El panorama es devastador. Líderes, organizaciones sociales e instituciones del Estado denuncian sistematicidad en las agresiones tras la firma del acuerdo de paz. Conozca cuáles son sus dimensiones y quiénes pueden estar detrás de esta persecusión. Ante nuevos brotes de violencia luego de la elección presidencial, las ya inoperantes medidas de protección oficiales necesitan con urgencia un vuelco que realmente garantice la vida de quienes la defienden.
Esta investigación fue posible gracias al apoyo de la FES en Colombia
Tras pedalear tres horas desde la finca bananera en la que trabaja, uno de los tantos líderes que reclaman la devolución de sus tierras robadas por los violentos del conflicto en Colombia llegó a su casa, en la que hacía pocas horas habían estado dos hombres en una moto preguntando por él. “Te buscaban para matarte”, le dijeron sus familiares angustiados el 6 de septiembre de este año.
Este líder de tierras del Magdalena, quien prefiere no revelar su nombre públicamente para no exponer a su familia, espera impaciente a que le llamen a una audiencia para enfrentarse a la empresa que hoy explota plátano en su finca, la misma en la que un grupo paramilitar asesinó a cuatro de sus compañeros hace 18 años. “Yo no puedo dar lora por ahí en la tarde, sino andar como escondido”, asegura el líder, quien a raíz de la amenaza tiene asignado un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante el día. Llegada la tarde, el escolta se va para Santa Marta a pasar la noche. “Le estamos buscando una casa para que se venga”, dice el líder con preocupación, pues, aún así, tendría que seguir yéndose solo en bicicleta hasta el trabajo, ya que el guardaespalda no tiene un medio de transporte.
Los elementos de esta escena se han vuelto repetitivos en diferentes territorios del país: amenazas directas e indirectas contra líderes y víctimas reclamantes de sus tierras despojadas y defensores de territorios étnicos; actores con poder económico, político o militar interesados en los predios despojados y medidas de protección a medias, en los casos de llegar a existir, que no garantizan la vida de una persona en riesgo de muerte. El panorama, sin embargo, es más preocupante de lo que se ha pensado.
“Me pueden matar en cualquier momento”, afirma Andrés Narváez, otro líder de tierras en Ovejas, Sucre, que fue nuevamente amenazado el 17 de agosto, cuatro años después de haber recibido cuatro impactos de bala antes de disponerse a ver la inauguración del Mundial de Brasil. “Te salvaste la primera vez, pero esta vez no vivirás”, dice la amenaza que llegó a su celular. Narváez se ha consagrado en la defensa de la hacienda La Europa, ocupada parcialmente por un empresario que llegó misteriosamente a la región comprando predios muy por debajo del valor comercial de la tierra, tras la violencia paramilitar. La misma violencia que terminó con la vida de 15 campesinos de esta comunidad.
Imágenes tomadas del teléfono celular del líder social Andrés Narváez.
El 10 de julio, la UNP retiró el carro blindado que hacía parte del esquema de seguridad de don Andrés, de 60 años, quien pasó seis meses en el exilio tras el atentado. Hoy debe trasladarse a pie con su guardaespaldas, bajo el inclemente sol de los Montes de María. Su agresor, que trabajaba para la empresa como el capataz de la hacienda, fue identificado, capturado y después de haber sido liberado por vencimiento de términos, fue condenado a 25 años de cárcel. Su paradero es desconocido.
Jairo Navarro, otro líder de tierras amenazado recientemente, en Achí, Bolívar, no cuenta siquiera con algún tipo de atención estatal. “Lo más preocupante para mí es mi protección. Me hicieron la entrevista el 14 de septiembre en la UNP y no me han dado respuesta, me dijeron que me la daban en una semana y he llamado y que no han pasado el oficio a la central”, cuenta Jairo, intranquilo y lejos de su esposa y sus dos hijos, de 18 años y un año y dos meses de edad. Ante amenazas directas de muerte del Clan del Golfo, Navarro tuvo que abandonar su pueblo y refugiarse con un familiar. Aún así, ha seguido recibiendo amenazas.
