¿Quién amenaza a los reclamantes de la hacienda La Europa, en Sucre?

Después de siete años de recibir amenazas, ser desplazado de su tierra, sufrir un atentado en contra de su vida, ser exiliado, una serie de irregularidades en el proceso que juzgó a su atacante, en el que incluso la sentencia que lo condenó no aparece, el artista Andrés Narváez, uno de los líderes reclamantes de la hacienda La Europa en Ovejas, Sucre, no conoce el nombre ni el rostro de quienes durante tantos años han intentado silenciar su canto. 

Llegan las 5 de la tarde y el escolta que la Unidad de Protección le asignó a Andrés Narváez, líder social reclamante de unos predios en Sucre, termina su jornada y se va con los suyos. Narváez queda solo en su hogar, una humilde casa ubicada a orillas de la carretera, hasta las 7 de la mañana del siguiente día cuando su custodia regresa para cumplir con su jornada laboral. Esta rutina se ha repetido desde 2016, después de que el líder volviera de un corto exilio en España a donde tuvo que refugiarse, luego de sufrir un atentado que por poco le cuesta la vida. 

Las amenazas en contra de Narváez y otros de los líderes de La Europa, nombre de la finca en donde están los terrenos que reclaman, empezaron en 2009, un año después de que llegara un empresario paisa o “cachaco”- como ellos le llaman- a comprar varias de las parcelas de la propiedad. “Al principio, el trato entre nosotros era cordial y podíamos dialogar. Pero cuando empezamos a ver que, por ejemplo, compraban tierras por tres millones de pesos y se las legalizaban de manera irregular, entonces decidimos asesorarnos de organizaciones sociales. En ese momento empezaron las amenazas en contra de quienes estábamos liderando esas preocupaciones”, cuenta Narváez. 

El punto más álgido de las intimidaciones en contra de este líder fue el 12 de junio de 2014, después de una fuerte discusión con el cuidador de las parcelas del empresario. Ese día Héctor San Martín Rivera, el capataz, disparó cuatro tiros contra Andrés: dos le dieron en el pecho, uno le dio en la mano izquierda y otro en la mano derecha. “Antes del atentado el dueño ya discutía con nosotros y había amenazas. Permanecíamos vigilados por hombres a caballo y nos intimidaban a quienes quedábamos en el territorio; incluso llegaron a quemarnos cultivos”, dice Narváez. 

A raíz del atentado, España le dio refugio al líder por unos meses. A su regreso, en 2016, la Unidad de Protección dispuso para Andrés una camioneta con dos escoltas. Luego de un año, en 2017, y argumentando que el riesgo había disminuído, la UNP redujo su esquema a un hombre a pie, un chaleco antibalas y un celular. Sin embargo, las amenazas en contra de Narváez y de sus compañeros persisten e incluso ahora alcanzan a su escolta, quien también quedó advertido en el más reciente ultimátum que llegó, a través de un mensaje de texto, el 11 de noviembre de 2019.

 

El pasado 9 de enero, La Paz en el Terreno envió un derecho de petición a la Unidad de Protección preguntando bajo qué razón se cambió el esquema de Narváez y cómo actuaría la entidad tras la más reciente amenaza contra él y su escolta. La UNP respondió que anualmente evalúa las condiciones de seguridad y hace modificaciones al esquema de protección.

Las intimidaciones en contra de Narváez y de los otros líderes tienen un mensaje en común: que salgan del territorio y dejen de ejercer sus actividades de reclamantes en La Europa. “Yo nunca he dejado de sentirme amenazado. Dejándolo a uno a pie, con un solo hombre y sin la posibilidad de movilizarse, es una manera de detener la labor social que hacemos”, asegura Narváez. 

La situación de seguridad es crítica también para Argemiro Lara y Gilberto Pérez, otros de los representantes de los campesinos reclamantes de La Europa. En 2016, el escolta de Lara mató a un hombre que pretendía atacar a este líder en Sincelejo. Aunque las investigaciones determinaron que se trataba de un atraco, la comunidad de La Europa insiste en el ataque pudo estar relacionado con las amenazas. Antes de estos hechos de violencia, varios de los líderes contaban con un esquema de protección colectivo: una camioneta y un par de hombres. Pero, al aumentar el riesgo, la Unidad de Protección asignó un esquema diferente para los amenazados. 

“Yo tengo protección, un carro blindado y dos escoltas, pero tenemos muchas dificultades con la UNP. Por ejemplo, la camioneta que me asignaron está en mal estado; una vez se quedó sin frenos y en este momento lleva meses en el taller”, cuenta Lara. 

