Un temporal cayó en el norte del Cauca el 1 de noviembre de 2019. Las gotas grandes y pesadas corrían por las calles de Santander de Quilichao, el segundo mayor municipio del departamento. Con la fuerza del aguacero, se fue la luz.

— La naturaleza se está despidiendo de los kiwe tegnas que fueron sembrados. Cuando ellos nacieron también llovía, y la lluvia ahora vuelve para despedirse. Y llega así fuerte por la violencia tan grande.

El mayor Eliseo Ipia, comunero del resguardo de Jambaló y gestor de paz, explicó el aguacero que caía tres días después de una masacre que había asesinado a cinco indígenas en el resguardo de Tacueyó, en Toribío. Entre ellos, la neehwe’sx Cristina Bautista, autoridad tradicional del resguardo, y cuatro kiwe tegnas, la denominación en el idioma nasa para los guardias indígenas protectores del territorio, James Wilfredo Soto, Eliodoro Finscué, José Gerardo Soto y Asdruval Cayapú. Otras seis personas quedaron heridas en el ataque. El temporal llegó en el día de la siembra o entierro de tres de los guardias. El cuarto, así como Cristina, sería sembrado en el día siguiente.

En el norte del Cauca circulaban dos versiones sobre la motivación de la masacre, pero ambas señalaban una retaliación realizada con granadas y disparos de fusil por la columna Dagoberto Ramos, autodenominada disidencia de la exguerrilla Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Según la primera versión, la neehwe’sx y los kiwe tegnas habían encontrado camionetas con personas secuestradas por el grupo armado, y los intentaron rescatar. Nora Elena Taquinás, testigo y también neehwe’sx de Tacueyó, detalló en el entrevista a El País, de Cali, que el ataque duró 15 minutos y que los disparos llegaban de diferentes lugares en las montañas que circundan la carretera. En la segunda versión sobre la masacre, los guardias habían detenido a miembros de la columna disidente en un punto de control, entre ellos un mando importante.

Los embates de los días anteriores entre autoridades indígenas y el grupo narcotraficante, sin embargo, se relataban con unanimidad. En diferentes resguardos, como Tacueyó, Huellas y San Lorenzo de Caldono, hubo incautaciones y quemas de cargamentos de drogas por la guardia, principalmente de marihuana. La retaliación del grupo armado llegó en forma de amenazas a autoridades tradicionales y a la guardia indígena, que fueron declarados individual y colectivamente como objetivo militar desde octubre de 2019.

La masacre atrajo la atención nacional sobre el departamento. Además, develó algunos de los principales desafíos del nororiente del Cauca casi tres años después de la firma del Acuerdo de Paz: la presencia de cultivos de uso ilícito; la disputa por el control de las rutas de narcotráfico por grupos armados; el reclutamiento para esos grupos; la deserción del proceso de reincorporación y el rearme de una minoría de los excombatientes de las Farc; la demora en el desembolso de los proyectos productivos; la ausencia estatal y los embates entre los fusiles de los armados y la chonta, bastón de mando utilizado por la guardia indígena y las autoridades tradicionales.

El Acuerdo de Paz, en su capítulo étnico, reconoce los pueblos que “han sufrido condiciones históricas de injusticia”, “han sido afectados gravemente por el conflicto armado” y para los que “se deben propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos”. Su puesta en práctica debe incluir el diálogo de las instituciones con las comunidades para la realización de una reincorporación comunitaria, lo que no se ha concretizado en el nororiente del Cauca, según el defensor de derechos humanos de pueblos indígenas Samuel Escobar.

— El Estado no ha avanzado ni concertado el capítulo étnico con las comunidades y víctimas.