Los tres líderes de Sucre, Magdalena y Bolívar fueron amenazados luego de la segunda vuelta presidencial. Durante la coyuntura electoral, muchos líderes de tierras asumieron una posición política que perdió en las elecciones, quedando expuestos ante situaciones de riesgo. Para Paula Villa, investigadora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que sigue de cerca esta preocupante situación y defiende reclamantes de tierras en procesos judiciales, “las elecciones marcan un periodo de señalamiento directo de muchos reclamantes, quienes han tenido que esconderse o desplazarse”.
“En Zona Bananera (Magdalena) estábamos en un momento tranquilo, no se escuchaban cosas de violencia, pero últimamente ha habido casos que preocupan a uno: asesinatos, la amenaza contra compañeros líderes de tierras y un secuestro de una muchacha que no se sabe dónde está”, asegura Calixto Miranda de la Hoz, líder del proceso de restitución de la hacienda Las Franciscas.
Así como don Calixto, los demás líderes son testigos de nuevos brotes de violencia en sus municipios, históricamente golpeados por el conflicto armado. “Está difícil, porque recientemente ha habido muertos del Clan del Golfo, entre ellos y contra la fuerza pública. Han desplazado a varias personas. Ese proceso de sustitución está totalmente paralizado porque ellos prohibieron la entrada de la ONU y de la exguerrilla de las Farc, y del programa PNUD. Y le prohibieron a los dirigentes de la región hablar de la situación de cultivos de uso ilícito en la región”, asegura Jairo Navarro, quien también funge como líder de sustitución de cultivos de uso ilícito en Achí. Los intereses sobre la tierra también incluyen lugares estratégicos para las economías ilícitas, como la minería ilegal y los cultivos de coca y amapola.
Y así se ha venido engrosado la lista de líderes de tierras que en el legítimo reclamo de sus derechos han sido agredidos tras la firma del acuerdo de paz. Esta no es una violencia nueva, pero las amenazas y homicidios sí han aumentado tras el acuerdo y se han hecho más selectivos contra los líderes más visibles, buscando profundizar las fracturas que puedan lograr en los procesos organizativos que representan.
Dimensiones de la violencia desbordada contra los defensores de la tierra
Órganos del Estado y organizaciones no gubernamentales están de acuerdo en señalar que la violencia contra los defensores del territorio en Colombia no solo es sistemática o generalizada, sino que también está en aumento y responde a lógicas atadas al uso de la tierra. Las documentaciones de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la CCJ y el Programa Somos Defensores permiten advertirlo.
En el informe “Violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales en Colombia”, publicado en abril de 2018, la Procuraduría señala que los homicidios contra personas involucradas en procesos de restitución de tierras se han triplicado entre el 2015 y el 2017 y han aumentado gradualmente, en particular desde el 2016, año de la firma del acuerdo de paz. Desde que entró en “vigencia la Ley 1448 de 2011 —o Ley de Víctimas— (...) resultaron 45 homicidios reportados, de los cuales un 73 % eran de defensores del territorio campesinos y un 27 % correspondían a comunidades étnicas”, concluye el informe. Eso, sin contar a quienes han sido silenciados tras su publicación, como a Ancizar Cifuentes Vargas, líder de tierras en Chaparral, Tolima, asesinado en julio por cuatro presuntos integrantes de una banda delincuencial.
La CCJ ha registrado 19 homicidios de personas involucradas en reclamaciones de tierras entre la firma final del acuerdo (24 de noviembre de 2016) y julio de 2018, pero aseguran que el número de reclamantes asesinados puede ser mayor. Así lo publicará pronto en un informe sobre el tema, que también evidenciará el incremento de los homicidios en el tiempo: dos casos en 2016, nueve en 2017 y ocho en el primer semestre de 2018. “Estas acciones implican un seguimiento, planeado por estructuras armadas. Un ejercicio sistemático contra los reclamantes, un crimen de lesa humanidad”, asegura Camilo Bonilla, coordinador de investigación de la CCJ.
