Por: Nicolás Sánchez y Juan Gómez, periodistas de La Paz en el Terreno**
Hace un par de meses era usual ver a una docena de candidatos escoltados haciendo campaña para alcaldías, concejos y Juntas Administradoras Locales de Cúcuta y su área metropolitana. En algunos casos, según el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel José Luis Palomino, las amenazas provenían de su ejercicio como líderes sociales. La situación es crítica no solo para los liderazgos políticos, también para los comunitarios, ambientales, comunales y de víctimas, entre otros.
Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las extintas FARC, año tras año Norte de Santander ha figurado como uno de los peores departamentos para ser defensor de derechos humanos. Una situación que se agudizó desde marzo de 2018, sobre todo en la región del Catatumbo, tras la guerra que aún libran el EPL y el ELN. En la región opera una gran cantidad de grupos armados, como estructuras provenientes del paramilitarismo como ‘Los Rastrojos’ y las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ y otros grupos criminales que también suponen riesgos. De acuerdo con registros oficiales, en 2018 fueron asesinados 16 líderes y lideresas en la región, 6 de ellos en Cúcuta, en ese entonces el municipio más letal para el liderazgo social en Colombia.
En abril de 2018, Walter Cardona, para ese momento secretario general de la Confederación Nacional de Acción Comunal, le dijo a La Paz en el Terreno, basado en informes de la Defensoría del Pueblo, Mapp-OEA y el Ministerio del Interior, que este departamento era el número uno en riesgos para líderes comunales y sociales.
2019 cierra sin esperanzas de mejoría. “Ya van siete líderes asesinados (en Norte de Santander) y a esos se les suman las amenazas en masa, por ejemplo, contra liderazgos del orden comunal, docentes, entre otros, y los atentados que se han dado contra estos dirigentes, algunos sindicalistas”, remarcó Enrique Pertuz, coordinador general de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos.
Entre enero y junio de 2019, el Programa Somos Defensores registró cinco homicidios en Norte de Santander contra líderes sociales y 23 agresiones en su contra, una tendencia de victimizaciones que se mantiene en la región, según reportó esta ONG en su más reciente informe semestral.
Tanto los líderes sociales que realizaron los mapas de riesgo para este reportaje, que hace énfasis en Cúcuta y los municipios de su área metropolitana, como el Ministerio Público consideran que el solo hecho de ser líder social en la región, abanderar los reclamos y exigir los derechos de sus comunidades, es sumamente peligroso. Incluso, algunas Juntas de Acción Comunal han desaparecido. “En algunas veredas del área metropolitana de Cúcuta ya no hay Junta Comunal, no existe porque quienes hicieron parte en su momento fueron amenazados, se fueron y luego ya nadie quiso asumir ese ‘problema’”, aseguró una funcionaria del Ministerio Público que prefirió no ser identificada porque no estaba autorizada para hablar.
Los riesgos están principalmente asociados con reclamos territoriales en defensa del agua y de la seguridad de los pobladores, y con la decisión de denunciar los atropellos de los diferentes grupos armados que tienen presencia en la región, que se disputan las rentas ilícitas de los negocios del narcotráfico, el microtráfico y el contrabando de gasolina, estratégicos en esta zona de frontera con Venezuela. “Los líderes deben convivir con todo esto para sobrevivir, seguir viviendo su vida comunal y representar a sus comunidades”, afirmó uno de ellos.
Igual de preocupante es la impunidad que rodea los crímenes. Según Pertuz, de los 15 asesinatos del 2018 que registró su corporación, 13 siguen sin ser esclarecidos: “Las familias cercanas a las personas afectadas, por el temor no denuncian, a veces sabiendo quiénes son los autores intelectuales y materiales”.
Le invitamos a navegar estos mapas de riesgo que surgieron de ejercicios de cartografía con una veintena de líderes y lideresas sociales del departamento, esperando aportar información valiosa para que las autoridades competentes investiguen y mitiguen esta ola de violencia. El capítulo Catatumbo será publicado próximamente.
** La Paz en el Terreno es una alianza entre Colombia2020 y Rutas del Conflicto que rastrea la implementación del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la exguerrilla de las FARC en dos temas claves: la situación de los líderes sociales y el proceso de reincorporación de los excombatientes. Para mayor información, consultar lapazenelterreno.com. Esta publicación es posible gracias al apoyo de la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en Colombia y del PNUD.