Especial
La ciudad de Cúcuta ha sido uno de los enclaves más importantes para el histórico contrabando y tráfico de todo tipo que ocurre en los cientos de kilómetros de frontera que comparten Colombia y Venezuela. Aunque en la ciudad hay más oportunidades para que la sociedad civil se organice y exija derechos que en el área metropolitana, denunciar los riesgos que traen las dinámicas ilegales atadas a la frontera, pero también al microtráfico interno, ha puesto en la mira a líderes comunales y comunitarios.
Narcotráfico y microtráficoEl tráfico de drogas en Cúcuta se da en dos niveles: el gran tráfico que fácilmente pasa por la frontera hacia Venezuela y el microtráfico que, según líderes sociales de la ciudad, está presente en sus 10 comunas urbanas. La ruta de los narcóticos hacia el vecino país no pasa únicamente por el Puente General Santander, sino también por trochas desde diferentes puntos de las comunas 3, 4 y 10, un negocio que involucraría casas de cambio que en la frontera “lavan el dinero del narcotráfico”, según los líderes. El microtráfico, por su parte, tendría más presencia en las zonas de bares y clubes relacionados con dinámicas de prostitución. Denunciar esta situación implica riesgos para los defensores de derechos humanos de la ciudad.
Reclamos territorialesLa invasión de terrenos en algunas zonas de Cúcuta ha acarreado riesgos contra líderes sociales, quienes en medio de las disputas de tierras quedan expuestos por participar como representantes de sus comunidades, por ejemplo, cuando los invasores se enteran que son ellos quienes interponen las denuncias en su contra. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel José Luis Palomino, dijo desconocer la situación.
Contrabando de gasolinaA pesar de que la producción de gasolina en Venezuela pudo haber disminuido, su contrabando hacia Cúcuta sigue siendo muy lucrativo, pues acá puede venderse, al menos, hasta 10 veces más costoso. Los líderes sociales pueden verse en riesgo cuando denuncian este negocio, que en la ciudad aprovecha las trochas fronterizas, sobre todo, de las comunas 3, 4 y 6. “Yo digo que es un cartel más poderoso que el de las drogas”, apuntó un líder al respecto.
Agresiones y amenazas
Líderes sociales de Cúcuta han sido víctimas recientes de numerosos homicidios, amenazas y agresiones. El último atentado fue a comienzos de octubre de 2019, cuando un desconocido disparó contra el presidente del sindicato de taxistas Sinutaxcuc, Alonso González. Las amenazas se han dado mediante panfletos y abordajes en sus viviendas y en los lugares donde programan sus reuniones comunitarias, “amenazas que son más comunes en las zonas más populares, donde hay mayor presencia de los grupos armados”, aseguró una lideresa. Por tal motivo, varios líderes han tenido que desplazarse de sus barrios, una situación invisibilizada por el temor que existe de denunciar. Fuentes oficiales registraron seis homicidios contra defensores de derechos humanos en Cúcuta durante el 2018, a los que se suman otros tres casos: dos de 2017, registrados por La Paz en el Terreno, y el asesinato del líder comunitario Francisco Cervantes en enero de 2019, registrado por el Programa Somos Defensores. Fedecomunal, que asocia al menos 327 Juntas de Acción Comunal en Cúcuta, es sujeto de reparación colectiva por su histórica condición como víctima del conflicto armado.
Actores que generan riesgo“Todos los actores ilegales habidos y por haber”, comentó un líder social al respecto, haciendo referencia tanto a las decenas de bandas delincuenciales que azotan a los habitantes de la ciudad, como a los grupos armados de mayor jerarquía, sean de proveniencia guerrillera como el ELN y el EPL (o como son llamados por la Policía: ‘Los Pelusos’) o reciclados del paramilitarismo como ‘Los Rastrojos’ y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (o ‘Clan del Golfo’). En Cúcuta, las llamadas ‘fronteras invisibles’ son una realidad: hay zonas vedadas en las que no se puede transitar sin permiso de los armados. Adicionalmente, líderes sociales también responsabilizaron de riesgos en su contra a miembros corruptos de la Policía, que al recibir sus denuncias compartirían esta información con actores ilegales que terminan agrediéndolos. El coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, dijo desconocer esta situación.