De acuerdo con la documentación de la Defensoría del Pueblo, esta persecución estaría entonces dirigida a integrantes de organizaciones que denuncian la privatización, ocupación y el robo de bienes comunes y territorios étnicos, además del acaparamiento de tierras. “La Defensoría —a partir de un estudio sobre la violencia contra líderes sociales entre enero de 2016 y marzo de 2017— concluyó que los líderes asesinados pertenecían a organizaciones sociales, especialmente rurales campesinas y étnicas, que se oponen al modelo de desarrollo extractivista y a los daños ambientales causados a los ecosistemas como consecuencia de la expansión de la minería y la agroindustria”, consigna el informe de la Procuraduría.
El análisis del Programa Somos Defensores, una ONG que ha documentado las agresiones contra líderes sociales y defensores de DDHH en Colombia desde 2010, también aporta a la compresión de estas violencias, comunes tanto a los líderes de tierras como a defensores que luchan por la reivindicación de otros derechos, como los líderes comunales, comunitarios, ambientales, étnicos, entre otros. Según su último informe “Más Allá de las Cifras - Segunda Parte”, cada dos días, un líder social es amenazado, desplazado o asesinado. En el primer semestre de este año contabilizaron casi 400 agresiones que pusieron las vidas de los líderes sociales en riesgo, constatando aumentos porcentuales considerables frente al primer semestre del 2017, especialmente, en asesinatos (34%) y en amenazas (18%). Entre enero y junio de 2018, 272 líderes habrían sido amenazados y 77, asesinados. Somos Defensores, sin embargo, no tiene información consolidada, específicamente, sobre líderes de tierras.
Sumando los estudios de la Procuraduría y de la CCJ es posible identificar algunos departamentos que deberían estar en el radar por ser escenarios sensibles de violencia contra líderes de tierras: Chocó, Antioquia, Córdoba, Nariño, Sucre, Cesar, Bolívar, Cauca y Magdalena, principalmente. Lugares con sendos conflictos por la tierra, ya sea por su apropiación para grandes proyectos agroindustriales y de ganadería extensiva, por su geografía estratégica para el narcotráfico, la minería y proyectos de infraestructura y por la presión privada que existe sobre territorios étnicos.
Las cifras de victimización contra los representantes de las luchas por la defensa de los derechos, especialmente la tierra y el territorio, prenden todas las alarmas. El reciclaje territorial de la violencia pone en riesgo a quienes participan en procesos de restitución o de defensa comunitaria del territorio, que todavía en medio del conflicto, son constantemente y con mayor frecuencia perseguidos, agredidos y asesinados.
¿Quiénes pueden estar detrás de esta violencia desmedida?
De los autores materiales hay pistas sugerentes, más no de los intelectuales. Sin embargo, hay patrones durante los procesos de restitución que ameritan especial atención.
Por 15 años, Roberto Emiro Jaraba Arroyo fue sindicalista de la empresa niquelera Cerro Matoso, en Caucasia, Antioquia, y durante el 2018 lideró el proceso de restitución de la finca de su padre, usada otrora por paramilitares como base de entrenamiento. El 17 de julio, cuando conversaba con unos amigos, dos hombres lo asesinaron a bala. 15 días después capturaron a un sicario de una banda criminal derivada del Clan del Golfo. De los jefes del grupo armado que determinaron el crimen y sus financiadores, nada se sabe.
Las mentes tras la gran mayoría de los homicidios son un misterio. La historia de Jaraba Arroyo hace recordar los casos de otros defensores de tierras, como el del férreo Temístocles Machado, uno de los grandes líderes de Buenaventura, asesinado por miembros de una banda delincuencial el 27 de enero de 2018. A pesar de que los presuntos gatilleros fueron capturados, su silencio protege la identidad de sus cómplices.
La CCJ identificó un patrón de victimización: grupos “paramilitares” están detrás de diez de los 19 homicidios de personas involucradas en los procesos de restitución de tierras que han documentado. En primer lugar están las autoproclamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como el Clan del Golfo, con cuatro atribuciones en Antioquia, Chocó y Sucre. En la lista de responsables les siguen “autores sin identificar” y “civiles armados”.
Del total de amenazas que registró el Programa Somos Defensores durante el primer semestre del 2018, encontraron que los Gaitanistas emitieron el mayor número: 94 de 272 casos, casi el 35% del total de amenazas.