¿Cuántos días caben en una semana? En el norte del Cauca, toda una vida de conflicto y resistencia. Entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2019, no se contaron las horas, sino las muertes. Por lo menos 15 personas fueron asesinadas de forma violenta en ese intervalo, entre ellas por lo menos ocho indígenas Nasa. De acuerdo con el Senador Feliciano Valencia (MAIS), sólo este año hubo 36 asesinatos de indígenas en el Cauca. En todo el país fueron 115, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). La Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas tempranas para norte del Cauca, señalando la región en el mapa de conductas vulneratorias en contra de líderes sociales, debido a la confrontación de actores “por economías ilícitas y zonas estratégicas” y a las “dificultades” en la implementación del Acuerdo de Paz. En total, 10 líderes sociales fueron asesinados en el departamento entre enero y junio de 2019, según informe del Programa Somos Defensores, formado por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

La Guardia Indígena sigue defendiendo su territorio en el Norte del Cauca donde se vive una disputa por la presencia de grupos armados y narcotraficantes. Foto: Lia Valero.

“El ‘post’ está más duro que la guerra”

La vía a Toribío, saliendo de Santander de Quilichao, es una carretera llena de curvas en una especie de valle, rodeada por montañas verdes de la Cordillera Central por todos los lados. En la altura del corregimiento de El Palo, aun en Caloto, se empiezan ver inscripciones en rojo o negro que dicen “FARC-EP” en las placas de tránsito. Es una zona de fuerte presencia de la disidencia Dagoberto Ramos. En la entrada al municipio vecino, el letrero de “Bienvenidos a Toribio, Municipio Biodiverso, Cultural y Vivencial” y un mural del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) están grafiteados con las mismas inscripciones, en spray. La resistencia de la población también está plasmada en los muros, con intervenciones en esas letras, transformándolas en series de ochos cuadrados y otras figuras geométricas.

Por el camino se ven cultivos de uso ilícito, principalmente marihuana, pero también coca.

— En las noches, parece una ciudad perdida — describió un poblador sobre la apariencia de los bombillos que se prenden para acelerar el proceso de crecimiento de la marihuana. En la carretera no hay iluminación, pero en esos cultivos, sí. También se ven camionetas parqueadas o que suben y bajan por la vía.

Datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicados este año muestran que hubo un aumento de 7% en los cultivos de coca del Cauca entre 2017 y 2018, principalmente en Argelia, en el suroccidente del Departamento. El año pasado, el Cauca registró 17.117 hectáreas de cultivos de coca, el mayor número de la serie histórica iniciada en 2010. Ya la posible presencia de cultivos de marihuana se detectó en 507 kilómetros cuadrados del norte y centro del Cauca debido a una alerta de luz nocturna. Los municipios más afectados son Toribío, Corinto, Caloto y Miranda, según datos de UNODC publicados en 2017.

Las rutas del narcotráfico en el Cauca hicieron del lugar un blanco histórico de diferentes actores armados, debido a la ausencia estatal, pero también a las vías que permiten el transporte de la droga tanto para el Pacífico, por el corredor del Naya, como al centro del país. Tras la masacre, una asamblea en el resguardo de Tacueyó determinó un plazo de seis meses para la retirada de los cultivos del territorio.

El 31 de octubre, una caravana de carros, camionetas, motos y una chiva con kiwe tegnasenfrentó los riesgos del camino para pasar de la vía a Toribío a la vía a Tacueyó y subir a la vereda La Capilla, a velar a Cristina Bautista. La zona tiene importancia histórica para el movimiento indígena del Cauca. En la vereda vecina, La Susana, fue realizada la primera asamblea del CRIC, el 24 de febrero de 1971, en el marco de la lucha por la recuperación de la tierra. Casi cincuenta años después, la reunión se daba para despedirse de la neehwe’sx y de un kiwe tegna que eran velados en la iglesia evangélica de La Capilla. Y para demostrar presencia, apoyo y resistencia silenciosa y bañada en lágrimas.

— Había mucha expectativa en relación al proceso de paz, pero el ‘post’ está más duro que la guerra. No estamos seguros. Antes, quien portaba la chonta estaba blindado. Ahora no está.