En el caso de Andrés Narváez, aunque su atacante Héctor San Martín Rivera fue detenido, en una de las instancias judiciales un juez le dio libertad por vencimiento de términos. Según la ley penal colombiana, a pesar de que el señalado esté en libertad, el proceso debe seguir su curso hasta que un juez profiera una sentencia y defina la situación jurídica. Así fue en este caso. A San Martín lo condenaron a 25 años de prisión, pero para ese punto el capataz ya estaba prófugo. 

La Paz en el Terreno intentó acceder a la sentencia condenatoria que se profirió en contra del capataz por el atentado en contra de Narváez, pero no fue posible. Después de preguntar al Juzgado de Corozal por la diligencia, este informó que fue enviado al Tribunal de Sincelejo porque estaba en apelación por parte de San Martín. El Tribunal, por su parte, contestó que únicamente tiene los recibos de reenvío al Juzgado. La sentencia no aparece. Andrés Narváez nunca tuvo acceso a ella. “La sentencia fue oral. Nosotros estuvimos en la audiencia, pero no se solicitó el fallo”, respondió Jeison Pava, abogado del líder. 

Lo que más preocupa a los líderes de La Europa es que después de siete años de amenazas, intentos de homicidio, atentados, exilio, desplazamientos, las autoridades no han podido establecer de dónde vienen las intimidaciones ni quiénes están atacando a los líderes sociales de Sucre, a pesar de las reiteradas denuncias. “Yo le he preguntado al CTI qué tan veraces son esas amenazas, porque vivir con esta incertidumbre nos limita las actividades. Particularmente, yo tengo una familia, soy padre de seis hijos, tengo nietas y yo no quisiera que estén viviendo esta situación. Ya no es por miedo, sino por evitarles los daños psicológicos que les produce todo esto”, cuenta Lara. 

Las investigaciones no llegan a ningún lado y los procesos que están en manos de la Fiscalía, como en los casos de los atentados, no avanzan. “Todos los años recibimos amenazas y sospechamos que vienen por parte de la empresa, porque no podemos decir que tenemos otro enemigo. A mí no me han amenazado porque sea de la Unión Patriótica o porque sea del Movice, me han amenazado por la tierra y a todos los compañeros ha sido por eso”, asegura Lara.

El saliente director de la UNP, Pablo Elías González, ha explicado que la nación gasta cerca de $1 billón de pesos en los más de 8.250 esquemas de seguridad que están asignados en la actualidad. Varias ONG que investigan el tema de violencia de líderes sociales han señalado que, a pesar de que se inviertan recursos en seguridad, la violencia no va a parar si no se determina quiénes son los autores intelectuales de estos crímenes. 

Del intento de homicidio que sufrió en 2016, a Narváez le quedaron serias limitaciones en el movimiento de sus manos. Foto. Jessica Santisteban.

Del intento de homicidio que sufrió en 2016, a Narváez le quedaron serias limitaciones en el movimiento de sus manos. Foto. Jessica Santisteban.

La Europa

La Europa está ubicada en el municipio de Ovejas, en Sucre, y fue una de las haciendas que el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo compró en 1969 para entregar a familias de campesinos, en este caso a 114, quienes agrupados en una sociedad conjunta terminaron siendo los dueños de las 1321 hectáreas del terreno. 

Al tratarse de una sociedad común, las 114 familias tenían algo así como “acciones” iguales sobre la finca, pero ninguna podía ser dueña de algún pedazo de tierra. En la práctica, cada núcleo familiar dividió el terreno en parcelas y cada quien construyó lo suyo. Desde 1994, el conflicto armado recrudecido y la presencia de las guerrillas de las Farc, Eln, así como de paramilitares, obligó a que muchos salieran de La Europa, algunos desplazados, y dejaran allí su pedazo de tierra. Entonces, en 2008 llegó un empresario a comprar los terrenos de quienes tuvieron que dejar la finca. 

Por el momento, según cuenta Argemiro Lara, el empresario ocupa unas 50 hectáreas que están en el centro de la finca. La acción conjunta de los campesinos logró que no siguieran avanzando con la ocupación de más parcelas, por lo menos, hasta que hubiera claridad de la compra de esas tierras. Gran parte del resto del predio permanece sin ocupación a la espera del fallo del Tribunal de Tierras de Cartagena, que tiene el caso.

¿Quiénes compraron La Europa?

Han pasado siete años intentando conocer quiénes compraron la finca La Europa. No hay mayores avances. En Medellín nadie conoce la marca Arepas Don Juancho y la dirección que aparece en los registros es en un predio abandonado en Guarne. Además, la sede de la empresa remite a un apartamento en el Poblado de Medellín.