Es difícil calcular los alcances del poderío del Clan del Golfo, pero ya se han vislumbrado algunos hitos derivados de su fuerte injerencia territorial, como, por ejemplo, el paro armado que suscitó en varios departamentos en 2012, la guerra frontal que le declaró a la Policía en varias zonas de la Costa Caribe y, ahora, su protagonismo en las amenazas y los homicidios contra los líderes sociales, incluyendo los reclamantes de tierras. Cabe recordar el 11 de abril, durante el año en curso, cuando presuntamente volaron con explosivos una camioneta de la Policía que escoltaba a una comisión de la Unidad de Restitución de Tierras, enviada al Urabá antioqueño para hacer unas diligencias. Murieron ocho miembros de la fuerza pública.
De todos modos, la Justicia tiene la responsabilidad imperiosa de determinar estas macabras alianzas de muerte entre los restos de ese viejo paramilitarismo despojador, que puede estar más vivo de lo que podría imaginarse, y los terceros interesados en que los predios permanezcan despojados a como dé lugar. Alianzas que también han cobrado fuerza en lugares que se han convertido en escenarios de disputa entre diferentes grupos armados ilegales por el control territorial dejado por las Farc, según la documentación de la Procuraduría en su informe de violencia sistemática contra defensores del territorio. Grupos armados que van desde guerrillas como el Eln y disidencias de las Farc, hasta “grupos armados posdesmovilización y grupos de seguridad privada de carácter ilegal”.
Uno de los patrones en los que coinciden la CCJ y la Procuraduría es la relación entre el momento de las agresiones y el progreso de los procesos que lideran estas personas. Paula Villa, investigadora del CCJ, señala que el riesgo de victimización puede aumentar, particularmente, en tres momentos del proceso de restitución: 1) antes de radicada la solicitud, 2) antes de que se produzca la resolución y 3) posterior a la sentencia y entrega material del predio restituido. Según el informe de la Procuraduría, los homicidios se han presentado cuando los procesos están relacionados con “la propiedad, el uso o tenencia de la tierra en áreas rurales y en zonas estratégicas para el crecimiento urbano y el desarrollo de proyectos económicos de gran envergadura”.
Así como hay agresiones que se presentan en etapas judiciales, también hay otras que ocurren mientras los procesos están en instancias administrativas. “Cada vez que somos favorecidos por las autoridades, se nos aumentan los riesgos. A medida que la Agencia (Nacional de Tierras) avanza, que ya extinguió el dominio (de parte del predio solicitado que había sido obtenido con dinero del narcotráfico), es cuando más nos han venido atacando en temas de cercas, animales y presiones de la misma empresa, que también pretende tener el terreno”, asegura Misael Pallares, de 71 años, un líder de la restitución de la hacienda Las Pavas. Según documentó el portal TierraenDisputa.com, luego de varios años de pleito entre los campesinos y una empresa por la hacienda, ubicada en el municipio de El Peñón, en el sur de Bolívar, a finales de octubre de 2017 la Corte Constitucional le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras aclarar los documentos de propiedad de los predios, para entregárselas a los campesinos.
“Son amenazas a veces directas y por vía de terceros y de acciones para que sepamos a qué atenernos, tiene varias lecturas. Por ejemplo tomar decisiones de juzgamiento indebido sin argumentos y amedrentarnos con acciones del poderío económico y militar, uno no puede profundizar más en las denuncias porque se aumenta el riesgo”, afirma temeroso don Misael.
Evidentemente, los autores materiales no actúan solos. Según un grupo de investigadores de Oxford, Dejusticia y Pax Holanda que publicaron el informe “La Paz, responsabilidad de todos: La responsabilidad corporativa en la justicia transicional: lecciones para Colombia”, en el conflicto han estado involucrados diferentes actores con poder económico, que, “en menor o mayor grado, no solo se han beneficiado sino que han contribuido en la comisión de graves violaciones a los Derechos Humanos y en el fenómeno de la acumulación de tierras”.
