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Palmarito y Banco de Arena: donde quieren apagar las Juntas de Acción Comunal

Cúcuta tiene una extensa zona rural compuesta por 10 corregimientos. Hacemos énfasis en dos de ellos: Palmarito y Banco de Arena. En esos lugares el liderazgo social está en crisis debido a los ataques de diferentes actores, tanto legales como ilegales. Varios de los dirigentes de las Juntas de Acción Comunal se han tenido que desplazar luego de recibir amenazas, por lo que el trabajo de esos organismos se ha debilitado. Un hecho que da cuenta de la inseguridad en la zona se registró el pasado 18 de septiembre, cuando se registró la masacre de cuatro hombres en la llamada ‘Trocha del Infierno’, en Banco de Arena.

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Puerto Santander: un caso crítico

Puerto Santander se volvió noticia nacional luego de que se conoció que el autodenominado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, entró a Colombia con ayuda de la banda paramilitar ‘Los Rastrojos’. Sin embargo, ese municipio lleva años padeciendo el control de ese grupo armado y ha sido escenario de varias confrontaciones en medio de las cuales ha quedado la comunidad. En la zona ha habido presencia también de un reducto del EPL, un grupo del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia intentan incursionar.

Es tan preocupante la situación de Puerto Santander que la Defensoría del Pueblo, en septiembre de 2019, emitió una alerta temprana en la que advirtió sobre el “incremento del fenómeno de desaparición forzada, homicidios selectivos, amenazas contra la población civil en general y el riesgo para el ejercicio de defensa de los derechos humanos de los líderes sociales”. La tasa de homicidios en 2018 llegó a 167 por cada 100 mil habitantes, según datos de Medicina Legal, un número casi siete veces mayor al promedio nacional, que se ubicó en 24 por cada 100 mil.

A eso se suma que las denuncias son muy mínimas debido al control de los actores armados. Entre los crímenes que están sucediendo, pero que no se registran, están la desaparición forzada, el reclutamiento y utilización de menores de edad, la violencia sexual, entre otros. “Suceden a gran escala (esos crímenes)”, enfatizó el Ministerio Público.

Los líderes sociales en ese municipio están coartados por los grupos armados. La presión es tal que algunas Juntas de Acción Comunal han desaparecido ante la falta de garantías. Para el ejercicio del mapeo de los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos no fue posible contar con alguien de Puerto Santander.