió dejar la institución debido a la inseguridad, aún según los comuneros. Han llegado amenazas a través de panfletos, en contra de líderes sociales, neehwe’sx, kiwe tegnas y médicos tradicionales.

— El médico tradicional es la única autoridad que no es elegida por la comunidad, sino por los espíritus, por el rayo. Por eso cuando matan a un médico tradicional es traumático para todos, se genera un sucio. — Explica Samuel Escobar, defensor de derechos humanos de pueblos indígenas.

— Las autoridades se están llenando de miedo. Con la chonta y el chumbe, se vuelven un blanco. — Añade la neehwe’sx Delcaris Rivera Ulcué, de Huellas. Como autoridad tradicional, lleva en la mano su bastón y el pañuelo con las palabras: Tejido Mujeres Çxhab Wala Kiwe, el nombre del territorio ancestral en nasa yuwe.

Para enfrentar las amenazas, las autoridades y guardias han adoptado medidas de autoprotección, como disminuir el tiempo de trabajo y la duración de las asambleas. También reciben el apoyo espiritual de los mayores y médicos tradicionales, que realizan sus prácticas y rituales para la armonización.

— Recibimos amenazas, pero seguimos haciendo control (…). Los grupos nos dan horas para que nos vayamos y levantemos los puntos de control. Los vamos a seguir manteniendo, es la única forma que tenemos de cuidar nosotros mismos del territorio. — Señala, Héctor Fabio Casamachín, 42 años, coordinador de la guardia indígena en Huellas.

La situación de inseguridad después de la firma del Acuerdo de Paz empeoró tras el 7 diciembre de 2018, con el asesinato de la autoridad tradicional Edwin Dagua, una voz contraria a la presencia de cultivos de uso ilícito en el resguardo. El grupo de guardias indígenas de Huellas ha sufrido, hasta noviembre de 2019, 12 amenazas y 2 atentados.

— A pesar de los panfletos, de los audios, dije que me voy a quedar, con mi casa, con mi familia. Tenemos nuestras creencias, y yo les dije que no me voy a ir, me voy a quedar. No sabe uno hasta cuando la madre tierra nos va a cuidar. Ya dije a mi familia que no sé hasta cuándo. Pero sigo defendiendo el territorio. No podemos abandonar el territorio. Va a quedar vacío si nos vamos. — Añade Héctor Fabio.

Además de la salida de los grupos armados del territorio, los comuneros también defienden el acompañamiento a la implementación del Acuerdo de Paz y el seguimiento de diferentes instituciones a su trabajo. Es decir, que los ojos de los colombianos estén más presentes en el territorio, no solamente cuando un atentado ocupa los titulares de los periódicos.

— Es un difícil acuerdo con el Gobierno, se comprometen, pero seguimos desprotegidos. No queremos coordinar entre militares, ellos están armados, nosotros no. Nos ponen en inseguridad. — Dice la también neehwe’sx de Huellas, Adília García.

En el punto 3.4 del capítulo étnico incluido en el Acuerdo de Paz, están previstas medidas de seguridad, según las cuales “se garantizará el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, reconocidos a nivel nacional e internacional, como la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona”.

— El capítulo étnico permitía el apoyo, pero no se implementó. — Critica Mario Bacué, kiwe tegna del resguardo de San Francisco, en Toribio.

Sin las garantías y mientras esperan por la implementación de lo pactado, la resistencia desarmada se da desde la palabra, los puntos de control, el diálogo, y las protestas.

Alejandro Casamachín, delegado del Plan de Vida de Huellas, Caloto, expone las acciones que la comunidad espera del gobierno.

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La chonta

— Hay tres principales momentos en el conflicto armado. El primero fue el desplazamiento, el temor y la desarmonía. En Toribio hubo más de 600 confrontaciones y, en Jambaló, 380. Hasta los años 2000, estuvimos [de forma constante] en Asamblea permanente. El segundo momento es el fortalecimiento de la guardia indígena, las caminadas de 2006, 2008 y 2012. Empezaron los diálogos que generaron una salvaguarda de nuestros derechos, en el capítulo étnico. El tercero es esta fase de implementación en que estamos trabajando.