El género y la etnicidad: agravantes de la violencia
Rosa Salas no teme que su nombre sea publicado. “Mi nombre está tan quemado en todas partes que yo ya perdí el miedo”, asegura esta lideresa de restitución de tierras en el municipio de Chibolo, Magdalena. Un día de dolor indescriptible, Rosa se vio obligada a abandonar su predio tras haber sido abusada sexualmente por paramilitares. Con los años salió adelante y se convirtió en una de las nueve lideresas y líderes de su comunidad que en febrero de este año consiguieron la sentencia de restitución de sus parcelas. Sin embargo, aún no las han podido recibido debido a un error en la sentencia que esperan se resuelva pronto.
En 2017, dos hombres en moto que se identificaron como miembros del Clan del Golfo la amenazaron de muerte y le ordenaron irse del pueblo en el que estaba asentada. “A usted se le advirtió muchas veces que deje de revolver a los reclamantes y usted sigue con lo mismo”, le dijeron a modo de advertencia dos días después del lanzamiento de una asociación de reclamantes del Magdalena en el que participó activamente. Un mes después, los hombres volvieron y le dieron cuatro horas para desplazarse. Duró un año con un esquema de seguridad de la UNP. Hoy en día, solo tiene un chaleco antibalas. “Para la UNP, el riesgo que uno arroja no es muy alto, entonces como líderes vemos que la vida de nosotros no le interesa a nadie”, dice indignada.
Desde 2011, año en el que radicaron la solicitud para la restitución de las tierras despojadas, Rosa, aparte de ser víctima de las amenazas recurrentes contra los líderes, también lo ha sido de otras agresiones que demuestran la vulnerabilidad particular de las mujeres reclamantes: amenazas contra sus hijas e hijos, además de incendios de sus propiedades, y contenidos sexuales en las amenazas, directas e indirectas, enviadas con el objetivo de hacerla desistir del proceso.
En el transcurso del 2018, al menos 15 mujeres víctimas de violencia sexual y reclamantes de tierras han sido objeto de amenazas telefónicas, llamadas extorsivas, mensajes enviados a través de terceros, sufragios dejados en sus viviendas, amenazas con armas de fuego e interceptaciones intimidantes. Así lo documentó la Asociación Colectivo Mujeres al Derecho, ASOCOLEMAD, una organización que acompaña y representa judicialmente a cerca de 35 organizaciones de mujeres campesinas de la región Caribe, que reclaman la restitución de sus tierras y la reparación de daños ocasionados por delitos de violencia sexual y desplazamiento y despojo forzados.
Para Lorena Morales Vidal, coordinadora del área legal de ASOCOLEMAD, el contenido sexual de las amenazas y agresiones es preocupante, pues se han presentado situaciones como tocamientos, amenazas de violación y referencias al cuerpo femenino. “Se han presentado también campañas difamatorias basadas en la moral sexual de las defensoras, o en cuestionarlas por no responder a los roles tradicionales asignados a las mujeres. Lo que permite afirmar que el componente de género en la violencia contra las defensoras se manifiesta no solo en que son agredidas por el trabajo que realizan en defensa de los Derechos Humanos, sino por hacerlo desde su condición de mujeres”, explica Morales Vidal.
Es preocupante además que la respuesta institucional ante las agresiones contra las mujeres defensores del derecho a la tierra carece de enfoque de género. “Cuando acude a las denuncias, la Fiscalía no tiene un sistema para documentar su contenido de género, lo que evita que se puedan establecer patrones de sistematicidad”, asegura Morales, quien también piensa que esta violencia de género afecta a las mujeres en sus relaciones familiares, comunitarias, laborales e institucionales; una violencia invisibilizada por su normalización en la sociedad. “La violencia de género en contra de las defensoras se naturaliza y se incorpora a la vida ordinaria”, afirma.
Desde julio de 2017, ASOCOLEMAD ha denunciado ingresos indebidos y daños a las viviendas y predios donde habitan las mujeres, robo de información relacionada con el ejercicio de su trabajo, ataques físicos en su contra y en contra de sus familiares, persecuciones e intentos de secuestro en diferentes lugares de la Costa Caribe.
En cuanto a la vulnerabilidad étnica, en su análisis sobre sistematicidad de agresiones contra defensores del territorio, la Procuraduría señala que aproximadamente la tercera parte de los 45 líderes asesinados desde 2011 eran miembros de comunidades étnicas. Más alarmante aún, que el 20% estaba cobijado por órdenes judiciales de protección colectiva y que de los líderes étnicos asesinados, el 75% tenía ordenado medidas de protección.