Libardo Fernández, de 50 años, es thu thena, es decir, uno de los siete delegados de Plan de Vida en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin). Se refiere a que, en la época del dominio las Farc en la zona, había violencia, pero el costo político de acciones violentas protegía a las autoridades. Además, era posible hablar con la guerrilla, que tenía mandos claros. Ya con las denominadas disidencias Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, esa posibilidad no existe. Cristina Bautista conocía la amenaza. La neehwe’sx afirmó en el inicio de agosto que el médico tradicional había recomendado no portar la chonta para no estar en peligro, según artículo de Samuel Escobar para Pax en Colombia.

Autoridades locales consideran las llamadas disidencias como “bandas criminales” o “grupos organizados” dedicados al narcotráfico. Antonio Pardo, delegado de Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) en el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR en Cauca, afirma que esas bandas no están conformadas mayoritariamente por excombatientes.

— En el Cauca hay 16 o 13 grupos armados, dependiendo de donde uno se para. Cada uno tendrá unos 100 miembros, es decir 1.300 hombres armados en total. Si el 95% de los excombatientes en el Cauca están [acogidos al proceso de paz], solamente tenemos 30 embolatados… Es decir que los 1.200 [nuevos armados] son personas de la comunidad que no tienen alternativas y que han encontrado en la guerra una forma de sobrevivir.

El thu thena Fernández y Rodrigo Camayo, autoridad neehwe’sx del resguardo de López Adentro, en Caloto, agregan que la falta de inversión social por el gobierno y la falta de opciones productivas son también las principales impulsoras de la presencia de cultivos de uso ilícito.

Las dos autoridades mencionadas estaban presentes en el velorio de Cristina Bautista. Fotos de la neehwe’sx en la parte de atrás de la iglesia la recordaban viva y actuante. Más de 300 personas ocupaban todas las sillas del lugar, que no eran suficientes para todos los asistentes. Cristina cumpliría 30 años en la primera mitad noviembre, y sus palabras se repetían como símbolo de resistencia y de combate a la presencia de cultivos de uso ilícito en el territorio.

—Si hablamos nos matan. Si no hablamos también. Entonces, hablamos.— Como había dicho en uno de sus últimos discursos.

A pesar de la presencia masiva, algunas ausencias fueron notadas. La principal de ellas, la del presidente Iván Duque, que había estado el día anterior en un Consejo de Seguridad en Santander de Quilichao, pero no había visitado el lugar de los hechos. Las medidas anunciadas por el mandatario, con el envío de 2.700 efectivos militares, también fueron blanco de críticas.

— Es difícil un acuerdo con el Gobierno, porque seguimos desprotegidos. No tenemos como coordinar entre los guardias [indígenas] y los militares, eso es traer más inseguridad. Ellos están armados, nosotros trabajamos con el conocimiento, con la palabra. — Afirmó la neehwe’sx de Huellas, Caloto, Adilia García.

Consultados por La Paz en el Terreno, los ministerios del Interior y de Defensa no contestaron. En entrevista a la W Radio, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez afirmó que el gobierno nunca ha sido indiferente con el Cauca y que ha hecho presencia en la zona.

— En los temas de seguridad y convivencia, que en este momento están alterados por la presencia de esas bandas criminales y de narcotráfico, tenemos que seguir insistiendo que se requiere el actuar de las fuerzas militares para defender a la vida de los indígenas.

Pero la presencia de más militares también fue criticada en Tacueyó debido a la violencia histórica y la estigmatización en contra de los pueblos indígenas. Otros liderazgos defienden que los militares puedan patrullar el territorio, pero no establecerse de forma fija. La desconfianza se extiende a la Carpa Blanca. El espacio, propuesto por la Defensoría del Pueblo, consiste en una reunión de representantes institucionales y comunitarios para buscar soluciones, incluyendo organismos humanitarios, Fuerza Pública, Alcaldía, Gobierno Departamental, Defensoría, Procuraduría y Fiscalía. Sin embargo, la presencia del Ministerio de Defensa es criticada.

— La militarización sin inversión es insuficiente contra los cultivos. Se combate a un grupo, pero otros aparecen. Para acabar con el combustible que alimenta a los grupos armados, se necesita inversión social y solucionar de manera rápida a los problemas estructurales. — Dijo el senador Feliciano Valencia en su intervención durante el velorio de Cristina.