Durante el año de 2016, el mayor Eliseo Ipia ha caminado de vereda en vereda, tocado de puerta en puerta, explicando el acuerdo en Jambaló. El tercer momento, de la implementación, se desarrolla en el marco de las cicatrices aún abiertas y está lejos de terminar. El trabajo por la construcción de paz incluye la articulación, la incidencia política y la participación de organizaciones, líderes y defensores de derechos humanos indígenas, entre ellos el mayor Eliseo y Samuel Escobar, con el apoyo de Pax en Colombia. Una de las acciones desarrolladas fue la creación del Consejo Municipal de Paz, en Jambaló.

Las reuniones del consejo empiezan en 2017, uniendo 11 diferentes sectores del resguardo, incluyendo víctimas, excombatientes, autoridades tradicionales y la entonces alcaldesa, Flor Ilva Trochez, que lo presidió hasta 2019. En el espacio, se ha buscado el diálogo para buscar junto al Gobierno procesos de reparación individual y colectiva, y para acompañar la implementación del Acuerdo de Paz en el territorio.

— La comunidad es el eje central. El consejo está para ayudar a fortalecer los procesos. Los antecedentes fueron asesinatos, masacres, desplazamientos, afectaciones morales y físicas… pero hay rutas de coordinación para generar respeto y confianza, con decisiones tanto jurídicas como espirituales.

La participación “plena y efectiva” de los representantes de las autoridades étnicas en la implementación del Acuerdo de Paz está prevista en capítulo étnico. Sin embargo, ha tenido dificultades políticas para materializarse: una de las medidas para garantizar esa inclusión era la presencia de candidatos indígenas en la lista de las Circunscripciones Especiales de Paz, que permitía a las regiones más afectadas por el conflicto tener 16 curules en la Cámara de Representantes hasta 2026. Sin embargo, la iniciativa fracasó en el Congreso y no fue aprobada en votación.

"La comunidad es el eje central. El consejo está para ayudar a fortalecer los procesos. Los antecedentes fueron asesinatos, masacres, desplazamientos, afectaciones morales y físicas… pero hay rutas de coordinación para generar respeto y confianza, con decisiones tanto jurídicas como espirituales."

El Consejo Municipal de Paz es una forma de buscar la participación local desde la organización comunitaria. De las 7.800 víctimas de Jambaló, 2.000 han sido indemnizadas, en 25 líneas de reparación individual, según el mayor Eliseo. El resguardo busca también la reparación colectiva, como pueblo y territorio afectados por el conflicto. “Es lento, sabemos que el Estado es lento, pero seguimos trabajando.” Un grupo de miembros del consejo también se acercó a los excombatientes en proceso de reincorporación, lo que resultó en una visita al ETCR de Caldono, en 2018, para generar un diálogo con la población del espacio. Actualmente, hay excombatientes que son parte del consejo, como José Domingo Tombe.

Los habitantes de esa antigua zona veredal, por su parte, también impulsaron una articulación con las autoridades indígenas, en este caso del resguardo Tumburao, en Silvia. Dos de las iniciativas productivas aprobadas por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) para excombatientes del Caldono, la crianza de tilapias y el cultivo de aguacate hass, están a ser desarrollados en tierras indígenas nasa.

Conozca más sobre el 'oro verde' de la reincorporación en la apuesta por el cultivo de agucate hass.

— Hubo un acuerdo con el resguardo para el uso del territorio colectivo por 20 años. Más de 80% de los excombatientes en Caldono son indígenas y estamos desarrollando nuestro plan de vida integrado con la cosmovisión, respetando las autoridades. — Cuenta Jhan Carlo Moreno, representante de la cooperativa de exguerrilleros del municipio. Él agrega que se han pedido permisos para la naturaleza y se ha abierto el camino para las limpiezas rituales realizadas por los médicos tradicionales.

El objetivo del proyecto es ambicioso. Juan Carlo afirma que, para 2025, ve la cooperativa como la empresa más grande del departamento del Cauca, con sus iniciativas articuladas a los planes de desarrollo territorial. La intención es que la producción pueda mitigar los efectos del conflicto armado y reparar a las víctimas, con la generación de empleos y la mejora de la infraestructura para las veredas.

