¿Quiénes están amenazando a los defensores de derechos humanos de esta región del país? Por defender la vida, el agua, la tierra o los recursos públicos, entre otros, los amedrentan, desplazan y asesinan. Este es el diagnóstico.
Desde noviembre del 2017, 19 excombatientes de las Farc se están capacitando para ofrecer servicios turísticos en La Paz. Otros proyectos para la reincorporación esperan recursos.
Durante su visita a Colombia, el relator especial de la ONU para los defensores de DD. HH., habló de la importancia de que el Estado proteja a los líderes sociales, quienes juegan un papel clave en la construcción de la paz.
Diego Mora, el director de la Unidad Nacional de Protección, responde a las críticas por el incremento de homicidios de líderes sociales. Es claro en aceptar su responsabilidad, pero también invita a entender su competencia y mejorar la articulación estatal.
Estarán en las instalaciones de Fescol en la presentación de La Paz en el Terreno y darán declaraciones al cierre del encuentro sobre las situaciones de violencia que persisten en sus territorios.
El asesinato de líderes sociales conmueve a Colombia. Las autoridades dicen que la principal causa es el narcotráfico y las organizaciones sociales no descartan móviles políticos. El reto para la paz empieza con la protección de la vida.
Luis Barrios y Felicinda Santa María fueron asesinados en su casa el 3 de julio, mientras el país estaba paralizado por el partido de fútbol entre Colombia e Inglaterra. Esta es la historia de lucha de dos líderes comunales que truncó la violencia.
Se trata de Temistocles Machado y Jair Cortés, dos líderes sociales emblemáticos, los cuales fueron asesinados después de la firma del acuerdo de paz en La Habana. Ambos tienen responsables materiales tras las rejas, pero el Cuerpo Élite de la Policía y la Fiscalía siguen tras la pista de los intelectuales. ¿Qué hay detrás de estos crímenes?
Entre 2017 y 2018 han sido asesinados 36 líderes de erradicación voluntaria de coca que hacen parte de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam). Dicha organización denuncia que sus integrantes no reciben una adecuada protección por parte del Estado.
Los excombatientes instalados en el espacio Jaime Pardo Leal, en Colinas (Guaviare), denuncian que a pesar de sus esfuerzos por sacar producción agrícola, el Gobierno no les ha ofrecido asistencia técnica ni apoyo en las rutas de comercialización. Sus productos quedan perdidos ante la falta de mercado.