Mientras los Nasa mostraban su fuerza con la presencia masiva, el grupo armado seguía demostrando poder. La camioneta que había quedado de evidencia de la masacre, con por lo menos 25 marcas de disparos, fue incinerada. En la misma noche del 31 de octubre, se supo de una nueva masacre: un cadáver no identificado fue visto en una alcantarilla del casco urbano de Caloto y cuatro ingenieros fueron encontrados muertos con marcas de tortura en Corinto. El último reporte de los profesionales había sido en el corregimiento de El Palo, por donde pasa la vía a Toribío.

Las columnas Dagoberto Ramos y Jaime Martínez operan en el norte del Cauca, según las autoridades. Se han recibido también amenazas firmadas por las “Águilas Negras” y el “Cartel de Sinaloa”, pero parte de esos panfletos fueron atribuidos a las disidencias tanto por el Consejo Indígena del Cauca (CRIC) como por el gobernador del Departamento, Óscar Ocampo. Las otras estructuras que han hecho presencia en el norte del Cauca luego de la firma del Acuerdo de Paz son las Guerrillas Unidas del Pacífico, el ELN y el EPL, según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación sobre la seguridad en Colombia tras un año del gobierno de Iván Duque.

Las amenazas han llegado a las autoridades indígenas y a líderes sociales, pero también a excombatientes que decidieron seguir en el proceso de reincorporación. Como poseen conocimientos militares, se vuelven un blanco para el reclutamiento. Además, existe el riesgo de nuevos enfrentamientos con la Fuerza Pública como entre grupos armados ilegales. Un comunicado, firmado por un supuesto “nuevo aliado del Cauca”, declara las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos como objetivo militar y afirma que va a “limpiar el pueblo de tanta corrupción” con “armas, poder y gente”. La disidencia de Iván Márquez y Jesús Santrich, el Frente Segundo “Manuel Marulanda Vélez”, divulgó una nota criticando las acciones violentas en el norte del Cauca, y afirmando que se están “tomando medidas de acción respecto a lo sucedido”.

Enrique Obrero, miembro de la dirección municipal del partido Farc en Popayán, profundiza sobre las amenazas a los excombatientes del Cauca y sobre las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR).

— Estamos en un sandwich. Somos la carne, en el centro, y las dos tajadas de pan son ellos, los armados, tanto de la derecha como de la izquierda. Y no tenemos para donde correr. — Señaló Alejandro Casamachín, de 40 años, delegado de Plan de Vida del resguardo de Huellas, Caloto, en una reunión con su comunidad.

Mientras las estructuras armadas se reciclan, las más de 250 mil víctimas del conflicto armado en el Cauca —según datos del Registro Único de Víctimas— aún buscan cerrar las heridas dejadas por la guerra. En todo el departamento, fueron registradas 171 masacres entre 1964 y 2019, según el instituto Indepaz. En cada una de ellas, tres o más personas fueron muertas sin estar armadas ni participando de un combate.

Letrero en la vía a Toribío. Foto: Lia Valero.

“Sin la memoria histórica, es como si no hubiera existido nada”

— Salimos con servilletas blancas grandotas, de lejos pensaban que eran banderas. Los niños cantaban, gritaban. — La canción escogida era “Solo le pido a Dios”, eternizada en la voz de la argentina Mercedes Sosa.

Solo le pido a Dios

Que el dolor no me sea indiferente

Que la reseca muerte no me encuentre

Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente

(…)

Solo le pido a Dios

Que la guerra no me sea indiferente

Es un monstruo grande y pisa fuerte

Toda la pobre inocencia de la gente

— Es como si la hubieran hecho para mí. — Agrega Farid Julicué, líder social y fundador de la Asociación de Familias Víctimas del Conflicto Armado de Caldono (Asfavical), a la que están vinculadas 480 familias en búsqueda de reparación individual y colectiva.