La Procuraduría, sin embargo, solo contabiliza que dos indígenas involucrados con procesos de restitución han sido asesinados, pero en la cosmovisión indígena el territorio va más allá de la tierra, pues no se trata de una simple titulación, sino también del lugar donde se desarrolla la vida en comunidad y la cultura, un lugar donde se protege a la Madre Tierra, para ellos también sujeto de derechos.
Según Aida Quilcue, consejera nasa de Derechos Humanos ante la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), al menos 58 líderes indígenas han sido asesinados tras la firma del acuerdo de paz, “porque son quienes ejercen la defensa del territorio y de su propio pueblo para convivir”. La Paz en el Terreno ha logrado documentar en profundidad las historias de 20 de ellos. No obstante, Quilcue ubica la victimización contra sus pueblos en el tiempo desde épocas milenarias.
Ramón Ascue, Héctor Janer Latín y Daniel Felipe Castro Basto tienen, principalmente, dos cosas en común: todos aparecen en las bases de datos del Programa Somos Defensores como líderes étnicos de Corinto, Cauca, asesinados tras la firma del acuerdo de paz y todos son descritos como “liberadores de la Madre Tierra” o “liberadores de tierra”, un concepto complejo que tiene que ver con la concepción indígena de defensa de la vida.
“Es un concepto complejo y discutible, porque para muchas organizaciones y personas no son vistos con buenos ojos, desde la perspectiva y dinámica institucional, que lo asocian más con ‘robos de tierras’ y ‘apropiaciones ilegales’. Sin embargo estos son mandatos de los pueblos indígenas. La liberación de la madre tierra lo vemos como un ejercicio colectivo, que está buscando un bien común indígena: el cuidado de la Madre Tierra y, por ello, (los líderes) muchas veces terminan asesinados o agredidos”, asegura Gustavo Ulcue, integrante nasa de Somos Defensores.
En los años setenta y ochenta era común ver en las noticias grupos de indígenas ocupando predios privados. Según Ulcue, esto se hacía en zonas de monocultivo para luchar por una tierra más digna. Aida Quilcue explica que los “liberadores de tierra” no se dedican exclusivamente a recuperar tierras de manos privadas, sino a cualquier acción que involucre cuidar la tierra y la vida: de la minería, la agroindustria y la explotación indebida de los recursos naturales, entre otras “amenazas contra la vida”.
La estrategia de protección necesita un urgente vuelco
Más allá de la protección, es imperioso evitar que terceros interesados en los predios reclamados continúen actuando con impunidad.
Porfirio Jaramillo Bogallo, quien lideraba la restitución de su finca en Turbo, Antioquia, fue secuestrado y asesinado el 28 de enero de 2017 por cuatro hombres que se hicieron pasar por funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Jaramillo había denunciado amenazas contra su vida en tres oportunidades y nunca recibió acompañamiento, le contó su hija a La Paz en el Terreno.
Un destino no muy diferente también aguardó a otros defensores de consejos comunitarios que, como Porfirio, pidieron medidas de seguridad. En ocasiones, alcanzaron a recibirlas y advertir sobre su ineficacia. Sean recordados los casos de José Jair Cortés, asesinado el 17 de octubre de 2017 en Nariño, y de Mario Castaño Bravo, muerto un mes después en Chocó, donde también acabaron con la vida de Luis Hernán Bedoya Úsuga el 28 de diciembre de ese mismo año.
De 128 líderes sociales asesinados tras la firma del acuerdo de paz, documentados a profundidad por La Paz en el Terreno, al menos siete denunciaron amenazas contra su vida y no recibieron protección y al menos nueve, que recibieron alguna medida de seguridad, fueron igualmente asesinados.
Antes de que dos hombres se acercaran al parqueadero de Temístocles Machado, en zona rural de Buenaventura, y le propinaran tres disparos, ‘Don Temi’, como era conocido, había iniciado los estudios de riesgo necesarios para acceder a medidas de protección. La Procuraduría documentó que su solicitud no fue tramitada por la UNP, que consistía en que las medidas, en vez de ser individuales, fueran colectivas para su barrio, Isla de la Paz.
