El seguimiento informático que la Revista Semana destapó el último viernes también afectó a sindicalistas, una población históricamente estigmatizada en el país.
El primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el secretario de derechos humanos de la Confederación General del Trabajo (CGT) se encontraba junto a su esposa Ana María en su apartamento al norte de Bogotá. Humberto Correa, sentado en su sala, leía un informe de la Cátedra Manuel Ancízar de la Universidad Nacional cuando recibió la llamada de Martha Alfonso, vicepresidenta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE). Lo sorprendió con la noticia de que su nombre estaba dentro de las más de 130 personas que el año pasado fueron ilegalmente perfiladas por las Fuerzas Militares.
Las recientes revelaciones de Revista Semana dan cuenta de estos perfilamientos. En la investigación titulada Carpetas Secretas, expone cómo las Fuerzas Militares colombianas recopilaron información e hicieron perfilamientos a periodistas, figuras políticas, sindicalistas, miembros de ONG’s, generales, entre otros. Todo este escándalo ha generado zozobra en quienes fueron víctimas y Humberto Correa y su familia no son la excepción. El sábado 2 de mayo, en las redes sociales empezó a circular un video en el que Juan José Correa, hijo de Humberto, denunciaba el presunto empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar del que habían sido objeto su padre, su madre y él. La Revista Semana divulgó en su reportaje que se tenían documentados los viajes del secretario de derechos humanos de la CGT, así como fotos de sus familiares.
El temor de la familia está vinculado también al histórico de persecusión y faltas a los derechos humanos en contra de los sindicalistas en el país. Entre 1973 y 2018 se presentaron por lo menos 14.842 violaciones a la vida, libertad e integridad de miembros de sindicatos, según el Informe sobre violaciones a los derechos humanos de los y las sindicalistas en Colombia, 2016-2018, publicado en mayo de 2019 por la Escuela Nacional Sindical (ENS). Las tres victimizaciones con más número de casos fueron las amenazas (7.307), los homicidios (3.186) y el desplazamiento forzado (1.900). Nada más en mayo del 2019, el dirigente nacional de Sintracarbón, Igor Kareld Díaz, y los miembros de Sintramienergética, Juan Carlos Rojas, Dairo Mosquera, Gustavo Benjumea y Jairo Córdoba, recibieron amenazas de muerte por medio de un panfleto en redes sociales firmado por las ‘Águilas Negras’, justo después de una reunión que tuvieron con parlamentarios holandeses.
Además, según el informe de la ENS, la Confederación Sindical Internacional (CSI) señala que para 2018 Colombia era el quinto peor país del mundo en materia de derechos para las trabajadoras y trabajadores y que posee “una cultura fuertemente enraizada de violencia e impunidad y sigue siendo el país más peligroso del mundo para los sindicalistas”. Adicionalmente, la organización registró en Colombia 19 de los 59 asesinatos a sindicalistas que se registraron en nueve países en el 2017.
Humberto Correa sospecha que las últimas actividades que venía realizando son las que provocaron que las Fuerzas Militares estuvieran tan interesadas en hacerle seguimiento, aunque habrá que esperar los resultados de las investigaciones de la Fiscalía. Su trabajo, como parte de la Comisión de Alto Nivel de Reparación Colectiva al Movimiento Sindical, se ha centrado en recoger testimonios de víctimas del movimiento sindicalista en todo el país para esclarecer la verdad de la violencia que han sufrido por parte de diferentes perpetradores, incluyendo grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública. Esta violencia no prescribe: el delito de homicidio contra dirigentes sindicales es de lesa humanidad, es decir que, sin importar el año del crimen, los perpetradores aún pueden ser juzgados y condenados.
