La cifra asciende a 76 exguerrilleros muertos entre noviembre de 2016 y junio de 2018. No existe información sobre la mayoría de los victimarios.
Desde noviembre de 2016, mes de la firma definitiva del acuerdo de paz, han sido asesinados al menos 76 excombatientes de las Farc en 18 departamentos del país, hasta junio de 2018. Así lo han documentado periodistas de Rutas del Conflicto y de Colombia 2020, quienes mapearon los homicidios cruzando información proveniente del Estado, del partido político Farc, de organizaciones no gubernamentales y de las frecuentes noticias sobre exguerrilleros asesinados que hoy tienen alarmadas a las autoridades y a la misma ONU.
Voceros de la Farc han denunciado pública y reiteradamente esta serie de asesinatos, una preocupación que comparte el Cuerpo Élite de la Policía, encargado de prevenirlos e investigarlos. A junio de 2018, la cuenta oficial iba en 68 personas que dejaron las filas guerrilleras y que luego perdieron la vida, en la gran mayoría de los casos, a manos de sicarios. El equipo periodístico no logró obtener acceso a la base de datos de excombatientes asesinados que maneja la Farc, para contrastar la información.
Además de develar más casos de asesinatos de excombatientes, esta investigación periodística arrojó luces sobre características antes no conocidas en la opinión pública, como la pertenencia de las víctimas a Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y la actuación de grupos armados organizados, bandas criminales y disidencias en los crímenes. Llama especialmente la atención, por ejemplo, que uno de cada cinco excombatientes asesinados salió de la cárcel gracias al acuerdo de paz.
El levantamiento de datos también funcionó para desmentir uno de los imaginarios más comunes que vinculan esta violencia con supuestos comportamientos delictivos de los reincorporados. Tras el proceso de documentación y análisis, La Paz en el Terreno encontró evidencia de lo contrario. La mayoría de los excombatientes de quienes se pudo recopilar información se encontraban participando de forma regular en su proceso de reincorporación económica, política y jurídica.
En 33 de los 76 registros documentados en la base de datos se encontró información contradictoria en cuanto a las fechas y, en seis casos, en cuanto a los lugares de los homicidios reportados por las diferentes fuentes. En los registros del mapa se indican las diferentes versiones de la información. Además, en 17 casos no se identificaron detalles sobre las circunstancias de los crímenes, como el desenlace de los eventos, debido a escasez de noticias y de información oficial al respecto.
Este mapa interactivo, donde se aloja toda la información, permite conocer información relacionada de los casos, como los hechos conocidos, el estado de la investigación y si se tiene conocimiento de la pertenencia de los excombatientes a algún espacio territorial de reincorporación, entre otros detalles.
Violencia tras el agrupamiento
De los excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo de paz, el 20% (al menos 13) estaban registrados en zonas veredales o espacios territoriales en el momento de su muerte, aseguró ‘Pastor Alape’, representante de la Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación, en entrevista con La Paz en el Terreno. Es decir, adelantaban un proceso colectivo de reincorporación productiva en los lugares de agrupamiento oficialmente destinados a la reincorporación de las Farc, llamados zonas veredales hasta el mes de agosto de 2017, cuando ocurrió la entrega de las armas. Los demás excombatientes emprendieron procesos productivos individuales, en otros lugares.
La base de datos arrojó que hubo 21 excombatientes asesinados pertenecientes a estos lugares de agrupamiento. Siete de ellos murieron cuando estaban inscritos en espacios del departamento de Nariño, cinco en el Cauca, cuatro en Antioquia, dos en Bolívar y los otros tres en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Arauca.
Sobre los autores intelectuales poco se sabe, pero la modalidad es reiterativa. Según el Cuerpo Élite de la Policía, 65 excombatientes han sido asesinados mediante sicariato. Normalmente, los exintegrantes se encontraban en sus hogares, en sitios públicos o en carreteras, cuando fueron abordados por hombres desconocidos que les dispararon directamente.
Durante el 2018, el Cuerpo Élite de la Policía, bajo la coordinación del coronel William Oswaldo Rincón Zambrano, ha focalizado los 18 departamentos que considera más afectado por la violencia contra excombatientes de las Farc, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. En esas zonas, se “visualiza el crecimiento de pugnas territoriales entre organizaciones criminales que desean ocupar estas zonas con fines de establecer sus rentas ilegales y narcotráfico”, aseguró esta institución policial. En dichos departamentos, especialmente en Norte de Santander, Arauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Nariño y Cauca, el Cuerpo Élite informó haber reforzado la seguridad.
¿Quiénes pueden estar detrás de estas muertes?
En la base de datos periodística se registran 29 casos en los que se identifica al presunto responsable, según las distintas fuentes. Están involucrados grupos armados organizados (incluyendo el ELN y el Clan del Golfo), bandas criminales, disidencias y personas con nombre y apellido que, aunque hayan sido identificadas por sus denunciantes, no hay información sobre los móviles de los crímenes.
Como culpables, ‘Pastor Alape’ señaló a miembros de bandas criminales que aunque se identifican con el Clan del Golfo, autodenominadas como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, responden a dinámicas territoriales, y al ELN, en los departamento de Cauca, Nariño y en el sur de Bolívar.