¿Qué seguridad puede tener un líder amenazado si, por ejemplo, tiene que irse en bicicleta, solo, durante tres horas hasta su trabajo y, cuando llega a su casa, el escolta ya se fue a pernoctar en otro municipio? Ante nuevas amenazas, ¿qué puede garantizar la vida de Andrés Narváez, sobreviviente de cuatro tiros, cuando ahora, sin carro blindado, tiene que caminar junto a su guardaespaldas por todo el pueblo? ¿Qué puede asegurar la vida de Jairo Navarro, cuando no tiene apoyo de ningún tipo y continúa recibiendo amenazas?
Si bien existen protocolos de autoprotección que emplean varios líderes dentro de sus organizaciones, como canales de comunicación permanentes para advertir peligros, estos no alcanzan a mitigar la inminencia de los riesgos. De acuerdo con el análisis de varios centros de pensamiento, la tarea es del Estado, como garante de los derechos fundamentales como la vida, pero las medidas de protección, en el caso de existir, evidentemente no están cumpliendo con las expectativas. Por su ineficacia, el temor a represalias y la impunidad generalizada que rodea los casos, siguen siendo muchos los que ni siquiera denuncian.
La protección individual que el Estado implementa, sin mucho éxito, no logra hacerle frente a los contextos de peligro alrededor de los líderes de la tierra y el territorio. Hay que cambiar el plan. La Procuraduría, además de reconocer que parte del problema es el abandono estatal de las causas relacionadas con la defensa de estos derechos, advierte que el principal reclamo de las comunidades es la implementación de mecanismos de protección colectiva. Después de mucha presión, antes de acabarse, el gobierno Santos expidió un decreto con este propósito. Llevarlo a la práctica es uno de los retos más importantes que actualmente encara el gobierno de Iván Duque.
Gustavo Ulcue, de Somos Defensores, menciona algunas medidas que ha implementado la Guardia Indígena con este objetivo: instalación de puestos de control territorial, espacios comunitarios para facilitar la comunicación en el territorio, espacios informativos con altoparlantes y radioteléfonos para advertir riesgos, entre otros, para que la comunidad, sin armas, pueda enfrentar situaciones colectivamente.
Para Lorena Morales Vidal, de ASOCOLEMAD, la situación de vulnerabilidad de las lideresas con las que trabaja mejorará en la medida que se fortalezcan los canales de articulación entre las instituciones del Estado y las organizaciones sociales que integran las lideresas. “El acompañamiento no se materializa en medidas complementarias: en lo sicosocial, lo productivo, en la salud; no hay participación de otras instituciones. Por ejemplo, si van a reubicar a una víctima, debería participar la Unidad de Víctimas, y si resulta que no está en el Sisben del nuevo lugar, el Ministerio de Salud podría complementar”, sugiere Morales.
Tras recientes espacios de trabajo entre ASOCOLEMAD e instituciones como la Fiscalía y la Defensoría, se espera mejorar los mecanismos de alerta temprana y respuesta rápida a situaciones de riesgo y amenaza, además de impulsar investigaciones en casos de agresiones contra defensoras de Derechos Humanos que incluyan la identificación de rasgos de género, para así establecer patrones de sistematicidad.
Esfuerzos como la Ley de Víctimas y el acuerdo de paz que se dilucidaba como una ventana de esperanza para quienes buscan recuperar las tierras que tuvieron que abandonar por la presión de las armas, se han convertido en antecedentes de los blancos que hoy llevan sobre sus espaldas. La Colombia del posacuerdo necesita con urgencia un giro que en verdad garantice la vida de quienes la defienden.
Ante el difícil panorama, Aida Quilcue, consejera de la ONIC, hace un llamado a la resiliencia: “lo que podemos hacer en las comunidades es prepararnos para resistir, pero resistir significa que nos tenemos que preparar desde los territorios, donde nos volvamos fuertes en la gobernabilidad, en los procesos políticos y organizativos, en exigir nuestros derechos y en defender la vida”.