Esta recopilación de testimonios, realizada por una comisión dirigida por Humberto, se convertirá en un informe que le podrá servir de insumo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y, posteriormente, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A parte de sus funciones con la CGT, Humberto es delegado de esta organización sindical ante el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas (CERREM) de sindicalistas, que está bajo la administración de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“La guerra sucia”
Alirio Uribe, defensor de derechos humanos y abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), concuerda en que históricamente en el país el movimiento sindical ha sido objeto de diferentes violencias. Enfatiza que la inteligencia ilegal puede ser la primera fase de “la guerra sucia” que atenta contra los derechos humanos y en las que han participado grupos ilegales paraestatales. “Cuando en Justicia y Paz se interrogaba a paramilitares que habían estado comprometidos en crímenes contra sindicalistas, se les preguntaba a ellos de dónde sacaban la información para determinar que un líder social era sindicalista y ellos respondían que de los organismos de seguridad, en ese entonces del DAS. Cuando yo hice el juicio sobre Jorge Noguera —último director del extinto DAS— ahí apareció una carpeta que era un grupo de trabajo que había creado la embajada de los Estados Unidos conjuntamente con varias seccionales del DAS. Habían montado una empresa de fachada y ese aparato de inteligencia estaba dirigido específicamente a perseguir el movimiento sindical”, asegura.
Hoy Correa recuerda episodios de hostigamiento a los que antes no le había prestado atención. En el último año y medio, mientras viajaba por el Valle del Cauca y Magdalena, asegura haber notado que lo seguían o que se encontraba varias veces con las mismas personas.
En el momento de la entrevista para este medio, el abogado del CAJAR solo tenía conocimiento del caso de Carlos Castañeda, el otro líder sindical que logra identificarse en las publicaciones de Semana: “Castañeda era miembro de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) en Facatativá, que es donde está la Escuela de Infantería y Telecomunicaciones del Ejército que allanó la Corte Suprema y en donde recabó la información de la inteligencia militar”. El 18 de diciembre del 2019, por instrucción de la magistrada Cristina Lombana, la Corte Suprema de Justicia allanó el Batallón de Ciberinteligencia (Bacib) del Cantón de Comunicación del Ejército en el municipio de Facatativá, después de que la togada recibiera un correo anónimo denunciando un nuevo escándalo de interceptaciones ilegales. Castañeda aparece relacionado en el esquema de contactos del CAJAR que perfiló el Ejército, sin embargo, a la fecha de esta publicación, el colectivo de abogados no ha logrado acceder al contenido de esta información.
“Yo me enteré el viernes por un mensaje de WhatsApp que me envió Yessika Hoyos del CAJAR, en donde me comentaban la situación y ya después leí la revista”, relata Carlos Castañeda. Un líder sindical con 23 años de trayectoria, fue presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Bogotá - Cundinamarca y actualmente se encuentra afiliado al Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (SUNET), litiga como abogado laboral y asesora sindicatos. Participó en contra de los Tratados de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea, se opuso al referendo reeleccionista que buscaba la segunda reelección de Uribe y es un defensor de los diálogos de paz: “la paz es un tema fundamental para la movilización social”, dice. Castañeda explica que su relación con el CAJAR se resume en unas pocas interacciones en Twitter en las que compartió sus publicaciones y, en mayor medida, retuiteando las publicaciones de Alirio Uribe, abogado del colectivo.
En la Confederación General del Trabajo, donde labora Correa, y según datos que él aportó, se han registrado 492 hechos de violencia contra sindicalistas de esta organización, desde su creación en 1971 hasta 2019. Entre ellas están 175 amenazas, 173 homicidios, 55 intimidaciones, 32 secuestros, 17 atentados, 11 detenciones arbitrarias, nueve desapariciones forzadas, ocho exilios, cuatro lesiones personales, cuatro casos de tortura y cuatro casos de desplazamiento forzado. Los tres departamentos más afectados son Arauca, Valle del Cauca y Magdalena.