Se sabe que el 2008 llegó un antioqueño a los Montes de María en busca de predios para cultivar maíz para la comercializadora y productora Arepas Don Juancho. Todo lo que rodea a la empresa es un misterio. Ni siquiera los campesinos tenían claro quién era el representante legal. Para algunos era Juan Gabriel Vélez Jaramillo, pero para otros era Gabriel Jaime Vélez. VerdadAbierta.com, en 2014, encontró compraventas firmadas con el primer nombre, y documentos firmados por el segundo como abogado de Juan Guillermo Vélez Jaramillo.

En 2011 varios medios de comunicación reseñaron que la Fiscalía había anunciado la investigación preliminar a empresarios por la presunta compra irregular de tierras en los Montes de María. En las noticias aparecía el nombre de Vélez Jaramillo, junto al de Héctor San Martín, condenado por el atentado a Narváez, como los representantes de Arepas don Juancho que compraban las tierras de La Europa.

Arepas Don Juancho no aparece en el Registro Único Empresarial ni en ninguna Cámara de Comercio del país. Sin embargo, sí es una marca que perteneció a la compañía Pajumar S.A.S. que tuvo su sede en Guarne, Antioquia.

Según el registro mercantil, la gerente de la empresa fue Patricia Eugenia Rivera Lizcano, esposa de Juan Guillermo Vélez Jaramillo, como lo muestran el Contrato de Sociedad de Pajumar, al afirmar que Juliana Vélez Rivera, de nacionalidad norteamericana, tiene 24,9% de la compañía y por ser menor de edad debe ser representada por sus padres: Juan Guillermo  y Patricia Eugenia. 

Pajumar S.A se registró ante la Cámara de Comercio de Medellín el 26 de febrero de 2008. Contando con cinco socios y designando como revisor fiscal a William Darío Marín Suaza, contratista de Fogansa, antes Fondo Ganadero. El 17 de julio de ese mismo año, se realizó una asamblea extraordinaria de accionistas en la que se definió que Vélez Jaramillo entraría a ser un socio de la compañía aportando  tres establecimientos de comercio: el restaurante Lebblon, la charcutería El Sótano y un negocio de comercio llamado Mary July, todos en Medellín. Este último, como lo muestra la última actualización ante la Cámara de Comercio fue la sede de Pajumar. En la misma época en que Vélez Jaramillo estaba comprando los predios en La Europa.

En 2009, se realizaron varios cambios en la junta directiva que dieron como resultado que Pajumar cambiara de Pajumar S.A a Pajumar S.A.S. Logrando que la empresa estuviera en manos únicamente de la familia Vélez Jaramillo y registrando un negocio de comidas rápidas en Bello, Antioquía, llamado Nikas Market. En 2011, Pajumar entró en un proceso de liquidación 

Encontrar a los Vélez Jaramillo no ha sido fácil. La persona con mayor notoriedad pública es la hija, Juliana Vélez Rivera,  que en 2009 se lanzó como modelo en Estados Unidos y años más tarde se le relacionó sentimentalemente con un futbolista de la Selección Colombia. Sin embargo, desde hace dos años no aparece en el foco de la opinión pública. Al revisar a la familia Vélez Jaramillo se encontró que tienen varias deudas relacionadas con infracciones de transito, multas de impuesto predial y estuvieron en el Boletín de Deudores Morosos de la Alcaldía de Guarné y la Secretaría de Hacienda Municipal. 

Al revisar la compañía en la Cámara de Comercio aparece un número telefónico de Medellín y no de Guarne donde supuestamente funcionaba Arepas Don Juancho. Dicho número pertenece a la empresa de asesoría contable Actas y Proyecciones, que también estaba en el registro mercantil de AgroPecuarias Montes de María, otra compañía señalada de adquirir predios en Ovejas por el exsenador Otto Bula, condenado por corrupción de Odrebecht y acusado por varios exparamilitares de ser el testaferro del condenado por parapolítica, Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe.

La Paz en el Terreno llamó a los nuevos números que aparecen en el registro de Cámara de Comercio de Arepas Don Juancho y Pajumar. Igualmente se enviaron correos y mensajes de texto a la empresa, al revisor fiscal, a Patricia Eugenia Rivera Lizcano y a Juliana Vélez Rivera sin obtener ninguna respuesta. Se intentó contactar sin éxito a José Alfredo Vélez Jaramillo, que aparece como gerente de Lebblon, local que Juan Guillermo Vélez Jaramillo le entregó a Pajumar para entrar como accionista.  

Andrés Narváez y los demás líderes reclamantes de la Europa  esperan que la Fiscalía les responda quiénes están detrás de las amenazas y la respuesta de la  Unidad de Tierras sobre la reclamación del predio. Mientras tanto, quiénes están detrás de Arepas Don Juancho y su presunta relación con las amenazas que han recibido los líderes sigue siendo un misterio.

 

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