La marcha, y la música, eran parte de la resistencia pacífica realizada en Caldono el 12 de noviembre de 2001. El municipio del nororiente caucano, a 76 kilómetros de Tacueyó, es el segundo con más tomas guerrilleras del país, solamente atrás de Toribío. Según los registros en la libreta de Farid, fueron 248 incursiones de la guerrilla de las Farc entre 1997 y 2014 en las calles y veredas. Solo en el casco urbano, fueron 76 ataques, la mayoría a través de cilindros que explotaron en el pueblo y destruyeron casas, un colegio y un hogar religioso. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) tiene identificadas nueve tomas y 21 ataques guerrilleros en el municipio y el Instituto Geográfico Augustín Codazzi, 225 “acciones de conflicto armado”.

— Lucho por la memoria histórica. Sin ella, es como si no hubiera existido nada de lo que nos pasó.— Cuenta el líder, que vivió de cerca con su familia los años más difíciles del conflicto en el municipio.

Los relatos incluyen tomas y ráfagas de fusil, y varios ataques a la base del Ejército. Hasta hoy se ven las ruinas de las casas que fueron destruidas en las explosiones, que ocurrían a cualquier hora del día o de la noche e, incluso, en los sábados de mercado. El “ABC de Caldono”, según Farid, era acostarse con zapatos y linterna para estar listo para salir de la casa.

El líder social se acuerda de cuando se escondía debajo de la cama y tenía que avisar en voz alta que las mujeres saldrían de la casa para orinar, para que no corrieran riesgos. También menciona la noche de 1997, en la que 45 cilindros explotaron en Caldono entre la media-noche y la 1:00 AM. Y cuenta anécdotas, como la del vecino que sólo se salvó porque estaba duchándose en un baño revestido de cerámica, que aguantó la explosión.

A la cuñada de Farid, Yamila Patiño, de 60 años, le asesinaron su marido en 1993, tras negarse a pagar una ‘vacuna’. Ella también se acuerda de los “tatucos”, como denomina a los cilindros explosivos, y cuenta que sonaban como si hubiera “arena y piedras en el techo”.

Pensando en abrir las puertas para la reconciliación, Farid ha organizado foros y diálogos entre excombatientes y víctimas. En el encuentro de julio de 2017, en la misma escuela de varones que había sido atacada diez años antes, tres excombatientes se sentaron al lado de víctimas, pidieron perdón y justificaron las acciones afirmando que Caldono era un sitio estratégico para la guerra. Antes del encuentro, el líder social había subido hasta la vereda Santa Rosa, para dialogar con los excombatientes que estaban en la zona veredal de Caldono. Aunque le “temblaban las piernas” del miedo, todo salió bien.

— Ellos tienen que entrar a formar parte de nuestra sociedad, compartir con nosotros, compartir ideas, trabajo. Y se ha logrado. Hay que aprender de ellos, y ellos de nosotros, pero no olvidar. Uno tiene que estar muerto para poder olvidar.— Afirma María Griselda Patiño, miembro de Asfavical, esposa de Farid y hermana de Yamila. Sin embargo, estar frente a frente con un posible victimario no es fácil. Yamila, por ejemplo, no quiso ir al encuentro, tanto por temor como por no creer en el proceso.

Tras la firma del Acuerdo de Paz, algunos pobladores dicen que la vida en el pueblo mejoró.

— Uno ahora saluda a los policías, al Ejército. Antes, si los saludábamos nos decían sapos. Uno anda tranquilo. Ya no hay cilindro, bala o todo eso. Uno saluda a todo el mundo.— Cuenta Rosalba Guetio, de 70 años.

Cómo vivía en el resguardo de Pueblo Nuevo, Rosalba presenció el pasaje de distintos grupos armados, como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el Comando Ricardo Franco (disidencia de las Farc de los 1980), Quintín Lame, Cacique Calarcá y M-19. Su sobrina fue víctima de reclutamiento forzado en los años 1990, cuando era menor de edad. Actualmente, Rosalba sigue hablando bastante pacito las palabras que causan miedo: “paramilitares”, “Auc” y “Ricardo Franco”. Para apoyar a la construcción de paz, Rosalba usa la fuerza de su oración cristiana, que realiza en español o en nasa yuwe. Incluso, ha superado sus miedos para realizarla dentro de batallones de la Fuerza Pública.

