Líderes sindicales de la palma en el Cesar denuncian décadas de violencia

Los líderes sindicalistas de la agroindustria de la palma de aceite en el sur del Cesar han enfrentado, por décadas, estigmatización, amenazas, homicidios, secuestros y desplazamientos. En la época más dura, entre 1985 y 2002, un total de 102 trabajadores vinculados al sindicato Sintraproaceites en el municipio de San Alberto fueron asesinados, 12 desaparecidos y otros 12 exiliados, según Aníbal Mendoza, presidente de la Fundación de Apoyo y Consolidación Social para Desplazados por la Violencia en Colombia (Fundesvic).

San Alberto es el municipio más al sur del Cesar, en la frontera con Norte de Santander. Es también donde los sindicalistas de la palma enfrentaron más violaciones de derechos humanos tras una gran huelga en 1977 que obtuvo más derechos laborales. Antes, más de mil personas trabajaban con la palma sin contrato ni derecho a salud, vivienda, sueldo fijo o transporte digno. Menos de diez años después, sin embargo, los sindicalistas y trabajadores pasaron a ser perseguidos por tempranas estructuras paramilitares, conocidas en la zona como ‘Sicarios’ o ‘Manos Negras’. En el 1995, la violencia se recrudeció con la presencia de la estructura del exjefe paramilitar Juan Francisco Prada, alias ‘Juancho Prada’.

Presionados por la violencia, 300 directivos y asociados de Sintraproaceites fueron desplazados. Otros trabajadores, que se quedaron en San Alberto, enfrentaron las propuestas de la agroindustria por la disminución de sus derechos laborales. Éste fue el panorama presentado por los líderes sindicales este martes, 28 de mayo, en el lanzamiento público del informe “Y a la vida por fin daremos todo: Memorias de las y los Trabajadores de la Agroindustria de la Palma de Aceite en el Cesar, 1950-2018”.

El informe fue publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), pero su lanzamiento público fue rechazado por la misma institución tras el nombramiento del nuevo director, Darío Acevedo. En una carta revelada por Colombia 2020 a principios de abril, Acevedo le comunicó al sindicato Sintraproaceites y a Fundesvic que el evento público no se había programado y que su planeación “muy probablemente” no sería priorizada.

Organizaciones de la sociedad civil, particulares, académicos, periodistas, sindicatos y organizaciones de víctimas a nivel nacional e internacional han realizado el evento, que tuvo lugar en la Universidad de los Andes.

“Llegaron los señores paramilitares que deambulaban por los territorios de la empresa con unos vehículos donados por el Estado. La desbandada de trabajadores hizo que las empresas actuaran con la ley y con el balín para montar las cooperativas de trabajo asociado, donde volvieron a la década de 1970, o peor”, dijo Aníbal Mendoza en el panel, refiriéndose a la pérdida de derechos laborales.

La violencia también recayó en otras organizaciones del César, en los municipios de El Copey, Minas y San Martín. El informe presenta que, entre 1971 y 2008, 249 trabajadores vinculados a Sintraproaceites y a Sintrainagro fueron víctimas de la violencia.

Raúl Patiño, de Sintraproaceites Nacional, añadió que los líderes sindicales fueron considerados un objetivo de los paramilitares, y fueron perseguidos de forma sistemática durante los años noventa. Además, atribuye la estigmatización tanto a las empresas como a la prensa. “En la Revista Semana sale un artículo llamado ‘El antídoto de la violencia’. Ese artículo pone en evidencia que la organización sindical fue correa de transmisión de los grupos insurgentes, que éramos facilitadores a esos grupos. (…) Cualquier evento en la región de San Alberto se atribuía nacionalmente a la guerrilla. Comunicados internos de la empresa reforzaban esa idea, articulando la huelga de 1977 con el M-19”, dijo.

La estigmatización fue generada desde la década de 1970, cuando la guerrilla del M-19 secuestró a un funcionario de una empresa palmera. Los sindicalistas fueron acusados por el hecho, del cual no tenían responsabilidad. Una década después, Sintraproaceites se ofreció a apoyar la desmovilización de dicha guerrilla con un espacio para que entregaran sus armas para el Ejército. Volvieron con fuerza las narrativas que vinculaban el sindicato a la lucha armada. “Era un espacio de paz y se generó la falsa intención de que estábamos apoyando a los guerrilleros. Lo que estábamos apoyando era que se desmovilizaran y entraran en el proceso de paz”, añadió Patiño. Fundesvic busca la reparación colectiva del sindicato debido a la violencia sufrida.

Arturo Rincón, presidente de Sintraproaceites seccional San Alberto, afirmó que la ofensiva en contra del sindicato también afectó a la población que no trabajaba directamente con la palma en el municipio. Eso porque los líderes habían apoyado también la formación de los barrios, por medio de tomas de terrenos y de la organización para que las tierras fueran donadas o vendidas a precios módicos.

El informe del CNMH recoge la historia de la región desde la llegada de la palma, entre los años 1950 y 1960, cuando lo que era un bosque, con zonas inhóspitas, fue colonizado. Cuenta también las críticas condiciones de trabajo de los agricultores de la palma desde el inicio de los cultivos, la organización del movimiento sindical, la resistencia, las conquistas laborales, las violaciones de derechos humanos y las imposiciones laborales de los empresarios en medio de la violencia.

Arturo Rincón añadió que la situación de la violencia en San Alberto es cíclica: hay épocas de mejoras laborales y sociales, como después de la huelga de 1977, seguidas de tiempos más difíciles, como el fin de los años 1980 y la década que siguió. Actualmente, el panorama es de incertidumbre, con riesgos contra los líderes sindicales en el contexto de las amenazas a los defensores de derechos humanos en la escala nacional. “Continuamos con las ganas de seguir adelante, trabajando, aunque no haya un panorama favorable. Somos parte activa del desarrollo de la región”, afirmó.

El presidente de Sintraproaceites, seccional San Alberto, destacó en entrevista la importancia del lanzamiento público del informe: “Lo hacemos para dignificar la labor que se hizo y para que las nuevas generaciones conozcan la historia. También consideramos que sea un aporte a la paz, a la reconciliación y a la no repetición”.

El evento fue organizado por REC-Latinoamérica, Departamento de Historia de la Universidad de los Andes y la Corporación Sinergia y Territorio, apoyados por Sintraproaceites Nacional, Fundesvic, Sintranagro Seccional Minas, Anmucic, Rutas del Conflicto, Sonidos Enraizados, Intersindical CSC, Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, En La Frontera y Grupo de Estudios Culturales Antonio Gramsci.

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