La articulación para iniciativas productivas está también fuera del ETCR. En las comunidades de Caldono y Jambaló, se han desarrollado grupos de capacitación con la federación cafetera, talleres de tejido entre excombatientes y víctimas y grupos para el estudio del bachillerato. La llamada “reincorporación comunitaria silenciosa”, en las palabras de Samuel Escobar, incluye los proyectos educativos y económicos para generar espacios de reflexión, diálogo, información y compartir dentro de las comunidades.

El tema jurídico es otro punto de acercamientos, pero también de divergencias. El capítulo étnico prevé que, en el sistema de la justicia transicional, “se respetará el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las autoridades tradicionales dentro de su ámbito territorial” y que “se crearán mecanismos para la articulación y coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena (JEI)”. En la práctica, hay choques: después de la firma del acuerdo, los crímenes relacionados al conflicto armado pasaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con la posibilidad de rebajas de penas a cambio de verdad. Detenidos de las Farc que habían sido juzgados por la justicia ordinaria y estaban presos por acciones relacionadas a la guerra, por eso, fueron liberados. En la JEI, sin embargo, los tribunales propios pueden tomar sus decisiones en sentido contrario.

— Había un descontento, la JEP es importante, pero la JEI tiene un proceso más antiguo. Ahora nos sentamos con la comunidad a dialogar, dar salidas y claridades. — Afirma José Domingo, excombatiente, indígena y estudiante del diplomado de "Coordinación Interjurisdiccional entre la JEP y la JEI: Abriendo caminos para la armonía y el equilibrio en la reconciliación territorial de Jambaló". El curso fue diseñado en articulación entre el Plan de Vida del resguardo, Pax en Colombia, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural y la JEP.

— Hay un diálogo de saberes interculturales, con la JEP y la JEI. Nos reunimos con las organizaciones, con los magistrados, para construir en conjunto. — Agrega el mayor Eliseo. El diplomado aporta a la implementación acuerdo y del sistema de justicia transicional desde su enfoque étnico y territorial, respondiendo a las orientaciones de las comunidades y de las autoridades ancestrales.

Las comunidades indígenas Nasa han sido las más afectadas en el conflicto que se vive actualmente en el Norte del Cauca. Solo entre enero y septiembre del 2019 asesinaron 73 personas en esta parte del país, según Medicina Legal.Foto: Lia Valero.

La intención es generar la reflexión desde el “pluralismo jurídico”, es decir, del reconocimiento de la posible convivencia y coordinación entre diferentes normas jurídicas. Su creación se ha apoyado tanto en el capítulo étnico como en la apertura del caso número 005 en la JEP, que investiga graves infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en diferentes municipios del norte del Cauca.

El documento de presentación del diplomado, sin embargo, reconoce las dificultades de la actual coyuntura en la región: “La construcción de la paz con enfoque territorial no es fácil. Después de la firma final de los Acuerdos, se han intensificado las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos y amenazas contra dirigentes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc”.

La expectativa de las autoridades tradicionales por la implementación del capítulo étnico está vinculada a esa coyuntura de violencia.

— El capítulo étnico está en el papel, pero no salió de él. Hay que traer más inversiones para los PDET [Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial], para el PNIS [plan nacional de sustitución de cultivos]. La salida son los cultivos, la inversión social, atacar el problema del narcotráfico. Pero siempre el gobierno dice que no hay recursos. — Afirma el thu thena Libardo Fernández, uno de los siete delegados de Plan de Vida en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).

El capítulo étnico incluye, en el papel, tanto la reforma rural integral como el apoyo para la sustitución de cultivos de uso ilícito, dos temas centrales para enfrentar, sin combates, los actores armados que siguen en la región y la oscuridad gris que se restableció después de cinco meses de la firma del Acuerdo de Paz. Para el regreso al equilibrio, la apuesta de las comunidades es por la autoridad y el poder de decisión de la chonta, en las palabras de Alejandro Casamachín.

— Hubo la pérdida del pensamiento, de las creencias. Perdimos el sentido de la vida original y seguimos la vida de los de afuera. Estamos enfermos, la comunidad, la madre tierra. Curar es establecer el equilibrio que ella tiene. La Jurisdicción propia es una forma de corregirlo.