— A mí esa calma no me gusta.— Dice Farid, desconfiando que las amenazas a la seguridad pueden estar muy cerca. La “calma” en Caldono llegó con la priorización del municipio por el Gobierno en el llamado posconflicto, lo que generó la llegada de obras y procesos de intervención que, juntos, se estiman en más de 10 mil millones de pesos, según la Agencia de Renovación del Territorio (ART).

Otros pobladores, sin embargo, no vieron un cambio en sus vidas tras el Acuerdo. Éste es el caso de Irma Pilcué, de 33 años, que nunca pudo encontrar el hermano que se unió aún jóven a las filas de las Farc. La herida, aún abierta, se profundizó en el fin de octubre, cuando un sobrino se fue de la casa para unirse a otro grupo armado.

La calma relativa del fin de octubre se rompió en el inicio de noviembre, cuando autoridades de la zona indígena de Sa’th Tama Kiwe, como el pueblo Nasa denomina el área, denunciaron haber recibido panfletos con amenazas firmadas como “Cartel de Sinaloa”. Se han identificado también intentos de reclutamientos de jóvenes a los que les ofrecen 600 mil pesos, a través de mensajes difundidos por Whatsapp. La presencia de hombres armados se nota en las noches en Caldono, cuando se escuchan camionetas pasando por el municipio, que es parte del disputado corredor que conecta el norte del Cauca con el centro del país. Las nuevas amenazas conviven con problemas antiguos, como la falta de un hospital de urgencias, de vías, de conexión y de trabajo para los jóvenes. Sin embargo, también conviven con esfuerzos para la reincorporación y la reconciliación.

“El laboratorio de paz”

Constanza Casamachín, de 34 años, vive en el corregimiento de Usenda, en el municipio de Silvia, en la región central del Cauca. Durante los años más duros del conflicto, su abuelo fue secuestrado por la entonces guerrilla de las Farc.

— A mí me daba mucho temor volver a estos territorios, a esta zona tan afectada por la violencia.

En la tarde lluviosa del pasado 29 de octubre, el mismo día de la masacre en la que fue asesinada la neehwe’sx Cristina Bautista, Constanza lideraba una comitiva de vecinos que llegaba por la carretera destapada para visitar el proyecto de aguacate hass de los excombatientes de las Farc, en la vereda Valle Nuevo. El recorrido por el cultivo era guiado por Jhan Carlos Moreno, representante legal de la cooperativa de los 434 reincorporados del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Carlos Perdomo, en Caldono.

— Es un cambio de visión sobre ellos. Y ellos han demostrado con hechos que han cambiado. — Dijo Constanza sobre los excombatientes. Además de acercarse a los nuevos vecinos y entender su nueva situación de vida, la comitiva también pudo enterarse del proyecto productivo, que prevé vincular también a la población indígena y campesina cuando crezca en hectáreas.

El proyecto de aguacate hass es la gran apuesta de los excombatientes de Caldono. Ya aprobado por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), recibió un desembolso de 2.400 millones de pesos, para la participación de 240 familias. El valor incluye los 8 millones de pesos que cada excombatiente tiene derecho para desarrollar un proyecto productivo, más 246 millones obtenidos con cooperación internacional. El proyecto prevé cultivar 70 hectáreas en tres años, pero tiene un objetivo grande: llegar a 500 hectáreas hasta 2050. Con la meta de generar nuevos empleos y un centro de innovación agropecuario en el Departamento, los excombatientes esperan reparar en siete años los efectos del conflicto armado sufridos por la población civil.

— El proyecto va a regalar experiencia para la comunidad y apoyar en la reparación a las víctimas. Por ahora, hemos realizado el arreglo a las vías, buscamos poner electricidad…— Cuenta el supervisor del proyecto Erney Ortiz D’agua, antiguo comandante de una de las compañías de la Columna Móvil Jacobo Arenas, que hacía presencia en la región.

