Curules de paz, en medio del conflicto y la política tradicional

Las víctimas mujeres y LGBTI+ siguen siendo subrepresentadas en los procesos de participación política, aunque en ambos casos, el conflicto armado les golpeó con especial fuerza y de forma prolongada. Las Curules de paz, a pesar de sus retos, son una gran esperanza para que esto pueda cambiar.

Desde las adversas condiciones para las elecciones en la ruralidad colombiana hasta la instrumentalización de candidatos por parte de élites regionales y grupos armados ilegales, la implementación de las Curules de paz suma nuevos riesgos a los que ya encaran las víctimas del conflicto armado.

En Cauca, Catatumbo, Chocó, sur de Córdoba y la Sierra Nevada de Santa Marta, lanzarse a la política para defender una agenda de paz puede costar la vida.

En Chocó, el silencio es ley. Únicamente algunos líderes y lideresas que tienen amplio reconocimiento o esquemas de seguridad, se atreven a hablar del fuerte control que grupos armados ilegales tienen sobre los ríos chocoanos y demás zonas estratégicas para economías ilícitas. En medio de un territorio de vasta riqueza natural, los liderazgos afro e indígenas resisten junto a sus comunidades a la violencia, al confinamiento y a la degradación de su entorno.

Cuatro años después del Acuerdo de Paz se han registrado cerca de 47 agresiones a líderes y lideresas sociales de ocho municipios en el departamento de Sucre. Del total de casos, 30 son amenazas, 11 asesinatos y seis atentados contra hombres y mujeres que lideran procesos de víctimas, comunitarios y de restitución de tierras, principalmente. Los liderazgos sociales, sin embargo, alertan sobre el subregistro de las agresiones y mapearon los riesgos que les obliga realizar su labor con “bajo perfil”

El control ilegal sobre una nutrida lista de ‘botines’ de guerra que van más allá de la coca, la poca presencia del Estado y conflictos con grandes empresas mineroenergéticas tendrían silenciados a los líderes y las lideresas sociales antioqueños. Así lo mapeó el Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes, Lideresas, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Antioquia, una red que reúne 80 organizaciones sociales en el departamento.

Muchos proyectos productivos, tanto colectivos como individuales, se han visto afectados por la pandemia de la COVID-19, tanto en el proceso de aprobación como en la implementación. Esta coyuntura abre también un espacio para visibilizar un tema que ha pasado de agache en la opinión pública: las condiciones de acceso a salud y de salubridad de los más de 13.000 excombatientes.

Los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos habrían disminuido el año pasado, pero contra los liderazgos de las mujeres y los indígenas la violencia ha aumentado silencionamente. Radiografía de una violencia selectiva.

Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dijo que las Farc se comprometieron a asumir la responsabilidad sobre los homicidios del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, de Hernando Pizarro León-Gómez, hermano de Carlos Pizarro; del exguerrillero José Fedor Rey; del economista Jesús Antonio Bejarano; del general Fernando Landazábal Reyes y del representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín. Estos son los detalles de cada caso.