El informe de la Escuela Nacional Sindical también es enfático en afirmar que el fenómeno de la violencia antisindicalista va más allá de la violencia enmarcada en el conflicto armado. Aclara que “una política de superación de la violencia antisindical tendría que apuntar al desmonte de la cultura antisindical que legitima la violencia; así como a la promoción y construcción de la necesidad, la legitimidad y la importancia del ejercicio de la actividad sindical”.
Persecución a la protesta
Un miembro del sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (SINDHEP) reconoce las dinámicas con las que se violenta a los líderes sindicales u otros actores que emprendan acciones de protesta, siendo él una víctima al ser señalado por un testigo de tener relación con una guerrilla en el marco de una investigación de la Fiscalía. Bajo estos mismos señalamientos, líderes sociales que adelantaban acciones sindicales habrían sido privados de su libertad, según el sindicalista y el informe Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a Defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz, de la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP).
“Toda organización popular, movimiento social, sindical, termina siendo tratado como si fuera parte de algún frente guerrillero (...) hay una lectura burda de que ‘toda esta gente está promoviendo el desorden, todos son guerrilleros’”, afirma el sindicalista, que prefiere reservar su identidad por razones de seguridad.
El informe de la CSPP menciona el caso de cinco miembros de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca) privados de la libertad y judicializados por concierto para delinquir agravado, rebelión y extorsión. Según el documento, “la Fiscalía les acusa de pertenecer al Frente José David Suárez del Ejército de Liberación Nacional (Eln), pese a que el ente investigador en sus procesos sólo relaciona sus actividades de liderazgo social y de defensa de derechos humanos, así como su formación política, como sustento de su ‘presunta actividad ilegal’”.
Dentro de este panorama tiene lugar lo que el sindicalista de la Defensoría del Pueblo califica como “falsos testigos” que ayudan a judicializar a los sindicalistas y manifestantes. “Si uno analiza la situación del Catatumbo, el Cesar, el Casanare, Arauca, hay un factor que se está repitiendo en todo lado, que es más o menos la misma lógica que han planteado con los periodistas de empezar a perfilar personas por su posición, puede ser política o por su activismo de derechos humanos. Empiezan a ser vistos como el enemigo interno —quienes disienten de la concepción nacional de los poderes hegemónicos—, que se supone estaba recogido en América Latina, pero que en Colombia parece seguir vigente”, afirma el miembro del SINDHEP.
Los cuestionamientos de violaciones de derechos humanos se profundizan cuando las empresas poseen convenios con la Fiscalía o la Fuerza Pública. Como se evidencia en la investigación de Convenios de Fuerza y Justicia, realizada por Rutas del Conflicto en alianza con La Liga Contra el Silencio, cuando se celebra ese tipo de cooperación entre la Fiscalía y las empresas, el ente acusador se compromete a reforzar su capacidad investigativa y de judicialización en la represión de delitos que afecten las operaciones de la compañía privada. Las comunidades reportan que, en esos casos, al manifestarse en contra del accionar de la empresa, son agredidas e incluso judicializadas, por cargos como terrorismo o extorsión. En la investigación se le preguntó al Ministerio de Defensa por su responsabilidad en los convenios, pero no hubo respuesta. Rutas y La Liga también fueron blancos de la inteligencia militar que reveló Semana.
Temor por la familia
Humberto Correa manifiesta sentir miedo por su familia. Afirma ser consciente de que en un país como Colombia su vida puede correr riesgo al realizar labores a favor de los derechos humanos, pero su mayor temor en este momento es por la seguridad de su esposa y su hijo. Ellos han manifestado que más o menos desde hace año y medio venían sospechando de que estaban siendo seguidos.
El sindicalista también cuenta que nunca había sentido la necesidad de que el Estado le brindara protección, pero que en este momento siente que debe tenerla y que, a raíz del temor que esto les ha generado, no descarta la opción de irse del país con su familia.