El proyecto solo fue posible tras un acuerdo entre los excombatientes y el resguardo de Tumburao, que cedió el predio en comodato. La gran mayoría de los exguerrilleros reincorporados en el ETCR de Caldono, o el 86%, es de origen indígena, según datos de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN). El cultivo se ha desarrollado de forma “enraizada al territorio”, según Jhan Carlos Moreno, integrándolo a la cosmovisión Nasa. Por ejemplo, se ha realizado una “limpieza” y se ha pedido permiso a la naturaleza antes de empezarlo. Otros proyectos productivos ya aprobados por el CNR en Caldono es el cultivo de tomate de árbol, la piscicultura y la porcicultura, además de un proyecto de artesanías con enfoque de género.

— Según el acuerdo no era posible hacer zonas campamentarias en tierras indígenas. Pero analizamos que era viable, pensamos en los recursos y proyectos productivos que vendrían para la comunidad (…). Eran comuneros que se habían ido hacía cinco, diez, quince años. Pensamos que teníamos que recibirlos de regreso — Afirma Oscar Dizú Chocué, gobernador del resguardo de San Lorenzo de Caldono entre 2016 y 2017.

Casi 33 mil personas viven en Caldono, entre el casco urbano y las veredas. De esas, 75% son población indígena, según datos del DANE. En total, 438 excombatientes realizaron su entrega de armas en la zona veredal del municipio, según ARN. Actualmente, cerca de 40 familias viven en el ETCR Carlos Perdomo, y 238 personas están vinculadas a los proyectos productivos desarrollados a través del espacio. El norte del Departamento también recibió otros dos ETCR, en Miranda y Buenos Aires. De acuerdo con el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), también hay 13 nuevas áreas de reagrupamiento en el Cauca, una de ellas en Caldono.

La convivencia de los reincorporados bajo las normas de los resguardos indígenas, y entre víctimas y excombatientes, es un desafío mencionado por pobladores. Sin embargo, hay otras iniciativas de reconciliación y capacitación que parten de la comunidad, de una forma menos visible, pero que ayudan a hilar esos lazos. Es lo que el defensor de derechos humanos de pueblos indígenas Samuel Escobar denomina la “reincorporación comunitaria silenciosa.” Entre esos proyectos está el taller Tejiendo Derechos Humanos, que promueve encuentros de la comunidad, mayoritariamente entre mujeres, para enseñar el tejido de zapatos y bolsos y para reflexionar sobre sus derechos. La actividad es apoyada por la Fundación Pax en Colombia, y participan de ella tanto víctimas como excombatientes, entre ellas Floribel Guetio Cerón, 33 años, una de las facilitadoras.

— Sabemos que se puede lograr un cambio. — Flor, como es conocida, estuvo en la guerrilla de los 13 a los 22 años. Se desmovilizó en 2007 y, en la vida civil, fue presidente se su vereda. Este año, se postuló a concejal por el “Partido de la Rosa”, como llaman localmente al partido Farc. La adaptación del nombre se relaciona a las marcas dejadas por el conflicto.

Otros proyectos de comunitarios y silenciosos son el bachillerato ofrecido a pobladores de Caldono y el Torneo por la Paz y la Reconciliación, con 300 equipos de fútbol que se visitan en las diferentes veredas del municipio, promovido por el líder social Farid Julicué.

— Somos un laboratorio de paz. — De las manos de líderes como Farid sigue naciendo la resistencia contra el reciclaje de la guerra. Pero aún hay muchos efectos de la violencia con los cuales los pobladores aprendieron a convivir.

Las tierras pertenecen al resguardo indígena de Tumburao y de acuerdo a un comodato a 25 años se las facilitaron para el cultivo de aguacate y para un proyecto de Piscicultura. Foto: Lia Valero.

