Especial
Cúcuta tiene una extensa zona rural compuesta por 10 corregimientos. Hacemos énfasis en dos de ellos: Palmarito y Banco de Arena. En esos lugares el liderazgo social está en crisis debido a los ataques de diferentes actores, tanto legales como ilegales. Varios de los dirigentes de las Juntas de Acción Comunal se han tenido que desplazar luego de recibir amenazas, por lo que el trabajo de esos organismos se ha debilitado. Un hecho que da cuenta de la inseguridad en la zona se registró el pasado 18 de septiembre, cuando se registró la masacre de cuatro hombres en la llamada ‘Trocha del Infierno’, en Banco de Arena.
Cultivos de uso ilícitoEn los corregimientos de Palmarito y Banco de Arena, integrados por 17 veredas del área rural de Cúcuta, hay cultivos de coca. Hasta el 2016, dentro de una extensión de 17 mil hectáreas, había 1.335 hectáreas de ese cultivo de uso ilícito, según mediciones de la comunidad junto con entidades estatales. La economía ilegal pone en riesgo a los líderes sociales de la zona. Además, es un problema que no tiene solución a la vista debido a que ese territorio no fue incluído en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), por hacer parte de una ciudad capital.
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Narcotráfico y contrabando de gasolina:Debido a que es zona fronteriza, ese es un lugar estratégico tanto para el narcotráfico como para el contrabando de combustible. Al preguntarle a un líder si por la zona había tráfico de drogas respondió jocosamente: "el que usted necesite". Tratar de confrontar a esas economías ilegales pone en riesgo a los defensores de derechos humanos. La Fuerza Pública tiene un optimismo que contrasta con el diagnóstico de la comunidad, según el comandante de la Policía metropolitana de Cúcuta, Luis Palomino: “ha estado entrando muy poca gasolina por dos situaciones: los controles han sido eficientes y también hay una disminución de la producción de gasolina en Venezuela”.
Reclamos territoriales:Es, tal vez, el factor que más riesgo genera en los corregimientos de Palmarito y Banco de Arena. La comunidad se organizó desde el 2014 en un proceso llamado ‘Agua para todos, soberanía alimentaria para garantizar la permanencia en el territorio’ y pretenden proteger una extensión de 17 mil hectáreas, en la cual aseguran que hay cuerpos de agua que proveen de ese líquido a 4 mil personas. Además, en esa región hay 7.500 hectáreas de bosque. Por eso se han opuesto a que se haga minería tanto legal como ilegal en la zona. Eso les ha valido amenazas. Varios líderes han tenido que desplazarse debido a la inminencia de atentados contra sus vidas. Según denunció uno de ellos: “los grupos armados cobran una parte de las ganancias por la venta del carbón y las empresas compran el mineral extraído ilegalmente”. En la región debe imperar el silencio porque los defensores de derechos humanos no sienten apoyo estatal para denunciar. “Es un territorio donde no hay ningún tipo de garantía institucional", dijo uno de los líderes.
Agresiones y amenazas:
Los grupos armados han amenazado en varias oportunidades a los líderes de la zona. A varios líderes de tres de la Juntas de Acción Comunal (JAC) les ha tocado desplazarse ante amenazas, se trata de las veredas El Amparo, 5 de Mayo, y del casco urbano de Palmarito. Además, el vicepresidente de la JAC de Monte Verde está exiliado en Europa porque fue perseguido en Cúcuta. En la vereda El Suspiro el liderazgo está muy intermitente debido a las amenazas que recaen sobre los defensores de derechos humanos. La secretaria de la vereda Borazal fue asesinada. “Nadie quiere asumir el liderazgo porque es un problema para la seguridad”, dijo una persona del Ministerio Público que pidió no ser identificada porque no tenía autorización para hablar.
Actores que generan riesgo:En los dos corregimientos generan riesgo tanto los actores armados legales como los irregulares. En la región han operado ‘Los Rastrojos’, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el EPL. Por su parte, unas declaraciones del Ejército al diario La Opinión, según las cuales la comunidad les entregaba información de inteligencia, pusieron a la misma en riesgo. Según los líderes, la Fuerza Pública también ha asegurado que los liderazgos son de izquierda, lo que en la región les genera riesgos.
Puerto Santander se volvió noticia nacional luego de que se conoció que el autodenominado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, entró a Colombia con ayuda de la banda paramilitar ‘Los Rastrojos’. Sin embargo, ese municipio lleva años padeciendo el control de ese grupo armado y ha sido escenario de varias confrontaciones en medio de las cuales ha quedado la comunidad. En la zona ha habido presencia también de un reducto del EPL, un grupo del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia intentan incursionar.
Es tan preocupante la situación de Puerto Santander que la Defensoría del Pueblo, en septiembre de 2019, emitió una alerta temprana en la que advirtió sobre el “incremento del fenómeno de desaparición forzada, homicidios selectivos, amenazas contra la población civil en general y el riesgo para el ejercicio de defensa de los derechos humanos de los líderes sociales”. La tasa de homicidios en 2018 llegó a 167 por cada 100 mil habitantes, según datos de Medicina Legal, un número casi siete veces mayor al promedio nacional, que se ubicó en 24 por cada 100 mil.
A eso se suma que las denuncias son muy mínimas debido al control de los actores armados. Entre los crímenes que están sucediendo, pero que no se registran, están la desaparición forzada, el reclutamiento y utilización de menores de edad, la violencia sexual, entre otros. “Suceden a gran escala (esos crímenes)”, enfatizó el Ministerio Público.
Los líderes sociales en ese municipio están coartados por los grupos armados. La presión es tal que algunas Juntas de Acción Comunal han desaparecido ante la falta de garantías. Para el ejercicio del mapeo de los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos no fue posible contar con alguien de Puerto Santander.