“Con toda seguridad no soy el único, para bien saberlo y para mal saberlo, solo dos dirigentes estamos ahí, porque finalmente cuando queda el nombre, uno teme. En este momento con el confinamiento uno no está saliendo, pero cuando termine yo voy a tener que salir a los juzgados o a hacer acompañamiento en reuniones de negociación y los trayectos son una incertidumbre, uno no sabe con este tema de que lo tengan perfilado", afirma Carlos Castañeda, quien, así como Humberto Correa, ha contemplado salir del país por la seguridad de su familia.
Castañeda presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y realizó una solicitud a la Presidencia y al Ministerio del Interior buscando que se le evalúe su situación de seguridad. Además, le hizo una solicitud al fiscal general para que le permita el acceso a los expedientes y hará lo mismo ante la Corte Suprema de Justicia, pero “por el confinamiento está todo congelado, aunque sé, porque he conversado con algunas personas, que ya habían venido solicitando el acceso desde enero a la información y que les han dicho que están ordenando las carpetas y bueno, entiendo que no va ser un proceso rápido”, afirmó Castañeda.
Como fue publicado por la Revista Semana, el escándalo de las “Carpetas Secretas” de las Fuerzas Militares involucran la persecución a ciudadanos estadounidenses y la sospecha del uso de dineros de EEUU para lograr ese fin. Correa espera que el seguimiento a extranjeros supusiera un avance más oportuno en las investigaciones del caso, sin embargo, con resignación expresa que su esperanza en el Gobierno actual no es sólida y teme que, como en años pasados, después de este desmantelamiento vengan desapariciones y asesinatos de quienes han estado siendo perfilados y seguidos por el Ejército.
A pesar de que el caso de los sindicalistas no ha tenido tanto protagonismo en los medios como los de los periodistas nacionales y extranjeros, los pronunciamientos de entidades como el Colectivo de Abogados CAJAR y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) han ayudado a visibilizar las acciones ilegales en contra de sindicalistas. la Fundación CNV Internationaal, por su parte, ayudó a denunciar directamente el caso de Correa.
Horas antes de las revelaciones de la Revista Semana el 1 de mayo, el Ministerio de Defensa anunció la decisión de retirar del servicio activo a 11 oficiales del Ejército, debido a supuestas irregularidades. Actualmente, se encuentra activa una investigación iniciada el 16 de enero del año en curso por los delitos de violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, llevada a cabo por la delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General. En el marco de la investigación fue citado a interrogatorio el general en retiro Nicacio Martínez, quien salió de la comandancia del Ejército Nacional el 27 de diciembre de 2019. El 4 de mayo del presente año, el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció la incorporación de las últimas revelaciones de Revista Semana a la investigación que está abierta y una nueva citación a interrogatorio a Martínez. El mismo día el presidente Duque revirtió el nombramiento del exgeneral como agregado militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Sin embargo, el abogado del CAJAR, Alirio Uribe, es enfático en manifestar su escepticismo ante los resultados de las investigaciones. Él afirma que los últimos 18 años, en los gobiernos de Uribe, Santos y ahora Duque, se han presentado casos de ‘chuzadas’ o interceptaciones ilegales y que ningún implicado ha sido sancionado.
“Formalmente no han destituido a nadie, calificar servicios es una pensión anticipada. Cuando llaman a todos estos militares a calificar servicios no los están destituyendo, les están diciendo “paren sus servicios” y siguen con sus derechos, y terminan es pensionados anticipadamente y con derecho a acción militar y con títulos y demás. Para que ellos digan que no saben quién dio la orden. Es obvio que eso viene desde muy alto y lo que hacen es protegerlos”, concluyó Alirio Uribe.
“Cuando uno se mete en la actividad sindical y avanza en ella sabe que ‘pisar callo’ significa que después alguien luego quiera venir a pisarlo a uno. Sin embargo, como la lideresa política Cristina Bautista dijo: ‘si nos quedamos callados, nos matan, y si hablamos, también’”, agregó Castañeda.