Semillas

Más de 500 personas acompañaban desde la mañana del 2 de noviembre la ceremonia que antecedió la siembra de la neehwe’sx Cristina Bautista, en la vereda La Susana, resguardo de Tacueyó, en Toribío. En el inicio de la tarde, poco después de la 1:00 PM, se escuchó una explosión. La multitud que acompañaba las palabras de despedida de amigos de Cristina, colegas y autoridades locales miró en conjunto para la izquierda. En una de las verdes montañas, se alcanzaba ver humo.

Fueron unos diez segundos de duda, de respiraciones suspendidas en el aire. A lo lejos, nada volvió a sonar. La atención regresó al centro de la ceremonia evangélica y las miradas descansaron.

— ¿Eso qué fue? — Pregunté.

— Una bomba — Respondió con naturalidad un comunero de cerca de 65 años, con pañoleta del CRIC en el cuello y sombrero.

— ¿Está cerca de acá?

— No, a unos 20 minutos…

En el corregimiento de Los Andes, en Corinto, había un enfrentamiento entre una de las disidencias de las Farc y el Ejército. De allá venía la explosión, a poco menos de 10 kilómetros de Tacueyó, justo detrás de la montaña. Definitivamente, el conflicto no respeta el duelo. Ese mismo día, dos comuneros indígenas de resguardos también localizados en Toribío fueron asesinados: Alex Vitonaz, de 18 años, y el kiwe tegna y escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Fabián Eduardo Rivera, secuestrado y muerto en Suárez, donde pasaba su día libre. En el día siguiente tampoco hubo tregua. Hombres armados asesinaron a Jesús Mestizo, de Tacueyó, y el coordinador de la guardia indígena del resguardo sufrió un atentado, del cual pudo salir ileso.

Pero, en el norte del Cauca, el duelo también es una forma resistencia. El camino de casi una hora entre la vereda La Capilla, donde vivía Cristina, y la vereda La Susana, donde fue la ceremonia que antecedió la siembra, fue realizado mayoritariamente a pie. La multitud ocupaba la vía y caminaba bajo un fuerte sol. No dudaba, no vacilaba, seguía caminando en frente, en silencio, acompañada de algunas lágrimas y una que otra mariposa gris o amarilla. La música cristiana se preguntaba “¿cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo?”. En la chiva que seguía el cortejo, una bandera de Colombia llevaba escrita en sus colores una denúncia sobre esas vidas perdidas: “S.O.S. NOS ESTÁN MATANDO”.

El presidente de la Junta de Acción Comunal de La Capilla, Seuleman Trochez, de 33 años, recordó que la comunidad fue víctima de la guerrilla durante los años 1990 y 2000, y que muchos comuneros tuvieron que salir desplazados. Recientemente, debido a la acción de los nuevos grupos, los vecinos volvieron a irse.

— Las pérdidas humanas son irreparables... Cristina dejó muchas huellas. Tenía sueños, proyectos. Las balas la silenciaron, es verdad. Pero estamos nosotros, y no nos podemos dejar callar de los violentos. Hay que seguir en el proceso.— Dijo Seuleman, quien defiende que la resistencia está en seguir hablando y hacerse escuchar “en todo el mundo”.

En la cerimonia, amigas y compañeras de Cristina recordaron su lucha por fortalecer a la comunidad desde la base, desde adentro. La semilla que queda de su trabajo, dijeron, está en empoderar las mujeres y defender el trabajo con los niños y con la familia. La neehwe’sx era parte del Movimiento de Mujeres Nasa Hilando Pensamiento, del Plan de vida Proyecto Nasa del Municipio de Toribio.

— Cuando alguién muere, ahí mismo algo retoña. Hoy algo debe retoñar. — Dijo el senador Feliciano Valencia en su intervención durante la cerimonia. — Cristina, permita que nazca la ideología del respeto. No muere nunca quién enseña a que la gente esté despierta.

Tacueyó despidió a Cristina con globos blancos en el cielo, cantos cristianos y música indígena. Los kiwe tegnas elevaron sus pañoletas para darle y recibir fuerza. Y la comunidad siguió caminando.