Los departamentos con mayor índice de asesinatos son Nariño (20), Antioquia (13) y Cauca (10). El conflicto en Nariño se ha complejizado, según el informe de la ONG Indepaz “Todos los nombres, todos los rostros”, por una expansión del ELN que ha generado múltiples enfrentamientos con la fuerza pública y “otros grupos armados”.
Las zonas afectadas por la expansión del ELN son el Pacífico nariñense y el centro de ese mismo departamento. Precisamente, municipios como Magüi Payán (2 excombatientes asesinados) y Santacruz (2) tienen registros de asesinatos múltiples perpetrados por el ELN. Sin embargo, en municipios como Barbacoas (1) y Tumaco (8) se desconoce a los perpetradores. El partido Farc acusó a un grupo ilegal de la zona bajo las órdenes de un disidente llamado Edier Cuero Obando, alias 'La Vaca', como responsable de una masacre en el municipio de El Charco, donde fueron asesinados seis de ellos.
En los municipios antioqueños de Ituango (3), Peque (2), Carepa (1) y El Bagre (1) se registraron asesinatos de excombatientes bajo el fuego del Clan del Golfo. También en Ituango (4), y en Cáceres (1) y Remedios (1) hay otros casos en los que se desconoce a los responsables. Según Omar Restrepo, representante a la Cámara de la Farc por Antioquia, en el departamento hay presencia de grupos paramilitares y de bandas criminales, que al tener capacidad de control territorial, generan preocupación en cuanto a las garantías de seguridad para los reincorporados.
Hallazgos en cifras
Esta violencia se ha disparado, particularmente, en los municipios de Ituango, Antioquia, y de Tumaco, Nariño, donde se identifican 13 casos. ‘Pastor Alape’ comentó que el Consejo de Paz de Ituango declaró, en un comunicado, el cese de actividades debido a la falta de garantías de seguridad y la presión de estructuras criminales, entre otras razones. Los Consejos Municipales de Paz son órganos de participación ciudadana que buscan acompañar la construcción de paz territorial.
Otro lugar crítico es el norte del Cauca, donde se registra la mayoría de los 10 asesinatos perpetrados en el departamento, una zona de confluencia de varios actores armados. corredores como el de El Naya hacia el Pacífico caucano. En solo dos casos ha habido capturas, de acuerdo con registros de prensa.
Bandas criminales y disidentes
Uno de los patrones encontrados en el análisis de diferentes asesinatos de excombatientes ha sido la acción de grupos armados organizados y de bandas criminales alimentadas por disidentes de las Farc en la perpetración de los crímenes.
En el municipio de Ituango, Antioquia, la Policía capturó a Pedro Luis Romaña Rojas, alias 'El Negro', señalado de ser el jefe de sicarios del Clan del Golfo, investigado por los asesinatos de dos excombatientes, perpetrados en diferentes fechas: Daladier Ortiz Velasquez, el 11 de noviembre de 2017, y Jhon Jairo Ortiz Betancur, el 13 de diciembre de 2017.
En Nariño, líderes de la Farc y de la para ese entonces zona veredal Aldemar Galán denunciaron, en varias ocasiones, la responsabilidad del excombatiente Robinson Alirio Cuero Obando, alias 'Álvaro Galán', por las muertes de seis exmiembros del Frente 29 de la exguerrilla en el municipio de El Charco, el 15 de octubre de 2017, y de uno en Barbacoas exactamente tres meses antes, el 15 de julio de 2017.
Según un comunicado de la Farc, Robinson Cuero era un integrante de la banda criminal que estuvo bajo el mando de su hermano, Edier Cuero Obando, alias 'La Vaca', también exintegrante del Frente 29 de la exguerrilla. Según la zona veredal Aldemar Galán, en la banda participan disidentes que desertaron de la zona y que delinquen en el río Patía y en su desembocadura, en los ríos Tapaje y Telembí y en sus zonas aledañas.
Poco más de un mes después de las muertes de los excombatientes en El Charco, el sospechoso de los crímenes Robinson Cuero también fue asesinado junto a otro de sus hermanos, Ernesto Samuel Cuero, y un grupo de habitantes de la zona, el 27 de noviembre de 2017, en la vereda de Pueblo Nuevo (Nariño), en cercanías al río Patía. Aunque la responsabilidad se la atribuyó el ELN, existen diferentes versiones del suceso, porque no existe certeza sobre un presunto enfrentamiento entre los hermanos Cuero y el grupo guerrillero.
El caso de los hermanos Cuero es particular, porque hay disponible información detallada tanto sobre las circunstancias como sobre los perpetradores del crimen. En contraste, la mayoría de casos adolecen de esta información, un reto de enormes dimensiones para las autoridades competentes.
Además de la población excombatiente, sus familiares también han sido víctimas de esta última ola de violencia. Al menos 20 de ellos han sido asesinados tras la firma del acuerdo de paz.
Por lo pronto, el Cuerpo Élite y la Fiscalía dicen que un total de 27 casos tienen avances significativos en la investigación de los autores materiales, pero solamente dos están en etapa de juicio. Seguirán prendidas las alarmas porque la cifra de asesinados continúe aumentando, pues las venganzas entre los enemigos que dejó una guerra de cinco décadas, acechan a esas regiones que siguen esperando una política de reincorporación más audaz y efectiva.
Para conocer sobre este y los demás casos documentados, puede navegar el mapa interactivo.
Publicado el 12 de agosto de 2018.
